Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-87371220-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada, con costas a la vencida.
2Regular los honorarios al Dr. Alberto Mario Tenaillon por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 49.495 (Pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco) equivalente a 2,40 ( dos con 40/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 29/23 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-115732285-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Septiembre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° EX-2022-87371220- -APN-SGAI#TFN. Estudio Ariaudo y asociados S.R.L S/ Recurso de apelación- - Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
Que en el IF-2022-87371104-APN-DTD#JGM Estudio Ariaudo y asociados S.R.L (en adelante Estudio Ariaudo) interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus mod.) contra la resolución 71/22 de fecha 13 de julio de 2022 dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la A.F.I.P-D.G.I. en la que se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 11/2016 a 12/2018 por un importe de $534.928.52 y se estableció un nuevo saldo a favor de libre disponibilidad equivalente a $3.653.593,63 para el mes de 12/2018.
Expone que el fundamento de la resolución apelada radica en la impugnación de las operaciones respaldadas por las facturas en concepto de materiales de construcción en seco por parte del proveedor DUR CO S.R.L. Explica que dicho proveedor fue contratado para realizar las obras de remodelación del local 9 del free shop de Aeroparque y el local 22 del free shop de Ezeiza, efectuando los pagos con transferencias bancarias, cheques propios y de terceros. Destaca que las obras existieron ya que éstas son de público conocimiento, y que la inclusión del citado proveedor en la base apoc es posterior a la emisión de las facturas que se impugnan.
Señala que a los fines de justificar el ajuste propuesto, el ente fiscal solo se basó en el hecho de que no contestó la vista, sin tener en consideración la documentación proporcionada cuando se efectuó el requerimiento previo durante la fiscalización. En virtud de ello, sostiene que es el Fisco Nacional quien debe probar el hecho imputado. Por los motivos expuestos, solicita que se revoque el acto administrativo apelado con expresa imposición de costas. Ofrece prueba: i) documental (estatuto, fotos de la remodelación de locales en donde se utilizó el durlock adquirido a DUR CO S.R.L) y formularios que deben completarse para el ingreso a los aeropuertos); ii) testimonial citando a los Sres. Reartes Franco, Reartes Gregorio, Villa Velázquez Juan Alberto, Vacaflor Walter y Luis Prettel a los fines de que informen los trabajos realizados en las obras y para qué empresa actuaban; iii) informativa con el objetivo de librar oficio a Interbaires S.A., plataforma S.I.C.O.P y Federación Patronal; y iv) pericial ingenieril con el objeto que los peritos designados comparen los valores de las facturas que fueron cuestionadas con los precios del mercado. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.
II. Que en el IF-2022-112848141-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado deducido en autos.
Señala que el 07/06/2022 por medio de la resolución 53/2022 otorgó la vista dispuesta en el artículo 17 de la ley de rito comunicando a la recurrente el ajuste fiscal proyectado, siendo notificada de oficio la misma el 13/06/2022. En este orden de ideas, destaca que la no contestación a la vista corrida implica la pérdida de la oportunidad procesal por parte de la administrada, de ofrecer pruebas y/o acompañar la instrumental que hace a su derecho. En virtud de ello, explica que a los fines de acreditar los créditos fiscales computados provenientes de facturas emitidas por el proveedor cuestionado, no basta con la mera exhibición de los comprobantes impugnados, sino que debe incluirse como prueba de la operatoria cuestionada cualquier otro elemento que permita conocer la naturaleza de la misma y, eventualmente, los sujetos intervinientes, circunstancia que no ha sido verificada en instancia administrativa. Manifiesta que el escrito recursivo se centra exclusivamente en defender el cumplimiento de los aspectos formales, sin embargo, la identificación del beneficiario debe demostrarse no solo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los bienes adquiridos.
Por lo expuesto, solicita que se confirme el acto administrativo apelado, con costas. Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.
III. Que por medio de la PV-2023-62871820-APN-VOCXII#TFN esta Vocalía Instructora hizo lugar a la oposición del Fisco Nacional respecto de la prueba ofrecida en autos al considerarse que la misma era dilatoria e inconducente. Sobre dicha decisión en el IF-2023-64921632-APNDTD#JGM la recurrente planteó recurso reposición, el que fue rechazado en la PV-2023-66745064-APN-VOCXII#TFN al no resultar los motivos alegados suficientes para modificar el criterio expuesto en el PV-2023-62871820-APN-VOCXII#TFN.
