Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-121242402-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos, en cuanto determinan impuesto, multa e intereses. Con costas.
I. Que mediante RE-2021-121214879-APN-SGAI#TFN y RE-2021-121236650-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 066/2021 (DV RRNO) y N° 067/2021 (DV RRNO) de fecha 14/09/2021 dictadas por el jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas al Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 2015 estableciendo el importe a pagar a favor de la AFIP por $903.674,95 con más intereses resarcitorios de $1.971.363,88 y una multa de $2.711.024,85 e impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015, el que establece el importe a pagar a favor del AFIP por $577.072, con más $1.413.294,23, liquidados en concepto de intereses resarcitorios y una multa de $2.711.024,85.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, manifiesta que “Quonon” tiene como actividad principal la construcción, reforma y reparación de redes, distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.
En cuanto al origen del cargo, expresa que el mismo surgió en la presunta omisión de la contribuyente de declarar ingresos por ventas, atento haber constatado el Fisco nacional que las ventas declaradas fueron menores a las acreditaciones bancarias depuradas, correspondiendo asignar a esa diferencia el carácter de incremento patrimonial no justificado.
Señala que el Fisco Nacional, al constatar diferencias a favor de la administración en fecha 05/08/2021, la misma notificó a la firma el acta labrada el 04/08/2021 en formulario F.8400/L del cual resulta el detalle del ajuste final determinado y los papeles de trabajo.
Que, el 09/08/2021, la actora solicitó una prórroga de 10 días la cual fue concedida. Posteriormente, con fecha 24/08/2021 la contribuyente rechazó la pretensión fiscal manifestando su disconformidad.
Añade que Administración Tributaria notificó a la contribuyente las Resoluciones N° 050/2021 (DV RRNO) y N° 051/2021 (DV RRNO) por la que resolvió iniciar el procedimiento determinativo de oficio y conferir vista de las actuaciones administrativas, impugnaciones, cargos formulados y liquidaciones del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2015 e Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01 a 12/2015.
Que, de la liquidación administrativa para el ejercicio fiscal 2015, resultó una diferencia a ingresar al Fisco que asciende a $903.674,95 en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015.
En virtud de ello, con fecha 15/10/2021, alega que contestó en legal tiempo y forma, la vista conferida y presentó su descargo para que se deje sin efecto ese acto administrativo.
Que con fecha 23/11/2021, la AFIP notificó a la contribuyente las Resoluciones N° 066/2021 (DV RRNO) y N° 067/2021 (DV RRNO), referida al Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2015 e Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01 a 12/2015, por la que se confirmaron, en todos sus términos, los ajustes notificados al conferir vista. Alega que el accionar del Fisco inmerso en el acto administrativo apelado vulnera palmariamente el principio de debido proceso adjetivo (ofrecer y producir prueba y a obtener una sentencia fundada) imperante en el derecho administrativo -de aplicación supletoria en materia tributaria- por lo que plantea la nulidad de este sin más trámite.
En cuanto a la utilización de presunciones expresa que en el caso de autos, entiende que no se dan las circunstancias excepcionales que dan lugar a la determinación presuntiva por parte del Fisco Nacional, es decir, inexistencia de documentación, falta de claridad de los registros o imposibilidad de encontrar la verdad por otro camino dado que existen elementos contundentes y se acompañó documentación suficiente para desestimar la posibilidad de recurrir a una determinación sobre base presunta. Por supuesto, también para desestimar el ajuste fiscal pretendido.
Añade que la autoridad fiscal nacional pretende justificar la aplicación del inciso g) del artículo 18 de la Ley 11.683 en base a afirmaciones que la actora entiende que carecen de sentido pues, efectivamente, existió y existe un contrato de mutuo entre la contribuyente y la firma Tshangale S.R.L., ese contrato tiene fecha cierta y entiende que no puede hacerse cargo de la insuficiencia probatoria en la que incurre el fisco para justificar un ajuste a todas luces improcedente. Por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución N° 066/2021 (DV RRNO), de fecha 19/11/2021.
Respecto a la oponibilidad del contrato de mutuo celebrado destaca que el vínculo entre la actora y con Tshangale SRL nace a partir de la necesidad de buscar capital para continuar con sus proyectos, por lo que, Tshangale acompañó a la contribuyente en esta etapa con los recursos expresados en el acuerdo de mutuo suscripto, comprometiéndose a entregarle la suma de AR$ 3.350.000, estipulándose la modalidad de la devolución, indicando el plazo de ejecución de este, entre otros.
