Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 311/2007 en el alcance indicado en el Considerando V.- respecto del impuesto, los intereses resarcitorios y la multa, esta última con la reducción al mínimo legal. Costas a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 178/232 se interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 311/2007 (DV RSJU) y 312/2007 (DV RSJU), ambas de fecha 04 de Diciembre de 2007, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan de la AFIP-DGI.
En virtud de la Resolución N° 311/2007, se determinó de oficio la obligación en el Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2002 a 2004, en la suma de $874.756.- en concepto de capital, el monto de $540.044,77.- en concepto de intereses resarcitorios. En lo respecta al periodo fiscal 2001, se redujo el saldo a favor en dicho impuesto a la suma de $19.630,65. Además, se aplicó una multa de $148.337,88.-, equivalente a tres (3) veces del impuesto supuestamente omitido del período fiscal 2002, en los términos del artículo 46 de la ley de rito.
Asimismo, se determinó de oficio la obligación respecto del Impuesto a las Salidas No Documentadas de los períodos fiscales 2001 a 2004, en la suma de $971.976,44.-, el monto de $704.855,73.- en concepto de intereses resarcitorios. Además, se aplicaron dos multas que totalizan la suma de $37.682,93.-, equivalente al 80% del impuesto supuestamente omitido de los ejercicios 2001 y 2002, en los términos del artículo 45 de la ley de rito Con respecto a la Resolución N° 312/2007, se determinó de oficio con relación al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales enero del 2002 y junio 2002 a julio del 2005, el monto de $488.349,13.- en concepto de capital, la suma de $329.639,45.- en concepto intereses resarcitorios. También, se aplicaron dos multas que totalizan el monto de $107.054,16.- equivalente a tres (3) veces del impuesto supuestamente con sustento en el artículo 46 de la ley de rito y con la aplicación de la presunción de dolo contenida en el inciso b) del artículo 47.
De modo preliminar, el apelante declara como actividad la construcción, reforma y reparación de viviendas (edificios residenciales). Es decir, desarrolla actividades en el área de la construcción, para lo cual requiere de insumos y determinados servicios encaminados a sus objetivos empresariales, que por cuestiones funcionales, deben ser prestados por otras empresas o personas.
A su vez, el apoderado de la empresa solicita que se revoquen las dos resoluciones apeladas, en virtud de los siguientes fundamentos “(i) por haber operado la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar Salidas No Documentadas por el año 2001 (erogaciones de enero a noviembre), (ii) por haber sido dictadas sin fundamentos reales en tanto son válidos y auténticos los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias, producto de genuinas compras de mercadería y prestaciones de servicios, (iii) porque no se han verificado los presupuestos contenidos en la ley 20.628 para la aplicación de la figura de Salidas No Documentadas, tanto en lo que hace a la faz tributaria como a la sancionatorio, (iiii), por resultar improcedente la liquidación de los accesorios sin la existencia de mora atribuile a mi mandante y, a todo evento, por aplicarse tasas confiscatorias y por no constituir ilícito alguno la conducta de SIGMA al resultar plenamente procedentes los créditos fiscales y gastos declarados en ambos tributos (sic)”.
Expresa que, con relación al ajuste impositivo en el Impuesto a las Ganancias por presuntos ingresos no declarados, vinculados con anticipos financieros, el mismo tuvo su origen en virtud de que SIGMA no aportó los certificados de obra emitidos y por ende no pudo derribar el criterio fiscal.
Esgrime que por la actividad de construcción desarrollada, SIGMA realiza hechos imponibles en el IVA por las obras que ejecuta. Sus ingresos los obtiene con motivo de dicha actividad por lo que, siguiendo una partida doble simple el Debe se compone de ingresos y el Haber de resultados. Detalla que la obra realizada se instrumenta a través de certificados de avance que se asignan a una cuenta de resultados (deudores por ventas a ventas por obras al IPV).
