Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las determinaciones de oficio apeladas en autos, con costas.
I. Que, mediante RE-2022-131620626-APN-SGAI%TFN la parte actora interpone recurso de apelación de conformidad a lo establecido por el art. 76 de la ley procedimental, contra las Resoluciones Nº160/22 y 161/22 ambas del 11 de Noviembre de 2022, que determinan el Aporte Solidario y Extraordinario Para Ayudar a Morigerar los efectos de la Pandemia (“ASE”) y el Impuesto sobre los Bienes Personales (“IBP”), períodos fiscales 2017 a 2019, respectivamente.
Mediante la Resolución Nº 160/22 se determina el ASE en la suma de pesos once millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos veintiséis con 76/100 ($11.227.426,76) con más seis millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y tres con 79/100 ($6.548.583,79) en concepto de intereses resarcitorios y la suma de pesos once millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos veintiséis con 76/100 ($11.227.426,76) por aplicación de la sanción prevista en el art. 45 de la Ley 11.683, graduada en 100 % del aporte dejado de ingresar. A través de la Resolución Nº 161/22 se determina el IBP en la suma de pesos cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta con 75/100 ($5.894.730,75) con más cinco millones quinientos setenta mil doscientos con 9/100 ($5.570.200,09) en concepto de intereses resarcitorios y la suma de pesos cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta con 75/100 ($5.894.730,75) por aplicación de la sanción prevista en el art. 45 de la Ley 11.683, graduada en 100 % del impuesto dejado de ingresar.
Plantea diversos argumentos tendientes a que se declare la nulidad de las resoluciones apeladas. Señala que en el caso, no se ha cumplido con el debido proceso y se ha aventurado a determinar en un caso un impuesto improcedente e infundado, sin base cierta o presunta vulnerando ostensiblemente el derecho de defensa de la contribuyente. Cita el art. 14 de la ley 19.549 y destaca que las determinaciones de oficio realizadas en la instancia inferior, no han respetado el procedimiento legal correspondiente.
Manifiesta que de una correcta lectura e interpretación del capítulo III de la ley 11.683, la autoridad administrativa debió valorar en forma coherente la prueba aportada en el marco del procedimiento a los fines de realizar la impugnación y posterior determinación impositiva.
Entiende que no se valoró la prueba aportada y producida de forma coherente (sana critica), sino, que en base a un argumento genérico y dogmático, la AFIP simplemente efectuó las determinaciones de oficio. Esgrime que no habiéndose cumplido con los postulados necesarios tendientes al dictado de un acto eficaz, sin vicios en su creación, las resoluciones e intimaciones de pago realizadas devienen nulas y sin ningún valor y efecto legal. Plantea la nulidad por falta de base, explica que los bienes del exterior expuestos en su declaración jurada de 2019, no son de su propiedad sino que lo ha declarado en carácter de Directora de la Sociedad del Exterior de nombre Silver Led Corp. Adjunta como prueba los certificados de titularidad del 100% del paquete accionario. Explica que en instancia administrativa esbozó que no había presentado declaración jurada del Aporte Solidario y extraordinario según ley 27.605, debido a que la sumatoria de la valuación de sus bienes propios no superaban el mínimo imponible establecido por la ley. Insiste que los bienes del exterior expuestos en su declaración jurada al 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019 fueron declarados solo a los efectos informativos, debido a que es la directora de esa sociedad del extranjero. Resalta que no es titular de dichos bienes, que la titularidad es de una Sociedad extranjera radicada en la Islas Vírgenes Británicas, denominada Silver led Corp, inscripta bajo el número 1959442, constituida bajo la ley de sociedades mercantiles BVI. Los titulares de las acciones al 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019, son sus hijos, con una participación de un 50% cada uno.
Entiende que la AFIP forzó al extremo los hechos hasta el punto de “inventar” una base imponible para el ASE y en el caso del IBP modificó sustancialmente los saldos a ingresar por los periodos 2017/2019 sin ningún tipo de base cierta.
Por otro lado, en los términos del último párrafo del art. 10 del dec. 618/97 plantea que no se ha efectuado el dictamen jurídico, por lo que entiende debe declararse la nulidad.
Plantea la nulidad formal de la Resolución Nº 161/22 ya que entiende adolece de un vicio sustancial, en atención a que en el cuadro de determinación de oficio del articulo 1º, la AFIP imputó dos bases imponibles (al 0.50 y al 2.25) al año 2017, sin embargo, de toda la resolución no se desprende ningún elemento que permita inferir cual ha sido el error de la AFIP a los fines de poder ejercer el debido derecho de defensa.
