Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 33.715-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones apeladas en lo que respecta al ajuste efectuado con fundamento en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.345, conforme da cuenta el Considerando V, y confirmar las mismas en cuanto determinan impuestos e intereses, conforme lo dispuesto en el Considerando VI. Con costas según los respectivos vencimientos.
2Confirmar la multa aplicada con relación al Impuesto al Valor Agregado, reduciendo la misma al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (conforme lo indicado en el Considerando VIII). Con costas, salvo en la parte en que se reduce que se imponen por su orden.
3Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación de los montos que resulta adeudar la recurrente en función de la forma en que se resuelve. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 22/26vta., en el marco del Expte. N° 33.715-I, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 23/10 (DV RPOS), del 31 de marzo de 2010, suscripta por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la cual se le determina de oficio, en forma parcial, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) periodos fiscales 01/07 a 05/08 – ambos extremos inclusive- por la suma de $286.885,67, con más la suma de $156.688,17 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $256.174,85 equivalente a tres (3) veces el impuesto dejado de ingresar en los periodos fiscales 01/08 a 05/08, con sustento en el art. 46 y 47 inc. a) y b) de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
A fs. 81/86, en el marco del Expte. N° 33.720-I, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución 22/10 (DV RPOS), de fecha 31 de marzo de 2010, suscripta por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina de oficio, en forma parcial, el Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2007 y 2008 por la suma de $696.453,58 con más la suma de $288.828,19 en concepto de intereses resarcitorios, dejándose constancia que se difiere la iniciación del respectivo sumario, de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la Ley N° 24.769.
En primer lugar, manifiesta que objeta el ajuste efectuado por el Fisco Nacional toda vez que se basó en elementos que no reúnen los requisitos para que sean incorporados como indubitados a tal efecto, desestimando sin fundamento alguno las pruebas arrimadas en la instancia anterior.
Explica que se dedica a la actividad de importación y exportación de mercaderías, la cual se pacta telefónicamente con los exportadores y se realiza del lado argentino, haciéndose cargo del pago del IVA, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos y de los gastos de Despachante de Aduanas, siendo todo registrado en el sistema SIM MARIA.
Reconoce que, tal como lo sostuvo la inspección, algunos de los pagos correspondientes a las operaciones de importación no se llevaron a cabo mediante alguna de las formas establecidas por la Ley N° 25.345 y sus normas reglamentarias ya que, en virtud de la modalidad del negocio y en atención a las exigencias de algunos exportadores, le resultaba imposible utilizar como medio de pago el sistema de transferencias bancarias por lo que las mismas fueron abonadas en efectivo en sus oficinas.
A su vez, sostiene que al ser cada una de las operaciones auditadas efectuadas ante AFIP-DGA, las mismas se encuentran documentadas en sus respectivos despachos de importación junto con su documentación complementaria, siendo la más importante la factura de importación emitida por el exportador del país de donde proviene la mercadería.
Asegura que en el ajuste no se tuvo en cuenta la existencia de las operaciones, las que requieren de una necesaria intervención del Fisco Nacional toda vez que, a través de ello, no solo se demuestra el ingreso de las mercaderías al país con sus correspondientes pagos del IVA, el Impuesto a las Ganancias y los Derechos de Importación, sino que además la verdadera realización de una compraventa internacional.
Señala que los despachos de importación, una vez intervenidos por el Fisco Nacional y cargados al sistema María, los mismos pasan a ser documentos públicos que, como tales, hacen plena fe de su contenido, por lo que, a su entender, únicamente puede cuestionarse, en cuanto a su realidad y validez, a través de una acción de redargución de falsedad.
En base a ello, concluye que de esta forma se demuestra la existencia de las operaciones y por lo tanto, el Fisco Nacional no puede dejar computar como gastos las compras al exterior cuestionadas, por el hecho de no haber utilizado algunos de los medios de pago preestablecidos por la normativa y, por ende, no tenerlas en cuenta para el computo en los impuestos en trato, toda vez que resulta innegable el ingreso de las mercaderías al país, hecho que ha sido verificado por el Fisco Nacional.
Cita jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba pericial contable. Finalmente, solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 37/44vta. y a fs.99/106, el Fisco Nacional contesta sendos recursos de apelación interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Expone los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan el ajuste efectuado. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio. Hace reserva del caso federal. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba pericial contable ofrecida. Finalmente, solicita que se confirmen las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que, a fs. 120 el Tribunal en pleno resolvió acumular al expediente de referencia el que lleva el N° 33.720-I. A fs. 139 se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la actora. A fs. 155/160 luce informe pericial y a fs. 165 se tiene presente la impugnación a los puntos de pericia efectuada por el Fisco Nacional a fs. 155/158, para su valoración en la etapa procesal oportuna.