Señala que el contrato en comentario fue suscrito el 24/02/2016, certificadas las firmas ante notario el 22/04/2016 y, luego de ello, certificado –el 31/05/2017- ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Todo ello, con anterioridad a la fecha en que esa Administración notificó a esta parte la orden de intervención que dio inicio al proceso de verificación y fiscalización.
Alega que la Administración Federal de Ingresos Públicos no sólo prescindió de las pruebas aportadas por la contribuyente, que dan cuenta de la existencia del contrato de mutuo mencionado, sino que pretende construir un ajuste sin pruebas fehacientes que lo habiliten. Que la autoridad fiscal nacional no puede endilgar a la contribuyente las consecuencias de no haber obtenido, la respuesta esperada por parte de los bancos que fueran circularizados. Ello, sin perjuicio que las respuestas brindadas por las entidades bancarias, a juicio del contribuyente, acredita la veracidad de lo expuesto por la actora.
Manifiesta que el Órgano Fiscalizador pretende colocar a la actora en un rol fiscalizador que no le compete, intentando que la actora utilice facultades de verificación y fiscalización que no posee para detectar inconsistencias ajenas al normal desarrollo de su actividad.
En cuanto a los intereses resarcitorios alega la necesaria existencia de mora imputable al contribuyente como condición de la procedencia de los mismos, alegando que no puede existir mora imputable teniendo en consideración la prueba sobre la que el fisco edifica su pretensión.
Respecto a la multa, plantea su improcedencia basándose en que la Resolución Nº 066/2021 (DV RRNO) de fecha 19/11/2021 agravia sus derechos, en atención que endilga a la Compañía haber cometido una infracción sin que exista el elemento objetivo y subjetivo que se requiere para la aplicación de cualquier sanción. Alegando haber liquidado el gravamen correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015 en forma correcta, no considera haber omitido declarar ingresos por ventas y no estar ante un incremento patrimonial no justificado.
Añade que para que quede configurada la presente sanción son necesarios una serie de requisitos que en este caso no considera cumplidos, los que analiza seguidamente:
En primer lugar, respecto al elemento objetivo no desconoce en el presente caso que, como consecuencia de la fiscalización realizada por esa administración, surgieron diferencias a favor de la misma. Sin perjuicio de ello, en el caso de marras alega que no hubo ninguna clase de ardid o engaño o cualquier otro tipo de maniobra fraudulenta tendiente a ocultar o engañar a la autoridad fiscal nacional sobre la verdadera obligación fiscal de la contribuyente o acción dirigida a causar perjuicio fiscal alguno a ese Organismo.
Respecto al elemento subjetivo en la presente infracción, argumenta que se exige la presencia de la intención dolosa dirigida a causar un perjuicio o daño al Fisco Nacional, en el caso concreto la actora, entiende que no se configura. En virtud de ello, entiende que no corresponde calificar la conducta de la empresa en la figura de defraudación fiscal que intenta atribuir esa Administración a la contribuyente.
Señala que en el hipotético caso que se confirmarse la multa a aplicarse, y considerarse los montos sujetos a impuesto determinados -aun no compartiendo dicho criterio-, la sanción a aplicarse afectaría en forma palmaria el principio de proporcionalidad de la pena en materia de infracciones tributarias y, asimismo, la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada. En rigor, considerando la conducta desarrollada por la Compañía, en todos los casos, entiende que estaríamos en un exceso que no condice con la infracción cometida.
Finalmente afirma que resulta improcedente la aplicación de presunciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 47 de la Ley 11.683, para tener por configurado el elemento intencional del dolo que exige la figura infraccional de defraudación fiscal, que si bien para cierta corriente jurisprudencial las denominadas “presunciones de dolo” producen la inversión de la carga de la prueba desligando al Fisco de probar la configuración del elemento subjetivo, lo cierto es que tal circunstancia no debe ser interpretado en el sentido de que, verificada la hipótesis legal, la autoridad administrativa no tenga la carga de probar elemento alguno, sino que precisamente deberá demostrar que en el caso investigado se configura el supuesto previsto por la norma.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso.
Ofrece prueba informativa, reserva la cuestión federal y solicita se tenga por interpuesto, en legal tiempo y forma, el Recurso de Apelación contra la Resolución N° 066/2021 (DV RRNO), de fecha 19/11/2021 y Oportunamente, se revoque la Resolución N° 066/2021 (DV RRNO) en todos sus términos y con costas a la contraria.
II. Que mediante IF-2022-26709646-APN-DTD#JGM e IF-2022-35582082-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace el recurso de la recurrente y que, en consecuencia, se confirme la resolución apelada, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
En primer lugar se refiere al planteo de nulidad incoado por la actora, recuerda que la Ley de Procedimiento Tributario, no contiene normas específicas sobre la nulidad, por lo cual, de conformidad con su artículo 116 deviene aplicable supletoriamente la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificaciones, el cual en su art. 14, incisos a) y b), ofrece un detalle taxativo de los casos que originan la nulidad de un acto administrativo.