Por otro lado, al día de su presentación señala que la AFIP no ha realizado ninguna aclaración y/o subsanación de dicho error por cuanto coloca a esa parte en un verdadero estado de indefensión, pues, no tiene certeza de la imputación realizada, lo que además entiende afecta a los intereses resarcitorios también calculados y la multa (arts. 2 y 3) de la mentada resolución calculados en base a dicho impuesto, en otras palabras, la nulidad de lo principal acarrea inexorablemente la nulidad de lo accesorio.
Rechaza en un todo la diferencia determinada por la AFIP, así como también la aplicación de intereses de todo tipo y multas que se pretenden aplicar.
Manifiesta que en el proceso de determinación la Administración es quien debe acreditar los extremos de hecho que le sirven como base para llegar a determinar el tributo, en el caso, la administración sin ninguna prueba o - como se dijo- sin haber podido rebatir las ofrecidas por la contribuyente determinó sin base cierta y presunta los tributos, a todas luces, nulo de nulidad absoluta.
Entiende que los actos administrativos impugnados claramente adolecen de un desvío en la finalidad. Invoca que ha actuado en el doble carácter de declarante, como representante de la sociedad en carácter de directora, no de accionista y por otro lado, en su carácter de representante legal de sus hijos, accionistas de la empresa, Silver Les Corp.
Plantea suscintamente, la inconstitucionalidad del ASE, entiende que el control de constitucionalidad y de convencionalidad es una facultad reconocida a todos los jueces de todos los fueros e instancias. Esgrime que se está en presencia de un nuevo y adicional “impuesto” sobre todos los bienes existentes al 18 de diciembre de 2020 de personas humanas y sucesiones indivisas. Ello, más allá de la engañosa denominación que se le ha dado, al constituir una exacción de riqueza en cabeza de los contribuyentes.
Así, advierte que deben cumplirse los principios de la tributación, al implicar una directa afectación al derecho de propiedad (conf. Art. 17 CN).
Manifiesta que en el caso, corresponde analizar el test de confiscatoriedad, respetándose los principios constitucionales, en el sentido que la tributación no puede ser confiscatoria y debe respetar la inviolabilidad de la propiedad privada.
Por último, destaca la relación entre el “Aporte Solidario” y el “Impuesto sobre los Bienes Personales”, respecto de los cuales el hecho imponible entre ambos resulta prácticamente idéntico. Advierte una doble o múltiple imposición que afecta una porción sustancial de la renta de la contribuyente. Entiende que el aporte en cuestión resulta confiscatorio y así deviene inconstitucional.
Ofrece pruebas, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que mediante IF-2023-27284880-APN-DTD%JGM el Fisco Nacional contesta el traslado de ley conferido, solicitando que por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirmen los actos apelados, con costas.
Expone que la actividad principal declarada por la Sra. Schmukler ante la AFIP es: "servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico N.C.P.", CIIU 711009 y actividad secundaria "servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P.", CIILI 681098, con residencia fiscal en el país.
Explica que la auditoria fiscal tuvo su origen en la fiscalización practicada por personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo las OI N° 1.929.239 y 1.957.045, y cuyos ajustes proyectados por la inspección actuante consistieron en determinar el ASE, proyectando la declaración jurada original del mismo ante la falta de presentación de dicha declaración jurada para el período fiscal 2020, proyectándose la misma con la información aportada por la contribuyente, la cual es concordante con los bienes exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, períodos fiscales 2019 y 2020, y la información obrante en las bases del Organismo. Por otro lado, respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales se determinó de oficio la materia imponible del impuesto atento haberse presentado las declaraciones juradas del mismo -periodos fiscales 2017 a 2019-, exteriorizando como exentos bienes que no gozan de esa liberalidad, proyectándose las mismas incluyendo la totalidad de bienes expuestos en las declaraciones juradas presentadas, considerando como exentos únicamente aquellos conceptos que la ley dispone.
En cuanto a las nulidades invocadas, destaca que la contribuyente no presentó descargo alguno en función al derecho que le otorga la ley, como tampoco prueba alguna que contraríen los cargos formulados, por lo cual, señala que no puede en esta instancia realizar alegaciones infundadas contra su mandante cuando fue ella misma quien no ha hecho uso de su derecho.