En efecto, mediante la PV-2023-81312939-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Finalmente en el IF-2023-113143711-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que ello así, cabe establecer si la resolución apelada en autos referida al Impuesto al Valor Agregado, se ajusta o no a derecho, considerando los agravios planteados por la actora respecto a la determinación de oficio practicada. Que la actividad principal del contribuyente es la prestación de servicios relacionados con la construcción y la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales y no residenciales cerrando sus ejercicios económicos el 30 de junio de cada año. (fs. 8 RE-2022-112905285-APN-DTD#JGM).
Que en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con DUR CO S.R.L. ya que en base a las irregularidades previas que presentaba fue declarado como proveedor apócrifo. Entre ellas, de acuerdo a lo señalado en el informe de inspección del citado proveedor (21/11/2018) se destacan que no posee bienes registrables, la falta de localización en los domicilios declarados (fiscal y alternativo), la presentación de declaraciones juradas con permanente saldo a favor, informa un gran número de compras en los meses febrero marzo y abril de 2015 las cuales no concuerdan con los registros de los informantes, no posee cuentas bancarias con acreditaciones recientes y tampoco dispone de personal declarado (sic). A su vez de la fiscalización practicada (IF-2022-112904992-APN- DTD#JGM) se desprende que realizó el endoso permanente de cheques recibidos teniendo carencia de sede administrativa y/o comercial, así como también de capacidad técnica, financiera y operativa.
Respecto de los pagos, a raíz de la circularización efectuada al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, se recepcionó copia de los cheques emitidos por Fundación de la Fe a la firma DUR CO S.R.L la cual obra en el IF-2022-112904963- APN-DTD#JGM, verificándose que parte de los cheques emitidos a su favor fueron endosados por el socio gerente de DUR CO S.R.L y luego por una cooperativa, una empresa ganadera y un supermercado, donde no se demostró el vínculo con ellos.
Por los motivos mencionados, la inspección concluyó que el citado proveedor es insolvente y no posee capacidad para operar, incorporándolo luego (con posterioridad a 11/2018 y con anterioridad al inicio de la inspección a Estudio Ariaudo S.R.L) en la Base Apoc, bajo la leyenda de falta de capacidad económica y resistencia a la fiscalización, conforme surge en el IF-2022-112905082-APN-DTD#JGM.
Sobre dicha base, el Fisco Nacional el 27/03/2019 inició bajo la orden Nº 1.760.742 la inspección al Estudio Ariaudo, solicitándole vía requerimiento que indique la actividad realizada y la fuente generadora de ingresos gravados, no gravados y exentos del tributo bajo trato, así como también los libros IVA Compras e IVA Ventas de los períodos fiscales 11/2016 a 12/2018 acompañado de la documentación respaldatoria del mismo (facturas, recibos, remitos, formas de cancelación, etc). Dicho requerimiento fue contestado por la actora el 16/04/2019 remitiendo la información solicitada, la cual luce en los IF-2022-112905229-APN-DTD#JGM y RE-2022-112905285-APN-DTD#JGM. Analizada la misma, con fecha 07/06/2022 el Fisco Nacional procedió a cursar la vista dispuesta en el artículo 17 de la ley de rito, la cual no fue contestada por la recurrente.
Que en efecto, el ente fiscal procedió a impugnar los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado por los periodos 11/2016 a 05/2018, correspondientes a las 6 facturas electrónicas emitidas por DUR CO S.R.L. entre 11/2016 y 05/2018, dictando la resolución 71/2022 que se apela en autos.
Que ello así, es preciso resaltar que para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es necesario la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que le da origen al crédito) y formales (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal). En tal sentido, la ley del IVA condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo -salvo excepciones no aplicables al caso- , es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo. Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal debe ser facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien este le hubiese sido facturado” (cfr. TFN, Sala A, “Nachon Jorge Héctor c/DGI”, sentencia del 4/02/2013, cita on line Thomson Reuters AP/JUR/775/2013).
Que el argumento del Fisco Nacional para impugnar el cómputo del crédito fiscal radica en sostener que los elementos reunidos en la inspección permiten cuestionar la realidad de las transacciones comerciales, al carecer DUR CO S.R.L de capacidad operativa y financiera para efectuar las operaciones.
