Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.840-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución n° 607/12 (AD PASO), recaída en el expediente SIGEA n° 12311- 11824-2010, en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. y al despachante de aduana FERNANDO CORTES, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A., declarando que el importe de la misma asciende a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.568,82), por aplicación del art. 917 del C.A. Costas en un 75% a cargo de las co-actoras y en 25% un a cargo de la demandada.
2Confirmar parcialmente la Resolución n° 607/12 (AD PASO), en cuanto exige a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. el pago de tributos. Costas a la co recurrente.
3Revocar parcialmente la Resolución n° 607/12 (AD PASO), en cuanto exige al despachante de aduanas FERNANDO CORTES el pago de tributos. Costas a la demandada.
4Revocar la Resolución n° 607/12 (AD PASO), en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. y al despachante de aduana FERNANDO CORTES, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 994, incs. a) y c), del C.A. Costas a la demandada.
I. Que a fs. 16/25 vta., se presenta por apoderado la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 607/12 (AD PASO), dictada en fecha 20/07/12, por la Aduana de Pasos de los Libres, en la actuación SIGEA n° 12311-11824-2010, en cuanto lo condena por la presunta infracción al art. 954 inc. a) y c) y al art. 994 inc. a) y b) del C.A., en relación a la operación documentada mediante la destinación n° 08 042 EC01 006873 P, intimándosele el pago de una multa de $ 10.091,76 y otra de $500, más la suma de $ 480,56 en concepto de tributos, más intereses. Sostiene que por un error involuntario en los P.E. no se declaró el importe correspondiente al costo logístico detallado en la factura. Expresa que se ha presentado ante la Aduana de manera espontánea informando el error y ha solicitado la rectificación. Señala que no correspondía la aplicación de las infracciones aduaneras endilgadas pero a pesar de ello entiende que debió proceder la aplicación del art. 917 del C.A. toda vez que la empresa se autodenunció. Considera que no corresponde la aplicación del art. 994 del C.A. Afirma que la reforma de la ley 25.986 modificó el art. 322, permitiendo la alteración o enmienda de la declaración, aún con posterioridad al libramiento, siempre que la inexactitud pudiere determinarse de la lectura de la propia declaración o de la documentación complementaria. Manifiesta que la Aduana confunde el derecho a solicitar la rectificación de la declaración prevista en el art. 322 con el instituto de la autodenuncia del art. 917 del C.A. Agrega que este último no releva al declarante del pago de la multa sino que la atenúa. Se refiere a los arts. 322, 836 y 917 del C.A. Indica que debe descartarse cualquier tipo de limitación temporal dado que cuando se realizó la autodenuncia no existía ningún plazo ni formalidad para su presentación. Agrega que el art. 954 del C.A. desplaza al art. 994 del C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
A fs. 41/50 vta., se presenta por apoderado el Sr. FERNANDO CORTES e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 607/12 (AD PASO). Manifiesta que ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo, ajustándose a las instrucciones del exportador. Sostiene que no se han configurado las infracciones aduaneras por el cual se lo condena. Considera que el servicio aduanero pretende desconocer que es la propia empresa quien puso en conocimiento el error suscitado en la declaración. Se refiere al art. 322 del C.A. Sostiene que existe la posibilidad de rectificación de la declaración aduanera. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. Que a fs. 65/71, se presenta el representante fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Expresa que de la documentación acompañada resulta una diferencia entre lo declarado y lo efectivamente convenido por las partes. Manifiesta que existe un ingreso menor de divisas desde el exterior. Se refiere a los art. 322, 954 inc a) y c) y 994 del C.A. Expresa que la recurrente olvida que para que progrese la rectificación, modificación o ampliación de la declaración el error no debe configurar delito o infracción. Manifiesta que corresponde la aplicación del art. 994 incs. a) y c) del C.A. dado que se ha provocado que la tarea llevada a cabo por el servicio aduanero se torne un trámite engorroso con dispendio humano, administrativo y económico. Refiere a la función del despachante de aduanas como auxiliar del servicio aduanero. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. Que la actuación SIGEA n° 12311-11824-2010 se inicia, a fs. 1, con una nota del Despachante de Aduanas de fecha 23/11/10; a fs. 3, obra copia de la destinación n° 08 042 EC01 006673 P y; a fs. 8/9, obra Nota n° 65/11 del Jefe Sección “R”. A fs. 10, se instruye sumario y se corre vista de todo lo actuado a la recurrente y al despachante de aduana. A fs. 12/13, se notifica al despachante y la firma exportadora (2/6/11 y 21/6/11). A fs. 17/24, la recurrente contesta la vista. A fs. 34, obra Nota n° 154/12 del Jefe Sección “R”. A fs. 35, obra liquidación de multa y tributos. Finalmente, a fs. 45/48, con fecha 20/7/12, se dicta la Resolución n° 607/12 (AD PASO), apelada en autos.
