Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 29.897-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la RESOL-2021-7282-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en la actuación SIGEA n° 17990-32-2016, con costas.
I. Que mediante la presentación RE-2021-120793924-APN-SGASAD#TFN, se presenta mediante apoderado la firma ASSEKURANSA CPÍA. DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2021- 7282-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 9/11/21, en el expediente SIGEA n° 17990-32-2016, en cuanto le exige el pago de la suma de U$S 11.929,33 en concepto de tributos. En primer término, plantea la nulidad de la resolución apelada por errores en sus aspectos esenciales. Expresa que la mercadería importada temporalmente ha sido nacionalizada en su totalidad por el importador. Manifiesta que debido a ello se liberó oportunamente la garantía constituida al efecto. Sostiene que la conducta que la Aduana le reprocha al importador le es absolutamente ajena. Considera que el servicio aduanero pretende cobrar una garantía que ya ha sido liberada. Expresa que no se han comprobado los hechos establecidos para la configuración del art. 970 del CA. Agrega que el importador realizó una importación a consumo cancelando la totalidad de la mercadería importada temporalmente. Subsidiariamente, se agravia de la determinación en dólares de los tributos exigidos. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, solicita se revoque la resolución apelada en cuanto es materia de agravios y se haga lugar al planteo efectuado en cuanto a la liquidación tributaria, con costas. Que a través de la RE-2021-121202375-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma NOVA PRINT S.A. e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2021-7282-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA. Manifiesta que ha cancelado la DIT en su totalidad habiendo nacionalizado la mercadería importada temporalmente en forma definitiva. Se refiere a la Resolución AFIP n° 4200/18. Expresa que la obligación tributaria fue cancelada en su totalidad en tiempo y forma. Considera que la liberación y la devolución de la garantía afectada evidencia la cancelación de la deuda tributaria. Sostiene que es la misma Aduana la que reconoce que se han cancelado los tributos. Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso presentado, con costas.
II. Que mediante el IF-2022-98321361-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar niega todos y cada uno de los hechos y documentación aportada por las co-actoras que no sean objeto de especial reconocimiento de su parte. Efectúa una somera reseña de los hechos que dieran origen a las presentes actuaciones. Sostiene que, tal como surge del sumario, se ha probado que la mercadería importada temporariamente se encontraba en infracción y que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora, quien debe demostrar con la documentación aduanera pertinente que cumplió dentro del plazo. Manifiesta que la importadora realizó el pago de la mercadería con anterioridad al registro de la DIT, situación que lleva a inferir que esta era la propietaria de la mercadería importada temporalmente. Se refiere a la responsabilidad de la compañía aseguradora. Expresa que la deuda tributaria es en dólares. Cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas, hace reserva del Caso Federal y solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas.
III. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA n° 17990-32-2016 se inicia a fs. 5 con copia de la destinación n° 16 073 IT06 000003 C, a fs. 16, obra la Nota n° 2822/16 de la Sección Operativa y Registro y; a fs. 45/49, obra la destinación n° 16 073 IC83 000017 S. A fs. 102/105, obra el Informe n° 364/19 de la División Comprobación de Destino. A fs. 106/107, obra el Acta de Denuncia de fecha 17/5/19. A fs. 115, obra liquidación de multa y tributos. A fs. 117/118, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado a la firma importadora y a la aseguradora. A fs. 119/120, se notifica a las co-actoras (26/8/21). A fs. 121/123 vta. y 128/131 vta., contestan vista la aseguradora y la importadora. A fs. 151, obra la Nota de fecha 15/10/21 de la División Comprobación de Destino. Finalmente, a fs. 152/155, con fecha 9/11/21, se dicta la RESOL-2021-7282-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la aseguradora, vinculado a la falta de requisitos esenciales de la resolución apelada. En relación con ello, advierto que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
V. Que ahora corresponde resolver en autos la procedencia de los tributos reclamados a la firma importadora NOVA PRINT S.A., por comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., y el reclamo de tributos efectuado a la compañía aseguradora ASSEKURANSA CPÍA. DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante del DIT.
Que mediante la DIT n° 16 073 IT06 000003 C, registrada el 30/3/16, la firma NOVA PRINT S.A documentó la importación temporaria, en los términos del art. 31, ap. 1, inc b) del Decreto n° 1001/82, de 1 unidad de “Las demás. --Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red. –Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí, MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS, CILINDROS Y DEMÁS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 84.42. LAS DEMÁS MÁQUINAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y DE FAX, INCLUSO COMBINADAS ENTRE SÍ; PARTES Y ACCESORIOS.”, que ubicó en la PA 8443.32.99.000 G con un valor FOB declarado de 38.000 dólares estadounidenses.
