Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada, con costas por su orden.
I. Que mediante RE-2023-18842951-APN-SGAI%TFN la parte actora presenta recurso de apelación en los términos establecidos en el artículo 76 inc. b) de la ley 11.683, (t.o. 1998 y modificaciones) contra la Resolución N° 174/2022 (DV DEOB) de fecha 28 de diciembre del 2022, dictada por el Jefe (Int.) de la División de Determinaciones de Oficio “B”, notificada con fecha 29/12/2022.
Mediante esa resolución se impugnaron las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Licuado (en adelante “ITC”), por los períodos fiscales 7 y 8 de 2017, pertenecientes a la actora. Así, se determinó de oficio el ITC, por el período fiscal 7 del 2017 y por el período 8 del 2017, y se establece el saldo a favor del contribuyente en el ITC en “Aeronafta, solvente, aguarrás, nafta virgen, gasolina natural”. En consecuencia, se impone la obligación de ingresar, frente al citado gravamen, la suma de $3.405.429,64 para el período fiscal 7/2017 y la suma de $23.101.737,36 por el período 8/2017, con más intereses resarcitorios por la suma de pesos sesenta millones cuatrocientos doce mil setecientos setenta y uno con treinta y seis centavos ($60.412.771,36) y una multa de pesos dieciocho millones quinientos cincuenta y cinco mil dieciséis con noventa centavos ($18.555.016,90), equivalente al 70% del gravamen presuntamente omitido, con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683.
La recurrente describe que las actuaciones se inician bajo la O.I. 1.674.021, que culminó con el dictado de la Resolución N° 43/2022 (DV DEOB) de fecha 7/7/2022 que confirió vista del ajuste e instruyó sumario.
Señala que, la AFIP observó las operaciones de venta de combustible, en las que el transporte de combustible tenía destino a zonas contempladas en el inciso d) del artículo 7° de la ley del ITC -Ley 23.966-, es decir a la “Zona Sur” que fueron facturados a la firma por la empresa ANJOR S.A. -empresa que indica continuó con la actividad de transporte que anteriormente realizaba la sociedad Logística Andina S.A.-.
Resalta que el Fisco consideró que, para esos dos meses, las unidades de transporte utilizadas por ANJOR S.A. se encontraban inscriptas en el Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o de Productores Intermedios (conf. RG 2080/2006), a pesar de reconocer que tales vehículos fueron empadronados por la empresa ANJOR S.A. a partir del 2/11/2017, luego de la baja dada por Logística Andina S.A. el 13/10/2017.
Al mismo tiempo, esgrime que también observó que los remitos y hojas de ruta emitidos por PAMPA identifican como empresa transportista a Logística Andina S.A. en consecuencia, la AFIP entendía que no sería procedente la exención prevista en el inciso d) del artículo 7° de la ley de ITC. Sin embargo, durante el desarrollo de la inspección, señala que explicó mediante multinota, que el motivo de la discordancia era un mero error administrativo originado en el pase de las operaciones de transporte de Logística Andina S.A. a ANJOR S.A., como producto de la venta de los camiones de una compañía hacia la otra, y en la documentación utilizada para el transporte. Pero que, no obstante, no se había vulnerado el requisito previsto en la citada normativa que refiere al destino a determinada área de influencia de la República Argentina, por lo que era plenamente aplicable la exención.
Detalla que aportó la prueba pertinente en instancia administrativa y que la cuestión resulta de puro derecho puesto a que, el mismo fisco nacional reconoció que el destino final del combustible fue la zona exenta prevista en la norma, por lo tanto, la discusión se ciñe a la interpretación de las normas involucradas, su alcance y, en especial, a la distinción de las obligaciones de los operadores y transportistas; así como del alcance de la exención.