IV. Que corresponde resolver en autos si la resolución recurrida, por la que se condena a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. y al despachante de aduana FERNANDO CORTES por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., al pago de multa y tributos, se ajusta o no a derecho, para lo cual es necesario determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada. Que mediante el despacho de importación n° 08 042 EC01 006673 P, oficializado en fecha 25/07/08, la actora documentó la mercadería “Los demás –Plomo refinado PLOMO EN BRUTO”, ubicándola en la P.A.
7801.10.90.000J, por una cantidad de 154,43 toneladas y con un valor FOB total de U$S 299.974,20. Que, según surge de la compulsa de las actuaciones administrativas, el despachante de aduanas, a través de la nota de fecha 23/11/10 (ver fs. 1/2 de las act. adm.), solicitó al servicio aduanero la rectificación de la destinación de trato, toda vez que mediante un error se omitió declarar el importe correspondiente el costo logístico detallado en la factura..
Que la Sección Registros mediante Nota n° 65/11(confr. fs. 8/9 de las act. adm.) entendió que no se podía hacer lugar a la rectificación solicitada, habida cuenta de la existencia de la diferencia de valor del FOB declarado en el despacho de exportación, con respecto a la documentación complementaria presentada; todo ello teniendo en cuenta que la mercadería fue introducida mediante canal naranja de selectividad, y habiendo pasado el error de manera inadvertida, correspondía que se apliquen las infracciones previstas en los artículos 954, ap. 1, inc. a) y c) y 994 del Código Aduanero.
Bajo tales premisas, y pese al recurso de impugnación interpuesto por la firma recurrente en el expediente administrativo, la Sección Registros por medio de la Nota n° 154/12 ratificó la nota mencionada precedentemente, fundando tal decisión en que el interesado debía conocer la normativa específica de la declaración de los gastos FOB, a través de la Resolución General AFIP n° 2391/08, toda vez que tal proceder incidía en el control de giro de divisas, la base imponible y el valor a abonar en concepto de derechos de exportación.
Que, en esta instancia jurisdiccional, las co-actoras sostienen que la inconsistencia producida entre lo declarado en la destinación n° 08 042 EC01 006673 P y la factura comercial n° 0010-00000891 (a fs. 4 de las act. adm.) ha sido señalada por la propia firma exportadora, la que a través de su despachante de aduana presentó una nota ante el servicio aduanero solicitando la rectificación de la declaración de exportación y, aunque se considerara aplicable la rectificación de lo declarado, aun así entienden que ante la eventual infracción aduanera que pudiere corresponderles, debiere aplicarse el atenuante establecido en el artículo 917 de la ley 22.415.
V. Que, a continuación, corresponde analizar si es procedente o no la rectificación solicitada por la firma recurrente en los términos del artículo 322 del Código Aduanero.
Que, en ese sentido, cabe recordar que el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera es un pilar del sistema de “despacho en confianza”. Ello se relaciona directamente con el hecho de que el sistema aduanero, con miras a posibilitar la fluidez y celeridad en el comercio internacional de mercaderías, descansa sobre los principios básicos de “declaración previa” y “despacho en confianza”, que exigen precisamente la veracidad y precisión en la declaración comprometida, toda vez que no toda la mercadería que se pretende importar o exportar es objeto de verificación, sino que ello depende del sistema de selectividad, que determina cuáles serán las mercaderías que serán objeto de verificación por parte del servicio aduanero, a los efectos de otorgar o no la autorización pertinente a los fines de su introducción a plaza o su salida al exterior. El servicio aduanero confía en quien efectivamente importa lo que ha declarado, así como cree en que el exportador exportará fielmente lo que ha declarado.