Que por su parte la recurrente sostiene en su escrito recursivo que dicho proveedor no se encontraba incluido en la Base Apoc a la fecha de las operaciones, teniendo las facturas impugnadas C.A.I vigente y cumpliendo los requisitos formales que de estas se desprenden. En este sentido debe destacarse que dicha circunstancia no implica que el proveedor posea capacidad operativa para operar. Por consiguiente, para que una factura posea entidad suficiente para generar un crédito fiscal, deben encontrar sustento en la realidad fáctica de las operaciones, es decir debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, puesto que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que sin perjuicio de que DUR CO S.R.L fue incluida en la Base Apoc con fecha posterior a la realización de las operaciones, es importante destacar que en el caso en autos no resulta controvertida la realización de las obras en los free shop de los aeropuertos, sino que por el contrario se discute si la operación de venta y colocación de materiales en seco para la construcción fue efectuada por quien dice haberlo hecho.
Que cabe resaltar que en la inspección realizada a Fundación Catedral de la Fe, DUR CO S.R.L a fs. 18 del IF-2022- 112905026-APN-DTD#JGM (13/06/2017), informó al ente recaudador el personal propio declarado, asumiendo en consecuencia la relación entre empleador y trabajador. Dicho detalle coincide con los trabajadores que realizaron las obras en los free shop de los aeropuertos, los cuales son informados en los mails que se acompañan a fs. 341/350 del IF- 2023-80987926-APN-DTD#JGM y a los que se les brindaron las tarjetas de acceso para ingresar al aeropuerto. En este sentido, debe señalarse que para que emitir las mencionadas tarjetas la institución exige a las empresas determinada documentación (inscripción en AFIP, recibos de sueldo del personal, Formulario Nº 931 con acuse de presentación y pago, nómina de empleados, contratos de ART, alta temprana en AFIP, estatuto de las firmas, póliza de seguro, entre otros) la que debe estar actualizada y remitirse a la entidad solicitante. De no cumplir con la misma, el aeropuerto no genera las tarjetas de ingreso requeridas por lo que los trabajadores no podrían acceder para efectuar sus tareas. Por consiguiente a fs. 345 del IF-2023-80987926-APN-DTD#JGM obra el mail donde el aeropuerto entrega las citadas tarjetas, por lo que se estima que la documentación brindada por el proveedor se encontraba actualizada y era correcta. Que en este orden de ideas, es preciso destacar que a fs. 12 de la resolución apelada (RE-2022-87361175-APN- SGAI#TFN) el propio Fisco Nacional confirma que los empleados declarados por DUR CO S.R.L en la nómina salarial son los mismos que figuran en los mails de intercambio de información entre el Estudio Ariaudo y el aeropuerto para gestionar las credenciales y autorizaciones, los cuales a su vez coinciden con los registrados en la base efisco, ello sin perjuicio de que las remuneraciones citadas sean representativas o acordes con las sumas efectivamente cobradas. Asimismo a fs. 41/43 del IF-2022-112905026-APN-DTD#JGM luce el contrato entre DUR CO S.R.L y Fundación Catedral de la Fe (02/01/2015) donde el Sr. Rubén Cosenza figura como socio gerente de DUR CO S.R.L, persona que también se encuentra vinculada en los mails entre el aeropuerto y la actora que obran en el IF-2023-80987926-APN- DTD#JGM. Por último cabe señalar que en 08/2016 la citada sociedad se encontraba dada de alta como empleador, conforme surge a fs. 1 del IF-2022-112904992-APN-DTD#JGM.
Dichos elementos conducen a la existencia y funcionamiento del proveedor impugnado.
Que por lo tanto, si bien es cierto que existen irregularidades en DUR CO SRL las cuales fueron detalladas ut-supra, Estudio Ariaudo contrató un bien/servicio que prestaba una empresa con actividad previa a noviembre 2016 (primera factura impugnada), la que actuó como tal frente a aeropuertos y fue reconocida en consecuencia para otorgar las autorizaciones del personal que ingresó al predio y realizó las tareas. Dichos eventos no permiten inferir una responsabilidad o connivencia entre ellos que ameriten impugnar las operaciones que dieron lugar a los créditos fiscales computados por la actora.
Que en consecuencia, resultan convincentes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa para demostrar la efectiva participación de DUR CO S.R.L. en las operaciones cuestionadas, sin perjuicio de los incumplimientos fiscales en los que hubiere incurrido el proveedor ante el organismo fiscal.
Ante las evidencias mencionadas, a mi entender no resulta necesario abordar la forma de pago de las facturas involucradas en autos.
Por lo expuesto, corresponde revocar el criterio fiscal adoptado en la resolución N° 71/22, respecto del Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 11/2016 a 12/2018, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I-Que comparto en lo sustancial los argumentos expuestos por el Vocal Instructor para revocar el ajuste practicado en la resolución determinativa de IVA, concluyendo en que corresponde el cómputo del crédito fiscal de la actora generado por la operatoria con la empresa DUR CO SRL. No obstante ello, cabe efectuar algunas consideraciones adicionales.