Además, de la simple lectura de las resoluciones de autos y de la compulsa de los antecedentes administrativos del caso, surge patente que la actora ha participado activamente en el proceso de fiscalización, por lo cual no se entiende cual sería su fundamento respecto del supuesto cercenamiento de su derecho de defensa.
Asimismo, manifiesta que todas aquellas pruebas que fueran aportadas en el proceso de fiscalización han sido evaluadas y consideradas al momento del dictado de las vistas conferidas, sin que su aporte ameritara una modificación en los criterios adoptados respecto de los ajustes proyectados.
En virtud de ello, destaca que la nulidad que alega no puede tener acogida en los presentes actuados, agrega que la responsable ha podido conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, y tiene pleno conocimiento de los cargos formulados en las determinaciones de oficio practicadas.
En el caso de autos, resalta que no se vio vulnerada ninguna garantía de raigambre constitucional, siendo que no existe vicio alguno que haya colocado a la parte en estado de indefensión.
Advierte que el Fisco basó su accionar en una estricta aplicación de las normas legales y reglamentarias vigentes, que de la simple lectura de los actos en crisis se desprende claramente cuales fueron los elementos y fundamentos que se tuvieron en cuenta a los fines de resolver, y sobre los cuales la recurrente ha tenido una participación activa durante el proceso de fiscalización.
Recuerda que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad, debiendo primar siempre la conservación de los actos, ante meros y simples planteos abstractos de nulidad, por lo cual esta parte solicita se rechacen los planteos incoados en este sentido.
Por lo expuesto, señala que la nulidad no puede prosperar, dado que no se observan vicios en el procedimiento, y tampoco la situación de indefensión, toda vez que la presentante tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y de plantear todas las defensas que hicieron a su derecho y no lo hizo.
Sobre la supuesta inexistencia de base imponible describe los términos en los que fueron proyectadas las declaraciones juradas y destaca que su mandante solicitó los antecedentes de la presentación de la contribuyente al Régimen de Sinceramiento Fiscal, y que de la información aportada surge el acogimiento a los beneficios otorgados por la ley N°27.260 — Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior, mediante presentación de F.2009 el 29 de marzo de 2017 (Fs. 108/111 Cpo. ASE).
De dicha presentación resultó la exteriorización a su nombre de bienes en el exterior -"tenencia de bienes pertenecientes a sociedades o cualquier otro ente en el exterior"-, por un total de $ 81.334.184,9, en el rubro Títulos, acciones y otras inversiones correspondientes a dos portfolios de inversiones: Wells Fargo Advisors N° de cuenta 2162-7152, por $ 35.063.328,86, adquirido en junio de 2014 y Citi Account Number C40-051549, por $ 46.270.856,04, adquirido en septiembre de 2013, ambos pertenecientes a la firma Antemma Inc. (NIF 5690937221), constituida en Islas Vírgenes Británicas.
Además, la contribuyente aportó Volante para Pago con Títulos Públicos BONAR17 y/o GLOBAL17 (Ley N° 27.260, artículo 41, inciso e) vinculado a la presentación según Ley 27.260 (Fs. 150/153 Cpo. ASE). Por otra parte, en los sistemas del Organismo se observa la presentación de las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, en las que, en relación a los porfolios sincerados, exterioriza: Período fiscal 2017: bienes del exterior en concepto de "Títulos, acciones cuotas participaciones sociales" por un importe de $ 92,474.086,11 identificados como Tipo de Bien: Títulos valores con cotización pública, Sub Tipo: Títulos Púbico, Clase Tipo Portfolio holding, País: Islas Vírgenes Británicas, Situación frente al impuesto: EXENTO POR LEY; fecha de incorporación al patrimonio: 22/07/2016 (fecha preexistencia bienes blanqueados) Código: 589-010029-536, que corresponde al Nro de cuenta según resumen Morgan Stanley Portfolio de inversiones de la sociedad Antemma Inc. Período fiscal 2018: Títulos valores con cotización pública, Subtipo Títulos Públicos, Clase Bonos Soberanos de Brasil, País Islas Vírgenes, código 105756br0, NIF p8s090tt6, valuación $ 169.778.712,75; situación frente al impuesto: EXENTO POR LEY. Período fiscal 2019: Títulos valores con cotización pública, Subtipo Títulos Públicos, Clase Bonos Soberanos de Brasil, País Islas Vírgenes, código 105756br0, NIF p8s090tt6, valuación $ 250.521.889,43; situación frente al impuesto: EXENTO POR LEY. Es así que los importes que se observan en los resúmenes de los portfolios de las sociedades del exterior, oportunamente aportados por la contribuyente, son coincidentes con los importes imputados en las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, períodos fiscales 2017 a 2019 (fs. 66, 118 y 121; 61, 120 y 123; 13, 128 y 129 cpo. ASE).
