Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución (AD SALO) n° 643/12, recaída en la Actuación SIGEA n° 12517-313- 2010, en cuanto condena a la firma FEDERAL AGROPECUARIA S.A. por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc c), con costas.
2Revocar parcialmente la referida Resolución, en cuanto condena al despachante de aduana la Sra. MARÍA DEL CARMEN SOSA, con costas a la demandada.
I. Que, a fs. 12/28 y 39/55, se presentan la Sra. MARÍA DEL CARMEN SOSA y la firma FEDERAL AGROPECUARIA S.A., por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución (AD SALO) n° 643/12, dictada el 29/06/12, por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la actuación SIGEA n° 12517-313-2010, mediante el cual se las condenó por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc c) del C.A. En primer término, realizan un breve relato de los hechos que dieron al dictado de la resolución apelada. En relación a la despachante, manifiestan que ésta registró las operaciones dentro del marco del mandato otorgado y que cumplió con su obligación como despachante de aduana. Expresan que las mercaderías de trato tienen precio oficial y que este precio no condiciona obligatoriamente al comprador y vendedor a realizar las operaciones a ese valor. Hacen referencia a los arts. 734, 750, 956 inc b) y 959 del C.A. Sostienen que la diferencia surge entre el precio oficial y el precio de venta y que en la declaración se expresa el precio oficial por aplicación de la Ley n° 21.453. Realizan consideraciones respecto al art. 954, ap. 1, inc c) del C.A. Consideran que la mercadería está correctamente declarada y que no ha habido perjuicio fiscal alguno. Subsidiariamente, solicitan se aplique el art. 917 del C.A. Expresan que no ha existido ninguna posibilidad de que el importe de divisas a ingresar hubiese sido diferente al declarado. Plantean la nulidad de la resolución por omitir la instancia de alegatos. Asimismo, plantean la nulidad de la resolución que acumula los SIGEAS 12517-313, 314, 315 y 316-2010 y 12516-646-2010 por no existir identidad de objeto. Ofrecen prueba. Hacen reserva del caso federal. Solicitan se revoque la resolución apelada en autos.
II. Que, a fs. 87/94, se presenta el Fisco y contesta el traslado oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Realiza consideraciones respecto de los arts. 332, 907 y 954, ap. 1, inc c) C.A. Sostiene que el precio declarado en los despachos no coincide con el verdadero valor. Se refiere al principio de veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras. Expresa que no se dan los requisitos del art. 959, inc a) del C.A. Manifiesta que las inexactitudes no surgen de la mera lectura de la declaración sino del cotejo con la facturación comercial. Sostiene que no corresponde aplicar la figura de la autodenuncia del art. 917 del C.A. toda vez que no se reúnen los requisitos para tal fin. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
III. Que las actuaciones SIGEA 12517-313-2010 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia de fecha 6/10/10, a fs. 2/3, 15/16, 28/29 y 43/44, obran los Informes n° 603/10, 602/10, 601/10 y 600/10 de la Sección “V” y; a fs. 4/6, obra la Nota n° 589/10 de la Sección “V”. A fs. 56, obra el Informe n° 1783/10 de la Sección “R”. A fs. 62/63, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 64/65, obra Nota n° 273/10 con el aforo de la mercadería. A fs. 66, se corre vista a la firma FEDERAL AGROPECUARIA S.A. y al despachante de aduana. A fs. 75 y 77, se notifica a las partes (4/2/11 y 3/2/11). A fs. 79/93 y 133/148, contestan vista la firma exportadora y el despachante. A fs. 159/167, obra el Dictamen n° 179/12. Finalmente, a fs. 175/179, se dicta la Resolución (AD SALO) n° 643/12, apelada en autos.
IV. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de nulidad efectuado por las co-actoras en cuanto entienden ha existido vicios en el procedimiento toda vez que se ha omitido la instancia de alegatos y se han acumulado los SIGEAS 12517-313, 314, 315 y 316-2010.
Que resulta de importancia destacar que atento la posibilidad en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que, en definitiva, las nulidades declaradas carecen de finalidad práctica y, siendo que si existe la posibilidad de salvar el acto que se encuentra viciado se debe optar por la conservación del mismo, en tanto se trate de un vicio subsanable su declaración no procede en autos, pues se trataría de la nulidad por la nulidad misma.
V. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver en autos si se ha configurado o no la infracción de declaración inexacta prevista penada por el artículo 954, ap. 1, inc c) del C.A.
Que la firma FEDERAL AGROPECUARIA S.A. documentó, mediante los permisos de embarque n° 10 057 EC01 003667 Y, 4588 R, 4586 P, 3668 P y 2526 H, oficializados en fecha 10/05/10, 07/06/10 y 08/04/10, la exportación de mercadería consistente en “Las demás A granel, con hasta el 15% embolsado (Ley 21.453) Las demás HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS”, ubicada en la P.A. 1201.00.90.190N, por una cantidad total de 40.000 toneladas (7.000, 10.000, 10.000, 3.000 y 10.000), y por un FOB total de 14.390.000 dólares estadounidenses.
