Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada conforme lo resuelto en el Considerando V y revocar el ajuste desestimado en el Considerando VI. Costas por sus respectivos vencimientos.
2Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación en atención lo resuelto en el punto precedente. A cuyo efecto, poner a disposición de la representación fiscal los antecedentes administrativos en la Mesa de Entradas de este Tribunal, dejándose constancia que el plazo ordenado involucra el retiro y devolución de las actuaciones administrativas.
Y
I-Que a fs. 27/41vta se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inciso b) de la Ley N° 11.683 contra la resolución 124/2010 (DVRRIIP), dictada el 28/07/2010 por la Señora Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, notificada el 29/07/2010, mediante la cual se dispuso impugnar las declaraciones juradas presentadas, con relación al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 10/2004 a 09/2005 y, determinar de oficio, sobre base cierta, la obligación tributaria por el impuesto y períodos mencionados, estableciendo el monto del débito fiscal en la suma de $3.551.465,46, y el crédito fiscal de $3.218.838,67, lo que resulta en un saldo técnico a favor del contribuyente al período fiscal 09/2005 de $53.867,11, determinando en consecuencia una disminución del saldo técnico a favor de la responsable declarado en el periodo fiscal 09/05 de $69.604,88. Asimismo, establece que el saldo de libre disponibilidad a favor de TRIMAG S.A. de dicho período en la suma $193.074, lo que resulta en una disminución del saldo declarado $117,58.
La actora afirma que, el Fisco Nacional impugna los créditos fiscales derivados de operaciones realizadas con el proveedor Kroten S.A. alegando una serie de circunstancias por las que considera que las operaciones descriptas en las facturas observadas no fueron realizadas, motivo por el cual no correspondería el cómputo del crédito fiscal en el IVA.
De este modo, la actora se agravia de tales "tareas investigativas" del Fisco Nacional, pues no constituyen indicios serios, precisos y concordantes sobre la inexistencia de las operaciones con el proveedor en cuestión. Manifiesta que, es evidente que se intenta responsabilizar al contribuyente por los incumplimientos frente al Fisco Nacional de dicho proveedor, ya que las citadas "tareas" de auditoría no son más que una serie de conjeturas vinculadas pura y exclusivamente con su situación como contribuyente.
Indica que no comprende que las circunstancias apuntadas puedan constituir "indicios" utilizados para avalar la inexistencia de las operaciones con Kroten S.A., ni tampoco cómo puede sostenerse que dichas "diligencias" estaban dirigidas a comprobar la existencia de aquellas, en la medida que ni la presencia o ausencia del proveedor en cualquiera de sus domicilios, ni la presentación o exactitud de sus DDJJ, ni los bienes o el personal que declara o no declara ante el Fisco Nacional tiene relación alguna con la materialidad de las compras efectuadas, así como tampoco se reputan hechos atribuibles o imputables a la parte actora, sino pura y exclusivamente a dicho proveedor en particular como contribuyente de AFIP-DGI, y desde luego, insuficientes e ineficientes para fundamentar una determinación de oficio.
Por tal motivo, resalta que puede apreciarse que las "graves inconsistencias" en todo caso demuestran que el proveedor Kroten S.A. no dio cumplimiento a sus propias obligaciones fiscales, más de ningún modo acreditan que no operó con el contribuyente, como pretende deducir el Organismo Fiscal, ni menos aún que no tenía capacidad operativa.
Argumenta que, las operaciones comerciales entre el contribuyente y el proveedor en cuestión se desarrollaron conforme a las prácticas normales de mercado.
En este sentido, ratifica que, efectuada la contratación, el proveedor no ve cancelada su acreencia hasta tanto cumpla con el compromiso asumido, con lo que bajo estos términos el contratante siempre se asegura que la obligación será cumplida por cada proveedor.
Expone que se asegura de recibir los bienes contratados, que sean facturados conforme a las normas en vigencia (facturas emitidas de acuerdo con la RG 1415, el CAI autorizado y la consulta realizada en la base APOC que sale sin registros) y de cancelarlos en los plazos previstos conformes las normas en vigencia.
Declara que, la situación de este proveedor o de cualquier otro frente al resto de sus obligaciones es un aspecto que escapa del control del contribuyente.
