Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que la parte actora interpone el recurso de apelación que autoriza el artículo 76 de la Ley 11.683 (texto vigente) contra la Resolución Nº 1072/2022 (DV JSJU) del 16 de Diciembre de 2022 que aplica una multa en los términos del art. 45 de la ley citada, por el impuesto al valor agregado período fiscal 02/2022, graduada en el 200% del impuesto dejado de ingresar.
Solicita que se modifique el encuadre legal realizado por A.F.I.P.–D.G.I. en el párrafo primero, permitiéndole a su representada gozar del beneficio de reducción previsto por el art. 49 de la ley de rito.
Aclara que nunca fue su intención omitir la presentación de la declaración jurada del periodo fiscal Febrero de 2022, señala que la decisión/omisión fue exclusiva del contador externo de la empresa totalmente inconsulta e inconsensuada, quien ha intentado justificar su conducta argumentando problemas personales gravísimos que estaba atravesando en esos momentos.
Entiende que es evidente ello, ya que surge de las constancias de autos que la notificación del inicio de inspección fue el 25/04/22 y la declaración omitida inicialmente fue presentada apresuradamente, como queriendo con ello enmendar o disimular su falta de responsabilidad profesional. Agrega que el asesor contable fue desvinculado. Esgrime que es excesiva la graduación al 200% y la no aplicación de la reducción prevista por el art. 49 de la ley de rito. Expresa que el único obstáculo a los fines de acceder tanto a la graduación del 100% como a la posterior reducción del art. 49 es una multa aplicada bajo la Orden de Intervención nº 1538272 (SEFI Nº 473831). Ahora bien, explica que dicha resolución de multa es de fecha de resolución 25/07/2017 pero los hechos materiales que dan origen a la misma son de fecha 07/2016 toda vez que se trató de la declaración jurada de IVA correspondiente al periodo fiscal 06/2016. Así sostiene que, tomando en el caso la fecha de aplicación de la multa impuesta a consecuencia de esa OI por tan solo escasos seis meses (6) sobre un total de sesenta (60) no se alcanzan los cinco años previstos por el art. 50 de la Ley de Rito, texto según Ley 27.430.
A su vez, aclara que en el supuesto de tomar como fecha la de la efectiva comisión del hecho sobradamente se excede y superan esos cinco años requeridos para configurar la “reincidencia” tan gravosa a su parte. Agrega que la no aplicación de la reducción prevista en el art. 49 eleva en forma exponencial el monto de la multa aplicada a su representada a la exorbitante e impagable suma fijada en el acto recurrido. En efecto de aplicarse estos artículos, si bien con esfuerzo sería afrontable por la empresa y aceptaría tal decisorio. En resúmen, solicita que en uso de las facultades discrecionales de este órgano técnico superior meritúe las razones particulares del caso concreto ya referidas y encuadre la sanción en el art. 45 primer párrafo de la Ley 11.683 (t.o. en 1.998 y sus mod) con la reducción prevista por el art. 49 del mismo texto legal.- Por último, resume su cuadro de situación patrimonial para demostrar la imposibilidad económica, financiera y patrimonial de afrontar la multa impuesta y destaca su conducta fiscal como contribuyente, durante el proceso fiscalizatorio y en general frente a ese Organismo Recaudador como así también el porcentaje de ajuste efectuado en ese solo periodo fiscal cuestionado 02/2022. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba pericial y testimonial, en resúmen peticiona que se modifique la calificación legal atribuida a la multa aplicada en su contra y la encuadre legalmente en la figura del artículo 45 primer párrafo con mas la reducción prevista por el art. 50 de la Ley de rito.-
II. Que mediante IF-2023-54129053-APN-DTD%JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso conferido. Expone los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que fundan su postura para solicitar que se confirme el acto apelado.
Relata que la responsable es una persona jurídica cuya actividad principal declarada ante el Organismo fiscal es la “Venta al por menor de materiales de construcción N.C.P.” y su actividad secundaria “Venta al por mayor de mercancías N.C.P.”, declarando además otras cuatro actividades secundarias.
En el marco de la verificación practicada bajo la O.I. N° 2.026.414, se constató que la actora omitió el pago de impuestos mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 02/2022 (también se fiscalizó 01/2022 no discutido en autos), dejando de ingresar el gravamen en su justa medida.
Señala que la contribuyente –ahora apelante- aceptó el ajuste proyectado presentando la declaración jurada original faltante, hecho que generó saldo a ingresar a favor de la AFIP-DGI.
