Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Y
I. Que la parte actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inciso b) de la ley 11.683 ( t.o. vigente), contra la resolución dictada el día 23 de noviembre de 2022, en el sumario S/M/DI/RSJU/799066/2022, por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional San Juan, en virtud de la cual se aplica una multa en la suma de pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quince con ochenta y un centavos ($3.445.015,81) por la presunta infracción al art. 45 de la ley 11.683 y por aplicación del art. 49 de dicho texto legal equivalente a un cuarto (1/4) del impuesto omitido.
Señala que las presentes actuaciones se inician por la falta de presentación en término de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, período 2021, en virtud de un problema administrativo ajeno a las obligaciones normales y habituales. Advirtiendo dicha situación, relata que procedió a la presentación de la declaración jurada original, salvando así el error formal.
Explica que su presentación no data de más de dos meses desde la fecha de vencimiento original para su presentación. Sin embargo, ante dicha demora, se generó una fiscalización de forma automática.
Puntualiza que la conducta reprimida por el artículo 45, requiere como presupuesto de su configuración, la existencia de un perjuicio patrimonial para el erario público, cosa que no ha sucedido en las presentes actuaciones, en virtud de haberse regularizado la mentada situación.
Señala que la sanción impuesta se sustenta en el mero hecho de la “no presentación en término”, pero no en la existencia de una presentación ardidosa o de una demora con finalidades de dilatar el pago, o pagar menos. Entiende que la sanción es manifiestamente impropia e infundada, dado que se sustenta en la simple demora en la presentación de la declaración, y no en una actitud culposa y contumaz. De hecho, para la simple falta de presentación en término de las declaraciones juradas, se debe aplicar el art. 39 de la ley 11.683 y no el art. 45. Destaca que en la imputación de la conducta infraccional del art. 45, corresponde también ponderar la presencia del elemento subjetivo y su respectiva atribución al responsable con arreglo al principio de culpabilidad, como requisito ineludible de validez. La mera comprobación de la situación objetiva constituye un requisito mas no suficiente para considerarla configurada. Explica que el sistema de la ley 11.683 consagra el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental que solo puede ser reprimido quien es culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Agrega que en la tipificación del ilícito del art. 45 la ley no establece un momento de ‘corte’ para la presentación, como sería, por ejemplo, si se hubiera referido al del vencimiento del plazo general o a otro cualquier momento en cuya función fuera posible delimitar el tiempo de la acción (u omisión).
Señala que la posibilidad de presentar la declaración jurada subsiste hasta que se dicte el acto de determinación administrativa que venga a suplirla, el momento de producción de este último acto, que es a la vez el momento de consumación de la infracción del art. 45, ya que recién entonces el contribuyente pierde definitivamente la oportunidad de cumplir con el deber jurídico de la presentación.
Solicita la aplicación en las presentes actuaciones administrativas de las disposiciones de la Instrucción General N° 19/92. De ella entiende que se desprende que el propio Organismo Fiscal, ha considerado improcedente sancionar la omisión de impuestos mientras no se haya otorgado la vista al contribuyente, prevista por el art. 17 de la ley. La disposición evidentemente meritúa la “voluntariedad” o “espontaneidad” del contribuyente que regulariza su situación fiscal, reparando en la inconveniencia e injusticia de sancionar ante este tipo de situaciones. Agrega que para evaluar si existe o no aquella espontaneidad, el parámetro utilizado es la vista prevista por el art. 17 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Esgrime que en el caso sub-examine, no ha existido determinación de oficio y por ello, justamente, no se ha otorgado nunca la vista que prescribe el art. 17 de la ley 11.683. Ello sin perjuicio de que ha existido una inspección fiscal permanente, la cual nunca fue notificada, contrariando lo dispuesto por el artículo 3 de la Disposición Nº 414/99 (AFIP). Esta circunstancia no afecta a la aplicación de la Instrucción referida, puesto que la misma toma únicamente como referencia, a los fines de encuadrar las conductas de los encartados en las previsiones del art. 45 de la ley de rito, la circunstancia de que se haya corrido o no la vista del art. 17 de la ley. Cita el dictamen de AFIP del 20/11/1992.
Por otro lado, plantea la exclusión de la punición por aplicación del error excusable, por ello, dice que aún cuando se considerara probada la imputación formulada a su parte, atento existir en la especie error excusable y ser ello una causal de exención de sanción, según reza el artículo 45, debería no aplicarse la misma. En el caso en cuestión, describe que siempre tuvo el convencimiento de haber cumplido con todos sus deberes y obligaciones fiscales en tiempo y forma. Pues bien, una de las causales de aceptación del error excusable es la falta de fundamento ético jurídico de la disposición fiscal, a diferencia de lo que ocurre con las disposiciones del derecho civil o del derecho penal, cuya aplicación genera en los individuos cierta conciencia jurídica de lo justo o injusto como de lo lícito o ilícito, ya que las normas fiscales se basan en exigencias financieras y en consideraciones de política fiscal variables y circunstanciales.
