Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las resoluciones, en cuanto determinan impuestos, accesorios y multas, las que se reducen al mínimo legal del art. 45 de la ley procedimental. Costas según sus respectivos vencimientos.
2Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación en atención lo resuelto en el punto precedente. A cuyo efecto, poner a disposición de la representación fiscal los antecedentes administrativos en la Mesa de Entradas de este Tribunal, dejándose constancia que el plazo ordenado involucra el retiro y devolución de las actuaciones administrativas.
I. Que, a fs. 31/41vta. y 87/96, la actora interpone sendos recursos de apelación en los términos del artículo 76, inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra las Resoluciones N° 60/2010 (DV RRPA) y N° 61/2010 (DV RRPA), ambas de fecha 28/09/2010, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Paraná de la DGI-AFIP.
En virtud de la Resolución N° 60/2010 (DV RRPA), se determinó de oficio la obligación en el Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2006 y 2007, en la suma de $8.685,66 en concepto de capital y el monto de $5.865,71 en concepto de intereses resarcitorios. Además, se aplicó una multa de $6.079,96, equivalente al 70% del impuesto supuestamente omitido, en los términos del artículo 45 de la ley de rito.
Con respecto a la Resolución N° 61/2010 (DV RRPA), se determinó de oficio con relación al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 01/2006 a 06/2008, el monto de $101.764,71 en concepto de capital y de $77.024,42 en cuanto a los intereses resarcitorios. También, se aplicó una multa de $71.235,30 equivalente al 70% del impuesto supuestamente omitido, en los términos del artículo 45 de la ley de rito.
Detalla que inicialmente se encontraba inscripta en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y que en el periodo 2005 adquirió un fondo de comercio dedicado a la fabricación y venta minorista de pastas frescas y comidas de rotisería, siendo todos sus clientes consumidores finales. Agrega que continuo inadvertidamente como monotributista hasta el mes de Julio de 2008, periodo en el cual paso a revestir la condición de Responsable Inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, cuando en realidad debió haber sido excluida del monotributo en el mes de enero de 2006.
Describe que, a los fines de determinar su deuda fiscal, adopto el siguiente criterio: “(i) para establecer el débito fiscal mensual, como las ventas son a consumidores finales, considero que el precio final de venta que surge de cada factura o ticket contabilizado en el libro de iva ventas, está incluido el débito fiscal, (ii) para establecer el crédito fiscal tomo del libro de iva compras las facturas de compras a responsables inscriptos y detrajo del total dicho crédito fiscal, (iii) por diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, estableció la deuda que fue regularizada en la ley 26476” (sic).
Destaca que regularizó su deuda en el marco de la Ley N° 26.476 la cual tenía como beneficio la eximición de sanciones de toda naturaleza para los tributos regularizados, conforme los artículos 1° y 4° inc. a) de la citada norma. Entiende que el concepto “demás sanciones” implica aquellas incurridas con motivo de irregularidades entre las cuales se encuentra las consecuencias de no haberse inscripto en el IVA en la oportunidad debida. Por ello, considera que la cuestión debe analizarse aplicando el principio de realidad económica por sobre las cuestiones formales, debiendo ser condonadas las multas.
Afirma que la determinación de oficio, se basa exclusivamente en una diferencia de apreciación entre su posición y la sostenida por el Fisco Nacional en cuanto a la procedencia o no del cómputo del crédito fiscal, comprendido en las facturas de compra y de la forma de determinar el débito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, con motivo del cambio de condición de monotributista a Responsable Inscripto con efectos retroactivos y en el marco de la Ley N° 26.746.
Sostiene que corresponde el computo del crédito fiscal comprendido en las facturas emitidas por responsables inscriptos que se hayan contabilizado en los registros de compras. Señala que la discriminación del tributo en la factura responde a los requisitos formales necesarios e indispensables para el computo del crédito fiscal y que no a su materialización.
Expresa que, en el marco del acogimiento a la Ley N° 26.476 y conforme a su artículo 50 cumplió con todos los requisitos sustanciales para el computo del crédito fiscal que le fuera facturado y con efectos retroactivos al 01/01/2006 (fecha de su alta retroactiva como responsable inscripta en IVA).
