Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos. Con costas a la vencida.
I. Que mediante RE-2022-14555248-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la resolución Resolución N° 81/2021 (DV RRSF), de fecha 23/12/2021, dictada por el Jefe de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe por las que se determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 01/2016 a 04/2017.
Que, en primer lugar, plantea que Vicentín es una sociedad cuyo giro principal de negocios consiste en el aprovisionamiento de productos del agro (principalmente soja, girasol y algodón), que, en la mayoría de los casos, se somete a algún proceso de manufacturación en las plantas industriales que posee; plantas con una importante capacidad de almacenamiento y molienda de granos. En estos complejos industriales se preparan y acondicionan los granos para la obtención final de aceites vegetales y proteínas vegetales en forma de harinas y pellets. Manifiesta que todos los operadores intervinientes en las adquisiciones efectuadas por Vicentín (corredores, acopiadores y productores) estaban, al tiempo de la concertación de las adquisiciones, inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria (en adelante, el “RUCA”), creado en el ámbito de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (en adelante, la “ONCCA”), y ante la AFIP-DGI en el por entonces denominado Registro Fiscal del Operadores de Granos (en adelante, el “RFOG”). Sólo dos contribuyentes (Cereales del Plata SRL y Fideicomiso Tebas) habían sido excluidos de dicho registro con escasa anterioridad, pero dicha circunstancia no se publicó, por lo que la actora no pudo advertirlo al momento de realizar las operaciones. Más relevante aún, dice, no estaban incluidos en dicho momento en la base APOC.
Indica que la producción de prueba en el procedimiento determinativo ha sido una mera formalidad, ya que el organismo fiscal se desentiende de los extremos acreditados con la pericia contable, con afirmaciones dogmática, sin sustento fáctico ni jurídico que las respalde. Ergo, existe afectación al derecho de defensa de la recurrente pues con una justificación aparente, de insuficiente motivación, se pretende afectar créditos fiscales legítimamente declarados y utilizados por la actora. En segundo lugar, sostiene que la Resolución se encuentra viciada en dos de sus elementos esenciales: la causa y su objeto.
Alega que el Fisco Nacional no sólo se vale de las constancias de dicha base para cuestionar la pretensión fiscal, sino que aportó el conjunto de elementos que acreditan la efectivización de las operaciones. En efecto, Vicentín no se limitó a presentar, ante las fiscalizaciones iniciadas, las facturas de las cuales surgían los créditos fiscales en cuestión, ni a probar simplemente aspectos formales de las transacciones. Sino que presentó un conjunto de elementos que acreditan íntegramente el circuito material y económico de las operaciones. Afirma que tal como obra en las actuaciones administrativas de las Órdenes de Inspección, aportó los extractos bancarios de los pagos a los Proveedores y Corredores Impugnados, las cartas de porte, los certificados de retención en el IVA, entre otros documentos que prueban acabadamente la existencia de las operaciones.
Alega que los documentos aportados por la recurrente, y que se encuentran agregados a las actuaciones administrativas, constituyen algo más que papeles. Son, en rigor de verdad, la única manera de probar la existencia de operaciones que acaecieron hace años, y tienen plena virtualidad para ello a menos que exista prueba en contrario concreta; prueba que, según destaca, no existe, ya que las conclusiones de fiscalizaciones realizadas años después, sobre el estado general de los proveedores, no autoriza a descalificar, en concreto, las operaciones concertadas por la actora.
Sostiene que la inclusión de los Corredores y Proveedores Impugnados en el Registro, y su exclusión de la base Apoc al momento de las operaciones, confirman la existencia de los sujetos, su identidad y veracidad y la habilitación del Fisco Nacional para que celebren operaciones económicas en el mercado granario. Incluso fueron estos mismos motivos los que llevaron a la AFIP-DGI a cerrar otras fiscalizaciones iniciadas a la recurrente con el mismo objeto, tal como se describió en detalle supra.
Manifiesta que por cada operación de compraventa, fueron suscriptas las correspondientes “cartas de porte” que acreditan el traslado y la entrega de los granos. En dichos documentos constan, entre otros, los datos del entregador, del transportista, del origen y destino de los granos.
Indica la entrada de la mercadería comprada a los Proveedores Impugnados o en operaciones celebradas por intermedio de los Corredores Impugnados en los establecimientos de Vicentín, lo que se acredita con las notas de recepción o tickets balanza, y que guardan relación con las cartas de porte indicadas supra. Señala que esto resulta relevante, en tanto cada entrega de granos que se efectúa en las plantas y acopios de Vicentín es debidamente pesada en su ingreso y documentada mediante un “comprobante de entrega descarga” o “tickets balanza” emitido por el sistema de recepción de la planta, que contiene los datos del camión que descargó la mercadería, la fecha y hora de entrada y salida, el número de orden de ingreso, los datos de la carta de porte, el peso bruto, la tara y el peso neto de la mercadería vendida.
Destaca el pago por parte de Vicentín de los granos adquiridos, a través de transferencias/depósitos bancarios a las cuentas de los Corredores y/o Proveedores Impugnados según corresponda. Esto puede visualizarse -dice- en los extractos bancarios o constancias de depósito, y fue convalidado específicamente en la pericia contable producida en sede administrativa.
Indica que fue el propio fisco quien validó la realización de las operaciones impugnadas. Ello así, en tanto al momento de su celebración, tanto Vicentín como los proveedores tenían, según el propio criterio del organismo fiscal, capacidad suficiente para operar. Dicha convalidación no implicó un procedimiento meramente formal, sino que su autorización expresa y contemporánea a la propia realización de las compras de granos fue un requisito necesario para poder avanzar en las distintas etapas de la operatoria comercial.
Manifiesta que los corredores y los proveedores impugnados estaban incorporados en el RFOG y no se encontraban incluidos en la base APOC al momento de la celebración de las operaciones, según la información publicada por el organismo fiscal y tal como se demuestra con las actas labradas por escribano público. Sostiene que el Fisco Nacional autorizó la emisión de la totalidad de las cartas de porte que respaldaron el traslado de la mercadería involucrada como se detalló en el apartado anterior. A pesar de que el organismo fiscal siempre tiene la posibilidad de bloquear la generación del CTG y la emisión de cartas de porte. Alega que es importante resaltar que la solicitud de emisión de cartas de porte efectuada por el proveedor de los granos es aprobada por el organismo recaudador siempre que el solicitante: (i) posea CUIT asignada y activa; (ii) haya presentado la totalidad de las declaraciones juradas de IVA y de los recursos de la seguridad social de los últimos 12 periodos fiscales; (iii) haya actualizado el domicilio fiscal; (iv) no haya presentado incumplimientos o irregularidades como resultado de la evaluación de su comportamiento fiscal; (v) cuente con inscripción vigente en la ex ONCCA (hoy Secretaría de Gobierno de Agroindustria, del Ministerio de Producción y Trabajo), en caso de corresponder, y no poseer deudas exigibles con dicho organismo; (vi) no adeude presentaciones de información de movimiento y comercio de granos y (vii) opere con sujetos del comercio de granos debidamente inscriptos (conf. Resolución General AFIP 2595).
Entiende que si la AFIP-DGI consideraba que los proveedores impugnados no tenían capacidad económica al momento de la celebración de las operaciones de compra, debía haber rechazado la emisión de las cartas de porte. Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, formula reserva del caso federal y solicita se revoque el acto, con costas.
II. Que a fs. IF-2022-30761206-APN-DTD%JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
Que en primer lugar señala que la nulidad planteada no escapa al principio que establece que no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma, ni tampoco a la regla en virtud de la cual esa sanción queda supeditada a la existencia de un perjuicio.
En relación al agravio que el Organismo Recaudador nunca corrió vista del resultado de la producción de la prueba informativa -lo que no le permitió efectuar un control y contradictorio sobre la información obtenida- hace notar que en la Resolución Nº 20/21 (DV RRSF) por medio de la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio, se dejó expresamente aclarado a la recurrente que tenía la posibilidad de evaluar las actuaciones producidas en sede administrativa, razón por la cual si realmente hubiese querido tomar vista de la prueba producida en esta instancia, no tenía más que solicitarlo al Juez Administrativo.