Que como consecuencia de la orden de intervención n° 16000OC11005559N sobre la destinación de trato, el servicio aduanero mediante el informe n° 364/19 de la División Comprobación de Destino (ver fs. 102/105 de las act. adm) concluyó que, la DIT n° 16 073 IT06 000003 C se encontraba nacionalizada mediante la destinación n° 16 073 IC83 000017 S, encontrándose en estado de “cancelada”. No obstante, observa que la fecha del giro realizado en concepto de pago al proveedor por la adquisición de la mercadería ingresada temporalmente fue el 3/3/16, siendo esta fecha anterior a la registración de la destinación temporal (30/3/16).
Que, bajo este contexto, se dispuso la instrucción del sumario contencioso por presunta infracción de la firma importadora al art. 970 del CA, citando en garantía a la compañía aseguradora por los tributos que gravaban su importación para consumo.
Que la firma importadora, en la sustanciación del sumario, acompaña la documentación que acredita la nacionalización de la mercadería importada temporalmente. Sin embargo, el servicio aduanero ratifica la denuncia formulada, no tomando en cuenta la destinación de importación a consumo que cancelaba la DIT en cuestión.
Que, cabe destacar, que el fundamento sobre los cuales la Aduana ratifica la denuncia, se relacionan con que: “…en razón que la destinación temporal de importación no cumpliría con la obligación impuesta en el art. 31, Apartado 1, Inciso b), Decreto 1001/82-…b) los bienes destinados a ser presentados o utilizados en una exposición, feria, congreso o competencia deportiva o manifestación similar, pertenecientes a personas residentes en el extranjero…-, debido a que el importador realizó el pago de la mercadería con anterioridad al registro de la destinación de importación temporaria, de lo que se infiere que el documentante de la destinación temporal en trato sería el propietario de la mercadería.” (a fs. 151 de las act. adm.).
Que, en cambio, en el cuerpo de la resolución apelada se expresa que la denuncia es ratificada atento a que: “… habiendo analizado la documentación aportada, RATIFICANDOSE la denuncia formulada en su oportunidad a fs. 106, toda vez que no aporta el certificado definitivo del INTI correspondiente firmado por la autoridad competente, atento de contar con un plazo de 360 días, por lo cual resulta necesario aportar el mismo conforme Resolución General 4200-E/2018 AFIP. Asimismo se informa que la documentación aportada a fs. 138/148 no corresponde al tipo de “motivo” invocado en la DIT (Art. 31.3 del Decreto 1001/82).” (ver fs. 152/153 de las act. adm.).
Que atento a las incongruencias suscitas, en el hechos manifestados en el sumario administrativo con los fundamentos vertidos en la resolución apelada, corresponde se realicen algunas consideraciones.
VI. Que la figura infraccional del artículo 970 del CA sanciona a quienes no cumplieren con las obligaciones asumidas, como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación o exportación temporaria. En lo que refiere específicamente a la importación temporaria -situación de hecho que atañe al caso-, el incumplimiento del régimen consiste en no reexportar la mercadería en el mismo estado o luego de un proceso de transformación, o bien, no nacionalizarla bajo los términos del art. 271 y 272 del CA, antes del vencimiento del plazo que fuere otorgado al efecto.
Que, precisamente, en el esquema del Código Aduanero la infracción está estructurada sobre la base de la inobservancia de las obligaciones inherentes al régimen, siendo que las referidas obligaciones consisten en desarrollar conductas determinadas y en el plazo que se otorga al efecto. Tal como se señala la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “en el artículo 970 se establece el tipo penal correspondiente a la violación del régimen de importación o exportación temporaria, que se sanciona con pena de multa”.
Que, por lo tanto, cabe colegir que la norma en cuestión pretende evitar que al amparo del régimen de destinación suspensiva -sea de importación o exportación- se eluda el pago de los derechos aduaneros que correspondieren abonar si la mercadería fuere importada o exportada en forma definitiva.
Que, al respecto, no caben dudas que la que la firma importadora mediante la destinación de importación a consumo n° 16 073 IC83 000017 S (ver fs. 45/49, 67/72 y 142/146 de las act. adm.) canceló la DIT n° 16 073 IT06 000003 C, cumpliendo con el pago de los tributos que gravaban su importación para consumo. Que, con todo, el servicio aduanero decidió condenar a la importadora por la figura infraccional del art. 970 del CA, sobre la base de argumentos confusos. Por un lado, en los informes sobre los que se encolumna la denuncia refieren a que no sería de aplicación el art. 31, ap. 1, inc b) del Decreto n° 1001/82, por inferirse de que la mercadería objeto de la importación temporal seria de propiedad de la importadora. Empero, el considerando de la resolución apelada alude a la falta de presentación del certificado definitivo del INTI firmado por autoridad competente, agregando que el “motivo” de la DIT no se corresponde con de la destinación de importación para consumo.