Por ello, manifiesta que, de ningún lado surge, ni siquiera de la costumbre comercial, que el comprador tenga que verificar antes de perfeccionar la operación la capacidad operativa o productiva del proveedor, y si hipotéticamente así fuera y no la pudiera constatar podría resultar que se trate de un simple intermediario. Asimismo, considera que lo que sí puede exigir el Fisco Nacional es la consulta en algún padrón que suministre al efecto, para constatar la condición del proveedor, pero esta es información que la administración debe proveer con antelación al perfeccionamiento de la operación, padrones que en la especie sólo acreditan que Kroten S.A. al tiempo de las operaciones era un proveedor absolutamente regular.
La parte actora manifiesta que es totalmente ajena a la relación establecida entre el Fisco Nacional y el proveedor citado en su carácter de sujeto pasivo tributario; al abonar las compras, eventualmente generará una obligación tributaria para cada vendedor, que es quien debe responder ante el Estado por sus impuestos y por la presentación y contenido de sus declaraciones juradas y su domicilio fiscal actualizado.
De esta forma, ratifica la posición externa de la parte actora en la relación tributaria que se establece entre el sujeto activo (AFIP) y el sujeto pasivo del gravamen (proveedor). Ello así, la pretensión fiscal contraviene la seguridad jurídica de todo sistema, dado que quien de buena fe ha actuado conforme a las disposiciones formales y materiales de las normas vigentes sorpresivamente resulta castigado porque su proveedor no ha presentado sus declaraciones juradas o las ha presentado sin saldo a ingresar a favor del Fisco Nacional y/o no ha no ha denunciado bienes o personal dependiente y/o no mantiene un domicilio donde pueda ubicárselo.
Aduce que "en fecha 15/11/05, se cursó un requerimiento en el domicilio fiscal de la firma Kroten S.A., sito en Avda. Belgrano N° 656, piso 2° departamento 217, Provincia de Santiago del Estero, siendo el mismo recibido en dicho domicilio, pero no contestado a su vencimiento... ". Tal diligencia, demuestra que el proveedor estaba en su domicilio fiscal declarado, el mismo que se consigna en los respectivos comprobantes que emitió, cuando le fue cursado el requerimiento, pues lo recibió, y decidió no contestarlo.
Por tal motivo, resalta que queda probada la existencia y veracidad al tiempo de realizarse las operaciones de dicho domicilio fiscal del proveedor por el testimonio rendido por presidente de la sociedad propietaria del local comercial que arrendaba Kroten S.A., Sr. Pablo M. Marteler, quien reconoció que hasta el 14/04/06 —esto es, incluso mucho después de la celebración de las operaciones con el contribuyente, dicho proveedor mantenía el mismo domicilio fiscal y que tuvo trato con el presidente de la empresa proveedora al momento de celebrar el contrato de arrendamiento.
Declara que el proveedor tenía capacidad operativa pues mantenía un local comercial y pagaba un arrendamiento por el mismo, todo ello, al tiempo de celebración de las operaciones.
Expone que el contribuyente, al presentar las DDJJ del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado al tiempo de las operaciones, demuestra que se trataba de un contribuyente en actividad, aun cuando los saldos informados en dichas declaraciones no arrojen, según el acto en crisis, impuesto a pagar. La parte actora destaca que la resolución en recurso sólo refiere que Kroten S.A. "con relación al Impuesto a las Ganancias solamente presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2004 sin declarar movimiento alguno” y que "con respecto al Impuesto al Valor Agregado, presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 09/05 sin consignar dato alguno en la misma".
De este modo, alega que estas aseveraciones son falaces como surge de las Actuaciones Administrativas pues el proveedor en tratas también presentó las DDJJ de IVA por los períodos fiscales 07/2005, 08/2005 y 10/2005, con movimiento y cifras tanto de débitos fiscales como asimismo de créditos fiscales, surgiendo de la base de datos del Organismo Fiscal y de la información de las mismas, agregadas al expediente administrativo que antecede a la presente apelación.
La actora afirma que, no sólo se trataba de un contribuyente activo -tanto al tiempo de las operaciones celebradas con el contribuyente como con anterioridad y con posterioridad-, sino que declaraba abultados montos de débito y crédito fiscal —este último siempre superior en cada período al monto de crédito fiscal correlativo-, con lo cual no carecía de capacidad operativa.
Indica que la resolución en crisis no hace mérito de tales declaraciones juradas del propio proveedor y, como si ello fuese poco, afirma como cierto que la declaración del período 09/2005 se presentó "sin movimiento", omitiendo el saldo a favor declarado.
Reitera que el hecho de que no haya declarado los débitos por las operaciones celebradas con el contribuyente, repunta un hecho completamente inimputable.
Expone que los pretensos "indicios" del Fisco Nacional -e incluso las propias constancias que surgen de sus bases de datos- demuestran acabadamente que el ajuste proyectado en este rubro no resiste el menor confronte y debe ser dejado sin ningún efecto.