Entiende que resulta incorrecta la interpretación de la norma por parte del Fisco Nacional, que la exención contenida en la norma no es automática, sino que está sujeta al cumplimiento de determinados recaudos, obligaciones que, entiende, se encontraban a cargo de PAMPA. Por el contrario, sostiene que no ha incumplido ningún deber formal que la lleve al decaimiento de la exención, por cuanto el incumplimiento de ese deber que la AFIP intenta endilgar a PAMPA se encontraba a cargo de los transportistas; al mismo tiempo que, en subsidio, también reitera se probó ya en sede administrativa, que, en todos los casos, el combustible tuvo como destino final el previsto en la norma y cada una de las operaciones fue correctamente documentada.
Destaca que si se entendiera que su parte resultaba responsable de verificar la inscripción de los vehículos en el registro, manifiesta que, efectivamente, lo hizo, solo que no pudo advertir en el momento de la realización del transporte que los camiones continuaban registrados a nombre del titular anterior, situación que fue subsanada, por los transportistas, dos meses después de realizado el transporte.
En definitiva, cita jurisprudencia y señala que la interpretación fiscal cae en un rigorismo formal absoluto que lesiona los derechos de su parte.
Concretamente, como agravios plantea la errónea interpretación que hace el juez administrativo de la normativa citada, la ausencia de valoración de la prueba rendida y, finalmente, la vulneración del principio de legalidad al imponer como consecuencia de la interpretación del fisco, el decaimiento de la exención para los períodos 7 y 8 de 2017. Se agravia además, por cuanto entiende que la AFIP, en su resolución determinativa, confirmó el criterio de la inspección cuando sostuvo que la intención de la normativa era que todas las instancias de la comercialización tuvieran un control cruzado de operadores entre sí.
Agrega que con apoyo en el dictamen de la División Jurídica N° 150/2022 (DV JUGN) de fecha 29/11/2022, cuya parte pertinente fue transcripta en la resolución determinativa, el Juez administrativo concluyó que la exención estaba condicionada a que los vehículos utilizados para el transporte estuvieran inscriptos en el registro y que, estuvieran vinculados al sujeto que los utiliza y se imponía como obligación del contratante, la validación de la inscripción en cada una de las operaciones. No obstante ello, destaca que ese no es el sentido que propicia la norma. Señala que todo el Régimen establecido en la RG 2080/2006, sobre la que el fisco construye la postura fiscal, tiene como sujetos destinatarios de las obligaciones allí fijadas a los transportistas, y no al resto de los responsables dentro de la cadena de comercialización de combustibles objeto de la exención. Y ello surge claro del artículo 15, que en particular impone “a los sujetos que se encuentren inscriptos en el “Registro” la constatación de la inscripción de los “sucesivos responsables que se incorporen en la cadena de comercialización de los productos gravados con los destinos citados…”. El “Registro” es el “Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o de Productos Intermedios”, según la definición del artículo 1° de la propia RG 2080/2006. De modo que insiste que el deber de constatación de la inscripción de quien encarga el transporte y del destinatario, es del transportista. En el mismo sentido, entiende se dirige el segundo párrafo del artículo.
En cuanto a la violación al principio de legalidad, sostuvo que la AFIP plantea que la existencia de la exención se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos que, si no se verifican, esas operaciones no gozan del beneficio exentivo y que en el caso el hecho imponible se perfeccionó con la entrega del producto, pero el tributo no quedó exento en razón de no cumplir con las normas vigentes. Entiende que esta supresión, por la vía de una errónea aplicación e interpretación normativa, de un beneficio reconocido por el legislador es, en definitiva, una violación del principio de legalidad, una imposición de facto, una exacción ilegal, una irremediable vulneración del derecho de propiedad de mi representada (conf. art. 17 de la Constitución Nacional).