Que, en tal sentido, la firma exportadora documentó las DJVE n° 10 057 DJVE 000091 U, 367 V, 355 S y 211 J acogiéndose a los beneficios establecidos por la Ley n° 21.453 que, en su art. 6, indica la aplicación del régimen tributario, alícuotas, base imponible – valor FOB – vigente a la fecha de cierre de cada venta, con el consiguiente cumplimiento de la obligación de exportar la mercadería – al menos el 90% de la mercadería declarada – dentro del plazo de vigencia de la DJVE.
Que el servicio aduanero, a través de los Informes n° 603/10, 602/10, 601/10, 600/10 y 1783/10 y la Nota n° 589/10 de la Sección “V”, advirtió que las destinaciones de exportación mencionadas declaraban un valor distinto al consignado en las facturas de exportación (0001-00000063, 61, 60, 59, 53 y 58) que, de haber pasado inadvertido, hubiese podido provocar un ingreso o egreso de divisas distinto al declarado lo que configuraría la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc c) de C.A. En consecuencia, se apertura sumario infraccional por el citado artículo, condenándose así al despachante de aduana actuante y a la firma exportadora.
Que las co-recurrentes en esta instancia entienden que no es posible que se las condene por la infracción del art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. toda vez que el precio declarado en la factura comercial no es susceptible e idóneo para afectar el bien jurídico tutelado por dicha infracción, es decir, no afectan a la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas.
VI. Que la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. se vincula con la inexactitud que resulte o pudiere resultar de la declaración de los elementos exigibles y el resultado de la comprobación y verificación de la mercadería, inexactitud del precio de la mercadería, sea por diferente valor, calidad, cantidad, etc., en tanto podría detectarse sobrefacturación y/o subfacturación, sea en importación como en exportación, que puede producir diferencias en los importes pagados o por pagar desde el exterior al que se refiere la norma. Que, en ese sentido, a los efectos de analizar la idoneidad de la diferencia constatada para producir o haber podido producir los efectos del inc. c) del artículo objeto de estudio, cabe considerar la prueba pericial contable solicitada por la recurrente en esta instancia (a fs. 190/193 de autos), de la que surge que, efectivamente, las órdenes de pago de exportación n° 92.982 (2526 H), 93.969 (3667 Y), 93.353 (3668 P), 93.870, 93.973, 94.175 (4586 P), 94.412, 94.412 y 94.524 (4588 R), acreditadas en la cuenta corriente de la sociedad, se hicieron por los siguientes importes: USD 3.482.585, USD 2.445.785, USD 1.048.185, USD 3.391.055 y USD 3.497.755. Sin embargo, se han declarado los importes USD 3.690.000 (91 U), USD 3.540.000 (367 V), USD 3.610.000 (355 S) y USD 3.550.000 (211 J) para las DJVE comprometidas al respecto.
Que en la causa TFN N° 12.726-A, caratulada “Bartolomé, Juan A. c/ D.G.A. s/ Apelación”, sentencia del 16/04/02, este Tribunal se pronunció en relación a si las DJVE son documentos susceptibles de producir una declaración inexacta, al respecto se sostuvo que: “… dado que al documentar la solicitud de destinación no se presenta la factura comercial y, obviamente, el conocimiento se emite forzosamente después y en consecuencia del embarque que resulta del libramiento de dicha solicitud, no se tiene normalmente documentación complementaria. A su vez, dada la naturaleza del trámite en la operativa de la exportación, a la inversa de la de importación, en aquélla depende del documentante que su declaración comprometida siempre previa al embarque y a la presentación de la mercadería al embarque- sea veraz o sea inexacta (…). En consecuencia, es deber del documentante, en el caso inherente a la actividad y a la gestión del despachante que – si se diera su actuación – es el encargado de realizar todos los trámites de la operación aduanera en representación del exportador, hacer que en cuanto sea razonablemente posible la declaración efectuada sea veraz y/o impedir que sea inexacta. Por ello, se deberá responder por la eventual inexactitud…”.
Que, sentado lo que antecede, el presupuesto de hecho del tipo infraccional – una diferencia entre lo declarado por la firma exportadora en las solicitudes de destinación aduanera y el resultado de la comprobación –, se encuentra acreditado en autos.
De la Exposición de Motivos del Código Aduanero argentino se desprende que el legislador ha querido tutelar en el Capítulo VII de la Sección XII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera; declaración que en autos, no resultó ni veraz ni exacta, como quedó demostrado.
VII. Que la figura infraccional del art. 954 del C.A. requiere como elemento del tipo, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incs. a), b) y/o c), del ap. 1 de dicho artículo.
