Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 173/12 (DV RPOS) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
Y
I. Que, a fs.83/90, se presenta la actora e interpone un recurso de apelación en los términos del art. 76 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), contra la Resolución N°173/12 (DV RPOS), de fecha 27 de agosto de 2012, suscripta por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina de oficio parcialmente la obligación en el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 12/07 a 12/08 –ambos extremos inclusive-, por la suma de $473.336,39.
En primer lugar, expone los antecedentes de hecho y los argumentos de derecho que motivaron el ajuste fiscal, el cual se basa en las operaciones efectuadas con los presuntos proveedores, los Sres. Ángel Luis Botta, Ramón Mario Pintos y residualmente en la impugnación de tres (3) facturas por operaciones efectuadas en concepto de alojamiento y comida.
Explica que es una empresa cuya actividad principal consiste en la exportación de madera de ley (incienso), valiéndose de materia prima de diferentes proveedores, que a su vez, la obtienen a través de diferentes medios, como ser para el caso de los Sres. Ángel Luis Botta y Ramón Mario Pintos, en pago o compensación de servicios forestales o por la adquisición de rollos y/o madera semielaborada, cuyo control de calidad y terminación se aseguraba previamente por medio de diversos mecanismos, a través de servicios de terceros. Agrega que dicha materia prima, en gran cantidad, resulta aserrada por la firma “ECOFOREST SA”, la cual cuenta con maquinaria y recursos humanos capacitados para la obtención del producto con destino exportable.
Manifiesta que el Fisco Nacional no logra acreditar las causas que justifiquen las circunstancias graves, precisas y concordantes de las impugnaciones de las facturas que dieron origen a los créditos fiscales, ni que tampoco bastan los hechos invocados por éste para justificar una aparente ausencia de capacidad económica y/o financiera, según los casos. Asimismo, agrega que se encuentra debidamente acreditada tanto la materialidad de las operaciones efectuadas como así también que las mismas se ajustan a las disposiciones de la Ley 25.345 y la RG AFIP N° 100/98.
Señala que el organismo recaudador pudo corroborar que los proveedores cuestionados se dedican efectivamente a la actividad de servicios forestales y que, en particular, el Sr. Angel Luis Botta reconoció las operaciones por la compraventa de madera e incluso indicó el lugar donde las mismas fueron aserradas cuyo titular el Sr. Luis Cervino posee los recursos humanos y técnicos en su aserradero denominado “Nativas”, que según indica, nada tiene que ver con la recurrente.
Destaca que, con relación al modo y circuito de pago a los presuntos proveedores, reconocen que se efectuaron las operaciones por venta de incienso, recibiendo en pago cheques nominativos emitidos por el comprador al vendedor, de los cuales el Fisco Nacional corroboró que fueron depositados. Agrega que el hecho de que algunos de los cheques hayan sido incorporados al circuito comercial y financiero, que el destinatario eligiera o realizara, no autoriza al Fisco Nacional a presumir o derivar la existencia de tales pagos, por las operaciones efectivamente realizadas.
Por último, en relación con los gastos de alojamiento y comida, sostiene que los mismos resultan razonables por ser parte de la actividad desplegada, la cual exige el permanente contacto e interacción con los eventuales compradores e interesados en adquirir la materia prima, los cuales en muchos casos se trasladan previamente a los efectos de corroborar, tanto la calidad de la materia prima como así también el proceso de elaboración que garantice la calidad de producto a adquirir.
II. Que, a fs. 100/112vta., se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado, con expresa imposición de costas a la recurrente. A fs. 121, este Tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a la oposición efectuada por el Fisco Nacional con respecto a la prueba testimonial ofrecida por la recurrente y se abrió la presente causa a prueba haciendo lugar a la prueba informativa dirigida a Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones ofrecida por la actora.
A fs. 124 este Tribunal intimó a la parte actora a los efectos de que acredite el diligenciamiento del oficio ordenado a fs. 121, reiterándose la misma a fs. 127, fs. 133 y fs. 137, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. A fs. 139 se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 127, fs. 133 y fs. 137 y, en consecuencia, se tuvo por decaído el derecho de la parte actora a producir la prueba informativa ofrecida.