Así, esgrime que constató que la responsable presentó con fecha 18/05/2022 la declaración jurada original del Impuesto al Valor Agregado por el período pendiente de presentación, según los ajustes efectuados por los funcionarios actuantes. A su vez, con fechas 27/06/2022 y 29/06/2022 la contribuyente rectificó la declaración jurada en cuestión ante las observaciones efectuadas por la inspección actuante, como resultado del análisis de la información recabada de terceros, la aportada por la responsable y la existente en la base de datos del Organismo; es decir, conformando el ajuste fiscal.
En consecuencia, destaca que la sanción aplicada ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada en la resolución administrativa recurrida en autos, en la que se han desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los cuales se sustenta el criterio fiscal, en virtud de las circunstancias objetivas y subjetivas analizadas por el Juez Administrativo en sus considerandos.
La conducta punible, en el caso analizado, consistió en haber omitido el pago de impuestos mediante la falta de presentación de la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 02/2022, dejando así de ingresar oportunamente el gravamen en su justa medida.
Tipificada la conducta en su faz objetiva, la parte contribuyente solo podrá excusarse de responsabilidad acreditando que concurrieron algunos de los extremos previstos por la ley para la eximición de la sanción. Lejos de ello, la recurrente reconoce la procedencia de la multa, es decir que acepta que la misma resulta ajustada a derecho, limitando su queja estrictamente a objetar el monto que le fue aplicado.
Por su parte, explica que la División Jurídica actuante al encuadrar la conducta de la actora dentro de los parámetros estipulados por el artículo 45 de la ley ritual, lo hace habiendo constatado, al momento de analizar las actuaciones y conforme los elementos obrantes en autos, la actitud negligente del contribuyente; deviniendo, en consecuencia, el elemento subjetivo requerido por la ley, al cual se ajusta acabadamente el accionar de la apelante.
En cuanto a la aclaración previa que realiza la contribuyente, menciona que la falta de presentación de la declaración jurada por la inacción del contador de la empresa, así como el supuesto mal accionar de éste, así como también las demás situaciones alegadas en esta dirección, constituyen manifestaciones carentes de relevancia jurídica, es decir sin entidad suficiente como para excluir la responsabilidad de la recurrente. Ello, habida cuenta que el responsable por la presentación y exactitud de las declaraciones juradas es el propio contribuyente –y no quien resulte asesorarlo en la confección y/o presentación de estas-.
En relación al “excesivo rigorismo formal” argüido por la recurrente, se debe afirmar que el mismo no se verifica en autos. Efectivamente, la graduación de la multa impuesta al 200% del tributo dejado de pagar es la prevista normativamente para los casos en que, como en autos, mediare reincidencia en la comisión de la conducta tipificada en el artículo 45 de la Ley de Rito.
Señala que la aplicación del artículo agregado a continuación del artículo 50 de la Ley de Rito, no es facultativa ni discrecional del Fisco Nacional, si existe un antecedente previo –esto es: existencia de una resolución firme por la comisión de una infracción de la misma naturaleza- y no hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%). Hace notar que la contraria no discute la verificación de los requisitos previstos normativamente para la aplicación de la multa impuesta, sino que se limita a plantear la existencia de excesivo rigorismo formal, el cual no deviene aplicable al caso, pues no resulta ser una mera formalidad que no haya transcurrido el plazo dispuesto legalmente para que no se considere la reincidencia en la comisión de la conducta tipificada en el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Procedimiento Tributario.
Expresa que a fin de evaluar la existencia o no de reincidencia en el presente caso, verificó la existencia de una multa material aplicada conforme el artículo 45 de la ley procedimental, vinculada a la O.I. N° 1.538.272 de fiscalización que devino en un sumario material identificado como SEFI Nº 473831 (cfr. constancia obrante a fs. 40 y 41 de los antecedentes administrativos de la causa / hojas 57 y 58 del archivo digital identificado bajo el nombre “Expediente Sumario BERCONT SRL – 794061.pdf”).
Asimismo, para llegar a la conclusión de que no correspondía aplicar reducción alguna debido a la reincidencia, consideró que la citada multa quedó firme el 18/08/2017, por lo que a partir de ese momento se deben contar los cinco años que estipula la ley, durante los cuales no se debe verificar la comisión de una nueva infracción de la misma naturaleza a fin de establecer la reincidencia.
Por otro lado, respecto a la imposibilidad económica, financiera y patrimonial de pago argüida por la recurrente en el libelo recursivo en conteste, así como también en cuanto a la desproporcionalidad manifiesta y excesiva del monto de la multa impuesta transformándola en cuasi confiscatoria, responde, en primer término, que para definir la aplicación de la multa en cuestión y su respectiva graduación, aplicó lo expresamente estipulado en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Tributario y en la Instrucción General N° 7/2020 (AFIP) de aplicación en la materia.
