Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 33/41, se presenta la actora e interpone un recurso de apelación contra las resoluciones N° 39/15 (DV RRR1) y N° 40/15 (DV RRR1), ambas de fecha 09/03/2015, emitidas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario I de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por medio de la resolución N° 39/15 (DV RRR1) se le determina el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2010, por la suma de $ 392.619,50 con más la suma de $ 541.814,91 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $ 1.777.858,50 con sustento en los art. 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683 (t.o. y sus modif.). A través de la resolución N° 40/15 (DV RR1) se le determina el Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodos fiscales 01/2010 a 12/2010 por la suma de $ 235.044,69, con más la suma de $ 380.372,32 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $ 705.134,07 con sustento en los art. 46 y 47 inc. b) de la Ley 11.683 (t.o. y sus modif.).
En primer lugar, expone los argumentos de hecho y los fundamentos de derecho que motivaron el ajuste fiscal. Seguidamente, se agravia por cuanto manifiesta que el Fisco Nacional al momento de fundamentar los hechos que llevaron el dictado de las resoluciones en crisis, los mismos resultan arbitrarios por cuanto efectúa una serie de referencias fácticas que, aunque no se encontrarían acreditadas las da por ciertas, como ser la falta de estructura o el hecho que los presuntos proveedores no pudieron ser localizados en su domicilio, entre otras. Aduce que el organismo fiscal efectúa una liberación de responsabilidad en cuanto a la base Apoc, que posee a su cargo y a disposición de los contribuyentes, a los efectos de evitar realizar actos con personas cuya CUIT figure en la misma y que, la presencia de alguno de ellos en la misma, como emisor de facturas apócrifas, no conlleva que por dicha circunstancia devengan en inválidos.
Indica que los presuntos proveedores cuestionados no figuraban en la base Apoc, por lo que dicha situación lo lleva a concluir que puede efectuar operaciones con estos y que, si bien el Fisco Nacional no las avala, le otorga un parámetro mínimo, oficial, público y de seguridad al momento de operar con otros contribuyentes. Asimismo, entiende que si bien el Fisco Nacional hace referencia a la falta de validez de los registros que lleva a tal fin, afirma que no existiría elemento probatorio alguno que determine la veracidad de la totalidad de las conclusiones a las que arriba, ni tampoco las mismas contienen fundamentos lógicos ni desentraña cada una de las cuestiones que fueron planteadas en la instancia anterior.
Remarca que las facturas emitidas corresponden a las CUIT de los presuntos proveedores y que las mismas fueron emitidas desde el sitio web del Fisco Nacional.
De esta forma, describe que no se meritua el hecho de que los comprobantes emitidos por Pass SRL y Cradpari SA son electrónicos y que en cuanto a la mecánica de dicho sistema, las facturas son remitidas a la AFIP para que, previo control de las mismas, preste conformidad y autorice cada una de ellas, por lo que concluye que si las mismas fueron autorizadas, luego no pueden ser consideradas como apócrifas.
Agrega que su obligación se circunscribe a un mero relevamiento de los comprobantes y afirma que fue el Fisco Nacional quien le otorgó los elementos necesarios para actuar en el presente caso, recurriendo a la base Apoc como elemento principal. A su vez, sostiene que no puede colocarse en una actitud de investigación, en el sentido de saber si los contribuyentes con los que trata poseen una estructura que le permita prestar los servicios en cuestión, si puede ser localizada o si posee domicilio cierto, etc., sino que únicamente se limita a tener una relación mínima y comercial.
Por otro lado, expresa que con argumentos meramente banales, arbitrarios y contrarios a derecho no tuvo en cuenta y se desestimó la prueba ofrecida oportunamente, cuando a entendimiento de la recurrente, la misma consistía en acreditar y poner en evidencia los informes de facturas apócrifas que posee el propio Fisco Nacional. En cuanto a la multa por defraudación aplicada, señala que se estaría frente a un supuesto de cosa juzgada ya que en el marco de la OI N° 676.784, se le requirieron las mismas facturas que en la presente causa se atribuyen como apócrifas, pero en dicha oportunidad no merecieron critica alguna. Asimismo, advierte que en el marco de tales actuaciones procedió a abonar la multa aplicada por lo que, en el presente caso, el juez administrativo no tiene en cuenta tales circunstancias, lo cual implican que no puedan ser objeto de una nueva revisión ya que cuando tuvo oportunidad, no lo pudo convalidar.