Alega que analizada la situación fáctica, no se cumplen ninguno de los presupuestos de la norma ni existe en el procedimiento seguido a la actora, un vicio que haya conculcado su derecho de defensa, o alguna garantía constitucional que permita tachar al acto de determinación de oficio de nulo. Añade que la nulidad de un acto es un recurso legal de carácter excepcional que importa la privación de efecto de los actos que adolecen de algún vicio y por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin a que se hayan destinado Afirma que corresponde analizar el mencionado planteo a la luz de lo normado por el art. 7° de la Ley 19.549, en el cual se establecen los elementos esenciales del acto administrativo que condicionan la validez y eficacia de éste, a saber: competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. A los que debe agregarse la Forma, prevista por el art. 8° de la misma ley. En particular y en relación a la “Causa” del acto, dispone el art. 7° de la Ley 19.549 que todo acto administrativo: “Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”, tal como se observa a en el presente caso, debiendo entenderse por causa, la serie de antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto y en cuanto a la “Motivación” que surge del inciso e) del citado artículo implica que en dicho acto se deberá expresar en forma concreta las razones que inducen a emitirlo. El distingo entre ambos elementos esenciales del acto consiste en que la causa comprende los antecedentes de hecho y la motivación la obligación de expresar, de consignar tales antecedentes, más los fundamentos que atendiendo a aquellos hechos, justifican el dictado del acto. Al respecto se señala que al desarrollar los cargos de la vista como así también de la resolución, se ha identificado precisa e inequívocamente todos los aspectos que le dieron origen, efectuando una clara y amplia descripción tanto analítica como numérica, de los hechos y el derecho, como así también de las circunstancias tenidas en cuenta para producirlo, por lo que sus dichos al respecto entiende que resultan improcedentes.
Añade que se efectuó el análisis y valoración de la prueba ofrecida, por la contribuyente y que, en el caso de autos, no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el caso bajo examen. En efecto, entiende que los agravios esgrimidos por la apelante refieren más a una discrepancia con el criterio fiscal, más no a un hecho de nulidad. Alega que respecto de este agravio no se registra sustento fáctico y/o jurídico suficiente, que amerite la declaración de nulidad propugnada por la apelante, solicitándose en consecuencia su rechazo, por lo que solicita el rechazo in limine de la nulidad planteada con expresa imposición de costas.
Sostiene que el presente ajuste reconoce su origen en las tareas que personal fiscalizador, ha desarrollado. De cuya investigación, la cual se encuentra plasmada en los antecedentes administrativos que oportunamente fueran acompañados, se constató y concluyó, la omisión de declarar ingresos por ventas, atento haberse constatado que las ventas declaradas fueron menores a las acreditaciones bancarias depuradas.
Agrega que ante la verificación efectuada, la apelante intentó justificar las mencionadas diferencias entre los ingresos por ventas exteriorizadas en la declaración del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2015 ($ 1.338.101,93.-) y las acreditaciones bancarias del período, con el aporte de un contrato de mutuo celebrado con la firma Tshangale S.R.L.
Afirma que dicho contrato de mutuo suministrado por la contribuyente es inoponible a terceros atento carecer de fecha cierta. Ello por cuanto fue celebrado y suscrito en el año 2016, pretendiendo justificar hechos acontecidos en los años 2014 y 2015.
Indica que la contribuyente justificó la diferencia entre las acreditaciones bancarias y las ventas declaradas mediante detalle de acreditaciones del período enero a diciembre 2015, conforme desglose que se efectúa a continuación: Cobranzas de ventas a clientes $1.525.906,94, Aportes de socios $ 105.000,00, Renault: Devolución de anticipo de compra de rodado $ 41.000,00, Préstamo de Banco Galicia $ 148.500,00, Préstamo contrato de mutuo con la firma Tshangale SRL $ 2.603.666,75, lo que arrojó un total de $4.424.073,69.