Manifiesta que el hecho que en la instancia administrativa no haya resultado suficiente para conmover el criterio del área fiscalizadora, no implica que la misma deba ser descartada. La recurrente está presuponiendo una conducta por parte del Organismo -que abrió a prueba simplemente para evitar un planteo de nulidad del procedimiento- sin ninguna fundamentación válida.
Alega que la conducta anterior son informes finales de inspección recaídos en el marco de las Ordenes de Intervención Nros. 775337 y 1046497, en donde se entendió que en esos supuestos no correspondía ajustar las declaraciones juradas de IVA presentadas por la recurrente.
Afirma que los referenciados supuestos consistieron en la detección de presuntos proveedores apócrifos que efectuaron ventas de cereales a la firma VICENTIN SAIC interviniendo en todas las operaciones corredores que no revestían la característica de encontrarse incorporados en la base de contribuyentes no confiables. Destaca que los créditos fiscales computados por la firma VICENTIN SAIC se desestimaron debido a que los proveedores apócrifos que figuraban en la documentación que pretendió respaldar los mismos -nos referimos a los créditos fiscales- no eran los verdaderos enajenantes del cereal, unido ello a que los corredores que intervinieron en la comercialización revestían características de apocrificidad y se encontraban incorporados en la base epoc, lo que traía por consecuencia que al no generarse el débito fiscal en cabeza de los vendedores tornaba improcedente el cómputo del crédito fiscal.
Indica que el hecho que al momento de las operaciones no estuvieran incorporados a las bases como proveedores cuestionados, no los valida como proveedores “legítimos” como arguye la contraria, ni mucho menos sirve como argumento para validar las operaciones, habida cuenta las inconsistencias detectadas por el personal fiscalizador. Destaca que el acto atacado, se encuentra perfectamente causado y motivado, pues de su simple lectura, surgen los elementos de hecho y de derecho que llevaron a la convicción administrativa de que los proveedores apócrifos que figuraban en la documentación que pretendió respaldar las operaciones, no eran los verdaderos enajenantes del cereal, por lo que se le corrió oportunamente vista, otorgando la oportunidad a la encartada de que ejerza su defensa y aportar todas las pruebas que hagan a su derecho.
En cuanto a la supuesta violación a las garantías de defensa y el debido proceso que arguye la actora, sostiene el Fisco Nacional que del cotejo de las actuaciones administrativas no se vislumbra en qué medida la recurrente se ha visto menoscabada en sus garantías, ello si se tiene en cuenta que ha podido presentar su descargo en tiempo y forma, ofreció prueba y pudo presentar sin inconveniente alguno el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional, exponiendo los argumentos que hacen a su derecho.
Manifiesta que no se cuestiona la formalidad que cumplen los comprobantes que respaldan las operaciones cuestionadas, sino la falta de veracidad de los datos que ellos contienen, dado la falta de capacidad operativa de los sujetos que figuran allí para poner a disposición el volumen de mercadería que dicen haber comercializados. En tal sentido, la formalidad que exhiben los documentos que respaldan las operaciones celebradas cede ante el elenco probatorio presentado por el Fisco Nacional, que da cuenta de la minuciosa tarea realizada en la etapa de fiscalización y de la existencia de indicios graves y concordantes sobre la falta de capacidad operativa y financiera de los proveedores allí reflejados.
Indica que fue señalado que la recurrente no brindó datos que sirvieran para contrarrestar las inconsistencias detectadas en cuanto a los domicilios y falta de capacidad de los productores, como por ejemplo: dónde se encontrarían los campos en los que se produjo el cereal adquirido, con qué personal humano, herramientas de cultivo y maquinarias agrícolas han producido el mismo, o en su defecto, a qué otros productores compraron la mercadería y en qué plantas de acopio la almacenaron; en tanto no ofreció prueba informativa dirigida a los presuntos proveedores.
Manifiesta que la apelante refiere en su escrito al fallo Biagio Cereales SA c/Bolsa de Cereales de Bs As y otro - alegando que en el mismo se definió que la certificación de los contratos emitida por las Bolsas de Cereales no consiste meramente en un acto formal como pretende el Organismo sino que asegura tanto la identidad de los Corredores y Proveedores impugnados como la veracidad de las operaciones- pero no hace mención a las conclusiones de la C.S.J.N. en el fallo Molinos Río de la Plata SA del 25/08/2015 señaladas en la resolución recurrida, a saber: las certificaciones expedidas por la Bolsa de Cereales de Rosario no servían para demostrar la real existencia de las operaciones, en cuanto sólo certificaban la información que había sido suministrada por los interesados y no daba fe de la realización de aquellas.
Señala que la controversia se relaciona con la existencia misma de las operaciones en cabeza de dos de los sujetos supuestamente intervinientes en las mismas -productor y corredor- por cuanto de los elementos colectados, surgieron los indicios antes resumidos que, por su gravedad, precisión y concordancia, permitieron inferir el carácter de apócrifas de las operaciones registradas con éstos.
Destaca que los corredores intervinientes en las operaciones impugnadas también resultan apócrifos, siendo que la recurrente no aportó prueba alguna que permita revertir tales caracterizaciones (por ejemplo, quienes son los corredores matriculados que se constituyeron en sociedad para el ejercicio de los actos de corretaje, domicilio de los mismos, consultas sobre calidades inherentes a su persona, tales como idoneidad, conocimiento de la plaza donde va a actuar, buena conducta, etc.)
Indica que si bien es lícito que las operaciones hayan sido pactadas directamente con los corredores -quienes habrían actuado en representación de los vendedores- ello no exculpa a Vicentín SAIC de su obligación de conocer a los mismos. De todo lo expuesto señala que sólo se puede concluir que la actora no ha logrado desvirtuar la resolución dictada por su mandante motivo por el cual corresponde su confirmación con costas. Por último, solicita la confirmación del acto apelado, con costas.
III. Que mediante PV-2022-124981985-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba ordenándose únicamente la producción de la prueba informativa dirigida al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y a la Bolsa de Cereales de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. En IF-2022-127605814-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de revocatoria contra el proveído de fecha 18.11.2022 (PV-2022-124981985-APN-VOCV#TFN) por la prueba no admitida. Mediante PV-2022-130482730-APN-VOCV#TFN se resuelve hacer lugar parcialmente a la revocatoria únicamente con relación a la prueba informativa a la AFIP-DGI respecto de los puntos 2, 5, 6, 7 y 8 del acápite V.2. del escrito de inicio y respecto de la fecha en que fueron incluidos los proveedores cuestionados en la base APOC y la fecha de publicación de dicha información; manteniéndose el criterio respecto de los restantes medios probatorios, rechazándose la apelación en subsidio. Contra dicho pronunciamiento la actora dedujo recurso de hecho por apelación denegada desestimándose la queja interpuesta por la Alzada (vide IF- 2023-28453129-APN-SGAI#TFN).
Mediante PV-2023-68485473-APN-VOCV#TFN y PV-2022-130482730-APN-VOCV#TFN atento no haber instado la parte actora la producción de la prueba admitida por este Tribunal, habiendo transcurrido el período de prueba fijado a tales efectos, se resuelve dar por decaído a la apelante el derecho a la producción de las medidas probatorias oportunamente dispuestas.
Que mediante PV-2023-79618537-APN-VOCV#TFN se clausura el período de instrucción y en PV-2023- 95118834-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. Finalmente mediante IF-2023- 98642516-APN-VOCV#TFN se llamó los mismos a sentencia.
IV. Que procede en primer término analizar los planteos de nulidad articulados por la actora al sostener la nulidad del acto administrativo argumentando la falta de causa y objeto y agraviándose por violación al derecho de defensa respecto a la prueba producida en sede administrativa.