En este caso, señala que la prueba rendida durante la fiscalización dio cuenta de la trazabilidad de cada una de las operaciones y, en todos los casos, se comprobó que el combustible se dirigió a la zona prevista en la norma y que el transporte fue realizado con medios de transportes inscriptos en el registro, por lo que se cumplió, en ambos períodos, con el espíritu de la norma, pues ésta solo prevé que debe estarse al control del origen y destino del combustible transportado. Una vez verificado que el origen y el destino era aquel previsto en la norma, no existe motivo alguno para desconocer la exención del ITC por destino (Zona Sur), dispuesta en la ley. Respecto de la falta de valoración de la prueba, destaca que en sede administrativa acompañó prueba documental para demostrar el cumplimiento del destino y la procedencia de la exención, pero fue rechazado en el entendimiento que nada agregaba ya que el destino nunca estuvo controvertido.
Por otro lado, aclara que, al momento de la contestación de la vista, demostró que no existió vulneración del destino geográfico previsto por el legislador en el art. 7 inc. d) de la ley 23.966 como para habilitar la aplicación de semejante sanción.
Además agrega que se acompañaron las certificaciones de los siguientes clientes: (i) AGUSFED S.A. (ii) ALUAR S.A. (iii) ALUCA MAHUIDA S.A. (iv) BURGWARDT (v) CAMPANA II (vi) COHUE SRL (vii) DE LA VEGA (viii)
ESTACIÓN DE SERVICIO GAIMAN (ix) FEDE (x) FISANZA (xi) GLOBAL OIL (xii) LANA ERNESTO 24 (xiii)
LAND OIL SRL (xiv) MORONI (xv) PETRO PAMPA (xvi) PETROEX (xvii) RABAL (xviii) SINDICATO CAMINIONES (xix) SUCESIÓN GONZALEZ SILVERIO (xx) EL TEHUELCHE SRL y se comprobó que todas las operaciones estaban correctamente documentadas y el destino de la entrega del combustible.
Se agravia de la aplicación de intereses ya que no puede existir mora imputable siendo que, no existió omisión de impuesto. Así como también, respecto de la multa por la falta del elemento objetivo, puesto que resultaba de aplicación la exención prevista en el inciso d) del artículo 7 de la ley 23.966 y, por lo tanto, no existió omisión de impuesto y por ende no se configura el elemento objetivo del tipo infraccional. Además, advierte la ausencia de materialidad y subjetividad, en subsidio, entiende que aplica la existencia de error excusable. Ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2023- 47426796- APN-SGAI#TFN se presenta el Fisco Nacional y contesta el traslado conferido, solicitando se confirme la resolución apelada con costas a la actora.
Así, esgrime que observó que la contribuyente, en los períodos fiscales 07/2017 y 08/2017 transportó combustible a zonas contempladas en el inciso d) del artículo 7° de la Ley del tributo, a través de varias empresas, entre ellas ANJOR S.A.. Sin embargo, las unidades de transporte utilizadas por la citada sociedad se encontraban inscriptas ante el “Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o de Productos Intermedios" establecido por la RG 2080/2006, por otra empresa, Logística Andina S.A.
Analiza el marco normativo, cita el Dictamen N°150/2022 (DV JUGN) de fecha 29/11/2022 de la División Jurídica del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales y la determinación de oficio, concluyendo que tanto la contribuyente como la firma en cuestión no han realizado las correspondientes validaciones respecto de la documentación requerida y exigida en el caso por parte de la contraparte de dicha contratación; incumpliendo así con sus obligaciones. Manifiesta que si bien la Resolución General (AFIP) 2080/2006, es específica a los transportistas, ello no empece a que la firma debía cumplir con la totalidad de la normativa vigente, en su carácter de productora, comercializadora y, en consecuencia, integrante de la cadena de operadores en la transferencia de Combustibles Líquidos.