Con respecto a la situación contable de la contribuyente, señala que en el Rubro Pasivo — Otras Deudas — Otras Obligaciones a Pagar, cuenta relacionada con el préstamo aquí analizado, expone saldo $0 al 31/12/2014 y saldo $1.540.299,33 conforme surge de las notas a los Estados Contables. Lo que afirma, sería incongruente con el mayor de la cuenta "Acreed. Varios — Oblig. a Pagar" debido a que el saldo indicado al 31/12/2014 asciende a $395.757,58 (pag 12). Manifiesta haber verificado que Quonon SRL no exteriorizó en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2014 el supuesto pasivo con la firma Tshangale SRL, el cual se habría materializado a través del mutuo aportado. Que en la cláusula primera del contrato de mutuo se estableció que el mutuo asciende a la suma de $3.350.000, habiéndose prestado desde septiembre a diciembre de 2014 la suma de $750.000 y desde enero a septiembre de 2015 la suma de $2.600.000 No obstante ello, en los EECC del ejercicio 2015 de Quonon SRL, en su estado comparativo con el ejercicio 2014 no surge el pasivo de $750.000 referido Afirma que a los fines de verificar la cancelación del préstamo invocado por la actora, la fiscalización actuante circularizó en más de una oportunidad al Banco Galicia, atento que las cancelaciones se habrían efectuado con cheques librados desde esa entidad. Ante las reiteradas solicitudes de los cartulares, la entidad bancaria manifestó que los cheques solicitados no han sido ubicados en su base de datos, no obstante haberse detallado los números de los cheques los cuales fueron extraídos de los extractos bancarios, así como también la fecha del débito allí indicada. Ante esta situación no puede inferir que los cheques librados fueron utilizados para la cancelación de los pasivos.
Que del análisis efectuado al mayor contable "Acreed. Varios— Oblig. a Pagar", del detalle de préstamos y devoluciones confeccionado por la contribuyente y del resultado de las circularizaciones efectuadas a los Bancos Ciudad y Patagonia, encuentra que el dinero que habría sido cedido en préstamo por Tshangale S.R.L. a la prestataria se materializó mediante cheques librados a Tshangale por la firma Lesko U.T.E., CU1T N° 30-71214052-2, cheques éstos que fueron endosados a nombre de Quonon SRL y depositados en su cuenta. Solamente se observan dos cheques librados por Tshangale S.R.L., desde su cuenta los que totalizan $ 273.479,83.
También la Representación Fiscal manifiesta haber verificado, que la firma Tshangale SRL en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, en los rubros créditos y deudores por ventas o servicios, no declaró saldo alguno correspondiente a Quonon SRL, como así tampoco se desprenden datos de la consulta "Detalle de Nóminas" de las citadas declaraciones juradas, donde en estos períodos solamente informa pasivos. Añade que los inspectores intervinientes se apersonaron en los domicilios de la firma Tshangale S.R.L. emergentes de los sistemas de esta Administración, sitos en Santa Fe 761, Piso 3, Dto. A, de la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires (domicilio fiscal) y Gervasio Méndez 6354, Moreno, Provincia de Buenos Aires (alternativo), no pudiendo localizar a la sociedad indicada, y que las personas consultadas manifestaron desconocer a la empresa mencionada. Respecto al agravio de la actora sobre el método de presunción utilizado, manifiesta que por aplicación del artículo 18 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la representación fiscal se encuentra habilitada para utilizar el método presunto de determinación de materia imponible. El cual tiene por objeto aliviar al Fisco en la acreditación pormenorizada y puntual de la falsedad de las declaraciones juradas de los contribuyentes o en los casos en que debe suplir su inactividad, no bastando como defensa exculpatoria el mero desacuerdo con el mismo, máxime cuando dicha norma no ha sido atacada de inconstitucional.
Resalta que las reglas contenidas en la norma que conforma el artículo 18 mencionado, son presunciones legales “iuris tantum”. Ergo, cuando resulta de aplicación una presunción así tipificada, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente: la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión: aquí se invierte el interés y la carga probatoria pesará sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción en su caso. En consecuencia, es la responsable a quién le atañe la carga probatoria de demostrar que las omisiones detectadas no existieron en la realidad de sus negocios o que no resultan idóneas para llevar a la conclusión legal. Añade que siendo que los hechos se encuentran comprobados, existe a favor del Organismo al cual represento, una prueba "prima facie" que la apelante debió desvirtuar, y claro es que no lo ha hecho, o no ha tenido los elementos suficientes para hacerlo.
Afirma que no corresponde hacer lugar al planteo que efectúa la actora en relación a una utilización por parte del Fisco de una suma presunciones, para arrimar a la determinación de oficio, ya que la representación fiscal, la única presunción que utilizó fue la de entender que los ingresos bancarios acreditados se encontraban alcanzados por el impuesto a las ganancias, por no haber podido demostrar la veracidad de sus dichos.