Indica que, en cuanto al cómputo del débito fiscal, todas las ventas fueron concretadas a consumidores finales, mediante un controlador fiscal. Por ende, si se la tratara como monotributista o responsable inscripta desde el mes de enero de 2006, en ninguno de los casos se hubiera discriminado el débito fiscal en el IVA.
Asimismo, considera que el criterio utilizado por el ente fiscal para el cálculo del Impuesto a las Ganancias es jurídicamente desacertado por negarle el computo del crédito fiscal de IVA. En este sentido, reflexiona que “a los efectos del impuesto a las ganancias corresponde tomar como compras exclusivamente las compras netas que surge del registro de IVA compras y de las facturas de compras, luego de detraído el crédito fiscal y en el mismo sentido corresponde tomar como ventas aquellas que surgen del monto neto de ventas a consumidores finales, o sea el monto bruto de las ventas a consumidores finales, menos el débito fiscal incluido en el precio final de venta “(SIC).
Por último, alega que, respecto de la impugnación de los pasivos declarados, el contrato de transferencia de fondo de comercio contenía pasivos que adquirió, asumió y exteriorizo en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, situación que el ente fiscal no puede desconocer. De este modo, explica que el Fisco Nacional no puede admitir únicamente como pasivos computables las deudas que posee en su registro, ya que, a su criterio, sería invalidar por desconocimiento o desaprensión legal las deudas que posee en su patrimonio. Asimismo, manifiesta que la incorporación del automóvil debe realizarse computando la diferencia entre el valor real de compra y el valor del bien entregado.
Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Ofrece prueba pericial contable, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 47/58 y 106/116vta., el Fisco Nacional contesta los recursos de apelación interpuestos, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, solicitando que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
Cita la normativa pertinente y sostiene que la recurrente no podría computarse el débito fiscal o crédito fiscal como integrando los montos de ventas de los tiques emitidos y los montos de compras de las facturas “B” recibidas de los proveedores inscriptos en el IVA.
Resalta que no se cumplen los requisitos establecidas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado para hacer viable el derecho al cómputo del crédito fiscal, toda vez que ha quedado comprobado que el crédito fiscal que pretendería computarse no ha sido discriminado en los comprobantes respectivos, ya que la recurrente adquirió el carácter de responsable inscripto a partir del 01/07/2008 y no con anterioridad.
Agrega que la falta de discriminación del crédito fiscal no constituye una sanción condonada por la Ley N° 26.476.
Destaca que corresponde considerar los montos de ventas totales (neto más debito fiscal), consignadas en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los periodos 01/2006 a 06/2008 como ventas netas gravadas en el IVA, monto sobre el cual debe aplicarse la alícuota del 21% a efectos de calcular el débito fiscal ajustado.
Deja en claro que, no considera que la recurrente pueda utilizar el beneficio de computarse crédito fiscal por las operaciones realizadas dado que, a la fecha de celebración de las mismas, revestía otra condición como contribuyente.
En cuanto al cuestionamiento de los intereses, señala que la recurrente no expresa agravios concretos en cuando a los intereses aplicados por el Organismo recaudador.
Respecto de la sanción expresa que, ha quedado acreditada la materialidad de las infracciones previstas en el artículo 45 de la ley de rito, por lo que resulta que su impunidad solo puede apoyarse en la existencia de error excusable previsto en la norma, sin que en el presente caso, exista prueba alguna en este sentido. Asimismo, manifiesta que la parte actora presento sus declaraciones juradas con saldos menores a los que correspondían disminuyendo el saldo a favor de la AFIP y, por tal motivo, utilizo uno de los medios de consumación previsto en el tipo penal tributario, configurando el elemento subjetivo que requiere la norma. Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 137 se abrió a prueba ordenándose la producción del informe pericial el cual se encuentra agregado a fs. 166/179. A fs. 222 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
Seguidamente pasan para alegar; obrando los alegatos del Fisco Nacional a fs. 229/236, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado a fs. 224/224vta.