En virtud de lo expuesto, el área auditora, acertadamente, incorpora en la base imponible del Aporte los bienes exteriorizados por la contribuyente en el Régimen de Sinceramiento Fiscal pertenecientes a sociedades del exterior, y declarados como exentos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, períodos fiscales 2017, 2018 y 2019.
Cita las previsiones del artículo 39 de la citada Ley N°27.260 y el artículo 4° del Decreto N°895/2016, y la normativa del ASE para concluir que de la información obrante en las bases del Organismo, la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales período fiscal 2019 y de la documental aportada por el contribuyente, surge que la Sra. Schmukler se encuentra alcanzada por el Aporte Solidario y Extraordinario dispuesto por Ley 27.605, en tanto se halla incluida en lo dispuesto por el artículo 2 de la citada Ley; el Decreto Reglamentario N°42/2021 y lo dispuesto por la Resolución General N°4930/21. Idéntico análisis realiza respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales concluyendo que de la información obrante en las bases del Organismo, de la presentación de la contribuyente al Régimen de Sinceramiento Fiscal y de la documental aportada por la encartada, surge que la Sra. Schmukler se encuentra alcanzada por los bienes situados en el exterior, de acuerdo a lo establecido por la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Señala que todas las afirmaciones de la parte actora atentan palmariamente con la doctrina de los actos propios toda vez que ella misma ha exteriorizado los bienes que ahora pretende desconocer.
Respecto al agravio de la actora basado en el supuesto incumplimiento a lo estipulado por el artículo 10 del Decreto 618/97 respecto de la obligación de emitir dictamen jurídico en el caso que el juez administrativo no fuese abogado, destaca que los mismos se encuentran en las actuaciones administrativas, por lo que peticiona que sus dichos sean desechados sin más.
En cuanto a la nulidad específica formal de la Resolución N°161/22, basada en que, del cuadro de determinación de oficio del artículo 1° supuestamente se imputaron dos bases imponibles (al 0.50 y al 2.25) al año 2017, expresa que el mentado artículo 1°) de la citada resolución expresa: “Determinar de oficio con carácter parcial, por conocimiento cierto de la materia imponible, la obligación impositiva de SCHMUKLER JULIETA MARÍA, CUIT N° 27-24167174-2, frente al impuesto sobre los bienes personales, períodos fiscales 2017 a 2019, estableciendo las bases imponibles que se indican a continuación:...”, en consecuencia, consta que las bases imponibles se refieren a los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019.
Seguidamente, en el mismo artículo, por un error de tipeo, aparece en tercer orden, en el cuadro en el que se trascriben las bases imponibles por período fiscal a la tasa a la que son gravadas, como período 2017 el que debió decir 2019. Sin embargo, se observa en el artículo 2°, la determinación de los impuestos y saldos a ingresar - consecuencia del cuadro del artículo anterior-, correspondiente a los períodos correctamente referenciados: 2017, 2018 y 2019, sin que pueda significar el mencionado error de tipeo, causal de nulidad.
En relación al hipotético “desvío del acto administrativo” que denuncia la recurrente, reitera una vez más que constan en las actuaciones administrativas las pruebas que sustentan los cargos efectuados.
Respecto a la supuesta inconstitucionalidad del Aporte solidario menciona que este Tribunal Fiscal -como organismo administrativo que es-, sufre una restricción jurisdiccional, la que esta plasmada en el artículo 185 de la Ley N° 11.683 (t. o. en 1998 y sus modif.).
A mayor abundamiento, destaca que si bien la contribuyente alega la afectación de principios constitucionales (tales como el de no confiscatoriedad, el derecho de propiedad) no logra probar en modo alguno cómo es que éstos resultarían violentados en el caso concreto de autos, por lo que su planteo -además de improcedentedeviene abstracto.