Que cabe tener presente que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que respecto a los agravios de la actora relativos a la producción de prueba en sede administrativa corresponde señalar que la ponderación de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que conforme se observa en las actuaciones administrativas agregadas, el 07/06/2017 se informó el inicio de la inspección relativa al IVA, períodos fiscales 05/2014 a 09/2016 (O.I. Nro. 1.596.496), notificándose en el domicilio fiscal de la contribuyente el F.8000 N00250002017037879407, en tanto que el 23/02/2018 se hizo lo propio respecto de los períodos fiscales 12/2016 a 05/2017, notificándose el F.8107 N°0250002018010528712 (O.I. Nro. 1.660.266). Esta última fiscalización fue continuada respecto de los periodos fiscales 10/2016 a 05/2017 bajo la O.I. Nro. 1.738.193, según F.8000 Nro. 0250002018075502907 notificado el 28/11/2018. Asimismo, oportunamente fueron comunicados a la firma los cambios de División Fiscalización como de agentes actuantes (F.8400/1- Nros. 025000201180526511902 y 0250002018071066902).
Que corresponde señalar que se efectuó un repaso de los sucesos ocurridos desde la notificación -el 13/11/2019- de los ajustes de fiscalización propuestos. El 20/02/2020 la fiscalización impugnó -a través de la plataforma SIRIVA- los créditos fiscales IVA atribuibles a operaciones de exportación (reintegros directos por $ 70.366.390,46), correspondientes a los períodos marzo/2015 a abril/2017.
En tal sentido corresponde destacar que el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Reconquista hizo lugar a la medida cautelar interina solicitada por la firma en los autos caratulados “Vicentin SAIC c/AFIP DGI s/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, que ordena al Organismo abstenerse de ejecutar el acto administrativo de ajuste fiscal de fecha 13/11/19.
Finalmente, la AFIP-DGI continuó con el procedimiento de determinación de oficio respecto de los períodos 01/2016 a 04/2017 -esto es, los períodos no denunciados penalmente por el organismo- dictando en fecha 8.4.2021 la Resolución N° 20/2021 (DV RRSF), que corrió la vista prevista por los artículos 16 y 17 de la LPT. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada donde se constató que la recurrente registra operaciones con personas humanas y jurídicas cuestionadas por la fiscalización, incorporadas en la base de contribuyentes no confiables del Organismo (Base Apoc). Seguidamente se detallan la serie de inconsistencias que fueron detectadas.
1. ALIMENTA SRL CUIT:30-71017958-8: cargada en la base APOC con la condición “SIN CAPACIDAD ECONOMICA”.
Efectuó un cambio de domicilio a la ciudad Autónoma de Buenos Aires el 13/08/2014 y desde esa fecha movilizó granos en cantidades significativamente superiores a las que venía comercializando en periodos anteriores, sin poder justificar su origen.
En su trámite de Inclusión al Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG) no declaró que actuaría como productor.
Declaró realizar su actividad en una planta de acopio ubicada en la localidad de Coronel Cornejo (Salta) alquilada a la Firma “Los Cordobeses SA”. Sin embargo, esta no posee inmuebles declarados a su nombre ni figura informada en la Base CITI Escribanos como adquirente de inmuebles, fue excluida del RFOG e incluida en la base Apoc. Además fue informada como PROPIETARIO por otros operadores también observados por movilizar granos de origen marginal.
A partir de su cambio de domicilio fiscal, requirió cartas de porte en una cantidad significativamente superior a las que venía solicitando en periodos anteriores. Estas respaldaron el transporte de 216.104 Toneladas de soja desde la planta acopiadora ya mencionada, siendo que solo se confirmaron como recibidas en la misma 4.671 toneladas.
Según consultas efectuadas a las bases de datos del Organismo (retenciones sufridas y retenciones practicadas) sólo habría adquirido granos a dos contribuyentes: Estancia la Macarena SA y Transeuropa SA. La totalidad de las compras habrían sido efectuadas cuando tales firmas se encontraban excluidas del RFOG. Si bien practicó retenciones de IVA, lo hizo como a sujetos incluidos en el RFOG (código 783), razón por la cual no sólo omitió retener un 2,5 % sino que aprovechó las ventajas impositivas que dicho código trae aparejado (no ingreso las retenciones sino que las informó como operaciones a ser compensadas en el periodo siguiente).
También se advierten irregularidades con relación a los socios que conformarían la sociedad, siendo que uno de ellos -De Pauli Raul Antonio- figura como integrante de varias firmas (con distintos tipos de actividades económicas financieras) con números de CUIT inactivos, por lo que se presume que estaría siendo utilizado para conformar sociedades creadas para favorecer la generación de créditos fiscales apócrifos.
Concluyendo, ALIMENTA SRL movilizó 216.104 tn de granos de soja en la condición de ACOPIADOR, sin poder justificar el origen de los mismos, por lo que se presume que surgieron del mercado marginal. Refuerza esta presunción el hecho que solo informó cartas de porte emitidas y ninguna recibida, como así también las irregularidades de la planta de acopio supuestamente utilizada y de sus presuntos proveedores.
2. ALTOS CEREALES SRL CUIT: 30-70865686-7: cargada en la base APOC con la condición de “USINA EMPRESA DESACTIVADA".
Desde 06/2015 hasta 03/2016 en todas sus declaraciones juradas del IVA informó idénticos débitos y créditos fiscales ($30,331,96 y $33,626,35 respectivamente), en tanto que las relativas a los periodos posteriores fueron presentadas sin movimiento. Al respecto se hace notar que VICENTIN SAIC declaró haberle comprado cereales en 06/2015, siendo el crédito fiscal correspondiente a dicha operación de $5.529.825.
Se hicieron numerosas constataciones en los domicilios de la firma (cambiados en reiteradas oportunidades) y del presidente de la misma, no habiéndose podido localizar a ningún responsable. Se efectuaron las correspondientes marcas en los respectivos padrones. Al respecto cabe señalar que el 22/07/2015 se efectuó una constatación en el domicilio fiscal declarado por la firma (a la fecha en la que supuestamente fueron efectuadas las operaciones con Vicentin SAIC), sito en Boulevard Buenos Aires 195, Monte Grande, localizándose un comercio a nombre de otro contribuyente. En igual fecha se constató que el presidente de la firma, no reside en el domicilio fiscal denunciado -Seguí 678, Adrogue- La Dirección Regional Mercedes informó que esta firma es usuaria de la usina de facturas apócrifas Omar A Robles y Asociados SRL, CUIT N.° 30-70817653-9.
Asimismo, en la investigación efectuada a Ricardo Alberto Diel, CUIT N,° 23- 17766449-9, dicho contribuyente manifestó desconocer las cartas de porte emitidas a su nombre, siendo Altos Cereales SRL una de las beneficiarias de la comercialización marginal de granos.
3. AGROZEA SRL CUlT:30-70965755-7: Este proveedor fue cargado en la base Apoc con la condición “CON IRREGULARIDADES EN LA CADENA DE C0MERCIALIZACION".
Del análisis efectuado a la firma surgió que ha utilizado Cartas de Porte de su propiedad para transportar (tanto con destino a su planta como desde la misma) granos de propiedad de Remitentes Comerciales, entre los que se destaca la firma ALTOS CEREALES S.R.L. CUIT N° 30708656867 informada precedentemente.
El hecho que la firma traslade granos de Remitentes Comerciales con Cartas de Porte de su propiedad, con destino a su propia planta ubicada en la zona rural de San Lorenzo, produce que figure como solicitante y a su vez como destino de la mercadería, lo que confluye en la pérdida del origen del grano recibido ya que figura que parte de la planta y vuelve a ingresar a la misma.
Durante el período 20/05/2015 a 04/06/2015, la Planta de la firma investigada recibió 1.854,23 toneladas de granos de propiedad de aquella, pero en cambio remitió desde el mismo establecimiento un total de 6.745,28 toneladas; arrojando una diferencia de 4.891,05 toneladas. Esa diferencia forma parte de los granos cuyo origen se desconoce, ya que habrían ingresado a nombre de otras firmas y salieron a nombre de un contribuyente sobre el cual recaen gran cantidad de observaciones respecto de su operatoria.
