Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 33.545-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el ajuste en el IVA en tanto determina capital e intereses, con costas.
2Confirmar el ajuste en el impuesto a las ganancias en tanto determina capital e intereses, con costas.
3Confirmar la multa aplicada, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por el orden causado en lo que se reduce.
I. Que a fs. 308/378 y fs. 487/502 la firma BIAGIO CEREALES S.A. interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI:
(i) N° 252/2009 (DV SRRI), en la que se determina el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 08/2004 a 02/2006, en la suma de setecientos cuatro mil quinientos ochenta y seis con cincuenta y dos centavos ($704.586.52), con más la suma de setecientos cuarenta y cinco mil doscientos ocho con treinta y cinco centavos ($745.208.35) en concepto de intereses resarcitorios.
(ii) N° 251/2009 (DV SRRI), en la que se determina el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2004, en la suma de cincuenta y dos mil trecientos cincuenta y cuatro con ochenta y cuatro centavos ($52.354,84), con más la suma de cincuenta y ocho mil doscientos nueve con ochenta y siete centavos ($58.209,87) en concepto de intereses resarcitorios y le aplica una multa graduada en la suma de pesos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho con treinta y nueve centavos ($36.648,39), por considerar su conducta tipificada en la previsiones del artículo 45 de la ley 11.683..
Pone de manifiesto que las resoluciones determinativas de oficio son resultado de las tareas de investigación llevadas a cabo por la AFIP-DGI respecto de algunos proveedores de la firma, a saber: ALTRAMUZ S.R.L., SACHAYOJ S.A., BUSSINES GROUP S.R.L., ROCILLO EDUARDO, CEREALES CHIQUI S.R.L., MARQUEZ JOSÉ ROBERTO, ESQUINA LITORAL CEREALES S.R.L., IMPOFINAN S.A y GEAME PROYECTOS S.A., de las que resultó la inclusión de todos ellos en la Base APOC del organismo fiscal, por haberse detectado una serie de inconsistencias e irregularidades. Señala que los funcionarios actuantes, a pesar de poseer documentación certera que acredita la realización de las operaciones cuestionadas, aluden no haber podido constatar los presupuestos legales que permiten el cómputo de los créditos fiscales porque ni BIAGIO CEREALES S.A. ni sus proveedores aportaron documentación que pruebe su real existencia.
Rechaza los ajustes efectuados en tanto señala que su único fundamento se sustenta en que “dichos contribuyentes son inexistentes, ficticios o no poseen capacidad económica y operativa para desarrollar la actividad en que se inscribieron” (sic). Asegura que las restantes pruebas que pudieran haber acreditado la veracidad de las operaciones no fueron tomadas en consideración.
En cuanto a las operaciones realizadas, plantea una defensa de carácter genérico para todos los proveedores fiscalizados, destacando que la impugnación resulta inviable toda vez que las compras fueron realizadas, las facturas estaban debidamente autorizadas por la AFIP y los proveedores no se encontraban en la base apócrifa que publica la autoridad fiscal. Manifiesta que, luego de haber ingresado los montos correspondientes a sus operaciones, lo que los sujetos hagan o no con dicha plata no le resulta oponible a BIAGIO CEREALES S.A.
Con relación al ajuste en el Impuesto a las Ganancias, explica que encuentra su fundamento -según el Fisco Nacional- en no encontrarse debidamente probado el origen del aporte irrevocable ingresado a BIAGIO CEREALES S.A. por parte de sus accionistas.
Explica que aquellos aportes integrados con fecha 30 de junio del 2004, tal como se puede comprobar en la documentación acompañada, son aportes en moneda extranjera obtenidos tiempo atrás por los socios Nelsio Luis Olio y Sandra Rita Olio por las sumas de $142.100 y $7.900, respectivamente. Que dichos aportes, a raíz de la ley de convertibilidad 23.928 y de la posterior crisis económica sufrida en nuestro país, vieron incrementados su valor de manera considerable y concluye “los dólares ingresados a la sociedad lo han sido a un valor superior, al que realmente se utilizó para adquirirlos en cabeza de los aportantes”. (sic)
Plantea la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le confirió la vista de las actuaciones en tanto no cuentan con el dictamen jurídico previo, incumpliendo con las previsiones contenidas en el Decreto N° 618/1997. Asimismo, con respecto a las resoluciones determinativas de oficio que apela, sostiene que se encuentran viciadas de nulidad en tanto el juez administrativo las emitió sin valorar la prueba documental arrimada y sin permitirle la producción de la informativa ofrecida. Impugna los intereses resarcitorios calculados por la determinación de oficio por considerarlos confiscatorios en comparación con los intereses que el mismo Fisco establece en sus planes de pago.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental, informativa, pericial contable, pericial caligráfica y testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 396/410 y fs. 508/520 la representación fiscal contesta los recursos.