Respecto de los argumentos de la parte relacionados a la posible doble o multiple imposición resalta las diferencias más notorias entre el Impuesto a los Bienes Personales y el Aporte Solidario, concluyendo que resulta evidente que se trata de dos instrumentos financieros separados cuyas finalidades y aspectos se encuentran específicamente determinados, de manera que la relación que la parte actora pretende efectuar carece por completo de sustento jurídico. Cita jurisprudencia que sustentan sus dichos.
Respecto de los intereses resarcitorios señala que sobre el tópico la recurrente no ha expresado agravios concretos con relación a éstos, por lo que los mismos deben ser confirmados.
En cuanto a las sanciones aplicadas señala que la actora no ha realizado ningún tipo de queja respecto de ellas, las que entiende resultan procedentes por haberse verificado sus elementos constitutivos sin alegación o acreditación de eximente de responsabilidad alguno, debiendo por ello confirmarse.
Finalmente, se opone a la prueba ofrecida, reserva el caso federal y solicita se confirmen los actos apelados con costas.
III. Que, por PV-2023-38352158-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve correr traslado a la recurrente de la oposición a la prueba por parte de la representación fiscal; mediante IF-2023-47281891-APN-DTD#JGM la parte actora lo contesta y solicita se haga lugar a la producción de toda la prueba ofrecida.
Por PV-2023-48849975-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve requerir a las partes para que manifiesten si consideran que la audiencia del artículo 173 de la Ley 11.683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas. De este modo, el Fisco Nacional contesta por IF-2023-52191449-APN-DTD#JGM señalando que entiende que la audiencia se encuentra suplida con las manifestaciones ya efectuadas; mientras que la recurrente mediante IF-2023-64979559-APN-DTD#JGM solicita se fije audiencia.
A tal efecto, el Tribunal por PV-2023-66661155-APN-VOCV#TFN cita a las partes a efectos de la realización de la audiencia del artículo 173 de la Ley 11.683. Mediante PV-2023-79852989-APN-VOCV#TFN luce agregada a las actuaciones el acta de la audiencia. En dicho acto, se dejó sentado que con las manifestaciones de ambas partes el alcance del pronunciamiento del Tribunal versa sobre si el paquete accionario de Silver Led Corp y de Antemma era de titularidad de la parte actora o no para determinar el ASE. Por otro lado, surge que el vocal interroga a la parte actora respecto a la referencia efectuada por el Fisco Nacional en las actuaciones, en relación al sinceramiento de la Ley 27.260, efectuado por la parte actora donde declara como bienes propios el paquete accionario de Silver Led Corp y de Antemma en el exterior. Concretamente, se le pregunta si hubo un sinceramiento de bienes, a lo que la parte confirma que si. Luego consultada si los bienes fueron declarados como propios, la recurrente señala que no. Ello así, se resuelve hacer lugar a la oposición efectuada por el Fisco Nacional, se rechaza la prueba informativa en virtud de encontrarse la documentación agregada a las actuaciones administrativas, y la pericial contable toda vez que la parte actora manifiesta no llevar libros contables. Se dispone que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias del expediente y la documental ya agregada, quedando la causa conclusa para resolver.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-94502424-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que mediante IF-2023-102365579-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
V. Que, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa (vide informe a fs. 58/60 vta. del IF- 2023-27369639-APN-DTD#JGM Cuerpo Bienes Personales cuerpo 1) el cargo tiene origen en la detección de bienes exteriorizados en el Impuesto a los Bienes Personales con tratamiento de exentos, que estarían alcanzados por dicho gravamen.
En el marco de la fiscalización que se lleva a cabo a la contribuyente en relación al Aporte Solidario, (Ol 1929239), oportunamente informó en relación a sus bienes que: los bienes del exterior declarados en el Impuesto sobre los Bienes Personales Periodos Fiscales 2017 a 2019, no son de su propiedad, sino que los ha declarado en carácter de Directora de la Sociedad del exterior Silver Led Corp, aportando la siguiente documentación: -Copia simple de Certificado de Acciones de Silver Led Corp, emitidos por la propia recurrente como directora a nombre de sus hijos menores de edad, representativos de 25.000 acciones cada uno, ambos fechados el 20/12/17. -Certificado de Incorporación de la sociedad Silver Led al Registro de Corporaciones del Territorio de las Islas Virgenes Británicas (Certificate of Incorporation Registrar of Corporate Affairs Territory of The British Islands BVI Business Companies Act.2004), bajo el Nro. 1959442.
