Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, con costas.
I. Que en RE-2021-79105632-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la resolución 82/2021 (DV RRME), de fecha 28/7/2021, dictada por el Jefe de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Mendoza por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado 9/2018 a 3/2019, con mas intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en art. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley 11.683 por los períodos fiscales 9/2018 a 11/2018 y 3/2019.
Que, en primer lugar, indica que la recurrente es una sociedad comercial que desarrolla actividad agroindustrial, contando con un importante establecimiento agrícola de 100 hectáreas, cultivadas totalmente con frutales (viñas, durazneros, ciruelos y nogales) y con un establecimiento industrial (secadero de ciruelas). Indica que le compró a Alberdi Servicios Agropecuarios SRL, entre septiembre y diciembre de 2018, postes, rollos de alambre y torniquetes para reposición de alambrados; además, fertilizantes (guano) para abonar los frutales. Por otra parte, le compró a Kenia SA fertilizantes (guano y yeso agrario) en diciembre de 2.018 y enero de 2.019.
Manifiesta que la resolución impugnada no es compatible con la verdad real de los hechos, puesto que las operaciones documentadas en las facturas impugnadas fueron reales, sucedieron, los productos fueron entregados y los servicios efectivamente prestados, por lo que las declaraciones juradas, en las que fueron consignadas, son correctas y reflejan la realidad, lo que será -dice- plenamente acreditado con las pruebas ofrecidas.
Señala que no resulta reprochable a la actora las irregularidades contables y/o administrativofiscales en que hayan incurrido Alberdi Servicios Agropecuarios SRL y Kenia SA. Las facturas en cuestión son formalmente válidas y es lo único que debió corroborar la compradora de bienes y servicios, siéndole absolutamente ajena la relación contribuyente-fisco de las personas con las que contrata, lo que, incluso, está blindado con secreto fiscal. La publicación, de que los proveedores aludidos están registrados en la Base Apoc, es de fecha posterior a las operaciones concertadas y realizadas por La Payunia SRL, por lo que esa circunstancia no puede servir para objetar la conducta de la recurrente.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que en IF-2021-102177223-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas. Que en primer lugar, señala que conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa, las tareas de fiscalización desarrolladas por el personal de la A.F.I.P., así como el procedimiento de determinación de oficio que desembocó en el dictado de la resolución cuestionada, se han ajustado en un todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa del contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchado y de efectuar las aclaraciones y descargos que estimase convenientes.
Indica que el Juez del Concurso Preventivo de la recurrente, en la Resolución de fecha 30 de septiembre de 2019, declaró inadmisibles los créditos insinuados por ALBERDI SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. Y KENIA SOCIEDAD EN FORMACIÓN, fundamentando su resolución en la existencia de indicios serios, plurales y concordantes de que los servicios facturados no se prestaron y, en consecuencia, las facturas resultan apócrifas.
Alega que conforme se observa, se trata de numerosos indicios, serios, precisos y concordantes, que fueron verificados y que dan cuenta que los proveedores en cuestión jamás tuvieron capacidad técnica, operativa y financiera para haber realizado las operaciones en cuestión. Manifiesta que contra estos indicios la recurrente no aporta ningún tipo de prueba que permita dar credibilidad a las operaciones cuestionadas. Sostiene que la recurrente intenta deslindar la responsabilidad de su accionar, dando a entender que no es responsable por el accionar fiscal de sus proveedores, pero en realidad a través de la fiscalización realizada se han recabado una serie de indicios sobre los proveedores presuntos, que surgieron de pruebas relacionadas con el accionar de la responsable, habiendo podido concluirse que las operaciones en trato no han existido, por falta de capacidad operativa de los presuntos proveedores y por haberse tratado de operaciones formalmente documentadas pero inexistentes.
Alega que si bien las manifestaciones vertidas por la recurrente, respecto de que las diversas inconsistencias enumeradas sobre los proveedores cuestionados no le competen, vale señalar que el Organismo no basó su labor exclusivamente en dichas circunstancias, pues a partir de su derecho de contradicción la responsable pudo aportar elementos de prueba conducentes para desvirtuar las imputaciones formuladas en el acto de vista conferida, la cual ni siquiera respondió.
Por último, considera que la sanción aplicada resulta procedente y correctamente ponderada en la resolución apelada, por lo que solicita su confirmación.