En cuanto al planteo de la actora respecto a la oponibilidad del contrato de mutuo celebrado con la firma Tshangale S.R.L., por considerar que posee fecha cierta, señala que a contrario de lo expuesto por la actora, para tener fecha cierta, el contrato de mutuo tendría que haber sido suscrito con anterioridad a los hechos que pretende hacer valer, en el caso en análisis, hechos supuestamente acontecidos en los años 2014 y 2015. Cuando del análisis de la documentación aportada por la actora y tal como se señalara en la vista conferida, el contrato de mutuo fue confeccionado el 24/02/2016 -y certificadas las firmas ante notario el 22/04/2016- con motivo de la petición de la entidad bancaria con la cual opera la contribuyente, a fin de justificar sus movimientos de dinero, es decir, que se suscribió con posterioridad a la concreción de los supuestos hechos que pretende documentar.
Afirma que la actora tuvo la intención de generar confusión al hacer hincapié en que la firma del notario interviniente fue certificada el 31/05/2017 ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, es decir con anterioridad a la notificación de la orden de intervención del asunto cuando, si bien ello es así, lo cierto es que la Agencia N° 2 de esta Dirección General Impositiva inició la verificación a la responsable el 24/04/2017, es decir, antes de la certificación de la firma del notario, y también antes de la presentación de la declaración jurada del gravamen y período del asunto - la cual fue por ella presentada a requerimiento de esta Administración- y antes de los estados contables del ejercicio económico 2015, entiende entonces, que no le asiste razón a la apelante cuando pretende oponer al Fisco Nacional un contrato de mutuo celebrado en forma muy posterior al ejercicio fiscal determinado.
Destaca que la prueba por la apelante aportada -mutuo- no fue desestimada, sino que fue analizada minuciosamente y conforme la normativa legal vigente aplicable a la misma resultó ser inoponible a terceros, en este caso la autoridad fiscal. En cuanto al planteo de la actora de acuerdo a la improcedencia de los intereses resarcitorios, con sustento en la falta de la mora culpable, establece que no le asiste razón, ya que la falta de pago del gravamen en el debido tiempo genera sin lugar a dudas la aplicación de intereses por parte del Fisco. Destaca que la falta de pago total o parcial de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, intereses resarcitorios (ello de conformidad con el art. 37 de la Ley 11.683). Con relación a la multa aplicada, la actora manifiesta su disconformidad, y entiende que no corresponde aplicación de sanción alguna, frente a esto, la Representación Fiscal señala que en el presente caso se ha afectado el bien jurídico tutelado, cual es la renta fiscal, debido a la falta de ingreso del impuesto a las arcas del Fisco en su justa medida. Respecto al aspecto subjetivo de la figura infraccional enrostrada, cabe puntualizar que para aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, es necesario no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos o concretos, es decir, el elemento subjetivo, añade que de la valoración de los hechos, así como de la conducta de la actora, surgen ineludiblemente los elementos requeridos por el art. 46 y 47 inc. a) b) y c) de la Ley 11.683 Afirma que en lo relativo al inciso a) que determina la existencia de una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas. Los presupuestos del inciso se encuentran configurados al haber omitido declarar la actora en la declaración jurada del impuesto a las ganancias 2015 ingresos o ganancias gravadas.
Con respecto al inciso b) señala que se encuentra en el caso configurado atento que se encuentra suficientemente acreditado que la firma QUONON S.R.L. ocultó ingresos gravados en el impuesto a las ganancias, recordándose que se ha podido comprobar que la contribuyente tuvo acreditaciones bancarias por importes superiores a sus ingresos declarados para el citado período fiscal. Que se ha verificado la existencia de datos inexactos que tuvieron injerencia sobre la determinación del impuesto al valor agregado, al presentar la firma, las declaraciones juradas en defecto, cuando claramente se han consignado datos inexactos En lo relativo al inciso c) señala que su tipicidad ha sido justificada por la jurisprudencia que valiéndose de la distinción entre la ilicitud penal y la ilicitud tributaria decide que la descripción de la conducta punible pueda ser formulada, válidamente sin la precisión que se requiere en el derecho penal, mediante una genérica referencia al incumplimiento de las normas legales y reglamentarias que imponen deberes a los contribuyentes. La eficacia del sistema tributario depende de su estricto cumplimiento y la presunción de defraudación por la violación de sus disposiciones está privilegiando, como bien jurídico protegido, el bien común. vgr. Giuliani Fonrouge- Navarrine Proced. Trib. – Edit Depalma –pag 342. Afirma que es evidente que la apelante no desvirtuó la imputación fiscal, es decir, el dolo atribuido a la misma como consecuencia de su accionar, dados los hechos contundentes que hacen inferir en este caso la intención de evadir los tributos, pues no hay duda que el Fisco ha acreditado el presupuesto fáctico en que se apoyan las mismas, y que permiten afirmar que se está en presencia de una conducta dolosa y no simplemente culposa. Dicha maniobra engañosa, crea la convicción necesaria para afirmar que el apelante utilizó uno de los medios de consumación previstos en el tipo penal antes señalado, configurándose así el elemento subjetivo que requiere la norma.