Expresa que las actuaciones tienen su origen en la fiscalización llevada a cabo a BIAGIO CEREALES S.A. mediante la cual se constató que se habrían computado improcedentemente gastos de proveedores observados durante los periodos 2004, 2005 y 2006, toda vez que no se logró acreditar la real prestación de los servicios y la compra de bienes que reflejan las facturas que la apelante utiliza como respaldo para el cómputo del crédito fiscal en el IVA.
Manifiesta que, como resultado de las circularizaciones efectuadas, los proveedores no contestaron o no aportaron elementos suficientes que determinen la veracidad de las operaciones, por lo que se procedió a impugnar los saldos de IVA de la contribuyente. En tal sentido, concluye que ante la ausencia de elementos que acrediten la real existencia de las operaciones cumplidas, se consideró que la actora había computado improcedentemente crédito fiscal, procediéndose a la impugnación de sus declaraciones juradas.
Sostiene que a raíz de las operaciones realizadas con los proveedores y en virtud de que los pagos de las mismas fueron girados a la compañía TRANSATLÁNTICA S.A. en el marco de operaciones bursátiles, se logró constatar que los proveedores existían al solo efecto de poder girar dinero por las operaciones bursátiles. Ello así, se procedió a caracterizarlos como apócrifos, incluyéndolos en la base llevada por el organismo.
Con respecto al Impuesto a las Ganancias, expone que los aportes irrevocables ingresados a BIAGIO CEREALES S.A. no poseen documentación que demuestren su origen, en tanto se comprobó que la tenencia de moneda extranjera no se encontraba declarada en bienes personales en los periodos fiscales previos por parte de los accionistas de la empresa. Ello así, no fue posible constatar que los aportes impugnados proviniesen de aquella tenencia que producto del cambio en la ley de convertibilidad y posterior crisis significó un aumento sustancial del monto en pesos, como lo expresa la actora en su escrito recursivo.
Cita jurisprudencia y doctrina. Acompaña los antecedentes administrativos, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 526 se resolvió acumular el Expte. N° 33.545-I al Expte. N° 33.543-I.
A fs. 563 se resuelve abrir la causa a prueba, haciendo lugar parcialmente a la informativa y a la pericial contable. Respecto a la prueba testimonial, se ordenó a las partes que informaran de manera previa los datos de los transportistas ofrecidos como testigos, cumplido lo cual, a fs. 1333, se ordena su producción parcial.
Que fs. 624/1685 obran agregadas las respuestas de los oficios dirigidos a la BANCO PATAGONIA, BANCO SANTANDER RIO, BANCO DE CORDOBA S.A., BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, WILLIAMS ENTREGAS S.A. DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L., MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. CITIBANK, BANCO GALICIA, BANCO HSBC, CARGILL S.A., VICENTIN S.A., BUNGE S.A., NOBLE ARGENTINA y BANCOR.
A fs. 1398/1419 se tiene por agregado el informe pericial conjunto.
A fs.1480 y fs. 1542, la actora desiste de la prueba testimonial y de la prueba informativa del apartado V.2, respectivamente. A fs. 1644 se clausura el periodo probatorio y se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala "B". Se disponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho únicamente el representante fiscal a fs. 1704.
Finalmente, a fs. 1710, se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. En primer lugar, por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento a los planteos de nulidad articulados por la parte actora. Por un lado, invoca la nulidad de las resoluciones que le confirieron la vista de las actuaciones, en tanto carecían de dictamen jurídico previo. Sin embargo, según surge del primer párrafo del artículo 17 de la ley Nro. 11.683, el referido dictamen no se encuentra previsto para aquellas resoluciones.
En tal sentido, asiste razón a la representación fiscal cuando trae a colación el último párrafo del artículo 10 del Decreto 618/1997, que establece “Previo al dictado de resolución y como requisito esencial, el juez administrativo no abogado requerirá dictamen del servicio jurídico, salvo que se tratare de la clausura preventiva prevista por el inciso f del artículo 41 de la Ley N° 11.683 y de las resoluciones que se dicten en virtud del artículo agregado a continuación del artículo 52 de la Ley N° 11.683.”.