A su vez, aclara que si bien el Fisco Nacional tilda su conducta como inexacta, en oportunidad de presentar la documentación declaró la totalidad de la información que le fuera requerida y la veracidad de las restantes circunstancias que le fueran impuestas sin que existiera requerimientos de la AFIP a los efectos de ampliar o aclarar dicha situación.
Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba documental y pericial contable. Finalmente solicita se revoque la resolución apelada.
II. Que, a fs.81/95vta., se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba documental y pericial contable solicitada por la apelante. Concede autorizaciones. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con costas.
III. Que, a fs.103, se abrió a prueba de la presente causa y a fs. 108 se lugar a la prueba pericial contable. En atención al incumplimiento de las intimaciones efectuadas a fs. 113 y 122, a fs. 126, este Tribunal resolvió tener por desistida la prueba pericial contable ofrecida a fs. 108.
A fs. 142 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”.
A fs. 146 pasan los presentes autos a sentencia.
IV. Que cabe resaltar que las presentes actuaciones surgen del resultado de la verificación llevada a cabo bajo el N° 676784, a través de la cual se ajustó el crédito fiscal computado en la declaración jurada de IVA del periodo fiscal 01/2010, por la impugnación de la factura N° 001-003, registrada y declarada dos veces en distintos periodos fiscales (12/2009 y 01/2010) - la operación impugnada modifica también el costo declarado en el Impuesto a las Ganancias 2010 -, en razón de ello se solicitó un nuevo cargo de inspección generado bajo la OI N° 750635.
Con fundamento en el cruce central de operaciones con moneda extranjera durante los periodos fiscales 2010/2011, se dio prioridad verificar el origen de los fondos para las compras de dólares efectuadas por el contribuyente durante tales periodos fiscales.
Frente al requerimiento efectuado mediante F. 8600/024000201259109494, se aportaron fotocopias de los comprobantes de compras de dicha moneda, los cuales fueron cotejados con los datos extraídos de la base E- FISCO BCRA – Operaciones de cambio, donde no se observaron discrepancias al respecto (fs. 11/25 Cpo. Ganancias de los Antecedentes Administrativos).
Respecto del destino de la moneda extranjera adquirida, el contribuyente expuso que la misma fue utilizada para cancelar parcialmente las operaciones efectuadas con los proveedores Pass SRL y Cradpari SA. En relación a estos el contribuyente aportó fotocopias de los recibos de pago efectuados y, a su vez, se cursaron requerimientos a los supuestos proveedores no obteniendo respuesta alguna por parte de ellos.
Sentado ello, resulta oportuno enunciar las distintas tareas de fiscalización llevadas a cabo por personal del Organismo a través de las cuales se han detectado las siguientes anomalías en tales proveedores:
1. Pass SRL:
Ante el planteo verbal del contribuyente de autos de que este proveedor resulta ser licenciatario de un radio de frecuencia modulada en la ciudad de Granadero Baigorria, de la Base Efisco – DDJJ Servicios de Radiodifusión, se obtuvo una DDJJ en la que se imputa la resolución de autorización precaria N° 1901, de fecha 27/07/1993. Consultada la página de AFCA, se obtuvo la resolución N° 0976, de fecha 12/06/2006, de la cual se desprende que la licencia mencionada es utilizada por “RADIODIFUSORA CERO SRL” de la ciudad de Granadero Baigorria (vide fs. 351/365 del Cpo. Ganancias de los antecedentes administrativos).
En cuanto a su domicilio, la fiscalización cursó requerimiento mediante F.8600/I N° 024000201209755304, notificado en los términos del art. 100 inc. a) de la ley de rito, el cual fuera devuelto por el correo con la leyenda “cerrado/ausente – se dejó aviso de visita y devuelto al remitente – plazo vencido no reclamado” (fs. 125/126 del Cpo. Ganancias)
Citados los representantes de la firma, particularmente los Sres. Sergio Ramiro Reboiro (representante legal) y Reboiro Matías (integrante de la firma), pese a estar debidamente notificados, no concurrieron en el día de la citación.