Señala que tal como fuera acreditado en las actuaciones administrativas, no se trata de meras diferencias numéricas, o simples omisiones, sino que se trata de actos, conductas irregulares e ilícitas, tendientes a defraudar. Difícilmente puedan atribuirse hechos como los descriptos a un error o descuido, sino que se trató de un hecho deliberado tendiente a disminuir el resultado económico, con el propósito de evadir el pago de la obligación fiscal que hubiera correspondido de haberse actuado conforme a derecho.
Añade que en cuanto a la graduación de la sanción, y el agravio relativo a la proporcionalidad de la pena, dable es mencionar que el principio de proporcionalidad de las penas exige que la sanción a imponerse deba ser razonable o adecuada a la ilicitud cometida. Como bien lo expresa la Corte Suprema en el fallo “Pupelis, María Cristina y otros”, el principio de proporcionalidad de la pena opera únicamente para limitar los excesos del poder punitivo estatal respecto de eventuales transgresiones a las leyes. La proporcionalidad no puede resolverse en fórmulas matemáticas, sino que solo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada en un estado de derecho. Concluye que el agravio introducido en este aspecto no puede prosperar. La graduación de la sanción se encuentra dentro de los límites legales, motivo por el cual, su quantum debe confirmarse, ello dado los graves hechos verificados por el Organismo Fiscal.
De modo final, afirma, en lo que respecta a la grave incidencia señalada en el inciso b) del artículo 47, cabe señalar que a raíz del ajuste practicado, la base imponible del tributo pasó de cero pesos ($0) a $2.661.233,71.- lo cual a todas luces refleja su gran incidencia en el impuesto.
Acompaña los antecedentes administrativos.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal Que solicita se haga lugar a la oposición a la producción de las pruebas ofrecidas.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose la resolución recurrida. Con costas.
III. Que mediante INLEG-2022-45704786-APN-VOCVI#TFN el Tribunal en Pleno resuelve acumular el expediente EX- 2021-121242402- -APN-SGAI#TFN al que lleva el EX-2021-121226932- -APNSGAI#TFN.
Que mediante PV-2022-91449879-APN-VOCV#TFN el Tribunal abre la causa a prueba ordenandose la producción de la prueba informativa, la que fue producida en PV-2022-131312118-APN-VOCV#TFN y PV-2023-18470650-APN- VOCV#TFN.
IV. Que mediante el Tribunal PV-2023-34235576-APN-VOCV#TFN clausura el período probatorio y eleva los autos a consideración de la Sala “B”. Mediante IF-2023-39124912-APN-VOCV#TFN, el Tribunal pone los autos a alegar y a IF- 2023-45563931-APN-DTD#JGM e IF-2023-46173498-APN-DTD#JGM las partes presentan sus respectivos alegatos. Que mediante IF-2023-57636047-APN-VOCV#TFN se llaman los autos a sentencia.
V. De los antecedentes administrativos surge que el presente caso se originó bajo la hipótesis de evasión “análisis de los pasivos”, observando que la contribuyente posee acreditaciones bancarias por $4.458.043,00, siendo las ventas declaradas en IVA $1.525.906,94. Ante esta situación la sociedad manifestó tener un contrato de mutuo con la firma T-shangle S.R.L, por $2.600.666,75.
Que ante la solicitud de justificación de la diferencia de acreditaciones bancarias, la contribuyente manifiesta que las mismas se respaldan con acreditaciones que provienen de la celebración de un mutuo con la firma Tshangle S.R.L. El documento mencionado es de fecha 22 de abril de 2016, protocolizado con la misma fecha, dejándose constancia que en el protocolo surge que se “…certifica, que las firmas en dos ítems, que obran en el documento que antecede, son auténticas y fueron puestas en su presencia con fecha 22 de abril de dos mil dieciséis …” “… se certifica el mutuo. El presente contrato no fue redactado en esta escribanía como así no se juzga el contenido del mismo…” Cabe agregar que la legalización del mismo se produjo con fecha 31/05/2017. Fecha posterior a la notificación del inicio de la verificación realizada por la Agencia N°2.
De la lectura del contrato de mutuo se desprende que Tshangle S.R.L., da en préstamo a la firma Quonon S.R.L la suma de $3.350.000,00, manifestando que las cuotas de devolución serán mensuales y consecutivas. Cabe agregar que el detalle del préstamo es de septiembre a diciembre del 2014, se prestó $750.000 y de enero a diciembre de 2015, se prestó $2.600.000. Este último importe parte de la justificación efectuada por la responsable con el fin de avalar la diferencia de acreditaciones detectadas.