- Copia Simple de Constancia de fecha 30/10/17 suscripta por Schmukler Julieta Maria en la que autoriza en su calidad de directora de la sociedad Silver Led Corp, la inscripción de la sociedad en el citado registro. - Copia Simple de Constancia de la inscripción de la Sra. Schmukler Julieta en el Registro de Directores de fecha 31/10/17 de la sociedad Silver Led Corp, suscripto por la responsable.
- Copia Balance al 31/12/2019 y 18/12/2020 ( Bienes y Capital de la sociedad Sikver Led Corp)
- Nota suscrita por Schmukler Julieta en calidad de directora de Silver Led Corp, correspondiente a la aprobación de las Posiciones Financieras de la sociedad al 31/12/19 y 18/12/20, de fechas 15/02/20 y 15/02/21, respectivamente.
Destaca que la documentación relacionada con la sociedad Silver Led Corp, fue aportada en copia simple sin certificación alguna, en idioma ingles sin traducción. Señala que el Certificado de inscripción de la sociedad puede consultarse a través de pagina web "bvifsc.vg”, direccionada por la consulta al Código Q impreso en el Certificado (ID E237E1992C). Se verifica por consulta a la base e-fisco, que no existe presentación de declaraciones juradas a nombre de los hijos menores de la fiscalizada (por si o representante legal). Relata que en el Impuesto sobre los Bienes Personales, Periodo Fiscal 2017, la contribuyente declara a nombre propio Bienes del Exterior en concepto de " Títulos, acciones cuotas o participaciones sociales por un importe de $ 92.474.086,11, identificados como Tipo de Bien: Títulos valores con cotización pública, Sub Tipo: Títulos Públicos, Clase Tipo Portfolio holding, País: Islas Virgenes Británicas , Situación frente al impuesto: Exento por Ley, fecha de incorporación al patrimonio 22/07/2016 ( Fecha preexistencia bienes blanqueados ) Código: 589- 010029-536, que corresponde al Nro de Cuenta según resumen Morgan Stanley Porfolio inversiones de la sociedad Antemma Inc. Por otro lado, describe que se solicitaron a través de la Dirección Regional, los antecedentes de la exteriorización efectuada por la contribuyente al Régimen de Sinceramiento Fiscal. De los mismos surge que la contribuyente exterioriza a su nombre Bienes en el exterior en concepto de Títulos, acciones y otras Inversiones: Portfolio de Inversiones, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, en calidad de Tenencia de bienes pertenecientes a sociedades o cualquier ente del exterior, bajo la siguiente identificación: Antemma Inc (Nif 5690937221), con fecha de adquisición 06/2014 y 09/2013, por un total de $ 81.334.184,90. El pago del Impuesto especial se efectúa, según F.2009, en Bonar 17 y Global 17 por un importe de $ 8.133.418,49 (fs. 44/44vta cuerpo 1 parte 2 IF-2023-27366929).
Deja constancia que la verificada no aporta documentación relacionada con la sociedad del exterior Antemma Inc, toda la documentación exhibida relacionada con inscripción y registro se refieren a la Sociedad Silver Led Corp, que se corresponde con la tenencia al 31/12/19 y 18/12/20. La contribuyente informa asimismo en relación al cambio de titularidad de los Portfolios "En referencia a la Orden de Intervención nro. 1929239, les pasó a informar que el Portfolio en el exterior que pertenecía a la firma Antemma Inc. en el año 2018 se transfirió a la firma Silver Led Corp en su totalidad. Manteniendo las mismas condiciones financieras y societarias. Dicho cambio se debió a diferencias con la atención personalizada que ofrecía el oficial de cuentas de Antemma Inc. por tal motivo decidieron cambiar de sociedad del exterior y transferir el mismo paquete financiero que poseían en Antemma Inc. a Silver led Corp." De los dichos de la verificada surge que la inversión en la sociedad Antemma Inc. fue reemplazada por la sociedad Silver Led Corp., situación que habría motivado que Antemma Inc. fuera declarada en el Impuesto sobre los Bienes Personales Periodo Fiscal 2017, y Silver Led Corp en los periodos subsiguientes 2018 y 2019.