A mayor abundamiento, en el caso de autos se observa que las resoluciones de determinación se encuentran suscriptas por juez administrativo de profesión abogado (ver fs. 735/859 y fs. 716/734 de los legajos de IVA y del Impuesto a las Ganancias –respectivamente- que forman parte de los antecedentes administrativos), surgiendo en modo manifiesto la innecesaria emisión del dictamen requerido por la recurrente, debiendo desecharse el planteo intentado. Que por otro lado, y con respecto a las Resoluciones Nro. 251/2009 y Nro. 252/2009, se agravia la recurrente en tanto sostiene que fueron emitidas sin que el juez administrativo haya efectuado una debida valoración de la prueba documental arrimada como asimismo que no se le ha permitido producir la prueba informativa propuesta en aquella instancia. Que al respecto, en cuanto a la valoración de la prueba en sede administrativa o que no se hubiera permitido la producción de cierta prueba en aquella instancia, este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (fallo del 15/09/06, expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”. Por lo expuesto, se rechaza el planteo de nulidad incoado.
Que en este orden de ideas, cabe rememorar aquí que , “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Por lo merituado, corresponde rechazar los plantos de nulidad intentados por la apelante. Que respecto a las costas, corresponde precisar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que seguidamente, corresponde adentramos al análisis de los ajustes de fondo, para lo cual deviene necesario exponer primeramente los aspectos sobresalientes de la investigación fiscal que le sirve de antecedente.
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, a fs. 561/595 del Cuerpo 3 de los antecedentes administrativos obra agregado el informe final de fiscalización, en el que se exponen las irregularidades e inconsistencias detectadas en los proveedores con los que operó BIAGIO CEREALES.
En efecto, como resultado de las circularizaciones llevadas a cabo se impugnan nueve (9) de sus proveedores, habiéndose detectado que:
(i) No se localizó a los responsables de las firmas a los fines de justificar la existencia de la relación comercial (ii) No poseen capacidad operativa ni financiera.
(iii) Se observaron irregularidades relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y su condición tributaria.
(iv) Se detectaron inconsistencias en la conciliación entre los montos supuestamente facturados con los montos de débito fiscal declarados por los responsables, en determinados periodos.
(v) En ciertos sujetos no se encontraron indicios de actividad que permitan inferir la real concreción de venta de bienes o prestación de servicios por los sujetos emisores de los comprobantes.
Con sustento en el profuso informe elaborado en la fiscalización del cual surgen la serie de irregularidades corroboradas en los sujetos que emitieron los comprobantes, el Fisco Nacional impugnó el crédito fiscal tomado por la recurrente indicando que no aportó probanzas que permitan desvirtuar la tesitura fiscal. En relación al Impuesto a las Ganancias, a fs 561/595 del Cuerpo 3 de los antecedentes administrativos se anexa el informe final de fiscalización en el que se señala que no fue posible corroborar los orígenes de los aportes irrevocables ingresados a BIAGIO CEREALES S.A. y por tal motivo se determinó la configuración de un incremento patrimonial no justificado según las previsiones del artículo 18, inc) f de la ley 11.683.
Que en efecto, el organismo pudo corroborar que se consignaron aportes irrevocables ingresados a BIAGIO por la suma de $150.000, correspondiendo $142.100 al accionista Nelsio Luis Olio y $7.900 a la accionista Sandra Rita Olio.
Que habiendo analizado las declaraciones juradas presentadas en los periodos fiscales 2001, 2002 y 2003 por los referidos accionistas, la auditoría fiscal constató que no se encontraba declarada tenencia de moneda extranjera para ninguno de ellos antes del ingreso de aquel dinero a la sociedad como un aporte de capital.
Que ello así, concluye que dicho aporte significó un incremento patrimonial no justificado tal como se establece en el artículo 18 inc. F) de la ley 11.683 “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida.(…) A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario que: (…) f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.”. Por lo merituado, se procedió a la impugnación de la declaración jurada del impuesto, determinando la materia imponible que se discute en los presentes autos.