Que la fiscalización considera que el mutuo no respalda la diferencia se acreditaciones bancarias por considerar que el mismo es extemporáneo. Se informa cual es el dinero que será cedido en préstamo a ser aplicado en el ejercicio de 2014 y 2015 y la forma de devolución, no indica intereses, pero la fecha del mismo y su certificación son de abril de 2016. El documento no indica la forma de transferencia del dinero.
En cuanto a la situación contable de la contribuyente, del balance cerrado al 31/12/2015, se desprende que los saldos expuestos en el rubro pasivo – otras deudas – otras obligaciones a pagar, cuenta relacionada con el préstamo mencionado, presenta saldo $ 0 al 31/12/2014 y saldo $1.540.299,33 conforme surge de las notas a los Estados Contables. Esto presenta incongruencias con el Libro Mayor presentado, debido que el saldo indicado al 31/12/2014 es de $395.757,58. Respecto al dinero cedido en préstamo por parte de Tshangle S.R.L. a la prestataria, este se materializó mediante cheques librados a Tshangle S.R.L por la firma Lesko U.T.E, CUIT: N°30-712214052-2, cheques que fueron endosados a nombre de la contribuyente y depositados en su cuenta, todo ello surge del mayor, detalles de préstamos y devoluciones, cheques obrantes y las circulaciones efectuadas al Banco Cuidad y Banco Patagonia. Solamente se observan dos cheques librados por Tshangle S.R.L, desde su cuenta los que totalizan $273.479,83.
De la consulta efectuada a la base facturación electrónica de ventas, correspondientes a las operaciones realizadas por Tshangle S.R.L, se observa que la firma efectuó prestación de servicios a Lesko U.T.E, pero se denota que parte de los cheques cedidos en préstamo son anteriores a las facturas de ventas emitidas, corroborándose que durante el período 2014 no existe facturación de ventas a la UTE citada. Debido a que la facturación a la firma citada comenzó en julio 2015 y que en muchas de ellas manifiesta la condición de pago indicada, el ente fiscalizador no pudo inferir que los cheques endosados por Tshangle S.R.L, corresponden a operaciones legitimas de ventas de la endosante, por lo menos entre 01/2015 y 06/2015.
Que a los efectos de verificar la cancelación del préstamo, la fiscalización procedió a circularizar al Banco Galicia, la entidad bancaria manifestó que los cheques solicitados no han sido ubicados en su base de datos, si bien el banco menciona ratificar o rectificar los datos proporcionados, los números de cheques fueron extraídos de los extractos bancarios y se proporcionó la fecha de débito allí indicada, motivo por el cual y habiéndose efectuado más de una circularización solicitando lo mismo, se dieron por agotadas las instancias para la Administración Federal de Ingresos Públicos.
VI. Que procede en primer término analizar los planteos de nulidad articulados por la actora al sostener la nulidad de los actos administrativos por vulneración del principio del debido proceso adjetivo.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”. Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que ello así, el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en las determinaciones de oficio practicadas por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 inciso g), a saber, incremento patrimonial no justificado.
Que el legislador, ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93). Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). Que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que, sabido es que en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación. Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "Dadea, Marta Elisa" - T.F.N. - Sala "B" – 22/12/83, "Antonio Gonzalez y Otros Mansión Almar" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "Beraja, Alberto David y Dwek, José Roberto" - T.F.N. - Sala "A" – 25/2/98).
Que, en el caso de autos, no resultan acertadas las consideraciones que efectúa la actora en este sentido. En efecto, no basta con la afirmación realizada por la misma, respecto de que la fiscalización no consideró, o lo hizo de forma irregular, la contabilidad oficial del contribuyente para fundamentar la presunción legal, a poco que se advierta que verificada por el Fisco Nacional una situación fáctica (diferencias patrimoniales no justificadas), procedió a determinar la materia imponible en forma presunta conforme las previsiones de la norma legal pertinente. En el caso las determinaciones de oficio practicadas por el organismo fiscal se fundan en las presunciones establecidas por el artículo 18 inciso g) (incremento patrimonial no justificado), esto es, la consecuencia prevista por la ley ante una determinada situación fáctica.