Aduce que aportó los comprobantes respaldatorios de las operaciones comerciales celebradas con Kroten S.A. - facturas tipo "A" N° 0001-00000292, 0001-00000312; 0001-00000325 y 0001-00000332-, las que reúnen los requisitos establecidos por la Res. Gral. 1415 y sus complementarias, consignando los datos del proveedor exigidos (nombre, domicilio fiscal, CUIT, etc.), del comprador y un CAI vigente al tiempo de las operaciones. Declara que ninguno de los comprobantes ha sido objetado por la inspección ni por la resolución en crisis. Por tal motivo, resalta que, de la página web del Organismo Fiscal, del servicio 'Verificación de validez de comprobantes emitidos' surge que la totalidad de los comprobantes se encuentra dentro de una autorización vigente. De este modo, indica que adjuntó como prueba documental copia de las constancias de validación emitidas respecto de cada uno de los comprobantes, pero estos elementos no fueron considerados por el acto administrativo en crisis.
La actora argumenta que la imprenta interviniente no fue siquiera circularizada, de lo cual se sigue que el Fisco Nacional tiene por cierto que los comprobantes fueron emitidos por la misma conforme a una autorización de impresión requerida por el proveedor Kroten S.A.
En esta línea argumentativa, la actora sostiene que el Fisco Nacional es quién avala la existencia y legitimidad del proveedor y de los comprobantes concretos y fehacientes que emite, luego no puede ir contra sus propios actos afirmando que dichos comprobantes no son suficientes para dar fe de las operaciones y que, por ende, corresponde echar mano a presunciones, máxime cuando —reitero- no fueron cuestionados los medios de cancelación de las operaciones ni las ventas en los mismos períodos fiscales.
Por tal motivo, resalta que es inaudito que el Fisco Nacional se desentienda y desmerezca el valor probatorio del soporte de las operaciones, por cuanto con tales afirmaciones pareciera que el Organismo Recaudador no tuviese nada que ver con el régimen de control de contribuyentes y emisión de autorizaciones de impresión, cuando es el Fisco Nacional quién estableció tal régimen y quién autoriza la impresión de comprobantes, previo control de los requisitos, constituyendo dichas autorizaciones verdaderos actos administrativos que evidencian la voluntad del Ente Fiscal y que, por tener tal naturaleza, gozan de presunción de legitimidad.
Por ello, la actora manifiesta que cuenta con las facturas y remitos emitidos de acuerdo a las normas en vigencia (RG AFIP 100) y las órdenes que documentan los pagos efectuados, que fueron acompañados en la vista como prueba documental, y sin que la resolución en crisis formule objeción alguna, quedó comprobado que lleva su contabilidad en legal forma, con registración de los comprobantes en el Libro IVA Compras, la cual no tuvo observaciones por parte de la inspección, y las facturas que también fueron registradas en los libros comerciales. La actora aduce que las operaciones fueron canceladas mediante los cheques del Banco Galicia, cuenta N° 00318/4/251/8: N° 01774995, del 30/08/2005 por la suma de $32.131,53; N° 01775004, del 14/09/2005, por la suma de $126.268,64, y N° 01775013, del 04/10/2005 por la suma de $83.951,09; que fueron endosados por el presidente de la sociedad proveedora, demostrando la relación económica existente con Kroten S.A., quedando en evidencia cuál fue el destino final de los cheques.
Por otra parte, la actora explica que el proveedor no estaba incluido en la Base APOC del Organismo Fiscal al tiempo de las operaciones, tampoco con posterioridad a las supuestas verificaciones y ni al tiempo de contestar vista de acuerdo a las impresiones de pantalla emitidas por el sistema Base APOC al 07/11/2008 y al 19/11/2009, acompañadas oportunamente como documental.
De esta forma, la actora asevera que celebró las operaciones que dan lugar al crédito fiscal impugnado con un proveedor inscripto, activo y regular, que recibió comprobantes respaldatorios incuestionables y que dio cumplimiento a los regímenes normativos sobre medios de pago y retenciones. Además, también está acreditado que la mercadería adquirida a Kroten S.A. fue entregada y se incorporó a su stock de compras.