VI. Que a la luz de la profusa investigación llevada a cabo por el organismo fiscal, cabe anticipar que a juicio de este Tribunal la impugnación respecto de los proveedores ALTRAMUZ S.R.L., SACHAYOJ S.A., BUSSINES GROUP S.R.L., ROCILLO EDUARDO, CEREALES CHIQUI S.R.L., MARQUEZ JOSÉ ROBERTO, ESQUINA LITORAL CEREALES S.R.L., IMPOFINAN S.A y GEAME PROYECTOS S.A. luce debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las operaciones y la capacidad de los sujetos como quienes las concretaron.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
En efecto, conviene precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por el apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de la venta de bienes y prestación de servicios por parte de los proveedores impugnados y la real operación en los créditos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible pata considerar válida la cuantificación, y en consecuencia, irresistible la existencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aun cuando acreditase la mera existencia física de los proveedores impugnados, no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente es conteste con las operaciones efectivamente realizadas.
La fiscalización se origina con la finalidad de verificar el cumplimiento dado a las normas de Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 08/2004 a 02/2006 y al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2004. Que en virtud de los indicios constatados por la auditoría fiscal dable advertir que la entrega de materiales y/o la prestación de servicios no pudieron ser efectuadas por los sujetos impugnados, en tanto se corroboró que carecían de capacidad económica, financiera y operativa, remitiéndonos al profuso informe que se encuentra agregado a fs. 561/595 del Cuerpo 3 de los antecedentes administrativos y cuya merituación fue realizada en el considerando precedente.
Que frente a tales indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, el recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en que las operaciones se encontraban documentadas, señalando que los materiales efectivamente se adquirieron y los servicios se prestaron, desde que resultaban necesarios para cumplir con el proceso productivo que llevaba a cabo. Sin embargo, tales extremos no son suficientes para aseverar que aquel que emitió el comprobante o el remito sea efectivamente quien produjo y/o entregó el material ni quien prestó el servicio, si al momento de ir a buscarlos el organismo se encuentra con sujetos que presentan características que toman evidente que sería imposible que cumplieran con aquellas operaciones. Que valorada la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos, se observa que de la mayoría de los proveedores denunciados no fue posible encontrar representante alguno que acredite la relación entre las facturas y la efectiva venta de bienes o prestación de servicios, asimismo se observaron serias irregularidades en su condición tributaria y la patente falta de capacidad operativa y comercial para concretarlas.
Que así las cosas, debe señalarse que una factura puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente, o porque –como ocurre en el presente caso- corresponde a una operación existente pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real.Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al periodo fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; O que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra de bienes o de prestación de servicios que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re SIDERTEC S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a este sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa "Impulso SA.", TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa "Carrizo Luis E." de la misma sala, sentenciada el 31/0811999, y "Cía. Petrolífera del Carmen SA." sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re "Romero S.A.", y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SMC", CNACAF, Sala y, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Seria S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala "B", confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que “…10) Que, por lo demás, la propia Ley 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada 'realidad económica corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas.... ' Que en tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes/proveedores de servicios o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina SA c/ EN —AFIP-DGI —Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva", del 10/03/2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. "Molinos Río de la Plata SA c/ EN —AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva" del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art 12 de la ley de impuesto al valor agregado (Lo. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: “[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles.(...) Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores dé los bienes o de los proveedores que prestan un servicio, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones que aquél les adjudicó."
Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación -como lo invoca la recurrente en pasajes de su escrito recursivo- toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Cabe aclarar que los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente a la administración tributaria se relacionan con la propia existencia de los proveedores fiscalizados, y en ese orden de ideas, no asiste razón a la recurrente cuando insiste en que prueba de la veracidad de las operaciones, y por lo tanto de los proveedores, se encuentra sustentada en el hecho de que tenían cuentas bancarias, estaban inscriptos ante la AFIP, no se encontraban en la Base E-APOC, entre otros aspectos que se refieren a meros elementos formales de las operaciones.
Que surge de las constancias de autos la producción de prueba informativa obrante en los antecedentes administrativos y reiterada en los presentes autos (a fs. 624/1685), se observa que las respuestas brindadas por los bancos no desvirtúan el análisis del organismo fiscal respecto a la existencia de los proveedores en cuestión y su capacidad económica.
Que a fs. 1397/1419 de autos obra agregado el informe pericial en el cual se observa que por los elementos proporcionados por la actora no se puede concluir si los proveedores en cuestión fueron quienes realizaron las operaciones de compra-venta de bienes o producción de servicios con BIAGIO CEREALES S.A. En conclusión, las pruebas producidas en autos no desvirtúan la cuestión de fondo planteada por el Fisco Nacional respecto a la existencia de los proveedores o la confirmación de que sean estos quienes realizaron las operaciones con la actora.