Finalmente, a fs. 238 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que, sentado ello, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Conforme surge de las actuaciones administrativas (ver informe final de inspección fs. 156/175 de los antecedentes administrativos), mediante la OI N° 357.659, se dispuso la fiscalización de la recurrente por los montos y conceptos discutidos en autos. A partir de allí, se determinó que, en el periodo 09/2005 a 07/2006, la Sra. Vartorelli superó el monto de ventas que establece el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, quedando excluida del mismo y debiendo solicitar el alta en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias a partir del 08/2006, situación que la recurrente regularizó a partir del 07/2008.
Asimismo, la inspección requirió a la contribuyente que presente el detalle y la documentación de respaldo de todos los bienes y deudas que componen su activo y pasivo, los registros de compras y ventas junto con los gastos discriminados por conceptos (sueldos, electricidad, impuestos y tasas).
Es dable destacar que, en el transcurso de la fiscalización con motivo del dictado de la Ley N° 26.476 que estableció un Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección de Empleo Registrado y Exteriorización y Repatriación de Capitales, se le cursó nota a la recurrente con el fin de que tome conocimiento de los beneficios de exenciones y/o condonaciones de deudas a efectos de que pueda regularizar su situación. A su vez, se informó que la responsable no cumplió con los requerimientos efectuados por el Fisco Nacional y que, finalmente, con fecha 27/08/2009, realizó las presentaciones de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias (por los períodos fiscales 2006 y 2007) y del Impuesto al Valor Agregado (por los períodos 01/2006 a 12/2007), es decir aquellos que el Régimen de Regularización vigente a ese momento, le permitía efectuar, no cumpliendo con las presentaciones correspondientes a los periodos 01/08 a 06/08.
De esta forma, la fiscalización actuante realizo el ajuste correspondiente al Impuesto al valor agregado, que consistió en calcular el débito fiscal sobre el monto total de ventas declaradas por la responsable y por ende por fuera del precio, mientras que la actora consideró el cálculo del débito fiscal incorporado al valor de las facturas tipo “C”. En lo que respecta al crédito fiscal, la contribuyente estimó aquellos que provenían de facturas tipo “B” y “C” emitidas por sus proveedores, criterio no compartido por el Ente Fiscal, debido a que el impuesto no se encuentra facturado y discriminado, no cumpliendo los requisitos dispuestos en la normativa vigente. Con respecto al ajuste determinado en el Impuesto a las Ganancias, el mismo tuvo su origen en la incorrecta determinación del débito fiscal por parte de la recurrente, en la impugnación de pasivos no admitidos por no aportar los comprobantes de respaldo de deuda, exceptuando aquellas que surgían de la base de datos del Organismo Recaudador, como consecuencia de esto, se determinó incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento tributario.
Asimismo, en el rubro automotores declaró la titularidad de un rodado Honda Fit LX Sedan 5 puertas cuyo año de fabricación data del 2004. Sin embargo, el Organismo fiscal constató en su base de datos que la contribuyente vendió dicho automóvil en el 12/07/2006 y adquirió el 02/08/2006 un vehículo Honda Sedan 5 puertas Stream, fabricado en el 2003 en la suma de $59.000. Por lo tanto, consideró dicho valor en el rubro automotores y, consecuentemente, procedió a aumentar la suma total de bienes en el país.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse sobre el agravio de la recurrente con respecto a la aplicación de la Ley N° 26.476.
Con relación a este punto, se aclara que no le asiste razón alguna a la parte actora, en virtud de que la situación contemplada en autos en cuanto a la inscripción retroactiva en el Régimen General no se encuentra contemplada en ninguno de los artículos previstos por dicha normativa.
De igual manera, tampoco corresponde la condonación de las multas apeladas en autos, en atención a que, el capital que dio origen a las presentes actuaciones no se encuentra cancelado, por lo que no resulta de aplicación los beneficios dispuestos en la Ley N° 26.476.
VI. Que, por otro lado, procede abocarse al análisis del agravio de la actora referido a que correspondería el computo del crédito fiscal originado en sus compras.