Por otra parte, la actora explica que respecto a la duplicación en los registros de compras aportados oportunamente de la factura tipo "A" N° 22918, de fecha 19/11/04, (IVA $65) y de la factura tipo "A" Nº 16189 de fecha 21/10/04 (IVA $52,58), la rechaza por improcedente, toda vez que, por un lado, el acto en crisis no explicita concretamente de qué registraciones surge la supuesta duplicación ni cómo se ha arribado a la conclusión que la hubo, con lo cual se encuentra impedida de controlar lo argüido, siendo que tampoco surgen del informe final de inspección al que se tuvo acceso con la vista de las actuaciones.
A su vez, destaca que el Organismo Fiscal no ha acreditado que dichos créditos fiscales hayan sido computados también por duplicado en las respectivas DDJJ presentadas, por lo cual la impugnación del crédito fiscal de los períodos 10/04 y 11/04 resulta infundada, correspondiendo en consecuencia que se deje sin efecto el ajuste proyectado.
Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba documental y pericial contable, hace reserva del caso federal y finalmente, solicita se revoque el acto administrativo recurrido en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 52/67vta. se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la actora, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Solicita se rechace el recurso intentado con expresa imposición de costas. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y hace reserva del caso federal.
III. Que, a fs. 77 se ordenó la apertura a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial propuesta por la actora, que se encuentra acompañada a fs. 140/146.
A fs. 170, se clausura el período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a la sala “B”. A fs. 182/183vta se encuentran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional.
Finalmente, a fs. 186 se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Conforme se desprende de autos, de las actuaciones administrativas que corren por separado y del informe final de inspección obrante a fs. 108/114 del cuerpo de Impuesto al Valor Agregado se detectó que la contribuyente computó créditos fiscales en sus declaraciones juradas correspondientes a dicho impuesto por los periodos fiscales 08/05 y 09/05 vinculadas con las supuestas operaciones efectuadas con la firma Kroten S.A. En el marco de una investigación realizada por los agentes fiscalizadores se detectaron graves inconsistencias: - En fecha 15/11/05, se cursó un requerimiento en el domicilio fiscal de la firma Kroten S.A., sito en Avda. Belgrano N° 656, piso 2°, departamento 217, Provincia de Santiago del Estero, siendo el mismo recibido en dicho domicilio, pero no contestado a su vencimiento. Posteriormente, en fecha 25/01/06, los inspectores actuantes reiteraron dicha requisitoria en el mencionado domicilio, la cual tampoco fue contestada (ver fs. 31, 32, 33, y 34 del cuerpo Antecedentes).
- Los inspectores intervinientes concurrieron, personalmente al domicilio fiscal de la firma bajo análisis advirtiendo que en el mismo se halla un local cerrado y sin elementos que acrediten su funcionamiento (ver fs. 39 del cuerpo Antecedentes).
- Consultado el Sr. Pablo M. Marteler—presidente de la firma propietaria de la oficina ubicada en la Avda. Belgrano N°656, piso 2°, departamento 217, Provincia de Santiago del Estero- manifestó que: a) no tiene ningún vínculo con la firma Kroten S.A., b) solamente una vez, se contactó con el presidente de la firma antes citada -Sr. Chilifoni Gustavo- en oportunidad de la firma de un contrato de locación del local sito en Avda. Belgrano N° 656, piso 2°, oficina 217, Santiago del Estero, c) en dicho domicilio se observaban movimientos temporarios, y d) por pedido de la firma Kroten S.A., en fecha 14/04/06 se resolvió rescindir el mencionado contrato de locación— ( vide fs. 39 a 41 del cuerpo de Antecedentes).
- En fecha 06/04/06, los agentes intervinientes concurrieron también a otro domicilio informado, sito en Avda. Córdoba N° 4159, P.B. B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constatándose que en dicho lugar desarrolla actividades comerciales otra firma —(vide a fs. 16 y 17 del cuerpo de antecedentes).
- Se cursaron citaciones a los integrantes de la firma Kroten S.A. - Sres. Chilifoni Gustavo A. (C.U.I.T. N° 20- 25324301-6) y Derndich Fernando O. (C.U.l.T. N° 20-06061135-2) en sus respectivos domicilios fiscales, no cumpliéndose con las mismas (vide fs. 51 a 57 del cuerpo de Antecedentes).
Asimismo, a fojas 46 a 49 del cuerpo Antecedentes obra un informe de la División Investigación en el cual se detallaron algunas irregularidades respecto de la firma Kroten S.A., a saber: que no presentó declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales (Acciones y Participaciones) ni en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. No declara empleados en relación de dependencia, no posee bienes registrables, ni practica retenciones.
Por tal motivo, de acuerdo con las anomalías verificadas por el Fisco Nacional, dicho proveedor fue dado de baja en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, por falta de capacidad operativa.