Se observa que en el Régimen de Sinceramiento fiscal la verificada exterioriza únicamente el Portfolio a nombre de la sociedad Antemma Inc, y es declarado en el Impuesto sobre los Bienes Personales del Periodo Fiscal 2017. A partir del Periodo Fiscal 2018 la verificada declara la inversión a nombre de Silver Led Corp. El día 12/10/21 la contribuyente efectúa una nueva Presentación digital, mediante la cual informa que el Impuesto Especial por la Declaración voluntaria Ley 27260, fue abonado con Bonos soberanos AA17 de la firma del exterior Antemma Inc, adjunta copia de Volante para pagos con títulos Públicos Bonar 17 y Global 17 ( art.41 inc.e) Ley 27260) por $ 515.000 de fecha 28/03/17 y copia de Comprobante de transferencia del exterior de fecha 24/03/17 de Cuenta a nombre de la firma Antemma Inc correspondiente a Bonos de la República Argentina 7% Series X ISIN por un total de 350.000.
VI. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VII. Que procede en primer término analizar los planteos de nulidad articulados por la actora.
En primer lugar, respecto de lo estrictamente formal, cabe señalar que las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Cabe tener presente que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
En definitiva, en términos generales los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. En cuanto a los argumentos de la actora relacionados a la falta de dictamen jurídico en virtud de lo dispuesto por el art. 10 del Decreto 618, cabe señalar que tal como surge de los antecedentes administrativos, mediante los dictámenes Nº 206/22 del 28/10/2022 (ASE) y Nº 211/22 del 04/11/2022 (Bs. Pers.) se dió cumplimiento a los señalado por la norma (Fs. 226/230 Cpo. ASE y Fs. 110/113 Cpo Bs. Pers.), por lo tanto, el planteo no puede prosperar.
Que, en cuanto a la no admisión de prueba ello no puede considerarse como causal de nulidad si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 206). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los arts. 155 y 156 de la ley de procedimeinto fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 5-7-77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En este sentido la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. Que en definitiva, se reitera, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo.
Por último, en relación a la nulidad concreta de la Resolución 161/22, en relación a la indefensión de la parte, al no establecerse claramente la base imponible del período 2017, tal como explica el Fisco Nacional es evidente que se trató de un error de tipeo al consignar la base del año 2019, que no puede dar lugar a la nulidad del mismo toda vez que la parte actora conocía acabadamente la pretensión fiscal y no se ha cercenado con ello su derecho de defensa.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VIII. Que, tal como surge de los relatos efectuados ut supra, en las presentes actuaciones corresponde determinar si los actos aquí apelados se encuentran ajustados a derecho. Cabe dejar sentado que el origen de ambos ajustes en el ASE y en el IBP radican en desentrañar la titularidad del paquete accionario puesto en crisis, lo que lleva a que el contribuyente sea sujeto del aporte, y por el otro, que esos bienes se encuentren alcanzados por el IBP. Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $200.000.000.
Por su parte, la ley de impuesto a los bienes personales en su art. 17 establece que son sujetos pasivos del impuesto: a) Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior.
Además, el art. 20 dispone se entenderán como bienes situados en el exterior: f) Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales, y otros títulos valores representativos del capital social o equivalente de entidades constituidas o ubicadas en el exterior. En el caso particular, se trata de una persona humana residente en el país, y concretamente, como se señaló, lo que se encuentra en tela de discusión es si la participación accionaria del exterior es de titularidad de la aquí recurrente o no.
Al respecto, cabe señalar que la actora invoca que no son de su titularidad, que los ha declarado en sus declaraciones juradas del IBP en un doble carácter de representante de la sociedad y de representante legal de sus hijos, quienes -dice- detentan la titularidad de dicha participación (50% cada uno de ellos).
Por su parte, el Fisco Nacional entiende que son de su titularidad toda vez que dichos bienes fueron declarados en sus DDJJ del IBP y fueron exteriorizados por la recurrente en el Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley 27.260.
Señalado ello, este Tribunal no puede soslayar que la propia recurrente adhirió al Régimen de Sinceramiento Fiscal -Ley N°27.260- declarando como propios dichos bienes en el exterior, gozando además de los beneficios allí establecidos. Asimismo, ella misma es quien declara -si bien como exentos- dichos bienes en el exterior en sus DDJJ del Impuesto sobre los Bienes Personales, periodos fiscales 2017 a 2019.
Cabe destacar que si bien, invoca que su declaración es en otro carácter, no como titular de los bienes, no surge de las citadas DDJJ distinción alguna sobre el carácter de “directora a modo informativo” o “representante legal de sus hijos”, sino que los declara como exentos sin justificación legal alguna.