III. Que mediante PV-2022-37233091-APN-VOCV%TFN se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba testimonial. En en IF-2022-49287819-APN-DTD#JGM la recurrente acusa que el recurso de apelacion ha devenido abstracto, por lo que entiende corresponde dar por concluido el trámite. Mediante PV- 2022-80033896-APN-VOCV%TFN se resolvió elevar los autos a la Sala “B”, a efectos de resolver el planteo de suspensión de tramite y abstracción del recurso efectuado por la recurrente. En IF-2022-84311362-APN- VOCV#TFN se resolvió no hacer lugar a lo planteado por la recurrente por resultar improcedente, debiendo seguir los autos según su estado. En la PV-2022-135097029-APN-VOCV%TFN se resolvió dar por decaído el derecho a producir la prueba testimonial. La actora en IF-2022-136423722-APN-DTD#JGM interpone recurso de reposición contra la resolución dictada el 15/12/22, notificada el 19/12/22, y mediante PV-2022-138384715- APN-VOCV#TFN se resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto por improcedente.
Que en la PV-2023- 13509145-APN-SGAI-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la sala “B”; la que mediante IF-2023-28529973-VOCV#TFN llamó los mismos a sentencia.
IV. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la recurrente en donde se detrajeron los créditos computados correspondientes a dos proveedores incluidos en “Base Apoc”. En efecto, conforme se desprende del informe final de inspección correspondiente al contribuyente de autos, los inspectores hacen constar que el cargo se origina precisamente en cruces informáticos de donde surge que la contribuyente sería usuaria de facturas emitidas por contribuyentes incorporados en la base “Apoc”.
Ahora bien, este Tribunal estima necesario precisar que de acuerdo con las actuaciones administrativas correspondientes a cada uno de los proveedores impugnados, las que fueran acompañadas en IF- 2021-102183142-APN-DTD#JGM e IF-2021-102183376-APN-DTD#JGM, los mismos fueron incorporados a dicha base el 28/2/2019 (en el caso de Alberdi Servicios Agropecuarios SRL) y en el mes de mayo de 2019 (el proveedor Kenia Sociedad en formación), siendo que las operaciones que se impugnan en el presente caso son anteriores a dichas fechas.
De las actuaciones referenciadas en el párrafo precedente se advierte también que la única labor llevada a cabo en el marco de las mismas por las respectivas inspecciones, fue el intento de localizar a esos proveedores en los domicilios registrados ante el ente fiscal y ante el resultado negativo de dicha actuación concluyeron, sin mayor justificativo, en que por tal razón no se podía verificar algún indicio de que desarrollaran algún tipo de actividad comercial o de servicios, impulsando por lo tanto su carga en base Apoc. Por su parte, la labor de fiscalización en el caso del contribuyente de autos se limitó al cruce de información de los sistemas informáticos del ente recaudador, haciendo constar los inspectores que como resultado de ello surgía:
1. ALBERDI SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L., CUIT 30-71126270-5: Se encuentra con CUIT inactiva e incluida en “Base Apoc”, mediante OI N° 1.720.570, con la condición de “USINA DE ÚNICA ACTIVIDAD VENTA DE FACTURAS”, con fecha de detección el 26 de septiembre de 2018 y de inclusión en la Base el 28 de febrero de 2019.
-Las facturas impugnadas corresponden a los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
-Conceptos facturados: Cosecha y acarreo de ciruelas, postes de eucaliptus, rollos de alambre, torniquetes y viajes de guano (s/ facturas Nros. 657, 658, 669, 671, 675 y 580).
-Desarrollo de múltiples actividades.
-Impuesto a las Ganancias: Última declaración jurada presentada corresponde al período fiscal 2017, la cual no incluye bienes de uso ni bienes de cambio.
-IVA: Última declaración jurada presentada corresponde al período fiscal mayo de 2018, can saldo técnico a favor del contribuyente.
-Empleados: Registra dos empleados en relación de dependencia, media jornada, durante los meses de septiembre de 2018 a enero de 2019; no registró pagos de aportes y contríbuciones durante dicho período.
-Pagos: No registra.
-Bancos: No tíene acreditaciones bancarias registradas.
-CITI-VENTAS: No existe información registrada en el sistema.
-Factura Electrónica: Impuesto liquidado en el período fiscalizado PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES ($ 2.157.303).
-No registra retenciones ni percepciones en el IVA durante el período analizado.
-Bienes: Posee un rodado Jeep Grand Cherokee todo terreno, año de fabricación 2007, adquirido el 14 de marzo de 2016. No es titular de inmuebles.
-No cumplimentó Io estipulado por la RG 3685 (AFIP) Compras y Ventas.
-De acuerdo a lo detallado en el Informe Final de la Orden de Intervención N° 1.720.570, no pudo localizarse a la proveedora en todos los domicilios relacionados; por lo que concluye que no posee capacidad económica y que se trata de una usina cuya única actividad comprobada es la de venta de facturas.
En consecuencia, se impugnó el crédito fiscal computado por este proveedor, por las operacíones registradas con la firma, en los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
2. KENIA SOCIEDAD EN FORMACIÓN, CUIT 30-71609783-4: -Se encuentra con CUIT inactiva e incluida en “Base Apoc”, con la condición de “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”, con fecha de detección el 13 de julio de 2018 y de inclusión en la Base en mayo de 2019.