A su vez, informa que de los comprobantes de Kroten S.A. aportados por el contribuyente -Facturas tipo "A" Nros. 0001-00000292; 000100000312; 0001-00000325 y 0001-00000332-, surgen conceptos facturados-Lts. de Acetoclor, Lts. de Atracina, Lts. de Fluorocloridona, Lts. de Deltametrina, Lts. de Glifosato Atanor x 20 y Lts. de 2 4D- que totalizan un crédito fiscal de $ 5.627,92 en el período fiscal agosto de 2005 y de $ 63.976,96 en el período fiscal septiembre de 2005 (vide. fs. 104 y 105 del cuerpo Impuesto al Valor Agregado).
Por su parte, se verificó que con relación al Impuesto a las Ganancias solamente presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2004 sin declarar movimiento alguno; con respecto al Impuesto al Valor Agregado, presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 09/05 sin consignar dato alguno en la misma y no se encuentra registrada ante AFIP en el Régimen de Aportes a la Seguridad Social (vide fs. 568 a 576 del cuerpo Impuesto a las Ganancias).
En este sentido, ratifica que, en atención a las anomalías verificadas en las fiscalizaciones se consideró que el contribuyente no ha probado fehacientemente la efectiva realización por parte de Kroten S.A. de las operaciones comerciales facturadas en los comprobantes aportados, considerándose improcedente el cómputo de créditos fiscales por un total de $ 69.604,88, declarados por la responsable en el Impuesto al Valor Agregado en los períodos fiscales 08/05 y 09/05 vinculados con operaciones comerciales registradas a nombre de la firma proveedora mencionada.
Por otra parte, se detectaron que las siguientes facturas se encontraban duplicadas en los registros de compras aportados por el contribuyente a la dependencia fiscalizadora, a saber: 1) Factura tipo "A" Nro. 22918 de fecha 19/11/04, IVA $65 y 2) Factura tipo "A" Nro. 16189 de fecha 21/10/04, IVA $52,58 (vide. fs. 2 y 3 del cuerpo Sección Informática).
Por ello también, se consideró improcedente el cómputo de dichos créditos fiscales en sus declaraciones juradas correspondientes al impuesto de marras, respecto de los períodos fiscales 10/04 y 11/04, por un total de $117,58.
V. Que según lo expuesto, conforme al ajuste en el Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este Tribunal la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto del proveedor cuestionado se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad del proveedor declarado con quien se habrían comercializado los bienes.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos.
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinada a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última. Por lo tanto, debe determinarse si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la entrega efectiva de los bienes comercializados por parte del proveedor cuestionado que surgen de los comprobantes y su real representación en los créditos fiscales declarados. Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas al proveedor no confiable, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real, siendo este último el supuesto a considerar en los presentes actuados. Al respecto, aunque en la pericia realizada –punto e)- los profesionales concluyen que la mercadería adquirida que surge de los comprobantes impugnados habría sido ingresada al stock de la recurrente (fs. 145), ello no garantiza que Kroten S.A. haya sido realmente el proveedor de la misma.
Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del Proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de esta Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, frente a las irregularidades comprobadas, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tal proveedor y la participación del mismo en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar la real capacidad operativa, económica y financiera de este supuesto proveedor, por lo que corresponde confirmar el ajuste por $69.604,88, con costas.
VI. Que por último y conforme se desprende de la pericial contable, de las DDJJ de los periodos fiscales analizados surge que Trimag S.A. ha computado por duplicado tanto el crédito fiscal correspondiente a la factura N° 16189 de fecha 21/10/04 (IVA $ 52,58) como también el débito fiscal correspondiente a la nota de crédito tipo "A" N° 22918 de fecha 19/11/04 (IVA $ 65.-). Sin embargo, y como resultado de lo expuesto, no es el Fisco Nacional quien resultó perjudicado, sino la propia recurrente (fs. 145 y 146). Por lo expuesto, corresponde revocar el ajuste por $117,58, con costas.
Por ello, SE
1. Confirmar la resolución apelada conforme lo resuelto en el Considerando V y revocar el ajuste desestimado en el Considerando VI. Costas por sus respectivos vencimientos.
2. Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación en atención lo resuelto en el punto precedente. A cuyo efecto, poner a disposición de la representación fiscal los antecedentes administrativos en la Mesa de Entradas de este Tribunal, dejándose constancia que el plazo ordenado involucra el retiro y devolución de las actuaciones administrativas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.08.17 14:19:39 ART Date: 2023.08.17 22:35:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.18 12:57:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.18 12:58:13 -03:00
Fin de la sentencia