En el mismo sentido, de los archivos extraídos de las bases se desprende que AGROZEA SRL movilizó granos por 42.205,575 toneladas desde su planta de acondicionamiento/acopio pero solamente recibió en el mismo 39.003,493 toneladas; arrojando una diferencia de 3.202,082 toneladas de granos cuyo origen se desconoce. No surge de las bases que ALTOS CEREALES SRL y AGROZEA SRL se hayan practicado retenciones mutuamente, por los granos remitidos a la planta, por los granos retirados de ella, o por los servicios prestados en ella. Agentes de la Administración concurrieron al domicilio fiscal de la firma; requiriendo información y documentación relativa para efectuar la fiscalización y citando al responsable de la misma. Analizada la documentación aportada por la sociedad (Libro de Movimiento y existencia de Granos) se constato que existe una diferencia muy relevante entre el cereal que ingresa y el que sale de la planta con documentación respaldatoria (CTG Confirmados). Por consiguiente, no pudo probar el origen de los granos que salen de la planta. De la verificación también surgió que ingresan y egresan de la planta granos del remitente comercial ALTOS CEREALES S.R.L., sin que medie ningún servicio prestado por Agrozea S.R.L (según facturas emitidas por servicio de acondicionamiento auditadas).
4. CEREALES DEL PLATA SRL CUIT: 30-71409227-4: cargada en la base APOC con la condición de "SIN CAPACIDAD ECONOMICA”.
Al incluirse en el Registro Fiscal de Operadores de Granos la firma no declaró la actividad de propia producción. Informó arrendar una planta de acopio (ubicada en la localidad de Pueblo Muñoz, Santa Fe) con una capacidad de almacenamiento de 5000 toneladas.
Durante el 2015 movilizó 52.009 toneladas de granos como intermediario, habiendo gestionado los Códigos de Trazabilidad de Granos. Si los granos se hubieran movilizado desde su Planta de Acopio, previamente debió recibirlos en la misma, lo que no se encuentra probado. Al respecto se reitera que la capacidad de almacenamiento de la Planta de Acopio es de sólo 5.000 toneladas (por lo que no podría justificar tener los granos en el almacenamiento de periodos anteriores), en tanto que en el 2014 sólo 925 toneladas fueron informadas como "destino” en la planta.
En función de las Retenciones de IVA sufridas, la fiscalización oportunamente determinó ventas netas por $83.231.438 (en carácter de INTERMEDIARIO según el código de retención informado); sin embargo nunca practicó retenciones por la compra de granos.
Al momento de obtener su inclusión en el RFOG, la sociedad estaba conformada por MARTIN EDUARDO OSCAR, CUIT N° 20242394462; y MARTIN LUIS ALBERTO, CUIT N° 20293973920. El 14/07/2015 se modificó totalmente la composición societaria siendo los nuevos integrantes GERMAN KESTENS y DANIEL ALBERTO DE PAULI, quienes no resultan propietarios de inmuebles y registran incumplimientos ante esta Administración. Es de destacar que Kestens se encuentra informado en la base de deudores del sistema financiero con problemas de cumplimientos, y desde el 2015 resulta ser el único empleado en relación de dependencia que declara la firma. Por su parte, De Pauli figura como empleado de Café Sarmiento SRL. Las inspectoras actuantes se constituyeron en los domicilios fiscales declarados por ambos socios, no pudiendo localizarlos. Habiéndose contactado a la esposa de De Pauli (en el domicilio de Café Sarmiento SRL), manifestó que no tiene conocimiento de la existencia de la firma Cereales del Plata SRL, ratificando que su esposo es empleado del bar. El 21/12/2015 agentes de esta Administración se hicieron presente en el domicilio fiscal de la firma, observando una planta de silos sin actividad y con características de abandono; indagaron a vecinos del lugar quienes informaron que hace tiempo no realizan actividades. Se cursaron requerimientos, los que no fueron contestados. El certificado de habilitación N.° 01230 -por medio del cual se habilito a la firma a desarrollar la actividad de acopio- aportado por el Secretario Administrativo de la Comuna de Pueblo Muñoz, venció el 05/10/2015. Sin embargo, Vicentín SAIC declara haber realizado operaciones con esta firma hasta febrero de 2016. Resumiendo, la firma no podría justificar el origen de los granos comercializados y además pudo verificarse la falta de actividades en la planta que declara utilizar para dicho propósito.
5. LR AGROPECUARIA SRL CU1T:3Q-71233008-9: cargada en la base APOC con la condición de ‘‘SIN CAPACIDAD ECONOMICA”.
Figura incluida en el RFOG como acopiador desde 01/2014. Durante el año 2016 vendió granos por más de 98 millones de pesos, como ACOPIADOR/INTERMEDIARIO, sin que haya practicado las retenciones que hubieran correspondido por la adquisición de los mismos.
Según la información que surge del LIBRO ELECTRONICO (RG 3593), posee dos plantas con existencias de granos que se ubicarían en Las Rosas (Santa Fe) y Porteña (Córdoba). Sin embargo, esta última planta no fue declarada ante el RFOG, a la vez que omitió informar ante el Registro (según lo prevé la RG 2300) la renovación del contrato de la otra planta, cuyo vencimiento operó el 01/07/2015. Es decir, la firma movilizó granos desde una Planta no declarada ante el RFOG.
A partir de las cartas de porte que le fueron autorizadas por inciso b) (INTERMEDIARIO) surge que desde el 01/01/2016 movilizó 33,667 toneladas de granos desde la planta de Porteña (según CTG en los que figura como SOLICITANTE).
Para ello, previamente debió recibir los granos. Sin embargo, se hizo notar que al 31/12/2015, dicha planta contaba con un stock de 219,24 toneladas, a la vez que desde el 01/01/2016 sólo confirmó como DESTINO en dicha planta, la recepción de 676 toneladas (según consulta CTG como Destino).
Asimismo, se advierte que estos últimos son granos AUTO-REMITIDOS por la misma firma, es decir actuó como REMITENTE y DESTINO (ningún otro OPERADOR le remitió granos), por lo que tales movimientos podrían ser un ardid a efectos de intentar justificar el origen de los granos movilizados.
En síntesis, a partir del 01/01/2016, la firma movilizó 33.667,25 toneladas de granos cuando sólo contaba con un stock al inicio de 219,24 toneladas, y siendo que ningún operador le remitió granos a dicha planta, por lo que no justifica el origen de casi la totalidad de los granos movilizados con cartas de porte por el inciso b). Vale aclarar que tampoco podría justificar que los granos movilizados tienen origen en su condición de PRODUCTOR (inciso a) por los siguientes motivos:
• No declaró como ACTIVIDAD ninguna relacionada a CULTIVO de granos.
• No ha solicitado Cartas de Porte por el inciso “a” de aplicación para la movilización de granos en carácter de Productor, es decir, todos los granos los movilizó como INTERMEDIARIO.
• No declaró ante el RFOG que también actuaria como productor, ni informó predios rurales afectados a la explotación en los trámites previstos por la RG 2300.
• No dio cumplimiento a la RG 2750 desde el ario 2014, es decir, no cumplimentó con los Anexos I. II, y III previstos por la citada Resolución, obligatorios para justificar su condición de productor.
Otro elemento que probaría la falta de justificación de los granos movilizados es el hecho que, a través del Libro electrónico la firma declaró como ingresos de granos “AJUSTES GLOBALES POR DIFERENCIA DE PESO", por 41.177 toneladas, resultando inverosímil cuando no ingresó ningún grano a través de Cartas de Porte, según su propia declaración.
De acuerdo a las retenciones de IVA sufridas por la SRL, las ventas como intermediario efectuadas en 01 y 02/2016 superan los noventa y ocho millones de pesos, en tanto que solo actuó como agente de retención de IVA respecto de una sola firma, estimándose las compras en $ 33.371.001,75. Se advierte que la firma a la cual le retuvo (Agropecuaria San Jose SRL) fue excluida del RFOG el 26/08/2015 (por incorrecta conducta fiscal, al movilizar granos de dudoso origen) siendo que Ie aplicó la alícuota referida a sujetos incluidos que, además de ser menor, le permitió compensar incorrectamente las sumas retenidas.
La firma declara 2 empleados en relación de dependencia, lo cual se considerarla insuficiente para cumplir con las tareas operativas y administrativas que demanda el funcionamiento de un acopio.
Tampoco surgen bienes registrables a nombre de la sociedad.
En el año 2016 efectuó exiguos pagos a la AFIP, observándose que no ingreso los aportes y contribuciones sociales correspondientes.
En sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, periodos fiscales 2013 a 2015, registra quebrantos en crecimiento y no declara ventas. Se observa que el 100% del activo se encuentra compuesto por Disponibilidades y Créditos - fácilmente realizables-, resultando llamativo que no declare existencias finales de bienes de cambio, considerando la actividad que declara desarrollar. Por el lado del pasivo, solo incluye deudas con los socios. Nuevamente llama la atención que no posea deudas comerciales -financiación necesaria en las actividades de comercialización de granos y venta de insumos agropecuarios-.
Se advierte un crecimiento repentino de los débitos y créditos fiscales exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en los meses de 12/2015 a 02/2016 y un aumento significativo de las acreditaciones bancarias en 01 y 02/2016, cuando por otra parte, no declara ventas en el impuesto a las ganancias. Según la información que surge de las bases de datos del Organismo, no posee consumos de energía eléctrica, de lo que puede presumirse que la planta no se estaría utilizando.
En el año 2014 cambiaron los integrantes de la sociedad, siendo que ni estos ni los anteriores presentan indicios de capacidad patrimonial, económica o financiera.
Los agentes fiscalizadores de la Dirección Regional Córdoba no pudieron corroborar la existencia de la Planta de Acopio de Granos en la localidad de Porteña, de la misma provincia, destacando a su vez que el punto de geoposicionamiento informado en el Libro electrónico RG 3593 carece de veracidad.
6. FIORE PABLO ANDRES CUIT: 20-26669390-8; cargado en la base APOC con la condición de “SIN CAPACIDAD ECONOMICA”
En respuesta al requerimiento que se le efectuara el contribuyente presentó un F.206/I ratificando su domicilio fiscal y real de la calle Las Heras N° 1722 Chabas (Santa Fe).
Agregó que en el mismo lleva a cabo la administración principal, siendo que la actividad desarrollada es Venta por Mayor en comisión y/ o Consignación de Cereales y oleaginosas y Servicios de Transporte Automotor. Un agente del Organismo concurrió al domicilio señalado, informando que no se encuentra la numeración declarada, a la vez que no se visualizó ningún cartel o placa que indique que existe una oficina comercial y que a esa altura solo existen viviendas particulares.
Adjuntó el Libro IVA Ventas, con sus comprobantes, no asi el Libro IVA Compras. Además expresó que los cobros se realizaron con transferencias electrónicas y cheques y que como consignatario la mayoría de los cobros se destinaron al pago de la mercadería y gastos de mantenimiento, no realizando ningún tipo de inversión. Se observa que el contribuyente tramitó la correspondiente inscripción en el RUCA, informando Código Operador 21852, Establecimiento 14474, Actividad: ACOPIADOR - CONSIGNATARIO. Es decir, declaró ante el RUCA que explotaría la planta de ACOPIO N° 14474, en tanto que en el Registro (RG 2300) se encuentra inscripto como productor solamente (el último trámite del 02/05/2012 se encuentra como finalizado). El 15/04/2016 se concurrió a las coordenadas informadas en relación a la planta de acopio, encontrándose la misma en la Zona Rural de Los Quirquinchos. Se visualizo una planta de acopio, que consta de cuatro silos medianos, noria de descarga, una celda mediana, una balanza e instalaciones de oficinas. La misma se encontraba cerrada, no visualizando movimiento alguno, adjuntando fotos de las instalaciones al legajo correspondiente. Adicionalmente se informa que no es propietario de inmuebles, ni de automotores o camiones para desarrollar la actividad en que se encuentra inscripto. No cuenta con local comercial en ningunos de los domicilios declarados. No posee personal en Relación de Dependencia. No posee Bienes Registrables, ni Embarcaciones, Aeronaves y Maquinarias Agrícola a su nombre.
Como consecuencia de todas las irregularidades detectadas se procedió a la SUSPENSION DEL RFOG como Productor desde el 13/06/2016.
7. FIDEICOMISO TEBAS CUIT: 33-70947052-9: cargado en la base APOC con la condición de “SIN CAPACIDAD ECONOMICA”.
Con fecha 23/12/2016 funcionarios del organismo se constituyeron en el domicilio fiscal declarado por el Fideicomiso Tebas, constatando que allí no opera, ni operó nunca el mismo, ni tampoco se encuentra su administración.
Del informe confeccionado por el Operativo Granos 2016 surge que:
a) omitió la presentación del trámite de cambio de categoría (R.G. 2300) o habiendo movilizado granos como acopiador (siendo que no informó la explotación de la planta de acopio)
b) movilizó 7582 tn de granos como intermediario, sin justificar el origen de los mismos c) vendió granos como intermediario según liquidaciones secundarias de granos, no efectuando retenciones por la compra de los mismos.
d) declaró al 31/08/2016 un stock de soja 2012/2013 por 98,720 tn, no pudiendo justificar su origen ni su tenencia.
De las consultas efectuadas a las bases de datos del Organismo surge que su principal proveedor es Doña Ombra y Don Prosciutto SRL CUIT 30-71195648-0. Esta firma se encuentra incluida en la Base Apoc, no posee empleados en relación de dependencia, la relación débitos/créditos fiscales de los ejercicios 2016 y 2017 es igual o menor a 1 y no registra pagos en dichos periodos. Asimismo, su principal proveedor es Agroaustralis SRL, CUIT 30-71172725-2, firma que se encuentra en la misma situación.
De las actuaciones efectuadas por otras Direcciones Regionales, surgen inconsistencias dentro del operativo granos 2017, como ser la cantidad de cartas de porte tramitadas y las distintas localidades que se consignan como lugar de origen de los granos. El contribuyente Elso Miguel Donadio desconoce las operaciones con Fideicomiso Tebas. Lo mismo sucede con la contribuyente Isabel Mercedes Menichelli, Ariel Vicente Olivieri y Jorge Ricardo Magnesi.
Efectuó retenciones de Ganancias por alquiler de Inmuebles a Los Cordobeses SA, CUIT 30-68731937-7, firma cargada en base APOC que también alquiló inmuebles a ALIMENTA SRL, CUIT:30-71017958-8; por lo que se presume que estos dos proveedores apócrifos se encontrarían vinculados.
Ante las irregularidades observadas fue suspendido del Registro Fiscal de Operadores de Granos, dado que no estarla justificado el origen del stock de granos informados al 31/08/2016 y sus siguientes operaciones.
8. TROSARELO ADELQUI JOSE CUIT:20-06075401.-3: cargado en la base APOC con la condición de "SIN CAPACIDAD ECONOMICA”. Figura incluido en el “Registro” como PRODUCTOR. Presentó las siguientes inconsistencias:
* Movilizó 9.810 toneladas de SOJA 2015/2016, según CTG confirmados, lo que implica que debió explotar aproximadamente 3.270 hectáreas, cifra que dista de las 1.751 hectáreas que declaró -extemporáneamente- en el ANEXO 111 de la Resolución General 2.750, como así también de las 1.703 hectáreas que declaró a través de la Resolución General 2.644.
* Las 9.810 toneladas de SOJA se movilizaron indicando como origen a cuatro localidades de dos provincias distintas (POZO HONDO, provincia de Santiago del Estero, y SANFORD, CASILDA y TIMBUES de la provincia de Santa Fe), las que no se condicen con la ubicación del único predio rural que declaró según la Resolución General 2.644 (PELLEGRINI de la provincia de Santiago de Estero).
* Surgen dudas sobre la real titularidad del propietario del único predio declarado a través del último aplicativo de la Resolución General 2.644, como así también de la veracidad del contrato informado; amén de que fue informado extemporáneamente (incumplimiento al artículo 7° de la citada Resolución General)
En la consulta de superficie de granos (ANEXO III de la Resolución General N° 2750) declaró para la campaña 2015/2016 la siembra de 48 hectáreas de soja, siendo 16 propias y 32 de terceros. Asimismo, en producción de granos de soja de la Resolución General N° 2750, declaró para igual campana un total de producción de 162.000.000 kilogramos en la localidad de POZO HONDO, departamento Jiménez (provincia de Santiago del Estero). De acuerdo a los datos provistos por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, Subsecretaria de Agricultura (Coordinación de Servicios de Información - Ministerio de Agroindustria) el rinde promedio de la soja en la campaña 2015/2016 fue -en el mencionado departamento- de 2.900,01 kilogramos por hectárea, por lo cual debió explotar aproximadamente unas 55.862 hectáreas para obtener la producción indicada. En consulta de CTG (Trazabilidad de Granos) tramitados por CUIT solicitante, desde Abril de 2016 a Agosto de 2016, se observa la solicitud de 329 cartas de porte inciso a) con estado de confirmación definitiva en destino, con las cuales movilizó un total de 9.643.761 kilogramos de SOJA cosecha 2015/2016, siendo las localidades de origen CASILDA (Santa Fe) con 5.309.725 kilogramos, SANFORD (Santa Fe) con 702.763 kilogramos, TIMBUES JOSE MARIA (Santa FE) con 60.180 kilogramos y POZO HONDO (Santiago del Estero) con 3.571.093 kilogramos, Se recuerda que en producción de granos de SOJA de la Resolución General N° 2750 declaro únicamente en la localidad de POZO HONDO.