La fiscalización concluyó que la cancelación de las mismas se hizo en parte, mediante efectivo y que la parte cancelada en cheques fue mayormente cobrada por el contribuyente u otras personas vinculadas, pero en ningún caso por el proveedor.
Tampoco se pudo verificar que el presunto proveedor haya operado en el rubro de publicidad, como surge de las facturas aportadas por el contribuyente de autos (“emisión de avisos publicitarios televisivos”), siendo que en las operaciones facturadas por otros proveedores, se especifica el concepto facturado con detalle, indicando número de pauta publicitaria, canal emisor y empresa en la cual la publicidad será transmitida (fs. 73/79 del Cpo. Ganancias).
Por otro lado, surge que la firma no posee bienes a su nombre, no efectúa pagos de impuestos, no tiene personal a cargo. Las DDJJ de IVA fueron presentadas con saldo a favor del contribuyente y la del periodo fiscal 05/2010 con un debito fiscal igual al crédito fiscal declarado en igual periodo por el Sr. Mendy Marcelo. Con relación a las DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2010, las mismas fueron presentadas con un saldo negativo de $3.706,51 y tampoco se le efectuaron retenciones del referido impuesto, solo sufrió percepciones en IVA por $179,12 y sus acreditaciones bancarias ascienden a la suma de $ 32.003.
Por último, se remitió a la División Investigación a los efectos de la inclusión de la firma Pass SRL en la base Apoc bajo la condición de “USINA de única actividad – Venta de facturas”.
2. Cradpari SA:
En el marco de la OI N° 676784, se le cursó requerimiento mediante F. 8600/I N° 024000201209754704 a los efectos de que acompañe la documentación de respaldo de las operaciones observadas, notificado en los términos del art. 100 inc. a) de la ley de rito a su domicilio fiscal, el cual fue devuelto por el correo con la leyenda “al remitente – plazo vencido no reclamado” (fs. 127/128 de los antecedentes administrativos).
Constituidos los inspectores actuantes al domicilio fiscal de la firma – Urquiza 4025, Departamento 3, de la ciudad de Rosario -, observaron que se trata de una vivienda de pasillo con varias unidades habitacionales, llamado al departamento N° 3, no fueron atendidos. En base a ello, la fiscalización procedió a citar a los representantes de la firma, quienes no concurrieron el día de la citación.
Por su parte, el Sr. Rodolfo Ramón Egidi, integrante de la firma, manifestó que se encontraba trabajando en otra provincia, por lo que le resultaba imposible concurrir a la citación. A su vez, informó que si bien fue socio de Cradpari SA, no tuvo actividad y que estaba dedicada a la actividad agropecuaria, que nunca prestó servicios como consta en las facturas aportadas por la recurrente (fs. 452/455 del Cpo. Ganancias de los antecedentes administrativos).
A su vez, fue citado el Sr. Adrián Gustavo Travassi, en su calidad de representante legal del presunto proveedor, quien no concurrió a dicha citación. No obstante ello, en fecha 13/11/2013 aportó fotocopias del contrato de venta de acciones celebrado en el mes de octubre de 2008, a favor de Pablo Victorio Dell Arciprete y Rodolfo Ramon Egidi.
Por lo tanto, del análisis efectuado se pudo concluir que la firma no posee una estructura que le permita prestar los servicios en cuestión, que no pudo dar cumplimiento a los requerimientos cursados ni tampoco pudo ser localizada en su domicilio. A su vez, de las operaciones efectuadas, la cancelación de las mismas se hizo en parte en efectivo y que la parte cancelada en cheques es mayormente cobrada por el contribuyente u otras personas vinculadas (en ningún caso por el proveedor).
Los conceptos facturados resultaron ser la “emisión de avisos publicitarios televisivos”. A pesar de corresponder, no se efectuaron retenciones en el Impuesto a las Ganancias, ni tampoco se pudo verificar que, tal como surge de las facturas aportadas el contribuyente de autos, haya operado en el rubro de publicidad, siendo que las operaciones facturadas por otros proveedores se especifica el concepto facturado con detalle, indicando número de pauta publicitaria, canal emisor y empresa en la cual serpa transmitida (fs. 80/81 de los antecedentes administrativos).