Que, en efecto, pese que la declaración contenida en la solicitud de destinación es en principio inalterable (art. 321 del CA), la ley admite razonablemente que en determinados supuestos sea modificada, ampliada o rectificada.
Que, ello así, corresponde analizar si la solicitud de rectificación que diera inicio a las actuaciones administrativas (ver fs. 1/2 act. adm.) puede encuadrarse en las previsiones del artículo 322 del Código Aduanero, que regula el instituto de la rectificación de la declaración comprometida en destinaciones de exportación.
Que el artículo. 322, ap. 1, del Código de rito, en su redacción conforme la reforma introducida por la Ley 25.986, establece que “El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella y fuera solicitada con anterioridad: a) que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la mercadería; o b) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados”. Su apartado 2 agrega: “La rectificación, modificación o ampliación también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1, con posterioridad al libramiento y hasta: a) la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inmediato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática o aérea; o b) que el último control de la aduana de frontera hubiese autorizado la salida del medio de transporte, cuando se utilizare la vía terrestre”. Finalmente, el apartado 3 establece: “Asimismo, el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera siempre que la misma no configure delito o infracción”. Que, tal como se desprende de la fiel lectura de la norma citada, el instituto de la rectificación de la declaración comprometida en exportación exige para su procedencia el cumplimiento de requisitos de fondo y de forma. Con respecto al primer tipo de requisitos, exige que la inexactitud pudiera comprobarse de la lectura de la propia declaración o de la documentación complementaria.
Que, por otra parte, con relación al elemento temporal -requisito de forma-, se brindan distintas posibilidades, según si la rectificación se solicita antes o después del libramiento de las mercaderías.
Que, en el presente caso, la presentación de la recurrente ocurrió después del libramiento de las mercaderías, siendo admitida hasta “(...) a) la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inmediato al exterior (...)” -atento que se utiliza la vía acuática- (conf. art. 322 ap. 2, del C.A., en su redacción conforme la reforma introducida por la ley 25.986). Teniendo en cuenta que la mercadería fue cargada a bordo el día 29/07/08 y que la solicitud de rectificación fue presentada con fecha 23/11/10, cabe afirmar que no puede considerarse factible la rectificación de la declaración, por devenir claramente atemporal. Que, en consecuencia, debe tenerse por acreditada la diferencia entre lo declarado y lo comprobado.
VI. Que, sentado ello, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a las corecurrentes al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código ritual se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en el art. 954 del C.A. Que, habiéndose declarado en la destinación n° 08 042 EC01 006673 P un valor FOB total de U$S 299.974,20 y, siendo que, la factura comercial n° 0010-00000891 se expresa un valor FCA de U$S 303.364,11, ello determina que el valor FOB total declarado en la destinación resulta distinta a la que efectivamente debía declararse, generando no solo un perjuicio fiscal, sino también, un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Que, igualmente, tal diferencia no se encuentra discutida en autos por las co-actoras puesto que reconocen haber incurrido en un error al momento de declarar el valor FOB en la declaración, admitiendo no haber incorporado los costos logísticos detallados en la factura comercial (ver fs. 1 de las act. Adm).
VII. Que incumbe ahora, resolver si la multa exigida a las co-recurrentes, en virtud de la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, inc. a) y c), del C.A, puede acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el artículo 917 del mencionado cuerpo legal, en virtud de la nota presentada espontáneamente por las co-recurrentes, la cual diera origen a las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. Que el referido artículo 917 del Código de fondo, aplicable al caso en cuestión (modificado por la ley 25.986), textualmente reza: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”. Que la recurrente se presentó el día 23 de noviembre de 2010 ante la Aduana de Paso de los Libres (Corrientes), comunicando expresamente el error en el que incurrió.
Que el citado artículo 917 del C.A., tiene por finalidad permitir que el sujeto documentante de la destinación aduanera ponga en evidencia los posibles errores incurridos al comprometer la declaración aduanera, antes de que éstos puedan ser advertidos por la Aduana.