A fs. 151 elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y a fs. 156 se pasan a sentencia.
III. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Conforme se desprende de autos y de las actuaciones administrativas que corren por separado, en especial del informe de inspección obrante a fs. 101/149 del Cpo. I correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, el ajuste determinado se originó por un lado en la improcedencia de parte de los reintegros de IVA vinculados a exportaciones respecto de los proveedores apócrifos Ramón Mario Pintos y Ángel Luis Botta y, por el otro, en la impugnación del crédito fiscal correspondiente a tres (3) operaciones gravadas por servicios prestados por hoteles, hosterías, pensiones hospedajes, moteles, bajo el concepto de "alojamiento single superior" "alojamiento single y restaurante”, por la suma de $ 740,88 con sustento en el punto 3 del inciso a) del art.12 de la ley del IVA. Con respecto a Ramón Mario Pintos, surge que en agosto del año 2006 se inscribe en las actividades de servicios forestales de extracción de madera y de plantación de bosques, fijando como domicilio fiscal en la calle Gorriti y Garuhapé 909 de la Ciudad de El Dorado, Provincia de Misiones.
De la consulta a la base e-fisco surge que el presunto proveedor no informa bienes registrables a su nombre (inmuebles, automotores, maquina agrícola, etc.), ni personal en relación de dependencia ni acreditaciones bancarias. Asimismo, su última declaración jurada presentada en el Impuesto a las Ganancias corresponde al periodo fiscal 2006 y que existen presentaciones regulares de declaraciones juradas de IVA hasta 08/2008, no existiendo presentaciones posteriores. A su vez, surge que no existe pago alguno en concepto de impuestos (años 1999 a 2011).
Por otro lado, los funcionarios actuantes enviaron dos (2) circularizaciones al domicilio fiscal del presunto proveedor, siendo la primera devuelta con motivo “Plazo vencido- No reclamado” y la segunda devuelta con motivo “Se mudó” (vide fs. 30/33 y fs. 54/56 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados, respectivamente). En fecha 11/03/2009, la fiscalización logró ubicar en su domicilio fiscal al presunto proveedor, quien frente a las preguntas formuladas por los funcionarios actuantes manifestó que, se dedica a la actividad de prestación de servicios forestales, que no posee bienes inmuebles ni personal en relación de dependencia, que no opera con cuentas bancarias. A su vez, en ese mismo acto se le notifica requerimiento F.8600/I-032 N°0022815 mediante el cual se le solicita libros IVA ventas e IVA compras, documentación respaldatoria, detalle de las operaciones realizadas con el Sr. Angel Luis Botta y de los bienes de uso afectados a la actividad desarrollada. No obstante estar debidamente notificado y ante la falta de contestación por parte del Sr. Pintos del requerimiento cursado, en fecha 04/07/2009, la fiscalización se constituye en el domicilio donde residía el Sr. Pintos quien, conforme acta F.8400-032 N° 0025549, manifiesta no poder dar cumplimiento al mismo por no contar con sus registros de compras y ventas ni con la documentación de ventas (facturas, remitos, recibos, etc), atento que los mismos los efectuaba el Sr. Luis Cervino. Agrega que no llevó adelante operaciones con la firma “ECOFOREST S.A.” ni con el Sr. Luis Angel Botta. (vide fs. 38/40 Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
En fecha 10/06/2009, la inspección actuante efectúa una tercer visita al presunto proveedor, esta vez, se le exhiben una serie de cheques pertenecientes al Banco Macro, correspondientes a la chequera de la firma “ECOFOREST S.A.”, librados a su favor y en los cuales como primer endoso figura una firma y una aclaración con su nombre completo. Frente a ello, no reconoce como propias las firmas y manifiesta que no realizó ningún tipo de operación con la empresa allí indicada. (vide fs. 41 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados). Por su parte, el Banco Galicia en su circularización informó que desde enero de 2007 no se encuentran operativas las cuentas bancarias cuya titularidad pertenece al Sr. Pintos (vide fs. 84/85 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
A su vez, se solicitó al Banco Macro S.A copia de una serie de cheques emitidos por la aquí recurrente, y librados al presunto proveedor, donde en todos los casos aportados por dicha entidad bancaria, surge que los documentos son presentados al cobro por terceros distintos al Sr. Pintos y, además, de la documentación tanto suministrada a los inspectores actuantes como de la que surge en la base de datos del organismo, no surge vinculación entre los sujetos que presentan los cheques a la entidad bancaria y el Sr. Pintos, salvo aquellos cuya presentación fue efectuada por el sr. Luis Cervino en su carácter de asesor contable de Pintos (vide fs.274/296 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados)