Así el Máximo Tribunal ha reconocido en reiterados casos como “Frigorífico Rioplatense S.A.” (Fallos 315:942 del 12/05/92); “SUBPGA” y “Bunge y Born” (Fallos 321:1614, del 11/06/98) que el bien jurídico tutelado mediante el art. 954 del Código Aduanero es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana, al entender que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 321:1614 y sus citas). Agregando que la función primordial del organismo aduanero consiste en "… ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías", para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas…” (conf. Fallos 321:1614 “Bunge y Born Comercial S.A.”; y Fallos 322:355 “Free Port Importación S.R.L.”).
Que el art. 954, inc. c) del C.A. tiene en miras al control de cambios y opera, fundamentalmente, como herramienta para combatir el flagelo de la sub y sobrefacturación al que se enfrenta el servicio aduanero. Cabe advertir de todos modos que la aplicación del tipo infraccional teniendo en miras al control sobre el tráfico internacional de mercaderías en una interpretación amplia de las funciones que integran ese concepto, podría derivar en la tutela del control aduanero por el control mismo, por lo que el análisis de este tipo infraccional complejo requiere extrema prudencia.
Que de la prueba pericial contable se evidencia que el importe efectivamente abonado a la recurrente fue un importe distinto que del que hubiera correspondido en base a las declaraciones de la DJVE n° 10 057 DJVE 000091 U, 367 V, 355 S y 211 J.
Que, en función de lo expuesto, la diferencia entre lo declarado y lo comprobado resultó idónea para producir los efectos del art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, por lo que se verifica la configuración de la infracción de declaración inexacta.
VIII. Que a continuación corresponde resolver si la sanción impuesta es susceptible de acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el art. 917 en el C.A., de acuerdo a lo expresado por la recurrente en su escrito de apelación.
El art. 917 del C.A. dispone que: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: ”a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o ”b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. ”2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. ”3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”.
Que cabe advertir que del expediente administrativo no surge nota alguna en el cual se haya solicitado rectificación de las destinaciones de trato, sin embargo, la Nota n° 589/10 hace mención a la autodenuncia presentada por la recurrente en los términos del art. 917 del C.A. en fecha 4/8/10.
Que, por lo expuesto, y teniendo en cuenta la fecha expresada anteriormente, asiste razón al Fisco en cuanto que resulta extemporánea dicha presentación toda vez que el art. 96 bis, ap. 1, del Decreto n° 1.001/82 establece que “El plazo para la comunicación de una infracción aduanera será de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de libramiento de la mercadería”. En consecuencia, no procede la reducción de pena establecida en el art. 917 del C.A.
IX. Que, con respecto a la responsabilidad del despachante de aduana la Sra. MARÍA DEL CARMEN SOSA - co-recurrente en los presentes autos –, cabe señalar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero.
Que debe tenerse presente que “Dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del 'despacho en confianza' y su correlativa 'declaración aduanera previa', es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la mero auxiliar del comercio”(Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129).
Que la importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II, “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero, “despachantes de aduana” señalando, entre otras cosas que “se evidencia (...) que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del Fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”.
Que, debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le exigen para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca – en cuanto aquí interesa – la exigencia de “(...) haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A.-. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera.
Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica – tanto en el ámbito del Derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho público, frente al servicio aduanero –. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior” (ver “La responsabilidad del despachante de aduana”, Héctor G. Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarración, Juan M. Sluman, Guía Práctica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
X. Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A., resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
Que, en materia de exportación, específicamente en lo que respecta a la mercadería contemplada en la Ley n° 21.453, cuando se documenta la solicitud de destinación normalmente no se presenta la factura comercial, y la documentación complementaria suele ser carente.
Que, en el caso de autos, puede examinarse que los despachos de exportación de trato se corresponden con lo declarado en sus DJVE respectivas, es decir, que hay correspondencia entre lo documentado en las DJVE y lo documentado en los permisos, con lo cual la inexactitud se dio cuando el exportador documentó las facturas comerciales.
Que conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, por consiguiente, dicho profesional acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliar del servicio aduanero. Que cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, no resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida (art. 954, ap. 1, inc c) del CA).
XI. Que, por último, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana a la firma importadora, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Pablo Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala a partir del Kimberly Clark Argentina S.A., del 10 de marzo del 2016– en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución (AD SALO) n° 643/12, recaída en la Actuación SIGEA n° 12517-313- 2010, en cuanto condena a la firma FEDERAL AGROPECUARIA S.A. por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc c), con costas.
2. Revocar parcialmente la referida Resolución, en cuanto condena al despachante de aduana la Sra. MARÍA DEL CARMEN SOSA, con costas a la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Marcelo O. Abaca (20-14392777-7). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.10.31 18:39:56 -03:00 Date: 2023.10.31 19:53:23 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 19:53:24 -03:00
Fin de la sentencia