El Fisco señala en la resolución apelada que en base a la documentación colectada en la inspección, constató que los conceptos facturados son “materiales- construcción en seco” y las cancelaciones fueron realizadas mediante transferencia bancaria, cheques propios y de terceros. En tal sentido, solamente objeta endosos efectuados por el Sr. Rubén Cosenza, vinculado a la empresa DUR CO SRL y depositados en sus cuentas bancarias.
Al respecto debe señalarse que una vez que los cheques son entregados escapa a la órbita de acción de la apelante, y no puede ejercer control alguno respecto del destino de esos valores (depositados por el proveedor o si son entregados a terceros o cobrados por ventanilla), materia que es privativa del beneficiario de los mismos y por lo tanto no es imputable a la recurrente quien sólo tiene la responsabilidad de cumplir con los requisitos que para la validez de los pagos entre partes y frente a terceros exige la Ley 25.345, lo que en la resolución apelada no fue objeto de cuestionamiento. Tal criterio fue sostenido por esta Sala in re "Agar Cross S.A.C.I. (hoy Dupont Argentina S.A.) s/recurso de apelación", sentencia del 23 de octubre de 2012, confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema de Justicia, este último decisorio de fecha 30 de diciembre de 2014, y por esta juzgadora in re “Cerealera Santafesina S.R.L”, sentencia de fecha 17 de octubre de 2016, confirmada por la Sala V de la Alzada el 4 de agosto de 2017.
Por otra parte, en este caso no corresponde trasladar la responsabilidad a la recurrente por la presunta falta de capacidad operativa del citado proveedor. Incluso, se desprende de la resolución apelada que DUR CO S.R.L contaba con empleados declarados que coincidían con los individualizados en los mails de intercambio de información de la actora con el Aeropuerto de Ezeiza para gestionar credenciales y autorizaciones como también figuraban en las pólizas de seguro de responsabilidad contratadas a Compañía de Seguros Federación Patronal (vide fs. 12 del acto apelado y fs. 345/350 IF-2023-80987926-APN-SGAI#TFN). Ante ello, se advierte que la recurrente obró con diligencia al momento de la celebración de las operaciones.
En esta línea, no puedo dejar de señalar que el Fisco no formuló observación alguna sobre irregularidades en los comprobantes emitidos en las facturas ni acerca de la actividad en la que se encontraba registrada la proveedora cuestionada en el organismo.
A ello se agrega que DUR CO SRL no se encontraba en Base E- Apoc al concretarse las operaciones cuestionadas, lo que revela que aún en el caso de consultarse tal base antes de contratar los servicios con el fin de chequear tal información, se hubiera obtenido como resultado que la citada firma no presentaba las inconsistencias que el Fisco invoca (cfr. voto de esta Juzgadora in re “Ing. Carlos A. Monti- Construcciones Eléctricas S.A.- Líneas Eléctricas S.A. UTE” sentencia del 1 de noviembre de 2012, confirmado por la Sala IV de la Alzada, mediante decisorio de fecha 8 de julio de 2013).
Cabe concluir, que no resulta reprochable o cuestionable la conducta asumida por la actora respecto del proveedor cuestionado, dado que por un lado las irregularidades e inconsistencias detectadas a su respecto por la fiscalización son ajenas a la aquí apelante, habiendo obrando diligentemente en tanto su proveedor al momento de las operaciones poseía C.U.I.T. activa y no se encontraba incluido en la Base E- APOC, las facturas contaban con C.A.I. vigente y los pagos se efectuaron conforme los extremos de la Ley Antievasión (cfr. Sala II de la CNACAF in re “Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I.A” y “JBS Argentina SA”, sentencias del 11 de junio de 2021 y 26 de noviembre de 2021, respectivamente).
II. Por lo expuesto, corresponde revocar en todas sus partes el acto apelado. Con costas a la vencida. Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución apelada, con costas a la vencida.
2. Regular los honorarios al Dr. Alberto Mario Tenaillon por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 49.495 (Pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco) equivalente a 2,40 ( dos con 40/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 29/23 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” en los términos del art. 184 de la Ley 11.683, por encontrarse de licencia la Vocal de la 11a. Nominación.
Regístrese, notifíquese, y archívese. -
Date: 2023.09.29 11:23:15 -03:00 Date: 2023.09.29 11:45:23 -03:00 Edith Viviana Gomez Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.29 11:45:24 -03:00
Fin de la sentencia