A dicho efecto, procede tener presente lo prescripto por la normativa aplicable al caso de autos. En este sentido, el art. 29 del Régimen Simplificado (texto según Ley N° 26.865 (B.O 19/01/2004) en su parte pertinente indicaba (al igual que actualmente lo hace el art. 28 del texto según Ley N° 26.565) que “Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) quedarán sujetos a las siguientes disposiciones respecto a las normas de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones: a) Quienes hubieran renunciado o resultado excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y adquirieran la calidad de responsables inscriptos, serán pasibles del tratamiento previsto en el artículo 16 por el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo”.
A su turno, el mencionado art. 16 de la ley de Impuesto al Valor al Agregado prescribe que “Quienes asumieran la condición de responsables del gravamen en virtud de normas que derogaran exenciones o establecieran nuevos actos gravados no podrán computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que aquellas produjeran efectos” (Ley No 23.349, t.o. D. 280/97, B.O. 15/4/97 y modificatorias).
Según surge de las citadas normas, en casos como el de autos en los que el ente fiscalizador procedió a la exclusión de la contribuyente del régimen de Monotributo en virtud de un incorrecto tratamiento de sus obligaciones tributarias -por superarse los parámetros exigidos por el mencionado régimen, originando saldos a favor del ente fiscal- se torna imposible el cómputo de los créditos fiscales relativos a períodos anteriores a la fecha en que el cambio de situación comience a producir efectos.
Así entonces, los créditos fiscales originados en adquisiciones correspondientes a periodos fiscales en los que el Fisco Nacional ha considerado que la actora debió haber revistado como responsable inscripto y le ha asignado un tratamiento acorde con esa categorización -calculando el débito fiscal sobre sus ventas-, los créditos fiscales resultarán computables, a condición de que se cumplan los requisitos establecidos en la ley del gravamen a tales fines. En dicho sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 12 de la Ley del gravamen prevé que “Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables restarán: a) El gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios —incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso— y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras o locaciones o en su caso, sobre el monto imponible total de importaciones definitivas, la alícuota a la que dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad”. El artículo 37 de dicha ley establece en lo pertinente que “Los responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos, deberán discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente...”
Tal como sostiene la actora, es debido a su carácter de monotributista que no sería razonable exigirle la acreditación de facturación discriminada del monto correspondiente al crédito fiscal de IVA como requisito para su cómputo, pues es justamente en mérito de aquella condición que sus proveedores no habrían de facturarlo separadamente. En efecto, la norma del artículo 37 antes citada exige a éstos la discriminación del gravamen sólo en aquellos casos de “... responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos”, y ciertamente no es éste el caso, ya que, al momento de efectuarse las operaciones de adquisición de bienes o prestaciones de servicios, la actora no revistaba como responsable inscripto del gravamen. Y por esta misma razón, tampoco resulta operativa la presunción contenida en el art. 41 de la citada ley. Contrariamente, la situación de autos debería ser encuadrada en la prevista por el art. 39 de la ley de IVA, en la medida que éste prescribe que “Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, no deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas”, razón por la que la falta de discriminación del crédito fiscal en las facturas de la apelante deriva, precisamente, del cumplimiento de las normas del tributo que resultan aplicables. Del análisis de las normas precedentes se desprende - para estos casos de exclusión retroactiva - la procedencia del cómputo de los créditos fiscales, aun cuando dichos créditos pudieran no encontrarse discriminados en las correspondientes facturas de compra.
En cuanto al cómputo de créditos fiscales en la determinación del impuesto efectuada por el Fisco Nacional, esta Sala “B” -con otra integración- se ha pronunciado a favor de su procedencia en las causas “DIAZ, EMILIA LEONOR” (19/09/2012), “RISO, MARÍA DE LOS ANGELES” (18/12/2015) y “TALAVERA MARTINEZ JOSE” (07/12/2017), a cuyos argumentos corresponde remitirse.
Basta recordar aquí que recae sobre la recurrente la carga de acompañar la documentación de respaldo de las operaciones de compra que alegue, de cuyo crédito fiscal inherente solicita su cómputo. Dicha documentación de respaldo fue relevada por los peritos contadores en el informe pericial acompañado a fs. 166/179, correspondiendo el cómputo de crédito fiscal exclusivamente por aquellas compras efectuadas en los periodos que se determinan (01/2006 a 06/2008, vide fs. 171 /173 correspondiente al informe pericial contable). Por lo tanto, corresponde hacer lugar a lo peticionado por la parte actora en este punto.
