Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante RE-2023-96104868-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2444/23 (DV JRES) de fecha 14/07/2023, dictada por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Resistencia de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El apelante impugna la mencionada resolución mediante la cual se aplica una multa de $2.476.996,51 por el Aporte Solidario y Extraordinario dejado de ingresar, equivalente al 100%, con la reducción a un cuarto conforme los términos de los artículos 45, 49 y 50 de la Ley 11.683.
Solicita la actora que se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Manifiesta que el organismo fiscal le imputó la violación del artículo 45 inciso a) de la Ley 11.683 por no haber presentado a su vencimiento la declaración jurada del Aporte Solidario y Extraordinario y no haber ingresado dicho aporte.
Señala que ante ello formuló descargo y luego recayó la Resolución N° 2444/23 la cual impone la sanción de multa. Sostiene que la resolución en crisis es arbitraria, contraria a derechos fundamentales y sin motivación válida. Añade que la misma viola el principio de legalidad y tipicidad de la Constitución Nacional. Expresa que la norma en cuestión prevé y sanciona la omisión de pago de impuestos y lo que se le imputa a su parte no es la omisión del pago de un impuesto sino de un aporte.
Asimismo, se agravia de que la resolución esquiva el hecho alegado por su parte de que ha cometido un error excusable y -dice- que no han considerado sus argumentos de defensa.
Esgrime que se configuran los supuestos de complejidad, oscuridad y novedad para considerar que sí existió el error excusable.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2023-125492970-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora, rechaza el planteo de nulidad, solicitando que se confirme el acto apelado, con costas.
Señala que los planteos nulificantes de la actora no son más que meras afirmaciones dogmáticas donde no se observa ninguna violación al procedimiento administrativo ni afectación a las garantías y derechos constitucionales del contribuyente. Respecto a la violación del principio de legalidad señala que la analogía planteada no es procedente, ya que una ley válida y vigente le otorgó facultades expresamente al Fisco Nacional. Acompaña los antecedentes administrativos, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-132281532-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, y mediante IF-2023-140979748-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
IV. Que corresponde señalar que el origen de la fiscalización de la encartada tiene su génesis en la orden de intervención Nº 1.928.816. Conforme surge del informe final de inspección glosado a fs. 4/7 de las actuaciones administrativas acompañadas, al inicio de la inspección la declaración jurada del ASE no se encontraba presentada.
Se describe que el 11/05/2021 se efectuó requerimiento, y que el día 27/05/2021 que operaba su vencimiento la contribuyente presentó la Declaración Jurada con un saldo a favor de la AFIP de $9.907.986,05.
Ello así, se realizó control de las valuaciones de los bienes, se verificó la correcta determinación del impuesto. Durante la verificación, el contribuyente aportó por medio de Presentaciones Digitales, la declaración jurada y su acuse de recibo, el plan de pagos “Mis Facilidades” presentado el 01/06/2021 (incluyendo el saldo a favor del Fisco), así como el detalle y la documentación respaldatoria de los bienes incluidos en la declaración jurada y su valuación.
Se relevaron los bienes declarados, se verificó su titularidad y valuación con la información obrante en las bases de datos de la AFIP y se cotejó dichos bienes con los exteriorizados en las declaraciones juradas del Impuesto sobre Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2019 valuados al 18/12/2020. El contribuyente aportó detalle y documentación respaldatoria de los bienes gravados.
Del análisis efectuado, se concluye que la totalidad de los bienes declarados son de titularidad del contribuyente y se encuentran valuados según las normas vigentes, de manera razonable al momento de valuación del gravamen. Además, que la mencionada valuación superaba el mínimo exento establecido en la ley. Toda vez que el monto determinado superaba la condición objetiva de punibilidad, se remitieron las actuaciones para la intervención de la Sección Penal Tributaria quien concluye que no habiendo una maniobra ardidosa no corresponde la formulación de la denuncia penal (vide dictamen de fs. 10/12 de los AA y Dictamen Jurídico Nº 066/23 a fs. 13/15 de los AA). Ello así, se procede a instruir sumario infraccional.
V. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción previa, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de la resolución administrativa.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto a las restantes objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que desde lo estrictamente formal, la resolución apelada en autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Por otra parte ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, en cuanto al planteo efectuado por la parte relativo a que no se trata de un impuesto sino de un aporte y, por ello, no corresponde la aplicación de la sanción apelada, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte -que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Ello así, los agravios de la actora no pueden prosperar.
VII. Que, señalado ello, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada por el Fisco Nacional referente al aporte solidario extraordinario, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (texto vigente).
Dicho artículo establece que será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas (...).
Al respecto, y en términos genéricos, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, tratándose de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado.
Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Ahora bien, entonces, corresponde evaluar si en el caso particular concurren ambos elementos, o si se da el supuesto de error excusable.
Del informe final de inspección surge que, la actora omitió la presentación de la declaración jurada del ASE la que fue presentada a instancias de la verificación. Ello así, la falta de presentación de la declaración jurada y el pago tardío del impuesto, en principio, acarrea el ilícito material de omisión de impuesto al concurrir los presupuestos esenciales. Sin embargo, ello no implica que no deba analizarse si se configuran en el caso particular los elementos que requiere la figura a los fines de su configuración, en consonancia con las particularidades de la norma tributaria en crisis.
En relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, en el caso particular, la parte actora no invoca ni acredita elementos que puedan eximirlo de la sanción.
Respecto de la existencia de un error excusable, como se dijo, la ley de rito establece que existirá cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Además, dispone que deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel, el Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. Sin embargo, en el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculparse, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable.
En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante.
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.12.04 18:39:48 ART Date: 2023.12.05 11:43:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.05 12:19:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.05 12:20:07 -03:00
Fin de la sentencia