Que toda vez que no existió en la especie libramiento de la mercadería, corresponde evaluar la posible aplicación del apartado 2 de la norma en juego. Ello significa que la posibilidad de autodenunciarse existe, en tanto y en cuanto el servicio aduanero no la hubiere advertido, así como tampoco existiere un proceso de inspección aduanera o impositiva en curso, en el cual se pudiere constatar la inexactitud.
Que no surge de los actuados que se hubiera estado sustanciando un proceso de inspección aduanera o impositiva con anterioridad a la presentación espontánea de fecha 23/11/10, pues, de la sola intervención del control documental de las mercaderías, no se deriva la existencia de una inspección aduanera post-libramiento. En efecto, el servicio aduanero tomó conocimiento de la infracción realizada a partir de esa comunicación de la empresa involucrada. Consecuentemente, corresponde otorgarle el tratamiento de una autodenuncia, en los términos del señalado artículo 917 del CA.
VIII. Que, con respecto a la responsabilidad del despachante de aduana Sr. FERNANDO CORTES, cabe señalar que todo despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante, como en relación al propio servicio aduanero. Que, en tal sentido, debe tenerse en plena consideración que “Dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del 'despacho en confianza' y su correlativa 'declaración aduanera previa', es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la mero auxiliar del comercio”(confr. Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., “Código Aduanero comentado”, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129).
Que la importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II, “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero, “despachantes de aduana” señalando, entre otras cosas que “se evidencia (...) que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del Fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”.
Que, debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le solicita desempeñarse con cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le exigen para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca -en cuanto aquí interesa- la exigencia de “(...) haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A.-. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera.
Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica -tanto en el ámbito del Derecho Privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho Público, frente al servicio aduanero-. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior” (ver “La responsabilidad del despachante de aduana”, Héctor G. Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarración, Juan M. Sluman, Guía Práctica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
IX. Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de una recta interpretación de los artículos 902 y 908 del Código Aduanero, se desprende que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante, “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
No obstante, y si bien -conforme inveterada jurisprudencia en la materia- el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable, si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, dicho profesional no acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo, como auxiliar del servicio aduanero.
Que cabe destacar que, para un adecuado ejercicio de sus funciones, el despachante hubiera debido extremar los recaudos a fin de comprometer una manifestación veraz, toda vez que debió saber, debido a su profesión, el modo en que la operación de autos debía ser declarada, resultando desacertado el modo en que llevó a cabo la declaración objeto de autos.
Que, precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el actual artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.
Que, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la procedencia de una sanción ejemplificadora, al detectarse infracciones.
Que, por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida (art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.)
X. Que, por último, atañe examinar si corresponde la aplicación de la infracción prevista en el artículo 994 incs. a) y c), en concurso real con la infracción del artículo 954 incs. a) y c) del C.A., tal como pretende el servicio aduanero.
Que la Aduana considera que el error incurrido por las co-recurrentes hace a la función del declarante, habiendo dado lugar a que la tarea aduanera se convierta en un trámite engorroso, con un dispendio humano, administrativo y económico, que entiende estar tipificado en la infracción prevista en el artículo 994 incs. a) y c) –además de encuadrar en la figura del artículo 954 incs. a) y c) del C.A.-.
Que el concurso real refiere a una pluralidad de hechos realizados por el mismo sujeto, donde existen varias conductas o hechos a las cuales se les atribuye distintas figuras típicas infraccionales, es decir, son varios hechos independientes que debieren concurrir en una sentencia mediante una sumatoria de las figuras infraccionales en cuestión, conforme se establece en los artículos 911 y 912 del Código Aduanero.
Que, por consiguiente, para la configuración de un concurso real se requiere que haya pluralidad de conductas, que configuren distintos tipos infraccionales, realizadas por el mismo sujeto, y siempre existiendo la posibilidad de juzgamiento en el mismo proceso infraccional.
Que en el presente caso no existe una pluralidad de acciones; por el contrario, la conducta llevada a cabo por el sujeto es una sola, la de haber declarado algo distinto de lo comprobado: en efecto, en la especie se verifica una única acción, la que no configura diversos tipos infraccionales.