A su vez, surge que no posee bienes a su nombre, ni efectúa pagos de impuestos, que las declaraciones juradas de IVA fueron presentadas con saldo a favor del contribuyente y la del periodo fiscal 05/2010 figura con un debito fiscal igual al crédito fiscal declara en igual periodo por el Sr. Marcelo Mendy. Las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias fueron presentadas en cero. No posee personal a su cargo ni acreditaciones bancarias. Durante el periodo fiscal 2010 no se le efectuaron retenciones en el Impuesto a las Ganancias, únicamente en IVA por la suma de $ 179,12. Por último, de la base Efisco- CITI Compras, surge que la firma Cradpari SA no operó con otras personas.
En base a ello, la fiscalización remite a División Investigación a los fines de la inclusión en la base APOC del proveedor bajo la condición de “USINA de única actividad – venta de facturas”.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
La recurrente, entre otros agravios, plantea su desacuerdo respecto del uso que se hace de la base Apoc, concretamente dice que el Fisco Nacional se libera de responsabilidad y que viola la teoría de los actos propios. Al respecto, cabe decir que la inclusión –o no inclusión- de un proveedor en dicha base no es aspecto determinante respecto de la invalidez –o validez- de las operaciones que se realicen con dicho sujeto. En estas actuaciones los cuestionamientos que el Fisco Nacional realiza tienen que ver con aspectos constatados durante las tareas de fiscalización respecto de los proveedores observados –que concluyeron con la inclusión de éstos en dicha base-, con lo cual que en su momento no hayan estado incluido en dicha base, no implica que ello garantice que las operaciones de los sujetos per se sean reales.
Asimismo, la recurrente argumenta que existe “cosa juzgada” respecto de la cuestión de fondo, dado que se revisaron los mismos periodos fiscales y las operaciones que ahora se cuestionan no fueron observadas en esa oportunidad. E incluso dice que se canceló la multa aplicada. Este agravio de la recurrente no puede prosperar dado que el reconocimiento que hizo la contribuyente en aquella oportunidad presentando las declaraciones juradas rectificativas y abonando la multa correspondiente, no enerva la facultad de AFIP de poder verificar aspectos no incluidos en aquella ocasión, como sucede en estos actuados.
Respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. En relación al fondo del asunto, cabe concluir que la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones por parte de los proveedores cuestionados por el Fisco Nacional.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por los proveedores impugnados siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de Impuesto al Valor Agregado, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual sostiene que las operaciones celebradas fueron documentadas mediante facturas emitidas desde la página web del Fisco Nacional, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. - TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores cuestionados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dicho proveedor no se encontraba en la base Apoc, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
En el caso de autos, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tales proveedores y la participación de ellos en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan derribar la falta de capacidad operativa, económica y financiera de estos supuestos proveedores constada por el Fisco Nacional.
Por lo tanto, en función de las inconsistencias detectadas a los proveedores Pass SRL y Cradpari SA, y toda vez que la actora no ha logrado derribar las conclusiones a las que arribó el Fisco a través de la inspección realizada, acreditando la efectiva realización por parte de las nombradas de las operaciones, corresponde confirmar la resolución que determina el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VI. Que en cuanto a la determinación del Impuesto a las Ganancias, en lo que aquí interesa, el art. 17 de la LIG prevé que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga", mientras que el art. 80 de la citada ley dispone que "Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina".
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos siendo que justamente no se pudo probar el circuito comercial de los servicios contratados ni el económico, es decir no se comprobó la real prestación del servicio -su sustantividad-, ni tampoco se pudo verificar el verdadero destino de los fondos supuestamente empleados para abonar la prestación de los hipotéticos servicios.
En atención a lo expuesto, no se contaría con elementos suficientes a efectos de considerar la real existencia de los servicios involucrados en los ajustes referidos al Impuesto a las Ganancias.
VII. Que no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que resta resolver respecto de las multas por defraudación aplicadas, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley de rito.
Al respecto debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador, que no fueron derribados por la recurrente, con pruebas que acrediten la existencia de las operaciones impugnadas. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en las respectivas resoluciones y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, la que corresponde confirmar.
No obstante ello, en cuanto al quantum de la sanción aplicada si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la proporción de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.27 18:07:52 ART Date: 2023.09.28 09:58:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.28 12:28:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.28 12:29:46 -03:00
Fin de la sentencia