Por otro lado, la Municipalidad de El Dorado de la Provincia de Misiones, informa que el Sr. Pintos no se encuentra inscripto en los padrones de comercio e industria (vide fs. 43 Cpo. Anexo: Proveedores Observados). Por su parte, la Dirección de Rentas de la Provincia de Misiones remite detalle de las presentaciones referidas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del cual surge que el Sr. Pintos presenta declaraciones juradas de anticipos sin movimientos desde agosto 2006 hasta febrero 2007, con saldos a ingresar impagos y en trámite judicial por los periodos marzo 2007 a junio 2008, no existiendo presentaciones desde julio de 2008 en adelante (vide fs. 44/47 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados). Asimismo, el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de la Pcia. de Misiones informó que en sus registros no posee número de industria o razón social inscripta en él.
En ese orden de ideas, de la información y de la documentación recabada el Fisco Nacional concluyó con la inclusión del Sr. Pintos Ramón Mario en la “base e-apoc” del organismo, con anterioridad a la inspección que se llevara a cabo a la actora (vide fs. 03, fs. 30/31 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
Con relación al Sr. Angel Luis Botta, en febrero del 2005 se inscribe ante el organismo recaudador en la actividad de “venta al por mayor de materias primas agrícolas y de silvicultura NCP”, fijando domicilio fiscal en la calle Juan Bautista Alberti N° 179 de la Localidad de El Dorado, Pcia. de Misiones.
Por su parte, de la consulta realizada por el Fisco Nacional a la base e-fisco surge que respecto del presunto proveedor no se informan bienes registrables a su nombre (inmuebles, automotores, maquinaria agrícola, etc.), ni tampoco personal en relación de dependencia. La última declaración jurada presentada del Impuesto a las Ganancias corresponde al periodo Fiscal 2008, existen presentaciones regulares de declaraciones juradas de IVA hasta enero 2010 con permanentes saldos a favor, no existiendo presentaciones posteriores. A su vez, surge que no existe pago de impuestos por los años 2008 a 2010.
En fecha 19/01/2009, la inspección actuante logra localizar al presunto proveedor y le efectúan una serie de preguntas vinculadas a la actividad económica, el cual en su conteste manifiesta que se dedica a la compra y venta de madera, que sus principales proveedores fueron el Sr. Bareiro y el Sr. Martín Rubén, que la materia prima la adquiría en rollo o aserrada, y que para el caso de la primera era serrada en la firma Nativas del Sr. Luis Cervino. A su vez, agrega que los cobros y pagos se instrumentaban con cheques y transferencias, que posee una cuenta bancaria en el Banco Galicia y que no posee empleados en relación de dependencia (vide fs. 140/141 Cpo. Anexo: Proveedores Observados). Asimismo, en dicha oportunidad se le requirió al Sr. Botta que aporte registros de IVA ventas e IVA compras, detalles de los bienes de cambio y de bienes de uso afectados a su actividad, facturas de compras y de gastos, medios de pago para su cancelación y copias de extractos bancarios. En respuesta a dicho requerimiento, únicamente aportó registros de IVA ventas e IVA compras, las facturas de compras y recibos de pago (vide fs. 142/159 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
De los registros de compras aportados por el presunto proveedor, se observa el registro de facturas presuntamente emitidas por Juan Antonio Argüello, Julio Cesar Bareiro, Rubén Martin y Ramón Mario Pintos. Asimismo, circularizados los sujetos detallados, surge que:
a) Juan Antonio Argüello (CUIT N°20-13444864-5): se remitió una solicitud de información al domicilio fiscal declarado, la cual no fue contestada. Los actuantes se constituyeron en el domicilio fiscal y notificaron requerimientos confeccionados en F. 8600/1 032 N° 0022835 y 032 N° 0022836, los que no han sido cumplidos. No posee bienes registrables ni registra acreditaciones bancarias durante el período fiscal 2007. Asimismo, las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 03/2007 a 12/2007, fueron presentadas sin movimiento. No presentó las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2007 y 2008, ni tampoco efectuó pago de impuestos en los mencionados períodos fiscales. Por último, se advirtieron incongruencias en la correlatividad y fecha de emisión de facturas emitidas por este proveedor. En efecto, en el libro IVA Compras de Angel Luis BOTTA se encuentra registrada la factura A 0001- 00000322 de fecha 31/03/2007, en tanto que el sistema CITI Compras registra las siguientes operaciones informadas por el proveedor: factura A 0001-00000302 de fecha 31/03/2007 y A 0001-00000312 de fecha15/05/2007.