Que el servicio aduanero se confunde con la existencia de un concurso aparente, donde en virtud de la existencia de dos o más normas que dan la apariencia de ser aplicables, respecto a un mismo hecho, parecieran abarcar varias figuras infraccionales; pero que en realidad, no se trata de varias figuras infracciones, sino de una sola. Básicamente, es un problema de interpretación, donde se realiza una acción que podría, aparentemente, ser calificada en más de un tipo infraccional, pero que en realidad solo se puede aplicar a uno.
Que, por lo tanto, lo cierto es que en el sublite rige el denominado principio de consunción de las figuras infraccionales, ya que el artículo 954, ap. 1, incs. a) y b) del C.A., al establecer las penalidades allí establecidas, ya ha tomado en consideración la gravedad o la desatención de la conducta punible en los incisos a) y c) del artículo 994, dado que los elementos que conforman la conducta típica de la declaración inexacta son acompañados por acciones relacionadas con la conducta típica del art. 994 del C.A., por ende, la figura del art. 954 del C.A. consume o lleva implícita la figura del art. 994 del C.A.
Que en atención a las razones expresadas en los Considerandos que anteceden, no corresponde la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 994, incs. a) y c), del C.A., toda vez que dicha acción resulta desplazada por la figura infraccional contenida en el artículo 954 del C.A., la que, por sí sola, ya incluye el desvalor que ésta –la del art. 994 del C.A.- supone.
XI. Que, por lo demás, incumbe a este Tribunal examinar la procedencia de los tributos, los que se exigen al despachante de aduana y a la firma exportadora.
Que debe advertirse que el despachante de aduana no es sujeto de la relación tributaria y, por ende, no es responsable del pago de tributos respecto de la operación en trato.
Que, en efecto, la Sala IV de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Televa” (sent. del 16-2-82), ha decidido que el obligado frente al Fisco al pago de tributos debe surgir de la ley, sea porque resulta productor del hecho imponible o porque la ley le impone el pago de la deuda por la vinculación que pueda existir entre él y el propio contribuyente.
Que la responsabilidad del pago de los tributos derivados de una operación de exportación recae en principio sobre el exportador, siendo el único supuesto en que se contempla la obligación del despachante de aduana de pagar los tributos el caso en que el mismo actúa en forma personal, importando o exportando en su nombre (art. 779 del C.A.); no resultando así en la operación que nos ocupa, por cuanto no se encuentra discutido en autos que el co-recurrente FERNANDO CORTES actuó en su carácter de despachante de aduana y, por lo tanto, en representación del exportador.
Que, conforme a lo expuesto, no puede responsabilizarse al despachante de aduana FERNANDO CORTES por el pago de la diferencia de derechos de exportación, en tanto no existía norma alguna en la legislación vigente al momento del registro de la operación que le impusiera dicha obligación.
Que, siendo que la liquidación practicada a fs. 35 de las actuaciones administrativas – por la que se exige el pago de la suma de $ 480,56 en concepto de derechos de exportación – no fue cuestionada, corresponde confirmarla.
XII. Que, como colofón, corresponde dejar sentado, en relación a las infracciones endilgadas por la Aduana, que el aspecto decisorio debiera estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, por carecer la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a decidir sobre la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
Por lo demás, y toda vez que, en definitiva, el importe final de la condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución n° 607/12 (AD PASO), recaída en el expediente SIGEA n° 12311- 11824-2010, en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. y al despachante de aduana FERNANDO CORTES, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A., declarando que el importe de la misma asciende a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.568,82), por aplicación del art. 917 del C.A. Costas en un 75% a cargo de las co-actoras y en 25% un a cargo de la demandada.
2. Confirmar parcialmente la Resolución n° 607/12 (AD PASO), en cuanto exige a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. el pago de tributos. Costas a la co recurrente.
3. Revocar parcialmente la Resolución n° 607/12 (AD PASO), en cuanto exige al despachante de aduanas FERNANDO CORTES el pago de tributos. Costas a la demandada.
4. Revocar la Resolución n° 607/12 (AD PASO), en cuanto condena a la firma COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. y al despachante de aduana FERNANDO CORTES, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 994, incs. a) y c), del C.A. Costas a la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Dr. Carlos Alberto Carena (20-04449716-7) y Dra. Patricia Eugenia Feliciano (27-12276446-5). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.02.17 14:09:11 -03:00 Date: 2023.02.17 15:18:19 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.17 15:18:20 -03:00
Fin de la sentencia