Que en definitiva, el recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditado que los sujetos cuestionados (i) fueron quienes en la realidad cumplieron con las operaciones expuestas en las facturas y (ii) que las mismas hayan existido. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como lo explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto "el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” ("Álcalis de la Patagonia SA.", sentencia del 66/05/1986). Que finalmente, con respecto al incremento patrimonial no justificado que se determina en el impuesto a las ganancias, corresponde señalar que la recurrente no ha logrado desvirtuar con prueba fehaciente que los montos ingresados en efectivo como aporte proviniesen de la tenencia de moneda extranjera de sus accionistas, debiendo recordarse aquí que el organismo señaló que tal tenencia no se encontraba declarada en periodos fiscales previos por los accionistas. En efecto, a juicio de este tribunal solamente resulta posible demostrar el momento en que los aportes fueron ingresados al patrimonio de la compañía, más no su origen. Aun cuando el contribuyente mantiene que dicha diferencia patrimonial se debe a la devaluación de la moneda local y, como consecuencia, el incremento de la moneda extranjera, lo que ocurre es que tal tenencia debía ser informada en las declaraciones juradas previas por los socios, lo que no aconteció en el presente caso.
Que por lo merituado cabe concluir que la actora no ha arrimado elementos de convicción —en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas a los proveedores cuestionados como así tampoco el origen de los aportes realizados, correspondiendo en consecuencia confirmar los ajustes proyectados en las resoluciones apeladas, con costas.
VII. Que a continuación, corresponde pronunciarse sobre la multa impuesta a la actora por la omisión de ingreso del impuesto a las ganancias, tipificando su conducta en las previsiones del artículo 45 de la ley 11.683.
Que tal como fuera establecido por la ley de rito, la sanción del artículo 45 dispone que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable.”.
Por lo tanto, la infracción que nos ocupa requiere para su configuración la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
Que se trata de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal.
Que en el caso bajo análisis, conforme resulta de la lectura de la resolución que impone la sanción y en merito a lo decido por este Tribunal con relación al ajuste en el impuesto a las ganancias, se encuentra acreditado que el contribuyente presentó declaraciones juradas inexactas ingresando el tributo en menos, sin que se haya invocado la existencia de un error excusable que lo exonere de la culpa. Ello así, se encuentran constatados en autos los elementos objetivo y subjetivo de la conducta infraccional que se le endilga, correspondiendo la confirmación de la sanción impuesta.
Que en lo atinente al quantum de la multa, conviene advertir que la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal respecto de la razonabilidad del acto sancionatorio. En el caso concreto, se comprende que la sanción no ha sido adecuadamente ponderada y graduada, en atención a las circunstancias de la causa, habida cuenta de que el contribuyente de autos carece de antecedentes infracciónales –hecho que, en principio, lleva a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva-, debe reducirse la graduación dispuesta por el juez administrativo al mínimo legal (50%). Con costas.
VIII. Que, en lo que respecta al agravio vinculado a la confiscatoriedad de los intereses resarcitorios calculados en la determinación de oficio, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., “Citibank NA c/DGI”, 1/6/2000, Fallos 323:1315).
Que, por otro lado, como tiene establecido nuestro Máximo Tribunal (Fallos 308:283), “...el fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal por la demora en el pago de los impuestos y que sean superiores a aquellas por las que sea posibles a los particulares obtener crédito en el mercado financiero, pues de no ser así los contribuyentes podrían contemplar la alternativa –claramente perniciosa para el bien común- de obtener financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente con sus obligaciones tributarias”. Que en ese orden de razonamiento y toda vez que el actor no demuestra en modo alguno mediante prueba idónea que la aplicación de intereses excede toda pauta de razonabilidad o produce efectos confiscatorios, corresponde confirmar los intereses resarcitorios determinados en las resoluciones impugnadas.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar el ajuste en el IVA en tanto determina capital e intereses, con costas.
2. Confirmar el ajuste en el impuesto a las ganancias en tanto determina capital e intereses, con costas.
3. Confirmar la multa aplicada, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por el orden causado en lo que se reduce.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregado al expediente papel. Date: 2023.08.22 16:25:07 ART Date: 2023.08.22 16:54:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.23 09:42:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.23 09:42:50 -03:00
Fin de la sentencia