Así las cosas, los datos referidos en los párrafos precedentes, corroboran la existencia de las compras efectuadas por la actora, resultando por ello procedente el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a los periodos 01/2006 a 06/2008, su reconocimiento resulta en la medida y por los montos de las operaciones facturadas. Lo anteriormente expresado, referido al reconocimiento del cómputo del crédito fiscal respecto de las facturas de compra, lo es sin perjuicio de la incidencia que tal hecho pudiera tener a los efectos de la determinación de los montos correspondientes a la deducción de gastos en el impuesto a las ganancias.
En definitiva, corresponde hacer lugar al reclamo del apelante, resultando procedente el cómputo del crédito fiscal que solicita, teniendo presente la pericial contable oportunamente acompañada a fs. 166/179.
VII. En cuanto a los agravios de la recurrente con respecto a que se deben computar las ventas netas, es decir, luego de la detracción del débito fiscal, es dable señalar que el régimen del monotributo prevé el ingreso mensual de un impuesto integrado, cuyo monto se determina a partir de la categoría en la que quedan encuadrados los contribuyentes en función al tipo de actividad, a los ingresos brutos, a las magnitudes físicas y a los alquileres devengados, y el cual sustituye el pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. Sentado lo expuesto, corresponde destacar que, la actora al momento de documentar las ventas correspondientes a su actividad se encontraba inscripta en el Régimen Simplificado desde el año 2005. En ese orden de ideas, el importe bruto de las ventas que facturó y percibió en dicha fecha no podían contemplar, ni incluir el impuesto al valor agregado (débito fiscal) por encontrarse los ingresos brutos percibidos exentos en dicho régimen. De haber adicionado a las ventas facturadas el 21% (veintiún porciento) del débito fiscal hubiera obrado contrario a su condición de monotributista. En otras palabras, al emitir los recibos Tipo "C" o “B” de los cuales emergen las ventas efectuadas por la Sra. Vartorelli quien así la declaraba encontrarse comprendida dentro del Régimen Simplificado y, por consiguiente, emitió la documentación de respaldo de sus operaciones conforme a la normativa que regulaba dicho régimen simplificado. Es decir, dentro del monto total facturado no puede encontrarse incluido el débito fiscal de la operatoria por resultar esto contrario al derecho que rige a los pequeños contribuyentes.
En consecuencia, el hecho de que la normativa contemple que los contribuyentes que hubieran continuado operando bajo la condición de monotributistas cuando ya no revestían tal condición puedan computar el impuesto integrado abonado contra las obligaciones adeudadas por el régimen general, es una clara aceptación que, por dichas operaciones se tributó conforme al régimen simplificado, ello es, sin adicionar el débito fiscal a la operación. Por ello, no corresponde detraer de la base imponible del IVA el débito fiscal, resultando la liquidación del Fisco ajustada a derecho.
VIII. Que, en cuanto a los agravios referidos al método de estimación de la obligación tributaria, cabe señalar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente... deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007).
Es sabido que, en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación.
Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "Dadea, Marta Elisa" - T.F.N. - Sala "B" – 22/12/83, "Antonio Gonzalez y Otros Mansión Almar" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "Beraja, Alberto David y Dwek, José Roberto" - T.F.N. - Sala "A" – 25/2/98).
En el caso particular, no resultan acertadas las consideraciones que efectúa la actora ya que no alcanza con invocar la falta de razonabilidad a través de la mera transcripción de citas doctrinarias y jurisprudenciales. El Fisco Nacional, una vez verificada la situación fáctica, procedió a determinar la materia imponible, en forma presunta, conforme las previsiones de la norma legal pertinente, resultando adecuado el método utilizado. Por ello, se destaca la impugnación del valor de compra de un vehículo, las deudas que no figuran en la base de datos del Organismo Fiscal (incluyendo los provenientes de la transferencia del fondo de comercio) y la ausencia de documentación de respaldo con relación a los pasivos impugnados junto con los gastos de tributos locales que alega la recurrente.