Por último, ofrece prueba informativa a la AFIP, a fin de que se acompañen todas las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la multa aplicada y ordene su archivo.
II. Que mediante PV-2023-47992638-APN-VOCV#TFN se confirió traslado de ley al Fisco Nacional, quien contesta el traslado del recurso conferido en autos y niega todos los hechos y el derecho que invoca la contribuyente (salvo aquellos que específicamente reconozca o surjan de los antecedentes administrativos). Expone que de las constancias obrantes, surge que la contribuyente fue fiscalizada frente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, bajo la Orden de Intervención N° 2.047.289, iniciada el 24/05/2022 -cf. señala el informe final de inspección a fs. 4 del cuerpo de antecedentes-. Ello, debido al "cruce sistémico respecto del universo de contribuyentes universo 1, 2 y 3 de la Dirección Regional San Juan con la hipótesis de que teniendo facturación electrónica emitida, hubieran omitido la presentación de la declaración jurada de Ganancias período fiscal 2021”. Asimismo, manifiesta que conjuntamente con el inicio de la fiscalización, se le notificó a la contribuyente requerimiento por el cual se le solicitó la ddjj de impuesto a las ganancias períodos fiscales 2021. Relata que con fecha 28/6/2022 la contribuyente informa, mediante Presentación Digital N° 202200775915, que procedió a presentar la declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias PF 2021.
En primer término, señala que el sumario instruido, que motivó el dictado de la resolución sancionatoria cuestionada, se ha ajustado en un todo a la normativa vigente y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa de la contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchada y de efectuar las aclaraciones y descargos que estimase convenientes. Señala que se configura en autos el supuesto previsto en el art. 45, configurándose los elementos del tipo exigidos por la norma.
Con relación a la pretendida aplicación al presente caso de la Instrucción 19/92 (DGI) refiere que si bien la misma instruía a las dependencias que tuvieran a su cargo la substanciación de sumarios por infracción al artículo 45 de la ley 11.683, que la misma se consideraría consumada recién en el momento de correrse la vista del actual artículo 17 (ex artículo 24), con que se inicia el procedimiento de determinación administrativa del gravamen, el mismo era de aplicación para otro tipo de procedimientos. Como bien se desprende de la letra de la instrucción, la misma hacía referencia a los procedimientos de determinación de oficio, donde al no haberse conformado el ajuste del gravamen propuesto por el Fisco en la etapa de inspección, se sigue con el procedimiento administrativo que establece la norma ritual.
Agrega que la recurrente intenta confundir los procedimientos, puesto que el presente es un procedimiento sumario que se inicia luego de que el contribuyente conforma los ajustes propuestos por los inspectores actuantes, no así el proceso de una determinación de oficio donde el contribuyente decide no conformar los ajustes por no estar de acuerdo con ellos y así seguir con proceso de determinación de oficio que es el que marca el articulo 17 mencionado en el Recurso, por lo que referido a este procedimiento no es de aplicación a este caso. Independientemente de ello, agrega que dicha Instrucción se encuentra derogada.
Destaca que hoy se encuentra vigente la Instrucción General 7/2020 (AFIP), que recepta las nuevas pautas establecidas por el legislador con la reforma efectuada a la ley de rito por la ley 27.430, claramente dispone en el punto 3.3.2.: “Falta de presentación de declaraciones juradas. Encuadre jurídico. La omisión de ingreso del impuesto por falta de presentación de declaración jurada prevista en el artículo 45 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, se consuma el día del vencimiento general dispuesto para su presentación y pago”.
Señala que no es correcto el razonamiento plasmado por la sumariada en su descargo de que no hubo perjuicio fiscal debido a que la declaración jurada ya fue presentada y que solo hubo una demora, ya que el perjuicio fiscal se causa al no presentar la declaración jurada en tiempo y no ingresar las sumas correspondientes, además como se viene exponiendo la infracción se configuró al no efectuarse la presentación y pago de la declaración jurada al vencimiento que marca la Ley, no siendo facultad del Juez Administrativo, el no aplicar la sanción que manda la Ley incumpliendo con la misma. Además, esgrime que el monto de $ 13.780.063,23.- no resulta de menor interés ya que la afectación de la renta pública es de suma consideración, máxime si se tiene en cuenta que si los agentes fiscales no hubiesen iniciado la fiscalización, tal situación –que no se correspondía con la realidad– posiblemente habría continuado impunemente.