Por su parte, tal como evidencia el Fisco Nacional en cuanto a que los accionistas serían sus hijos, de la consulta de la base E-Fisco del Organismo fiscal no existe presentación de DDJJ a nombre de los hijos menores de la actora (ya sea por sí o a través de representante legal) (fs. 53 del cuerpo ASE de los antecedentes administrativos).
Por otro lado, si bien la actora pretende acreditar la titularidad por parte de sus hijos de la participación en cuestión con copia simple de Certificado de Acciones de Silver Led Corp, emitidos por la propia recurrente como directora a nombre de sus hijos menores de edad, representativos de 25.000 acciones cada uno, ambos fechados el 20/12/17, no existe en autos constancia alguna de desapoderamiento efectivo por parte de la contribuyente de los mentados bienes del exterior -portfolios- que fueran oportunamente exteriorizados como propios a través de la Ley N°27.260.
Es preciso señalar que tal como invoca el Fisco Nacional, el artículo 39 de la Ley N°27.260 — Régimen de sinceramiento fiscal — establece que: "Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo su CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive.
En caso de existir más de un derecho habiente, accionista o titular, los bienes podrán ser declarados en la proporción que decidan quienes efectúen la declaración voluntaria y excepcional prevista en la presente ley." Por su parte, el artículo 4° del Decreto 895/16, reglamentario de la mencionada Ley, dispone: "A los efectos de lo previsto en el artículo 39 de la Ley N 27.260, deberá entenderse que la expresión "por única vez" a la que allí se hace mención, lo es con relación a la decisión de manifestar la exteriorización voluntaria y excepcional de declaración de tenencias de moneda y bienes aludidos en dicha previsión legal. La opción prevista en dicho artículo, implica que a todos los efectos tributarios en la República Argentina, el bien o tenencia exteriorizado a nombre del declarante, mientras se mantenga en su patrimonio, se considerará como perteneciente a quien lo exteriorizó debiendo, de corresponder, imputar las rentas y computar los gastos, deducciones y créditos fiscales, por impuestos análogos que genere, pague o tribute la sociedad o ente en el exterior en la medida que tengan vinculación directa con los bienes y tenencias exteriorizados, en la proporción declarada. ..".
Señalado ello, y no habiendo la parte explicado o probado fehacientemente en contra de sus propios actos cabe tener presente que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que - según reitera la doctrina-, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69) (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Siendo en el caso aplicable la regla “onus probandi incumbit eu qui dicit”, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, puesto que como establece el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
En consecuencia, "la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito" (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), correspondiendo concluir, que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de demostrar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas, que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo, en las resoluciones apeladas en autos. En función de resultar los bienes del exterior de titularidad de la aquí recurrente, resulta alcanzada por el ASE de conformidad con el art. 2° de la Ley 27.650 y tales bienes resultan gravados en el IBP, razón por la cual corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional, con costas.
IX. Que en cuanto a los agravios constitucionales esbozados, debe destacarse que en el caso particular se tratan de meras afirmaciones dogmáticas sin sustento probatorio alguno, por lo que amen de lo dispuesto en el art. 185 de la Ley 11.683, no encuentra este Tribunal elementos para el análisis en el caso particular.
Debe recordarse que el aporte en crisis ha sido dictado por una ley del Congreso Nacional en circunstancias excepcionales, y que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951). En efecto, en cuanto a la pretendida mención a un supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes, debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado.
Así ello, en el caso particular, resulta ser una cuestión que no podrá ser tratada toda vez que no ha ofrecido la recurrente medios probatorios idóneos que apunte a demostrar dichos extremos.
X. Que, respecto de los intereses resarcitorios en pirmer lugar, debe señalarse que la parte no expone agravios respecto a su aplicación. Asimismo, cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en las determinaciones recurridas, con costas.
XI. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente sendas multas con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. Sobre este punto, también es dable resaltar que la parte actora no presenta agravios respecto de la aplicación de las sanciones de autos, por lo que atento a ello y la forma en que se resuelve se adelanta que corresponde su confirmación.
En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar las multas aplicadas. Asimismo, es de advertir que la conducta llevada a cabo por la contribuyente, que intenta ocultar la verdadera exposición de su patrimonio, incluso en esta instancia negando la exteriorización a su nombre en el régimen de sinceramiento llevan a estos juzgadores a confirmar la sanción impuesta por el Fisco Nacional.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar las determinaciones de oficio apeladas en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.09.13 16:44:58 ART Date: 2023.09.13 16:59:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.13 18:59:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.13 18:59:31 -03:00
Fin de la sentencia