Detalla que a modo ejemplificativo, el juez administrativo citó la Ley 23.966 que establece el impuesto en trato, la Resolución General (AFIP) 1576/2003, la cual crea el "Registro de Operadores de Productos Intermedios - Decreto 1016/97", Resolución General (AFIP) 1234/2006 la cual crea el "Registro de Operadores de Productos Exentos por Destino y/o con Impuestos Diferentes", entiende que todas estas normas debían ser observadas por la actora, y forman parte del sistema del impuesto en análisis, no debiendo excluirse, la Resolución General –refiere a la RG 2080/2006-, toda vez que, insiste, se hizo mayor hincapié en la vista conferida ya que es la pertinente a los transportistas, siendo esa intervención la que produjo el decaimiento exentivo.
Resalta que la finalidad de la normativa es que todas las instancias de la comercialización tengan un control cruzado de operadores entre sí y no puede soslayarse que el artículo a continuación del artículo 7° de la Ley del gravamen, en su inciso c), dispone que "Las operaciones exentas sólo estarán permitidas entre registrados", con lo cual es de vital importancia el referido, toda vez que si un eslabón de la cadena comercial no está registrado, entonces cae la exención de la operación.
Por otro lado, en cuanto a la supuesta violación a las garantías constitucionales que esgrime la actora, señala que del cotejo de las actuaciones administrativas no se vislumbra en qué medida la recurrente se ha visto menoscabada en sus garantías, ello si se tiene en cuenta que ha podido presentar su descargo en tiempo y forma, ofreció prueba y pudo presentar sin inconveniente alguno el recurso de apelación ante la instancia jurisdiccional de este Tribunal, exponiendo los argumentos que hacen a su derecho.
En concreto, en cuanto al fondo de la cuestión, hace hincapié en que es la propia normativa la que indica que la contribuyente es quien debe constatar que los responsables intervinientes en la cadena de comercialización se encuentren inscriptos en el Registro correspondiente.
Propone observar el artículo 8º de la RG 2080/2006 (AFIP) que condicionaba la existencia del sujeto y del objeto en forma concurrente. Es decir, no se trataba solamente de la obligación de inscribir los vehículos utilizados para el transporte, si no que agregaba la condición que los mismos estuvieran vinculados al sujeto que los utilizaba. De este modo, así también la propia Resolución permitía la inscripción de unidades ajenas, respecto de las cuales debería contarse con documentación que justifique el uso por parte de quien no fuera su titular.
Manifiesta que la exención establecida en la Ley, se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos, lo que implica que la misma no es automática. En consecuencia, si esos requisitos no se cumplen, implica necesariamente que esas operaciones no gozan del beneficio exentivo.
En el presente caso, el hecho imponible se perfeccionó con la entrega del producto, pero el tributo no quedó exento en razón de no cumplir con la normativa vigente.
Respecto de los agravios de los intereses resarcitorios, entiende que se ha probado la subjetividad requerida para configurar la mora culpable, como es de rigor a tenor de asentada jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Por último, señala que procede la multa aplicada toda vez que el fisco se vio perjudicado efectivamente desde el momento en que se vio privado de disponer en el debido tiempo de la suma de impuesto que le correspondía, el cual fue omitido por el contribuyente, declarando montos imponibles inexactos; tampoco, entiende resulta aplicable el error excusable. Solicita se declare la causa como de puro derecho y se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que no habiendo la parte actora aportado prueba y siendo ambas partes contestes en que las presentes actuaciones se declaren como de puro derecho, así se decreta mediante PV-2023-55951103-APN-VOCV#TFN elevando las actuaciones a la Sala B para su consideración. A través del IF-2023-67946533-APN-VOCV#TFN se ponen los autos a sentencia.