A fs. 180 se declara la clausura del período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 183 se ponen los autos a alegar. A fs. 188-190 obran los alegatos del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado.
A fs. 192 se ponen los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Del informe final de inspección, obrante a fs. 81/93 del cuerpo IVA de las actuaciones administrativas, consta que la actividad declarada del recurrente es “servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías”. Los ajustes determinados se originaron porque el Fisco Nacional observó que, de acuerdo a la actividad llevada a cabo por el contribuyente, éste no estaría cumpliendo con los medios de pago adecuados para cancelar sus operaciones de comercio exterior, además que también podría estar sobrefacturado el valor de importación y también omitiendo ingresos por ventas.
A partir de la información aportada por el propio contribuyente, por la Dirección Regional Aduanera Posadas División Investigación, Control y Procedimientos Externos y de los despachos de importación provenientes del sistema e-fisco correspondientes al periodo fiscal 2007 (fs. 05/23 y fs. 24/42, fs. 84/104 y fs. 68/63 del Cpo. Impuesto a las Ganancias, respectivamente), de su comparación la inspección pudo constatar que existían permisos de importación por compras y/o adquisiciones que no se encontraban registrados en sus respectivos libros. Frente a ello, se le requirió al contribuyente que informe los medios de cancelación de las operaciones de comercio exterior llevadas a cabo como así también se le solicitó verificar la registración de aquellos despachos de importación que no fueron localizados en el libro IVA Compras (fs. 105/116 del Cpo. Impuesto a las Ganancias).
En conteste, el contribuyente en fecha 19/02/2009 acompaña detalle de los despachos de importación requeridos, adjuntando copia del Libro IVA Compras periodo fiscal 2008 en donde se encuentran registrados los mismos (fs. 119/123 Cpo. Impuesto a las Ganancias). Asimismo, acompaña copia de una muestra de recibos de pago en efectivo a proveedores fechados en la Ciudad de Paso de los Libres y copia de los extractos bancarios del Banco Francés de la cual se observan las transferencias efectuadas a favor de los proveedores del exterior (fs. 124/187 del Cpo. Impuesto a las Ganancias).
En acta del 13/05/09 el inspeccionado sostiene que 1) La actividad que desarrolla consiste en la “…importación y exportación, por cuenta propia; llevada a cabo en la ciudad de Paso de los Libres, … La mayoría de las operaciones responden a importaciones, y también se realizan algunas exportaciones, pero son muy esporádicas…”, 2) Los pagos a los proveedores se realizan “…con Transferencia Bancaria y en efectivo…” al igual que las cobranzas de las ventas efectuadas; 3) “…Los pagos en efectivo son realizados en el país, en la ciudad de Paso de los Libres…”.
De toda la información recabada, se confeccionó hoja de trabajo con cada detalle de los permisos de importación y su correspondiente forma de pago (fs. 02/09 del Cpo. Impuesto a las Ganancias Complementario y Cpo. IVA Complementario), concluyendo que existen los siguientes motivos de ajuste:
1. Impugnación de gastos/costos en el Impuesto a las Ganancias en los periodos fiscales 2007 y 2008 y de los créditos fiscales en IVA en los periodos fiscales 01/07 al 05/08, como así también de retenciones/percepciones, por operaciones de importación que fueron abonadas a través de medios de pago no previstos en el art. 1 de la Ley 25.345, y 2) Estimación de ventas no declaradas aplicando margen de utilidad sobre el total de “compras omitidas” (despachos no registrados de importación y por ende, no declarados) en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2007 e IVA en los periodos fiscales 01/07 al 12/07.
V. Que, sentado lo anterior, resulta oportuno pronunciarse sobre los agravios efectuados por la actora con respecto a los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en base a la Ley 25.345 (“ley antievasión”). La AFIP intimó a la parte actora a abonar ciertas sumas de dinero en concepto del IVA (períodos 01/2007 a 12/2007) y el Impuesto a las Ganancias (2007 y 2008) con más sus intereses y multa para el caso del IVA, como consecuencia de impugnar créditos fiscales computados por aquél en el primero de tales tributos y costos/gastos deducidos en el segundo más retenciones/percepciones. Tales impugnaciones se fundaron en que el accionante no estaría cumpliendo con los medios de pago previstos para cancelar sus operaciones de comercio exterior, por cifras superiores a $1.000, según el art. 1° de la ley 25.345, por lo cual la AFIP -aplicando lo dispuesto en el art. 2° de ese ordenamiento, conocido como “ley antievasión”- no admitió el cómputo de las respectivas deducciones ni créditos fiscales en relación a las operaciones de importación que se abonaron en efectivo, ni tampoco las percepciones y retenciones relacionadas con dichas operaciones, en los saldos finales a ingresar de cada impuesto.