b) Julio César BAREIRO (CUIT N° 20-18264810-9): de las circularizaciones efectuadas, las mismas fueron devueltas con el motivo: “se mudó”. En fecha 10/08/09 los inspectores se constituyeron en el domicilio fiscal declarado, dejando constancia en F. 8400 032 N° 0029468 que "se observan viviendas de precaria construcción, no teniendo la mayor parte de las mismas numeración identificatoria, consultados los vecinos si conocen al Sr. Bareiro, Julio César o si en años anteriores en dicha zona había un aserradero o ventas de madera, manifiestan que no". No registra pago de impuestos ni tampoco posee bienes registrables, ni cuentas bancarias ni personal en relación de dependencia. Asimismo, surge que no presentó las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2007 y 2008. En cuanto a las declaraciones juradas de IVA correspondientes al periodo fiscal 2007, las mismas fueron presentadas sin movimiento y el 20/05/08 fueron rectificadas, exteriorizando una relación debito fiscal/crédito fiscal igual a 1 (uno). Por último, desde mayo del 2006 fue declarado como empleado en relación de dependencia por empresas domiciliadas en la Provincia de Buenos Aires.
c) Rubén MARTIN (CUIT 20-18668716-8): En este caso, el domicilio fiscal declarado solo indica la localidad a la cual pertenece. Se remitieron solicitudes de información al domicilio legal/real declarado, en dos (2) oportunidades, pero las correspondencias retornaron con acuse "desconocido". Tiene presentadas las declaraciones juradas de IVA originales de los períodos 07/2007 a 12/2007, pero sin movimiento alguno. En fecha 20/05/08 rectificó dichas presentaciones exteriorizando una relación débito fiscal/crédito fiscal igual a 1 (uno). No tiene pagos de impuestos, ni tampoco presentó las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 2007 y 2008. A su vez, no posee bienes registrables, ni cuentas bancarias ni declara empleados en relación de dependencia.
d) Ramón Mario PINTOS (CUIT N° 20-05093855-8): En actas levantadas por funcionarios del organismo consta que manifestó no haber realizado operaciones con Angel Luis Botta. Tampoco reconoce como propias las firmas estampadas en un cheque tenido a la vista como presunto primer endoso (fs. 39/41 del Cpo. Anexo Proveedores0 Observados).
Por otro lado, la Municipalidad de Nueve de Julio informó que el presunto proveedor (Sr. Botta) estuvo inscripto en el padrón de tasa de comercio hasta 04/2002, pero no registra actividad alguna en el derecho de inspección y servicios de contralor (tasa de comercio) del municipio (fs. 161/162 Cpo. Anexo: Proveedores Observados). La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones remitió un detalle de las presentaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a Ángel Luis Botta, en el que constan presentaciones de declaraciones juradas de anticipos sin movimiento entre 05/2006 y 03/2009 inclusive, con saldos a ingresar impagos y en trámite judicial por los períodos marzo 2007 a junio 2008 y no existen presentaciones desde 07/2008 (fs. 165/167 Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
Por su parte, el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de la Provincia de Misiones informó que no posee número de industria o razón social Inscripta en el Ministerio (fs. 163/164 Cpo. Anexo Proveedores Observados).