No posee empleados en relación de dependencia, no cuenta con los bienes ni ha contratado servicios de terceros que permitan presuponer que posee capacidad de vender y/o prestar los servicios cuestionados. Posee acreditaciones bancarias significativamente inferiores a la facturación realizada; ha efectuado pagos de impuestos insignificantes y ningún propietario informó arrendarle predios rurales en Santiago del Estero, según la Resolución General N° 2820.
Conforme lo informado, el señor TROSSARELLO ADELQUI JOSE no demuestra capacidad económica para realizar las prestaciones de servicios y/o venta de bienes que ha facturado.
Tampoco practicó retenciones del Impuesto a las Ganancias por pagos de arrendamientos rurales que justificaren la cantidad de cereal/oleaginosa producida y facturada.
Se observan pagos por cancelación de operaciones en efectivo considerablemente superiores a los $ 1.000.- No interviene en endosos de cheques informados como recibidos de usuarios de sus liquidaciones primarias de granos, teniendo algunos cheques como destino final una asociación mutual, lo que impide el seguimiento del circuito financiero.
Finalmente se consultó a los transportistas informados en las cartas de porte en cuestión, quienes respondieron no haber realizado operaciones con el mencionado contribuyente.
En las cartas de porte emitidas se observa que -a priori- sus firmas como remitente difieren entre si, como también de la inserta por él en el Formulario 206/I multinota impositiva presentada y firmada ante la presencia de agentes de la Administración Fiscal.
9. LA NANI SRL CUIT: 30-71156306-3: cargada en la base APOC con la condición de "SIN CAPACIDAD ECONOMICA".
Figura inscripta en el Registro fiscal de operadores de granos como Productor. Sin embargo, en las liquidaciones de Granos consultadas se observa que a partir de 11/2016 actuó como Acopiador; solicitando cartas de porte por inciso b) -condición de intermediario movilizando 1175 tn, según CTG confirmados en destino.
De las bases de datos del Organismo surge que presentó DDJJ de IVA hasta el mes 02/2017, estando presentadas sin movimientos las correspondientes a los períodos 03 y 07 a 10/2016; observándose un considerable incremento en las posiciones mensuales a partir de noviembre de igual año, sin registrarse pagos. Por otra parte, la última DDJJ presentada del Impuesto a las Ganancias fue la correspondiente al PF 2015.
Según consultas efectuadas a emisores de cartas de porte, los únicos dos productores remitentes que entregaron productos a La Nani SRL (según CTG tramitados con CUIT Destino, con confirmación definitiva desde 01/01/2016) fueron De Vicenzi Osvaldo Pedro, CUIT: 20-10254844-3 y la firma Arias Ruben E. e Hijos CUIT: 30-62523804-4.
De los CTG de los mencionados surge que en la cosecha 2015/2016 De Vicenzi solicita 200 cartas de porte con las movilizo 8.000.000 kilogramos de soja, en tanto que la sociedad Arias e hijos solicita 274 cartas de porte con las movilizo 10,921.280 kilogramos de soja, en ambos casos con destino a “LA NANI SRL” y al “FIDEICOMISO TEBAS.
Consultados al respecto, el primero contesta que “Jamás ha realizado operaciones con la firma verificada, motivo por el cual no posee cartas de porte ni certificaciones electrónicas de granos”. Se destaca que se trata de un pequeño productor que explota 42 hectáreas, en tanto que según el rinde promedio, habría necesitado explotar aproximadamente unas 2.100 hectáreas para obtener la cantidad de kilogramos entregados según las cartas de porte.
Lo mismo sucede con el otro productor, quien informó “que no ha efectuado ningún tipo de operaciones con la firma fiscalizada”.. La Nani SRL no demuestra capacidad económica para realizar las prestaciones de servicios y/o ventas de bienes facturados, no posee empleados en relación de dependencia, no cuenta con los bienes ni contrataciones de servicios de terceros que permitan presuponer que posee capacidad de vender y/o prestar los servicios en cuestión. Por otra parte, efectuó pagos de impuestos insignificantes.
Vendió como intermediaria 11.060 tn de soja ($69.206.538) y no actuó como agente de retención (RG 2300 y 2118) por la adquisición de los mismos.
Recibió granos por 3.600.000 kg (CTG destino), los que en su totalidad fueron entregados por dos productores observados. Como se informara previamente, los titulares de las cartas de porte en cuestión respondieron no haber realizado operaciones con la firma verificada.
No registra emisión de liquidaciones primarias por la compra de granos. Las acreditaciones bancarias son excesivamente inferiores a las ventas efectuadas.
Los transportistas circularizados (que figuran en las cartas de porte) contestaron no haber operado con esta firma. El domicilio fiscal de LA NANI SRL es una casa habitación, no visualizándose desarrollo de actividad comercial ni administrativa alguna. El 28/09/2017, los agentes actuantes en la inspección realizada a Vicentin SAIC se constituyen en el mismo, confeccionando con el socio gerente de la firma -Sr. Masera Carlos DNI 5.078,694- un F.8400/L N°0250002017065068602 dejándose constancia de lo siguiente: "Se le consultó al Señor Masera Carlos acerca de las actividades que realizaba la firma La Nani SRL; respondiendo que le pidieron poner el nombre para formar la sociedad, aunque nunca participé de nada. En este domicilio (domicilio fiscal de La Nani SRL) reside con su esposa hace unos 7 años; no habiendo sido nunca el domicilio de la sociedad La Nani SRL”. Asimismo se le consultó quienes eran los demás integrantes de la sociedad y su contador a lo que respondió que “no recuerda quienes eran los demás integrantes y que el contador era Mónaco Andrés.” En la mencionada Acta también manifestó no saber si la firma La Nani SRL realizó operaciones comerciales con la firma Vicentin SAIC.
10. AGRO INDUSTRIA ANDINA SRL CUIT: 30-71118326-0: fue cargada en la base APOC con la condición de "CON RESISTENCIA A LA FISCALIZACION”.
Esta firma, al igual que sus integrantes, no registra indicios de capacidad patrimonial, económica, ni financiera, por lo que, se presume que estaría siendo utilizada para el comercio marginal de granos.
Según fuera informado, esta sociedad habría incurrido en las siguientes INCONDUCTAS -todas ellas causal de exclusión del RFOG (RG 2300):
Falta de Justificación del origen de los granos movilizados como INTERMEDIARIO (Cartas de Porte por inciso b, solicitadas para la Planta 10268) - según CTG en los que figura como SOLICITANTE-, siendo que desde el 13/12/2016 movilizó 44.882 toneladas de Granos, cuando nunca recibió granos de otros operadores, y cuando no contaba con stock de granos al inicio.
Omisión de actuar como agente de Retención de IVA. A partir de Diciembre de 2016 vendió granos como intermediario por $ 91,097.962 (Retención IVA Sufrida $ 7.287.837), en tanto que en igual periodo practicó Retenciones de IVA por sólo $ 8.796,01, que implican compras netas por$ 109.950,10.
Declaración maliciosa a los efectos de obtener cupos para movilizar granos. A través del LIBRO ELECTRONICO declaró INGRESOS de GRANOS mediante AJUSTES GLGBALES POR DIFERENCIA de PESO por 39.376 toneladas, cuando no cabría AJUSTE alguno sobre granos que nunca ingresaron a la PLANTA de ACOPIO.