IV. Que, reseñadas las posiciones de las partes, corresponde a este Tribunal pronunciarse en las presentes actuaciones, sobre si procede o no la exención prevista en el inciso d) del art. 7 del Título III “Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono”, de la Ley 23.966 –texto vigente para las operaciones en crisis correspondientes a los períodos 7 y 8 de 2017- y, en consecuencia, si la determinación de oficio efectuada por el Organismo Fiscal se encuentra ajustada a derecho.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, para un mejor análisis de la cuestión debatida, conviene citar brevemente la normativa involucrada. En primer lugar, el artículo 7 del Título III “Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono”, de la Ley 23.966 (texto vigente para los períodos en discusión) que disponía: “Quedan exentas de impuesto las transferencias de productos gravados cuando: … d) Tratándose de los productos indicados en los incisos a) y b) del artículo 4°, se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República Argentina: provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza” (zona modificada mediante Ley 27.209). Por su parte, el segundo párrafo a continuación del inc. d) citado dispone que la utilización de los productos exentos para fines distintos a los previstos en la ley, deben pagar el ITC que hubiera correspondido tributar, con más los intereses. El artículo agregado a continuación del artículo 7° de dicha ley establecía que: “La exención dispuesta en el inciso d) del artículo 7 de la presente ley se controlará mediante el siguiente sistema: el Poder Ejecutivo Nacional establecerá un Régimen de Registro y Comprobación de Origen y Destino para el combustible exento según el inciso d) del artículo 7 de la presente ley, el que tendrá por objeto realizar el control sistemático de dichos combustibles identificando todas las etapas: origen, transporte, puestos de control, descarga y auditoría externa de todo el procedimiento”. Por su parte, la Resolución General N° 1234/02 crea el Registro de operadores y la N° 2080/2006 (AFIP) estableció el Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o Productos Intermedios. El artículo 1° de esta última resolución dispone la creación del "REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE PRODUCTOS EXENTOS POR DESTINO Y/O DE PRODUCTOS INTERMEDIOS (ART. 7º, INC. B) Y D) DE LA LEY Nº 23.966 Y EL DECRETO Nº1016/97)".
Detallando, de transportistas de: a) Productos gravados exentos por destino: 1. Consumidos en el área delimitada por el artículo 7º, inciso d) de la Ley Nº 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones (…). El art. 2° dispone que deberán inscribirse quienes transporten –con medios propios o ajenos- los productos exentos conforme art.7° inc. d).
El artículo 8 de esa norma detalla los requisitos de la inscripción del transportista y de los medios de transporte. Por su parte, el artículo 15 dispone “Los sujetos que se encuentren inscriptos en el Registro deberán constatar que los sucesivos responsables que se incorporen en la cadena de comercialización de los productos gravados con los destinos citados en el Artículo 1°, se encuentren inscriptos en el/los “Registro/s” indicados en el Artículo 2° mediante consulta a la página “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), validando los datos indicados en el Artículo 8° con vigencia a la fecha de la operación. A dicho fin, los transportistas quedan obligados a entregar copia impresa de la constancia de la mencionada publicación, tanto respecto del responsable que entrega los productos para su transporte así como de aquél al que estén destinados, en la primera operación de traslado de productos que se realice en cada período de vigencia de la inscripción en el “Registro” de que se trate, la cual deberá ser firmada (15.1) y mantenida en archivo por el receptor, como constancia del cumplimiento de la obligación que por medio de la presente se establece. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en cada operación, deberá verificarse la vigencia de la inscripción en la/s Sección/es correspondientes/s de los “Registros” mencionados en el Artículo 2°, en la página “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). A tal fin, los responsables deberán imprimir los datos de la consulta realizada en la citada página, la que deberá mantenerse en el archivo”.
VII. Que, detallada las normas bajo análisis, resulta indispensable señalar que de las actuaciones administrativas surge que el origen del cargo radica en la actuación de la División Investigaciones sobre los transportistas utilizados para el transporte de combustibles a zonas exentas conforme RG N°2080 (vide informe fiscalización Cpo. 1674021 DVJUR fs. 1 a 19 en el IF-2021-00412695-AFIP-DUFES). Allí, se informa que se constató la inclusión de la fiscalizada en el Registro, tanto como Productor como Distribuidor, por ser parte de la cadena de comercialización de combustibles. Señala que de la documental relevada se observó que, en los períodos 07 y 08 de 2017 el transporte del combustible con destino a zonas exentas del ITC ha sido realizado a través de varias empresas, entre ellas ANJOR SA. Agrega que en los períodos mencionados, las unidades de transporte utilizadas se encontraban inscriptas ante el "Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o de Productos Intermedios establecido por la RG2080/2006, por la empresa Logística Andina SA y no por la empresa que efectivamente realizó el transporte. Destaca que lo expuesto en el párrafo anterior ha sido corroborado en la página de AFIP en la que se verificó que:
1. los vehículos fueron empadronados por la sociedad Anjor SA recién a partir de 02/11/2017.