Al respecto, cabe destacar que con fecha 19/03/2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo “Mera, Miguel Ángel” se expidió sobre el particular, confirmando el criterio de la Excma. Cámara en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N° 25.345.
Así la Corte destacó que “...la objeción constitucional formulada por el a quo se funda en que la aplicación de esa norma -en casos como el sub examine en que está acreditada sin margen de duda la veracidad de las respectivas operaciones en las que el accionante efectuó pagos en efectivo a sus proveedores- distorsionaría la situación del contribuyente frente a los impuestos en los que se le efectuaron los ajustes: en el tributo a las ganancias se le impedirían deducir gastos necesarios para la obtención de las ganancias con lo cual se gravaría una utilidad ficticia y desproporcionada con la que verdaderamente el legislador ha querido gravar con el tributo; y frente al IVA se desnaturalizaría el cotejo entre débitos y créditos al excluirse la posibilidad de computar éstos últimos. En síntesis, la cámara juzgó irrazonable que el incumplimiento de deberes de carácter formal -como los establecidos en el art. 1° de la citada ley 25.345- puedan acarrear tales consecuencias.”. Por otro lado, en dicha causa al referirse a la presunción absoluta establecida por el artículo 2° de la ley antievasión y su inconstitucionalidad, nuestro más alto Tribunal menciona que “...en ese contexto cabe recordar que esta Corte ha establecido que las presunciones “requieren un uso inteligente, concreto y racional” y que su utilización debe limitarse “a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen” (conf. “Hermitage”, Fallos: 333:993, considerando 12). Asimismo hizo notar en el citado precedente -para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en un caso en el que se había demostrado que el contribuyente no había obtenido ganancia alguna en el período examinado- que el legislador no había dado “fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley” (considerando 14), y concluyó en que “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso” (considerando 16).
Finalmente concluye que “... es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA— por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.”
A ello, se debe destacar que no surge constancia en las presentes actuaciones ni en los antecedentes administrativos el hecho que el Fisco Nacional cuestione la veracidad de las operaciones, sino que simplemente impugnó los créditos fiscales y gastos que provenían de las operaciones cuya cancelación se efectuaron fuera de lo previsto en el artículo 1° de la ley 25.345.
A mayor abundamiento, resulta de suma importancia destacar que es la propia representación fiscal (conforme fs. 42 y fs. 104 de su escrito de contestación del recurso de apelación), quien afirma que ha constatado que las operaciones en cuestión no fueron canceladas mediante la utilización de los medios de pago previstos en ley 25.345, sin cuestionar la realidad de las operaciones.
Por lo expuesto, corresponde revocar las Resoluciones N° 23/2010 (DV RPOS) y la N° 22/2010 (DV RPOS) referidas al IVA periodos fiscales 01/07 al 05/08 e Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2007 y 2008, respectivamente, en lo que se refiere a los ajustes efectuados con único fundamento en los artículos 1° y 2° de la ley 25.345. Con costas.
VI. Que a continuación, corresponde analizar el ajuste realizado por el cual se determinan ingresos omitidos aplicando el margen de utilidad sobre el total de las “compras omitidas”, es decir, sobre aquellos despachos de importación no registrados en los libros correspondientes y, por ende, no declarados.
En primer lugar, aplicando un margen de utilidad sobre las compras no registradas de periodo fiscal 2007 - despachos de importación que no se encontraban registrados en el Libro Compras-, el Fisco Nacional calculó las ventas a ajustar. A tal fin los despachos fueron valorizados a la cotización del dólar BNA correspondiente al día hábil anterior al de la fecha de oficialización de cada despacho (fs. 10/14 del Cpo. Gcias. y Cpo. IVA Complementarios).
En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias, conforme explica la fiscalización en el informe final de inspección obrante a fs. 81/93 del cuerpo IVA, se confeccionó hoja de trabajo con cada permiso, fecha, valor FOB dólares, cotización y FOB pesos, totalizando por periodos mensuales los importes (expresados en dólares) de dichas operaciones (fs. 10/14 Cpo. Gcias. y Cpo. IVA Complementarios). Asimismo, teniendo en cuenta los datos declarados por el contribuyente de autos en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2007 (fs. 27/28 del Cpo. Ganancias Complementario), las ventas ascendieron a $2.148.877,77, mientras que las compras y los gastos del periodo arrojaron un total de $1.998.091,43, obteniendo así un resultado previo a las deducciones de $ 150.786,34 lo que representa un margen de utilidad del 7,02%. Así, dicho margen fue tomado por el Fisco Nacional como referencia para determinar las ventas omitidas relacionadas con los despachos de importación no registrados en el Libro Compras del periodo fiscal 2007.