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
VIII. Que, en primer lugar, con relación a la cuestión referida a la fecha de los contratos de mutuo, cabe señalar que la inoponibilidad frente a terceros de la que habla el ordenamiento civil, en modo alguno implica y determina en el ámbito tributario la pérdida del valor probatorio de los contratos privados suscriptos entre las partes, cuando los mismos vengan apoyados o corroborados por una serie de indicios precisos y concordantes que, apreciados en una articulación coherente y conjunta, puedan formar razonable convicción no solo de la celebración del acto, sino de la fecha en que el mismo ha tenido lugar, de modo de descartar, de esta forma, la existencia de una maniobra armada por el fiscalizado ex post del comienzo de la auditoría.
En el ámbito que nos ocupa interesa analizar la fuerza convictiva y probatoria de ese contrato como elemento de prueba para respaldar una declaración jurada presentada y, en esta tarea, el juzgador ha de formarse dicha convicción en función del resto de los elementos que se aporten en respaldo de la operatoria y su fecha de concertación más o menos probable. El cuestionamiento de la fecha cierta se reduce a un tema de fecha de celebración del contrato con las implicancias que puede tener dicho aspecto temporal en el plano de las relaciones del derecho privado. En su faz tributaria, este aspecto solo tiene relación con la evaluación que puede efectuarse de dicho instrumento en tanto si responde o no al armado posterior de una documentación respaldatoria de un pasivo que si bien declarado resultaba originalmente inexistente, pero como se aprecia, la ausencia de fecha cierta en modo alguno implica descalificar per se la validez probatoria del documento privado, criterio de evaluación que en modo alguno escapa a las reglas genéricas de la valoración conjunta del plexo reunido conforme la sana crítica (cfr. artículo 386 del CPCCN).
Respecto al supuesto “mutuo” se señaló que se verificó que la legalización del mismo se produjo con fecha 31/05/2017, es decir posteriormente a la notificación del inicio de la verificación realizada por la Agencia N°2. El mismo no indica forma de devolución, no indica intereses y somete un pagaré como instrumento de garantía, librado por el mutuario sobre un monto de pesos $3.350.000,00, el cual debiera restituirse contra la cancelación total de las cuotas del mutuo.
De lo informado según el Banco Galicia del oficio que le fuera diligenciado oportunamente por este Tribunal, en cuanto a las transferenterencias de fondos, especificamente surge respecto de los cheques registrados en el resumen de la cuenta corriente de Quonon S.R.L. N° 3000-3 015-1, la existencia de movimientos de cheques desde dicha cuenta hacia variados bancos, pero no existe prueba que el efectivo cobrador de los mismos haya sido la firma T-shangle S.R.L ni se ha acreditado que el motivo de los mismos tenga por causa la cancelación del mencionado mutuo.
Cabe resaltar que en cuanto a la firma constituida presuntamente como mutuante, Tshangle S.R.L, surge de los antecedentes administrativos que los inspectores intervinientes se apersonaron en los domicilios de la empresa, no pudiendo localizar a la sociedad mencionada y que las personas consultadas manifestaron desconocerla. En cuanto a su contabilidad la firma en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, en los rubros créditos y deudores por ventas o servicios no declaró saldo alguno correspondiente a Quonon S.R.L. Asimismo corresponde hacer mención que en la cláusula primera del contrato de mutuo se estableció que el mutuo asciende a la suma de $3.350.000, habiéndose prestado desde septiembre a diciembre de 2014 la suma de $750.000 y desde enero a septiembre de 2015 la suma de $2.600.000 (fs. 87 cuerpo verificación de Agencia). Por otra parte conforme surge de los EECC del ejercicio 2015 de Quonon SRL, en su estado comparativo con el ejercicio 2014 no surge el pasivo de $750.000 referido (fs. 30 cuerpo verificación de Agencia).
Por otro lado destacó que Quonon no exteriorizó en su declaración jurada del impuesto a las del ejercicio fiscal 2014 el supuesto pasivo con la firma Tshangale SRL, en los EECC del ejercicio 2015 de Quonon SRL, en su estado comparativo con el ejercicio 2014 no surge el pasivo referido (fs. 109/126 Cuerpo A.A.)
Que por lo expuesto, atento no poder validarse la existencia del pasivo con el que la recurrente intentó justificar las mayores acreditaciones bancarias por sobre las ventas declaradas, corresponde confirmar el ajuste en carácter de incremento patrimonial no justificado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 inciso g) de la Ley N° 11683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Que, atento lo expuesto, precedentemente corresponde confirmar los actos apelados.
IX. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida.
X. Que por último, resta analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis, con sustento en el artículo 46 de la ley ritual.
Que con relación a las multas por defraudación aplicadas, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" - 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V -29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos, en cuanto determinan impuesto, multa e intereses. Con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.05.30 12:58:06 ART Date: 2023.05.30 15:09:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.30 16:11:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.30 16:12:45 -03:00
Fin de la sentencia