2. fueron declarados en períodos anteriores por la empresa Logística Andina S.A. la que los dio de baja en el Registro con fecha 13/10/2017.
Asimismo, manifiesta que se constató que los remitos emitidos para el transporte por parte de la fiscalizada, identifican como empresa transportista a Logística Andina SA, pese a no haber sido ésta, quien prestara el servicio. En igual sentido, las hojas de ruta emitidas para el transporte por la fiscalizada también fueron emitidas a nombre de Logística Andina S.A. La fiscalización resalta que, más allá del error formal en la documentación utilizada para el transporte (error en la identificación de la empresa contratada para el servicio y que fuera reconocido expresamente por la contribuyente) presume que la identificación de la empresa anterior responde solamente a garantizar la utilización de unidades que, en oportunidad del transporte se encontraran inscriptas ante el Registro, y de esa forma cumplir con la condición necesaria para hacer uso del beneficio definido por la ley. Por otro lado, surge de la multinota presentada por la fiscalizada sobre las operaciones observadas (vide fs. 162 del cuerpo pampa 1674021 Cpo. Ppal. 101 a 200 en el IF-2021-00412695-AFIP-DUFES) que: "hemos detectado un error involuntario toda vez que Pampa Energía S.A. (PESA) desde el 01/07/2017 y por un plazo de exactamente 74 días informó el CUIT de Logística Andina SA. (LASA) en carácter de transportista, siendo que el transporte fue realizado por otro transportista, precisamente ANJOR SA (30-70748118-4) empresa a la cual LASA vendió los camiones con los cuales, hasta el 30/06/2017 prestaba el servicio de transporte para PESA.
El motivo se debe a que, luego de una muy extensa relación comercial fue LASA la compañía que prestó los servicios de transportes de combustibles a Petrobras (compañía absorbida por PESA el 01/11/2016 en un proceso de reorganización donde ésta última resultó ser la empresa continuadora).
A mediados del año 2017, LASA participó de una licitación para continuar con la prestación del servicio de transporte, no habiendo sido adjudicataria del mismo y siendo ANJOR SA el transportista que ganó dicha licitación para realizar el transporte de combustibles destinado al consumo en las áreas de influencias establecidas por el art. 7 inc. d) de la Ley Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural - Ley N° 23.966 texto ordenado en 1.998 y sus modificaciones.
A raíz de esa adjudicación LASA se vio imposibilitada de proseguir con sus operaciones y por ese motivo, como se mencionó anteriormente, tomó la decisión de vender sus camiones a Anjor SA siendo que ésta era quien iba a realizar el transporte”.
VIII. Que, a fin de resolver la cuestión en debate, resulta pertinente dejar en claro algunas puntos no controvertidos por las partes.
En primer lugar, el Fisco Nacional no objeta que las operaciones en crisis hayan tenido como destino el establecido en la norma, esto es la “zona sur” allí descripta. Como se dijo, la exención rige de acuerdo al lugar de destino de los productos, el que es definido en la ley del ITC, y en el caso particular, se ha cumplido.
La misma ley establece que se controlará mediante un Régimen de Registro y Comprobación de Origen y Destino para el combustible exento que identificará todas las etapas: origen, transporte, puestos de control, descarga y auditoría externa de todo el procedimiento, y no se pone en tela de juicio que el transporte utilizado se encontraba inscripto en dicho registro.