Entiende que también debe rechazarse lo esbozado por la apelante en torno a su conducta general por ser una circunstancia ajena a la configuración plena de la infracción y, por lo tanto, no es ponderable entre los elementos que integran la faz objetivo/subjetiva de la conducta contravencional de autos.
Por lo demás, señala que la actora no alegó error excusable, aunque destaca tampoco se verifica en el caso bajo análisis. Solicita, se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que, mediante PV-2023-63092161-APN-VOCV#TFN se solicita a las partes informen a este Tribunal si deviene inoficiosa la audiencia prevista en el art. 173 de la Ley 11.683 en atención a las manifestaciones vertidas por las partes en sus escritos de apelación, responde y contestación a la oposición a la prueba. La parte actora solicitó que se lleve a cabo la audiencia, citando este Tribunal a éstas a fin de su celebración. Mediante PV-2023- 67229235-APN-VOCV#TFN se cita a las partes a la audiencia preliminar virtual el día 5 de Julio de 2023 a las 13hs.. Conforme surge del acta agregada mediante la PV-2023-77076452-APN-VOCV#TFN la parte actora no compareció a la misma por lo que se procedió, habiendo otorgado un plazo prudencial, a interrogar a la representación fiscal, la que se remite a su escrito de responde. En función a ello, y habida cuenta la incomparecencia de representante alguno de la parte recurrente, este Tribunal tuvo como hechos articulados y conducentes aquellos invocados por las partes en sus respectivos escritos de apelación y de contestación, dando por cumplido el requisito legal dispuesto en el art. 173 de la Ley 11.683, en virtud de los términos en los que ha quedado trabada la litis el Vocal instructor resolvió hacer lugar a la oposición efectuada por el Fisco Nacional, y rechazar la prueba testimonial y pericial contable y disponer que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias del expediente y la documental ya agregada, quedando la causa conclusa para definitiva. Mediante IF-2023-77192435-APN-DTD#JGM la parte actora solicitó se fije nueva audiencia, sin embargo no habiendo acreditado fehacientemente los dichos que invocaba este Tribunal rechazó lo peticionado por improcedente. Ello así, a través de la PV-2023-81797681-APN-VOCV#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y seguidamente se pasan los autos para sentencia (vide IF-2023-90368549-APN-VOCV#TFN).
IV. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 02/2022 con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) graduada en 200% el impuesto dejado de ingresar. En primer lugar, cabe dejar sentado que la parte actora no controvierte la aplicación de la sanción, no solicita se deje sin efecto la misma sino que se limita a solicitar que se modifique su graduación o se aplique una reducción.
Sin perjuicio de ello, cabe recordar que el art. 45 de la ley de rito, luego de la reforma introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) dispone “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren:
a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas- (…)”.
Luego dispone, “cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir (…)”.
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”. En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia del procedimiento de fiscalización, presentó su declaración jurada relativa al período en crisis del Impuesto al Valor Agregado.
En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente presentó la declaración jurada, que luego rectifica conforme los ajustes de la fiscalización, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
Vale decir, previo a la fiscalización de referencia, la recurrente omitió la presentación de la declaración jurada correspondiente y por tanto, no ingresó el gravamen en su justa medida, en efecto tampoco cuestiona o argumenta en contrario. Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el aspecto subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculpar su culpa, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. Por el contrario, arguye sobre un supuesto mal proceder de su contador, por el que intenta desligar su propia responsabilidad achacando la misma a un tercero que no reuslta atendible como causal exculpatoria.
En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante.
V. Que, ahora bien, corresponde evaluar si la graduación al 200% impuesta por la AFIP es ajustada a derecho. Para ello resulta necesario determinar si en el caso particular hubo “reincidencia” en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 45 de la Ley de rito.
Ello así, cabe señalar que la ley 11.683 desde la modificación introducida por la Ley 27.430 contiene una definición de “reincidencia”. En efecto, el artículo agregado a continuación del artículo 50 de la ley de procedimiento dispone “Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso”. Conforme surge de fs. 40/41 de los antecedentes administrativos la parte actora tiene un antecedente sumarial Nº 473831 vinculado a la O.I. N° 1.538.272 de fiscalización, relativa al Impuesto al Valor Agregado por omisión de declaración de ingresos ciertos/presuntos, ventas, débito fiscal. La Resolución del sumario fue de fecha 26/07/2017, notificada el 14/08/2017 la que según informa el Fisco, y la parte no niega, estaría firme. Ello, así teniendo en cuenta los términos expuestos en la normativa y el antecedente sumarial destacado por el Fisco Nacional corresponde confirmar la graduación de la pena en el 200%.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la sanción, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.08.10 13:53:07 ART Date: 2023.08.10 16:23:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.10 19:34:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.10 19:35:09 -03:00
Fin de la sentencia