- Las facturas impugnadas corresponden a los períodos fiscales diciembre de 2018 y enero de 2019 y fueron computadas en marzo de 2019.
-Conceptos facturados: Viajes de gliano de gallina y yeso fertilizante molido (Facturas Nros. 229, 276, 282, 284, 288 y 296).
-Impuesto a las Ganancias: No registra alta en el impuesto.
-IVA: No registra presentaciones de declaraciones juradas de los períodos fiscalizados.
-Pagos: No registra.
-Bancos: No registra cuentas.
-Empleados: No registra.
-CITI-VENTAS: No registra información.
-Factura Electrónica: Impuesto liquidado en el periodo fiscalizado PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 9.981.294).
-Retenciones: No registra retenciones sufridas en el IVA.
-Bienes Registrables: No registra información.
-RG 3685 (AFIP): Régimen de Información de Compras y Ventas, no cumplimenta.
-De acuerdo a lo detallado en el Informe Final de la Orden de Intervención N° 1.767.001, no pudo localizarse a la proveedora en el domicilio fiscal declarado ni en los posibles domicilios, no pudiendo verificar actividad alguna por parte de ésta; por lo que concluye que no posee capacidad económica para el desarrollo de las actividades declaradas.
Asimismo, conforme surge de las actuaciones administrativas y de los cuerpos de proveedores IF- 2021-102183142-APN-DTD%JGM y IF-2021-102183376-APN-DTD%JGM en lo raltivo al proveedor Alberdi Servicios Agropecuarios SRL se efectuaron varias visitas al domicilio fiscal de la contribuyente sin lograr dar con la misma. En tal sentido en las visitas efectuadas se constató que al visitar el domicilio fiscal los actuantes fueron atendidos por el Sr. Silva Manuel, identificado con DNI N° 40.071.683, quien manifiesta que en el domicilio de calle España 109 es un complejo de cuatro departamentos los cuales, como en su caso, son ocupados por estudiantes y que desconoce información de la firma Alberdi Servicios Agropecuarios SRL, confeccionándose el acta de N° 0120002018062015402.
Asimismo conforme surge de dicho informe los dias 14, 18 y 21 de Febrero de 2019 y de acuerdo surge de la información suministrada por los sistemas de la administración se visita el domicilio sito en calle Casnatti 1007, no encontrando persona alguna que responda a sus reiterados llamados por lo que se realiza indagación vecinal, consultando al Sr. Temporin José Cario identificado con DNI N° 11671718, quien manifiesta que en el domicilio en cuestión vive una familia de apellido Campi y que desconoce al contribuyente Alberdi Servicios Agropecuarios SRL.
Corresponde señalar que habiendo sido imposible la localización del contribuyente en todos los domicilios relacionados al mismo y dejando constancia que en ninguno de ellos se pudo verificar algún indicio que se desarrolle algún tipo de actividad comercial o de servicios se solicitó se cargue el contribuyente en la base e Apoc.
Por otra parte en cuanto al proveedor Kenia se constató que el domicilio declarado por la sociedad es Moreno 856 y que en la localidad existen dos calles que contienen la denominación Moreno, estas son: Mariano Moreno y Perito Moreno; y que habiendo concurrido a ambas direcciones mencioandas resultó imposible su ubicación. Asimismo, los actuantes efectuaron una consulta verbal en la oficina de la Dirección Provincial de Rentas de la Pcia. de Neuquén donde se les informó que no existen datos registrales respecto de los socios y la sociedad, así cómo tampoco surgen datos relativos a bienes muebles e inmuebles a nombre de Kenia Sociedad en Formación.
Señalan además los inspectores que en el concurso preventivo de la recurrente, el juez interviniente declaró inadmisibles los créditos insinuados por ambos proveedores, con fundamento en la existencia de serios, plurales y concordantes indicios de que los servicios facturados no se prestaron y en consecuencia las facturas son apócrifas.
V. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional. Cabe destacar que no ha quedado probado en autos que dichas firmas hayan sido quienes efectivamente proveyeron a la recurrente de los bienes, toda vez que no surge de las verificaciones efectuadas por el personal fiscalizador ni de las pruebas arrimadas, la capacidad operativa de las mismas como proveedores de aquella.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....". Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que, toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina la obligación tributaria de la recurrente. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios calculados en la determinación de oficio del IVA que se confirma en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a) y b) de la ley procedimental.
Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT.
ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
Que atento lo expuesto precedentemente; SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, con costas.
Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.03.30 11:43:26 ART Date: 2023.03.30 12:57:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.30 13:10:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.30 13:11:23 -03:00
Fin de la sentencia