Por su parte, en relación al IVA, además de tomar en consideración los análisis efectuados en relación al Impuesto a las Ganancias, en este caso el margen de utilidad aplicado sobre los despachos de importación no registrados en el periodo fiscal ajustado asciende a $402.297,15 lo que, a su vez, determina un débito fiscal de $42.297,15 el cual fue calculado en un 10.5% atento que la fiscalización observó que los mismos se refieren a productos frutihortícolas, específicamente bananas. En relación a ello, por haber detectado la fiscalización la falta de registración de algunos despachos de importación, el cómputo de los mismos generaría un crédito fiscal, que calculado al 10,5%, asciende a un total de $ 39.327,14 a computar en las declaraciones juradas de 01 a 12 de 2007 (vide fs. 28/29 del Cpo. IVA Complementario).
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Cabe recordar que la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante, quien a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva.
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
En el caso la parte actora ofreció en instancia de este Tribunal prueba pericial contable, la cual cabe destacar no resulta conducente con relación al ajuste tratado en este punto. No obstante, cabe mencionar que conforme lo expresado por los peritos de las partes en el informe pericial contable de fs. 155/159, en el punto 1) señalan que se han puesto a su disposición libros IVA Compras e IVA Ventas sin rubricar, consistentes en impresiones de libros generados por Excel, sin pre numerar, los cuales no siguen las disposiciones establecidas por la AFIP en materia de registración ni tampoco las contenidas en el Código de Comercio. Por otra parte, el perito de la actora en respuesta al punto 3), manifestó que pudo constatar que si bien los despachos de importación se encuentran registrados en el Libro IVA Compras, en determinados casos los mismos lo fueron en meses distintos al de su emisión. Claramente nada tiene que ver con lo discutido en este punto en relación a la estimación de ventas a partir de los despachos de importación no registrados ni declarados por el recurrente.
Por otra parte, la recurrente no ha expresado ninguna objeción concreta que ponga en duda la pertinencia de la metodología de cálculo utilizada para la determinación efectuada por el Fisco Nacional para realizar el ajuste de ventas en los gravámenes discutidos en los presentes actuados.
Que cabe destacar que si bien este Tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 de la ley 11683 tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...", es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica "llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal" -CNACAF, Sala 2°, "Tamileyfú SRL", sent. del 27/6/72-, debiendo las partes instar el procedimiento en la etapa probatoria, a fin de que el juzgador obtenga el grado más elevado de certeza luego del análisis de la prueba producida.
Que atento lo expuesto, corresponde señalar que los argumentos esgrimidos por la recurrente no logran conmover los sólidos indicios recolectados por la fiscalización lo que lleva a confirmar los actos apelados en este aspecto respecto del IVA periodos fiscales 01 al 12/07 e Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2007, con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, en relación a la parte que se confirma. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que, resta tratar el aspecto sancionatorio, concretamente la multa impuesta en la resolución N° 23/10 (DV RPOS), con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a) y b) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), en relación a la parte que se confirma.
En efecto, cabe recordar que tal como sostuvo esta Sala “B” -en su anterior conformación- in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...” En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad..” En el caso particular, el aspecto material de la multa se encuentra debidamente acreditado, atento el modo en que se resuelve con relación al ajuste efectuado tratado en el considerando VI.
Con relación al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el artículo 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie, debe puntualizarse en el inciso b) del artículo 47 de la ley de rito no cualquier incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008).
En ese sentido, los hechos discutidos en la presente causa revelan la grave incidencia que prescribe la norma y que la propia determinación fiscal muestra, en contraste con lo originariamente declarado por el contribuyente. En función de lo expuesto, la presunción que invoca el ente recaudador se encuentra bien activada y correspondía a la parte actora la carga de probar la ausencia de conducta dolosa en su accionar, cuestión que no ocurre en la especie. Por ello, corresponde confirmar la multa apelada en autos.
No obstante, en lo que respecta al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello SE RESUELVE:
1. Revocar las resoluciones apeladas en lo que respecta al ajuste efectuado con fundamento en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.345, conforme da cuenta el Considerando V, y confirmar las mismas en cuanto determinan impuestos e intereses, conforme lo dispuesto en el Considerando VI. Con costas según los respectivos vencimientos.
2. Confirmar la multa aplicada con relación al Impuesto al Valor Agregado, reduciendo la misma al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (conforme lo indicado en el Considerando VIII). Con costas, salvo en la parte en que se reduce que se imponen por su orden.
3. Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación de los montos que resulta adeudar la recurrente en función de la forma en que se resuelve. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.10.30 11:21:10 ART Date: 2023.10.30 14:01:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.30 14:26:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.30 14:27:58 -03:00
Fin de la sentencia