En cuanto a la posibilidad de eximir de la sanción aplicada, explica que el artículo a continuación del 50 de la ley ritual define dicho concepto. A los efectos de que sea viable el error excusable, éste debe ser probado, y como lo ha señalado la Corte, quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta. La sumariada, que sólo invoca dogmáticamente la inexistencia de intencionalidad, fundada en dificultades administrativas para confeccionar la declaración jurada sin siquiera esforzarse en una mínima descripción de tales dificultades, amén de no catalogar dentro de los supuestos de error previstos en la ley de rito y receptados jurisprudencialmente, tampoco luce acompañado de prueba sustancial alguna que desvirtúe la negligencia imputada en autos, por lo que tal pretensión no puede prosperar. Por último, se opone a la prueba, hace reserva del caso federal, solicita se rechace el recurso impetrado, confirmando la resolución apelada e imponiendo las costas a la actora.
III. Que, corrido el traslado de oposición a la prueba, e intimadas las partes a los fines de que manifiesten sobre la audiencia prevista en el art. 173 de la ley 11.683, ambas convalidan que la citada audiencia deviene inoficiosa. Ello así, y habida cuenta lo manifestado por las partes y que sus argumentos respecto de los hechos sobre los que versa la presente causa y respecto de las medidas probatorias ofrecidas se encuentran debidamente desarrollados en los escritos de inicio y de responde producidos por la actora y la representación fiscal, respectivamente, como así también que la actora ha tenido la posibilidad de contestar la oposición formulada a la prueba por la representación fiscal se concluye que la audiencia preliminar de prueba deviene inoficiosa. Además, atento el objeto de la presente litis, como así también las actuaciones administrativas acompañadas por el Fisco Nacional, se hace lugar a la oposición articulada por éste último en punto a la prueba informativa ofrecida por su contraria. Que, ello así, se elevan las actuaciones a la Sala B, la que pone los autos a dictar sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis. En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/ B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que cabe determinar si la multa aplicada en autos, en relación a la falta de presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2021, conformado por la actora se encuentra ajustada a derecho.
Que, como se desprende de las actuaciones administrativas de la presente causa (vide fs. 4/8), el cargo se origina en que la fiscalización actuante constató mediante consulta a los sistemas informáticos del Fisco la omisión de la presentación de la declaración jurada. La fiscalización notificó la orden de intervención con fecha 24/05/22 y la contribuyente dio cumplimiento y presentó la declaración jurada con fecha 13/06/2022, exteriorizando un impuesto a ingresar de trece millones setecientos ochenta mil sesenta y tres con 23/100 ($ 13.780.063,23), cuyo saldo fue cancelado el 22/06/2022 -vide informe de inspección a fs. 5/6 y declaración jurada a fs. 3 del cuerpo de antecedentes-.
Si bien el monto superaba los montos establecidos en la ley penal tributaria, la AFIP instruyó el Sumario N° S/M/DI RSJU/799066/2022 (Sumario SEFI 799066). Con fecha 26/9/2022, mediante Presentación Digital N° 202201198019 la sumariada presentó su descargo. A posteriori, se dicta la resolución apelada en autos.
VI. Que, en primer lugar corresponde advertir que si bien la parte actora en algunos pasajes de su escrito plantea sus agravios como si la multa aplicada fuera en los términos del art. 46 de la Ley N°11.683, el acto que se apela tiene fundamento en el art. 45 del mismo texto legal. En ese sentido, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada en esos términos.
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente no presentó la declaración jurada al vencimiento de su obligación, en efecto, su presentación fue en forma tardía, luego de notificada la orden de intervención. En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente efectuó la correspondiente presentación, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
Como ya se señaló, en relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la actora realiza manifestaciones genéricas respecto de las causales que pueden eximir su culpabilidad referidas a temas administrativos, no aportando elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante. En relación a la pretendida aplicación de la Instrucción General N° 19/92, cabe señalar que la misma ha quedado derogada. En efecto, para el período en crisis ya se encontraba vigente la Ley 27.430 que introdujo numerosas modificaciones a la ley de rito, entre ellas, modificó el art. 49 de dicha ley, estableciendo que si un contribuyente o responsable que no fuere reincidente en infracciones materiales regularizara su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional.
En cambio, si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de una orden de intervención y la notificación de una vista previa conferida a instancias de la inspección actuante en los términos del artículo agregado a continuación del artículo 36 y no fuere reincidente en las infracciones, previstas en los artículos 45, 46, agregados a continuación del 46 o 48, las multas establecidas en tales artículos se reducirán a un cuarto (1/4) de su mínimo legal.
Como se señaló, en el caso particular, la presentación de la declaración jurada fue con posterioridad a la notificación de la orden de intervención por lo que resulta aplicable al caso el segundo párrafo del art. 49 ya citado.
Ello así se advierte que la multa aplicada por el Organismo Fiscal se encuentra ajustada a derecho, en consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por lo expuesto, SE
Confirmar la Resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifiquese, y oportunamente archívese.
Date: 2023.08.10 13:54:21 ART Date: 2023.08.10 16:25:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.10 19:33:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.10 19:34:26 -03:00
Fin de la sentencia