Omisión de presentar un trámite de ACTUALIZACION de DATOS, toda vez que el contrato de la Planta informada ante RFOG figura vencido y cuando movilizó granos consignando como origen a una Planta que no fue declarada ante RFOG.
Actuantes del organismo se constituyeron en el domicilio fiscal declarado por la firma, corroborando que se trataba de una vivienda particular con signos de abandono, donde no se encontró a nadie. Se dejo requerimiento el cual no fue respondido. El 14/07/2017 la firma efectuó cambio en el domicilio fiscal a Hipólito Yrigoyen 358 2A- Cdad de Bs As, correspondiente a la Dirección Regional Centro.
Que además, en las operaciones supuestamente celebradas por VICENTlN SAIC con estos proveedores observados intervinieron corredores de cereales, también incluidos en la mencionada base de contribuyentes no confiables, en virtud de las inconsistencias que se resumen seguidamente:
1. AIS CEREALES SRL CUIT: 30-71180615-2: incluida en la base APOC como “USINA EMPRESA DESACTIVADA” y excluida del RFOG. Se notificó un requerimiento en el domicilio fiscal de la sociedad (San Martin 862 piso 4. Dpto./oficina 401/403, Rosario) y en el domicilio fiscal del socio Rodrigo Izaguirres (Entre Ríos N° 1137 piso 3 depto. 7, Rosario, que también figura como domicilio alternativo de la sociedad en cuestión). El mismo no fue cumplimentado.
Asimismo se visitó el domicilio de la Sra. Paskvan Doris Mabel, socia de la firma del asunto (Regimiento 11 212, Rosario- que coincide con un domicilio fiscal anterior de la firma), no localizando a ningún responsable. En dicha oportunidad se preguntó por la firma AIS Cereales SRL a la persona que atendió a la agente actuante, manifestando no conocerla ni tener datos para aportar.
La Administración Provincial de Impuestos aportó Consulta de Datos Maestro, donde consta que el último movimiento de la cuenta de AIS Cereales SRL data del 04/05/2011.
Por su parte, la Municipalidad de Rosario informó que la contribuyente no cuenta con registros de Inscripción y/o Habilitación a su nombre en el domicilio fiscal declarado, ni en los domicilios alternativos.
Resultados de las consultas efectuadas a la base de datos del organismo:
• Impuesto a las Ganancias: Posee presentaciones desde el año 2011 al 2015, habiendo determinado impuesto únicamente en el 2015 ($ 3.897,04), teniendo resultado negativo en todos los otros periodos. Solo declaró ventas en los años 2012 y 2013, siendo éstas poco relevantes.
• Impuesto al Valor Agregado: Registra presentaciones desde 04/2011 a 01/2017. Solo determinó saldo a favor de la AFIP en enero 2016 (por $21.716.53) el que no fue pagado, en tanto que en los periodos posteriores declaró Saldos a favor de Libre Disponibilidad. A partir de enero/2016 (fecha en la que comienza a operar con VICENTlN SAIC) se incrementan considerablemente los montos de los débitos y créditos fiscales -con respecto a los meses anteriores-.
• Lo mismo ocurre con las acreditaciones bancarias informadas:
• 2012; $ 8.014.573, 2013: $ 1.032.854, 2014: $ 134.256, 2015: $ 268.939, 2016: $117,262,706. 2017:$ 12.206.789.-
• Desde el año 2011 hasta el 2016 efectuó pagos poco relevantes, siendo en su mayoría en carácter de empleador. • No declara empleados en relación de dependencia en el último año y los que declaró anteriormente eran socios de la firma o se encontraban incluidos en Base Apoc.
• No posee vehículos y el que poseía fue vendido en enero del 2017, • No posee propiedades.
Por último se destaca que Rodrigo Izaguirres, junto a Gabriel Scaglione, figuran como integrantes de AIS Cereales SRL (CUIT 30-71180615-2) y de Soybean Commodities SRL (CUIT 30-71180616-0), también incorporada a la base de contribuyentes no confiables. Se hace notar que los números de CUIT de ambas sociedades son muy similares, siendo que además registran idénticas fechas de contrato social y de inscripción ante esta Administración y el mismo domicilio fiscal declarado al momento de la inscripción (9 de Julio 813 Of/Dto. 5, Rosario). Todo ello confluye en suponer que fueron empresas creadas al efecto de generar facturación apócrifa.
2. WET PAMPA S.A. CUlT: 30-70879229-9: fue incluida en la base APOC “CON IRREGULARIDADES EN LA CADENA DE COMERCIALIZACION" y excluida del RFOG. Fue informada por la Mesa de Análisis del Operativo Granos en el año 2013, cuando se observo que intervino en su carácter de CORREDOR, en operaciones con operadores observados por el mencionado operativo por no justificar el origen de los granos comercializados. Del nuevo análisis, iniciado en Enero de 2015, se desprende que idéntica situación se verifica para el 100% de los operadores por quienes actuó como CORREDOR.
Desde 01/2015 a 04/2016, la firma habría actuado como corredor en el movimiento de 344.607 toneladas de granos, según lo informado por los operadores que recibieron las cartas de porte. Del movimiento mencionado, se destaca que 291.033 toneladas no obedecen a la intervención de un remitente comercial, haciendo presumir que el corredor WET PAMPA SA, vinculó directamente a los remitentes con distintos destinatarios OBSERVADOS. Se observó que todos los operadores a los que le practicó retenciones del impuesto a las ganancias, desde 01/2015, son firmas observadas por el Operativo Granos. Así también, es importante destacar que todos los sujetos con quienes intervino desde el 2015 fueron SUSPENDIDOS y/o EXCLUIDOS de RFOG. Se encuentran con CUIT INACTIVA y en BASE APOC las dos firmas a las que mayoritariamente practicó retenciones: Agrozea SRL y Alimenta SRL.
Por lo expuesto, se desprende que en su carácter de CORREDOR, Wet Pampa SA intervino en el comercio de granos vinculando a firmas que habrían comercializado granos de origen marginal.
Por otra parte, WET PAMPA SA, se vinculó comercialmente con los siguientes operadores apócrifos:
1. Canica del Sur SA 11/04/2014 Sin Capacidad Económica.
2. Servicios Bragado SRL 20/11/2013 Sin Capacidad Económica.
3. LR Agrop SRL 01/01/2016 Sin Capacidad Económica.
4. Alimenta SRL 27/02/2015 Sin Capacidad Económica.
5, Altos Cereales SRL 23/07/2015 Usina Emp Desactivada 6, Dona Ombra y Don Prosciutto. 17/04/2017 Usina Única Actividad 7. Roca Cereaies SA 03/10/2011 Irreg Cadena Comerc.
8. ServAgr. Rosario SRL 27/08/2010 Sin Capacidad Económica.
9. Agrop El Moro SRL 12/06/2012 Sin Capacidad Económica.
10. ELPetisoSA 16/12/2014 Sin Capacidad Económica.
11. Stella Marys Cereaies SA 27/10/2011 Sin Capacidad Económica.
12. Nuevo Antepuerto SA 24/08/2006 Sin Capacidad Económica.
13. Agrobald SA 01/06/2013 Sin Capacidad Económica.
14. Timbdes Agropecuaria SA 25/07/2009 Irreg Cadena Comerc.
15. Agrozea SRL 01/07/2014 Irreg Cadena Comerc.
Las ventas concertadas en el año 2016 -según surge del Registro Ventas aportado- fueron en su totalidad con el cliente Vicentin SAIC. Fueron aportadas copias de las órdenes de pago emitidas por Wet Pampa SA a Servicios Agropecuarios Rosario SRL, Nuevo Antepuerto SA, Canica del Sur SA, Stella Marys Cereales SA, Agropecuaria El Moro SRL, Roca Cereales SA, El Petiso SA, en el año 2011, advirtiéndose que muchas de las firmas mencionadas se encontraban a esa fecha en Base APOC.
Asimismo, la mayoría de las citadas órdenes de pago se encuentran sin la firma del pagador ni del receptor de los fondos. En dicha documentación, se detalla que la cancelación por parte de Wet Pampa SA a la firma apócrifa se efectuó con cheques, en su mayoría de los bancos Galicia y Rio.