Que es necesario advertir que hasta el dictado de la resolución aduanera, durante la sustanciación del procedimiento infraccional, en ningún momento el sentido de la investigación se arguyó sobre la base de la falta de presentación del certificado expedido por el INTI. Así, como tampoco, se objetó el motivo de la destinación de importación a consumo cancelatoria de la DIT.
Que sin perjuicio de que la imputación infraccional pudiere haber variado durante la sustanciación del procedimiento o dejarse sin efecto, lo cierto es que la Aduana -mediante una resolución que no se ajusta a la plataforma fáctica ni jurídica de la litis- procedió a condenar a la firma importadora, por aplicación del artículo 970 del CA, al considerar que la documentación aportada por esta no era procedente, sobre la base de argumentos muy distintos a los que fueron objeto de sustanciación del procedimiento.
VII. Que el principio de congruencia exige que medie identidad entre la calificación jurídica del hecho y el sustrato fáctico sobre el cual se sustenta la imputación, como postulado ineludible para que la parte imputada pueda hacer valer sus derechos fundamentales, en el marco de un procedimiento administrativo infraccional. En efecto, el Alto Tribunal ha explicado que el carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos: de ahí que lo esencial sea "que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias" (Fallos: 315:106; 329:5903; 338:552 y CSJ 001460/2016/CS001 “Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción”, sentencia del 5/8/2021). En definitiva, las calificaciones jurídicas infraccionales representan situaciones fácticas reales, por lo que el juicio de reproche y la posterior la condena se deben efectuar sobre la base de hechos jurídicamente relevantes, que permita colegir la atribución jurídica del tipo infraccional correspondiente, a los fines de resguardar el derecho de defensa en juicio, que deriva como pauta lógica, del principio de congruencia.
Por lo tanto, los hechos por los que se atribuye la calificación jurídica del art. 970 del CA en el presente caso, y por el que se la condena a la firma recurrente al pago de una multa más los correspondientes tributos aduaneros, no pueden considerarse constituyentes del tipo infraccional legalmente atribuido, siendo que los fundamentos de la condena son ajenos a los argumentos vertidos en la sustanciación del procedimiento.
Que, atento a ello, corresponde tener por no configurada la infracción prevista en el artículo 970 del CA, habida cuenta que no existe congruencia entre el contenido de la figura infraccional endilgada y el hecho fáctico reclamado por el servicio aduanero durante el procedimiento administrativo, afectando el derecho de defensa en juicio de la recurrente previsto en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 18 de la Constitución Nacional.
VIII. Que, bajo tales premisas, la solución que se adopta en la litis, se ajusta a reiterada jurisprudencia y resulta acorde con los más elementales principios del derecho procesal, que tienen incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio, y en su expresión del derecho al debido proceso.
Es decir, no se obstaculiza ni entorpece la labor recaudatoria cuando se exige que ésta sea desarrollada de modo tal que permita al contribuyente ejercer su defensa en debida forma.
En efecto, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, y se traduce en dos facetas, cuyas expresiones son, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, como así también el derecho a obtener una resolución legítima y fundada.
Y tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, y art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica). Dicha norma, que reconoce expresamente el llamado “debido proceso legal”, ostenta indudable rango constitucional en nuestro ordenamiento, y contiene el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable, tanto en la esfera administrativa como en la jurisdiccional.
Por lo tanto, la forma en que se resuelve es sin dudas la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los referidos artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
IX. Que, por último, no existe en nuestro ordenamiento prescripción legal alguna que excepcione al Estado de cumplir con la normativa aplicable a cada caso concreto pues, por el contrario, en el marco de un estado constitucional y democrático de derecho, con justicia social y plena vigencia, desarrollo y efectividad de los derechos humanos (que no son sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, todos los derechos que resultan fundamentales a la dignidad del hombre) siempre tiene que actuar -por intermedio de funcionarios públicos que deben honrar el cargo que desempeñan, al que corresponde servir-, con apego a la ley, suma responsabilidad social, y en un todo de acuerdo a un fuerte compromiso de excelsa justicia; extremo que no se verificaría de adoptarse un solución que convalidara un accionar administrativo no ajustado a derecho, por privilegiar un interés recaudatorio derivado de un acto insusceptible de generar efectos jurídicos, por lo que en esta sede no puede ser convalidado, por haberse violentado garantías constitucionales de la parte recurrente (confr. voto del Dr. Garbarino in re “Alpemar S.R.L.” (Expte. Nro. 29.897-A), del 28 de marzo de 2014, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación.
X. Que, en consecuencia, resultaría ajustado a derecho absolver a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a revocar la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
Revocar la RESOL-2021-7282-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en la actuación SIGEA n° 17990-32-2016, con costas.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.11.14 18:56:41 -03:00 Date: 2023.11.14 22:28:34 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.14 22:28:35 -03:00
Fin de la sentencia