Ahora bien, como se señaló, si bien el Organismo Fiscal reconoció que las operaciones verificadas tuvieron como destino la zona exenta y los camiones estaban inscriptos en el registro que establece la normativa, la controversia radica en que éste desconoció la exención para las operaciones de combustible transportado por que no se trataba de la empresa que efectivamente brindó el servicio.
Concretamente, que si bien los medios de transporte y la empresa Logística Andina S.A se encontraban inscriptos en el Registro, los vehículos utilizados por la recurrente fueron empadronados por ANJOR S.A., empresa contratada por la encartada para el transporte, a partir del 02/11/2017, es decir, cuatro meses después de la prestación del servicio, hecho que fue reconocido por la actora.
Ahora bien, el organismo fiscal no desconoce que ANJOR SA se trata de la empresa que compró los camiones, y que los mismos eran operados con anterioridad por Logística Andina, de hecho así lo expone en su informe de investigación. Sobre este último aspecto, no obstante lo señalado por el Fisco Nacional, cabe poner de resalto que, que el art. 7 ya citado tenía como objetivo eximir a ciertas operaciones con un determinado destino del ITC. Ello así, este Tribunal entiende que teniendo en cuenta las particularidades de la presente causa, a fin de resolverla debe primar el fin que tuvo la norma, es decir, favorecer operaciones destinadas a una zona en particular con ese beneficio.
Ello así, es importante resaltar que en materia de interpretación de las leyes impositivas la Corte ha indicado que se debe atender al fin con el que han sido dictadas (Fallos: 329:2975). En efecto, señaló que no resulta lógico atenerse al sentido más restringido que puede darse a las palabras utilizadas en la norma que estatuye beneficios de carácter fiscal, sino indagar cuál ha sido su finalidad y si ésta se ha cumplido, pues sólo de tal manera, el mayor beneficio esperado a través de la disminución de la recaudación fiscal, podrá alcanzar su verdadero sentido (Fallos: 308:2554).
Sentado lo expuesto, corresponde señalar que más allá de las cuestiones reseñadas relativas al trámite de inscripción por la empresa ANJOR de los camiones que transportaban el combustible, en el caso de autos, no se discute el cumplimiento del destino que, es en esencia el objetivo de la norma, ni que los camiones efectivamente se encontraban inscriptos, si bien por la anterior titular de los mismos. Más aún, la cuestión meramente formal del traspaso de empresas no obstó el control que propende la norma.
Por su parte, el Fisco no ha planteado otras irregularidades en el accionar de la empresa que permitan desconocer el beneficio otorgado por la norma, constituyendo, en el caso de autos, la interpretación del organismo fiscal un excesivo rigor formal.
En ese sentido, debe recordarse que el principio de legalidad [arts. 4º, 17 y 75, inc. 1), CN] imposibilita que se excluyan de la norma que concede una exención situaciones que tienen cabida en ella según los términos del respectivo precepto (“MULTICAMBIO SA - CSJN - 01/06/1993” y “SEDAMIL SAIC” - CSJN - 12/11/1996).
Es por ello que el Máximo Tribunal ha destacado que "Las normas impositivas no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, de donde resulta que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia" (Fallos: 296:253, entre otros).
Agrega, que no puede llevar por vía interpretativa a establecer restricciones a los alcances de una exención, que no surgen de los términos de la ley ni pueden considerarse implícitas en ella, pues tal pauta hermenéutica no se ajusta al referido principio de legalidad o reserva.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, atendiendo las particularidades de la causa, a fin de hacer cumplir la finalidad de la norma y resguardar el principio de legalidad, corresponde revocar el ajuste practicado por el Fisco Nacional; con costas por su orden atento las particularidades del caso.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.06.28 15:29:53 ART Date: 2023.06.28 19:58:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.28 22:39:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.28 22:40:37 -03:00
Fin de la sentencia