Con relación a sus principales proveedores y clientes, en nota del 30/05/2017 la sociedad declaró que en la actualidad, su único cliente es Vicentin SAIC, en tanto que el actual proveedor es La Nani SRL (incluida en la Base APOC: Sin Capacidad Económica y excluida del RFOG). La auditoria observó que, además, en las operaciones con Vicentin SAIC -desde 02 a 04/2017- este corredor también intervino con otro proveedor cargado en la base Apoc: Fideicomiso Tebas.
Existe una diferencia en las ventas efectuadas por Wet Pampa SA durante el 2017 según lo declarado por terceros y las electrónicas ($3.605.549 y $1.118.074,36 respectivamente).
El señor Nanni Enrique Marcelo, presidente del directorio de la SRL, informó que la firma realiza la intermediación en la compra venta de granos, en su carácter de corredor de cereales, que la relación con Vicentin SAIC es en forma directa con el sector comercial y que se comunican telefónicamente.
3. CROSMAR CEREALES SRL. CUIT: 30-71151345-7. Se encuentra incorporada en la base APOC “CON IRREGULARIDADES EN LA CADENA DE COMERCIALIZACION" y excluida del RFOG.
De acuerdo a lo informado, durante el año 2016 cambió la totalidad de sus integrantes, y es a partir de ese momento cuando surgen las irregularidades. En tal sentido primeramente se destaca que el Sr. Antonio Roberto Rafael, CUIT N° 23-10668306-9 (quien fue informado como accionista y gerente titular de la sociedad -según Régimen de información RG 3293/2012-) tiene su clave inactiva se encuentra incluido en la Base de contribuyentes no confiables. Además, también fue informado como integrante de las firmas Molienda Pergamino SA, CUIT N.° 30- 70913069-9 y Villa Agrícola SA, CUIT N.° 33-70993156-9, ambas con CUIT inactivas e incluidas en la base APOC. Otro de los socios de la SRL, el Sr. Héctor Hugo Cipollone, CUIT N.° 20-16329838- 5, no evidencia capacidad económica ni pudo demostrar de donde obtuvo los fondos para afrontar la compra de las cuota-partes adquiridas (préstamos personales de amigos - según se indicó en el acta labrada por personal de la Div. Fisc. N° 3 de la Dirección Regional Rosario-).
La Mesa de Análisis del Operativo Granos informó que la sociedad se encuentra incluida en el Registro Fiscal de Operadores de Granos como CORREDOR. En su actuación en tal carácter, desde el 01/01 al 20/09/2017 participó en movimientos de granos por 16.402 toneladas, siendo que el 99 % de los operadores que figuran como remitentes, fueron informados por el Operativo Granos por falta de capacidad operativa y/o falta de justificación del origen del grano comercializado.
En función a las retenciones practicadas surge que intervino en operaciones por $ 55.112.745, observándose que todos los sujetos retenidos fueron informados por falta de capacidad operativa y/o falta de justificación del origen de los granos comercializados.
Asimismo dos de ellos (Agro Industria Andina SRL y VIRDEN SA) que representan el 41 % y 49,23 % de las operaciones informadas, respectivamente, tienen sus CUIT INACTIVAS y se encuentran incluidos en la base APOC, La sociedad no informa bienes registrables a su nombre ni posee habilitación municipal vigente. Por otra parte, a pesar de intervenir en operaciones por cuantiosas sumas de dinero y registrar acreditaciones bancarias por cifras millonarias, declara solo un empleado en relación de dependencia (que va rotando pero siempre se trata de algún socio).
Concluyendo, de lo hasta aquí señalado se desprende que en las operaciones observadas por la auditoria, figuran interviniendo productores y corredores apócrifos.
VI. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de dichos proveedores y corredores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional. Cabe destacar que no ha quedado probado en autos que dichas firmas hayan sido quienes efectivamente proveyeron a la recurrente de los bienes, toda vez que no surge de las verificaciones efectuadas por el personal fiscalizador, la capacidad operativa de las mismas como proveedores de aquella.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores.
Ciertamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que "a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49-F) /CSI 'Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/ DGI', sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) 'ADM Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva', fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas" (causa, "Molinos Río de la Plata SA c/ENAFIP-DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/DGI ", pronunciamiento del 25/8/15).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Ahora bien con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que los mismos estaban autorizados para operar en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, entre otros; en modo alguno permite tener por acreditada la materialidad de las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional.
Asimismo con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que el Fisco Nacional no habría realizado el menor esfuerzo en la búsqueda de la verdad material objetiva, cabe reiterar que la fiscalización actuante efectuó una ardua tarea tendiente a constatar la capacidad operativa de los supuestos proveedores, resultando que ha sido el Fisco Nacional quien realizó las verificación determinando la la falsedad de dichas operaciones con los supuestos proveedores de la recurrente.
Cabe dejar sentado que la recurrente debió haber probado la capacidad productiva -patrimonial y operativa- de los proveedores y corredores de cereal involucrados, como ser documentación suficiente que acredite la titularidad y/o arrendamiento de los campos que habrían explotado, la adquisición de insumos en general, la titularidad y/o alquiler de maquinarias y herramientas para realizar tareas, entre otras.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores del cereal involucrado en las adquisiciones cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores. Por su parte la contribuyente invoca en el presente procedimiento, el fallo de la CSJN “Bildown SA”, de fecha 27/12/2011. Cabe señalar que el mismo no resulta aplicable por cuanto se refiere a circunstancias diferentes de las que aquí se tratan en atención a que en el referido precedente las impugnaciones del organismo recaudador se habían sustentado en el cuestionamiento de operaciones realizadas con determinados proveedores sobre la base de que las facturas involucradas no cumplian ciertos requisitos reglamentarios, y no se encontraba en debate en esa causa la existencia y materialidad de las operaciones realizadas entre el contribuyente y sus proveedores, circunstancia esta que difiere en el caso sub examine y corresponde rechazar los argumentos esbozados por la actora en ese sentido.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Asimismo corresponde señalar que mediante PV-2023-68485473-APN-VOCV#TFN y PV-2023-68679082-APN- VOCV#TFN se resolvió dar por decaído a la apelante el derecho a la producción de las medidas probatorias allí dispuestas, habida cuenta la negligencia de la parte actora en su producción, circunstancia esta que resta sustento a los argumentos esbozados por la recurrente a los efectos de probar la verdad material de las operaciones celebradas con los proveedores y corredores impugnados atento la falta de interés en la producción de las medidas de prueba admitidas por este Tribunal.
Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de la inscripción en AFIP de los mismos, facturas, remitos, liquidaciones, ordenes de pago, registraciones contables, boleto de compraventa de cereales y oleaginosas (liquidaciones 1116), notas de recepción o ticket de balanza, como así también lo alegado por la recurrente por cuanto entiende que actuó de buena fe resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Por otra parte respecto de la mención que la actora hace en su escrito recursivo del fallo Biagio Cereales SA c/Bolsa de Cereales de Bs As y otro -indicando que en el mismo se definió que la certificación de los contratos emitida por las Bolsas de Cereales no consiste meramente en un acto formal como pretende el Organismo sino que asegura tanto la identidad de los Corredores y Proveedores impugnados como la veracidad de las operaciones- corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia al sentenciar con fecha 25/8/2015 la causa “ Molinos Río de la Plata SA”, confirmando lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en cuanto ésta “...juzgó que las medidas ofrecidas y producidas en autos, tales como las respuestas de los organismos oficiados no servían para demostrar la real existencia de las operaciones, como tampoco las certificaciones expedidas por la Bolsa de Cereales de Rosario, en cuanto solo certificaban la información que había sido suministrada por los interesados y no daba fe de la realización de aquellas”, sostuvo el Máximo Tribunal que “...resulta inaceptable la postura de la apelante en cuanto pretende el recupero del impuesto facturado mediante la exclusiva acreditación del cumplimiento de los requisitos formales...En efecto, cabe recordar que esta Corte ha sostenido recientemente que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49- F) /CS1 "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI", sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva", fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas.”
Que, toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina el impuesto al valor agregado de la recurrente. Con costas.
Que atento lo expuesto precedentemente; SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.09.01 16:43:49 ART Date: 2023.09.04 16:13:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.04 16:44:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.04 16:44:39 -03:00
Fin de la sentencia