Las determinaciones de oficio atacadas en las presentes actuaciones se fundan en la presunción establecida por el mencionado artículo 18 inciso f), es decir incremento patrimonial no justificado que resulta de la consecuencia prevista por la ley ante una determinada situación fáctica.
En la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
La causa se refiere a una verdadera cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo debiendo aportar prueba concreta y fehaciente.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Sobre el particular, cabe tener en cuenta que, la actora incumplió con reiterados requerimientos para que aporte el detalle de los comprobantes que respaldan sus activos y pasivos, no dando cumplimiento con el mismo. Por lo tanto, se impugnaron aquellas deudas que carecían de documentación de respaldo, pudiendo la recurrente únicamente tomarse los pasivos verificados por el ente fiscal que son aquellos que se regularizaron mediante el acogimiento a planes de facilidades de pago.
En relación a la incorporación del automóvil, la recurrente manifiesta que debe incorporarse la suma de $17.000 correspondiente, a la diferencia del precio de compra del vehículo. Aspecto, que no se encuentra controvertido entre las partes.
En cuanto a supuestas deudas pertenecientes al fondo de comercio adquirido por la parte actora, corresponde señalar que, no se encuentran en las constancias de las presentes actuaciones ningún elemento que permita demostrar fehacientemente la existencia de las mismas.
A ello se suma la circunstancia de que los elementos ofrecidos como prueba pericial contable resultan ineficaces para justificar fehacientemente las argumentaciones efectuadas por la recurrente y, por ende, no resulta acreditado el pasivo impugnado a nombre de “Vartorelli Mirtha Stella”. Por lo tanto, la actora no ha podido desvirtuar el cargo impuesto por el Fisco Nacional, por lo que corresponde confirmar el ajuste en este punto.
Con respecto al ajuste sobre el débito fiscal en el marco del Impuesto a las Ganancias no corresponde apartarse a lo resuelto en el considerando precedente con relación al Impuesto al Valor Agregado y, por lo tanto, se debe confirmar el criterio fiscal en igual sentido.
IX. Que, no habiendo agravios concretos con relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que, por último, resta analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Ahora bien, corresponde señalar que el tipo contenido dentro del artículo 45 de la ley ritual requiere la culpa, la cual se presume, correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción. Específicamente, requiere para la configuración de la infracción que tipifica, la concurrencia de dos elementos: por una parte, la omisión de pago de impuestos y/o la omisión de actuar como agente de retención y, por otra, el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, siempre y cuando el Juez Administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa”, y en la medida que no exista error excusable.
Cabe señalar que la conducta incurrida por la actora en el caso de autos -omisión del pago de los impuestos determinados mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas- acredita el elemento objetivo requerido por la norma del artículo 45, en atención a que la responsable omitió ingresar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, implicando un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
No obstante ello, tal como lo ha expresado la Alzada en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (ver entre muchas otras, CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006).
Siguiendo esta inteligencia, será el contribuyente quien deba demostrar la existencia de circunstancias eximentes al acreditar la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el “error excusable” que le impidió contar con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, lo que no aparece aquí justificado a la luz de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio ni en las actuaciones administrativas.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas sobre factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de lo expuesto corresponde confirmar la multa aplicada, con costas. Ello no obstante, se estima que la graduación de la pena en un 70% del impuesto omitido aparece excesiva, en atención a que ninguna constancia de las actuaciones indica que la actora contara con antecedentes en materia sancionatoria ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de la pena a su mínimo legal.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente las resoluciones, en cuanto determinan impuestos, accesorios y multas, las que se reducen al mínimo legal del art. 45 de la ley procedimental. Costas según sus respectivos vencimientos.
2. Ordenar al Fisco Nacional que, en el término de treinta (30) días, practique reliquidación en atención lo resuelto en el punto precedente. A cuyo efecto, poner a disposición de la representación fiscal los antecedentes administrativos en la Mesa de Entradas de este Tribunal, dejándose constancia que el plazo ordenado involucra el retiro y devolución de las actuaciones administrativas.
Regístrese y notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.12 13:54:30 ART Date: 2023.04.12 16:03:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.12 20:45:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.12 20:46:43 -03:00
Fin de la sentencia