Se solicitó al Banco Macro S.A. copia de los cheques que según la contribuyente fueron utilizados para cancelar las operaciones y se advirtió que no fueron cobrados por el Sr. Botta. Tampoco surge vinculación comercial ni de otra índole entre los sujetos que presentaron los cheques a las entidades bancarias intervinientes y Angel Luis Botta (fs. 274/296 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
Se encuentra incluido en la "Base e-apoc" del organismo con anterioridad a la inspección efectuada a la aquí recurrente. (fs. 113 y fs. 299/302 del Cpo. Anexo: Proveedores Observados).
Por otro lado, la inspección actuante detectó la existencia de créditos fiscales no vinculados a operaciones gravadas, provenientes de servicios prestados por hoteles, hosterías, pensiones hospedajes, moteles, en concepto de “alojamiento single superior” y “alojamiento single y restaurante” por la suma de $ 740,88, con fundamento en el art. 12 de la ley del IVA, el cual establece que las locaciones de servicios efectuadas por restaurantes no dan lugar al cómputo del crédito fiscal.
IV. Que, según lo expuesto, con respecto al ajuste en el Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores cuestionados se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los proveedores declarados como quienes han comercializado los bienes.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
En este sentido, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditar los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables. Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real, siendo este último supuesto el que acaece en los presentes actuados, dado que los proveedores no evidencia capacidad operativa y económica suficiente ,propia ni adquirida a terceros proveedores, para afrontar las operaciones. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales afirma haber efectuado las operaciones conforme la normativa vigente, tanto en los sustancial como en lo formal, en ese sentido, como ha señalado la jurisprudencia que aborda esta materia “no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones” (conf. Sala III, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol. N° 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, Expte. N° 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros).
Cabe aclarar que, los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal, no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente haya sido efectuada por el proveedor impugnado por el Fisco Nacional.
En autos, para demostrar la validez de las operaciones, la actora argumenta que los proveedores no se encontraban incluidos en la base APOC al momento de los períodos cuestionados. Al respecto, no se puede desconocer que los controles que realiza AFIP se suceden tiempo después del momento en que acontecen los hechos, más si aquellos controles tienen que ver con aspectos sustanciales de los contribuyentes y no los meramente formales.
Por otro lado, frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales sostiene que las facturas emitidas por las operaciones en cuestión se llevaron a cabo siguiendo los recaudos establecidos en la normativa vigente, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operacioneslo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala Bsentencia del 21/05/1993).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas." En tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo.
Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles (…) Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”.
Ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, en incluyendo la identidad del proveedor real, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito. En este sentido, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones que habrían sido realizadas con los Sres. Ramón Mario Pintos y Ángel Luis Botta. Contrariamente, son palmarias las oscuridades e irregularidades que llevan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de los créditos fiscales; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
En definitiva, en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los supuestos proveedores Ramón Mario Pintos y Ángel Luis Botta de los bienes, este Tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno y por ende corresponde confirmar la resolución en este aspecto.
IV. En lo que respecta la impugnación del crédito fiscal correspondiente a tres (3) operaciones gravadas por servicios prestados por hoteles, hosterías, pensiones hospedajes, moteles, bajo el concepto de "alojamiento single superior" "alojamiento single y restaurante”, con sustento en el punto 3 del inciso a) del art.12 de la ley del IVA. En este sentido, no cabe más que confirmar la resolución apelada en este aspecto también, dado que expresamente la norma impositiva no admite el cómputo de créditos fiscales por estos conceptos.
Por ello, SE
1. Confirmar la Resolución N° 173/12 (DV RPOS) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
2. Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de los miembros titulares de las Vocalías de la 5ta. y 6ta. Nominación, por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 4ta. Nominación. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.06.26 15:36:05 ART Date: 2023.06.26 15:41:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.26 15:41:52 -03:00
Fin de la sentencia