Detalla que lo que SIGMA recibe por adelantando y antes de emitir el certificado no constituyen ingresos por ventas, en ese sentido, denomina estos ingresos como Anticipos Financieros y tienen la figura de un préstamo contabilizados como Caja o Bancos a Anticipos Financieros. Dichos movimientos, los refleja en una cuenta patrimonial del pasivo (Anticipos Financieros IPV), la misma se acredita por los fondos percibidos por la empresa y se debita por las deducciones de los montos a cobrar por la ejecución de las obras. Los débitos a la cuenta Anticipo Financiero IPV significan un menor crédito a la cuenta Deudores por Ventas, pero en ningún caso interviene una cuenta de resultados y más concretamente la cuenta contable que refleja las Ventas por Obras al IPV (IPV barrios viviendas). En este caso, la partida doble reflejará anticipos financieros a deudores por ventas. Manifiesta que, el saldo de la cuenta Anticipo Financiero IPV representa la deuda financiera que por esos conceptos la empresa mantiene con el Instituto Provincial de la Vivienda.
Deja en claro que, aportó en las distintas instancias de fiscalización la documentación de respaldo con la operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda (información contable e impositiva, copias de asientos del Libro Diario y Mayor donde se asientan los anticipos financieros – cuenta 2120300) y que, si la misma no hubiera sido entregada a la AFIP, la inspección no hubiera podido determinar diferencia alguna. A su vez, expresa que SIGMA no tiene en su poder los certificados de obra, toda vez que los mismos se encuentran archivados en el Instituto Provincial de la Vivienda.
Finalmente, cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Acompaña prueba documental, ofrece prueba testimonial e informativa, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 247/282vta., el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora.
Indica que durante la etapa de fiscalización se observaron diferencias entre los montos de ventas en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, en virtud de que el Instituto Provincial de la Vivienda entregó adelantos a cuenta de futuras “certificaciones de obra” por el compromiso de la contribuyente de construir una obra civil. En dicha situación SIGMA cobró el anticipo y facturó y declaró el débito fiscal que el mismo originaba. Posteriormente, se producían las certificaciones parciales por el avance de las obras, por lo que los “anticipos financieros” se cancelaban según cada contrato de obra, mediante la deducción de una parte del crédito a favor de la empresa por cada certificado de obra facturado al Instituto Provincial de la Vivienda. Relata que la recurrente indicó que la diferencia apuntada se originaría en notas de crédito emitidas al Instituto Provincial de la Vivienda por anulaciones no computadas, las que se encontrarían deducidas del registro de ventas, sin haber hecho incidir el importe neto de la operación.
Deja en claro que, en distintas oportunidades se le solicitó a la actora que aportara la totalidad de la documentación involucrada en las operaciones que llevaba a cabo con el Instituto Provincial de la Vivienda. Sin embargo, la recurrente solo aportó copia autenticada de las facturas, copia del libro diario y copia del mayor analítico de la cuenta “Anticipos financieros IPV”, mientras que no acompañó los certificados de obra emitidos al Instituto Provincial de la Vivienda.
Expresa que con fecha 14/08/2007 a través de la resolución N° 205/2007 (DV RSJU), se dictó una medida para mejor proveer solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda que aportara las mentadas certificaciones de obra, así como los contratos celebrados con la contribuyente SIGMA S.R.L, de la cual no se recibió respuesta alguna.
Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la actora, hace reserva del caso federal, solicita se rechace y que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que, a fs. 360/362, oportunamente, la actora informó que se acogió parcialmente a la Ley Nº 26.476 de Regularización Impositiva, única y principalmente por presunta facturación apócrifa ajustada en las Resoluciones Nros. 311/2007 (DV RSJU) y 312/2007 (DV RSJU).
En dicha oportunidad, la recurrente aclaró que no se desiste de la apelación de los ajustes en concepto de Anticipos Financieros vinculados al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2002 a 2004, por los importes de $34.070,45, $51.064,66 y $103.640,37.-, respectivamente.
En ese sentido a fs. 369/369vta. se tuvo a la recurrente por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, en los términos de la ley 26.476, con costas.
IV. Que, corresponde señalar que la prueba ofrecida por la actora, no fue producida en autos, en atención al desistimiento resuelto a fs. 369/369vta y de conformidad con lo expresado por dicha parte a fs. 398. A fs. 436 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y a fs. 440 se ordenan los autos para sentencia.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis, la que se circunscribe a los ajustes que no fueron tenidos por desistidos por esta Sala (fs. 369/369vta.) relativos al Impuesto a las Ganancias por los Anticipos Financieros correspondientes a los periodos fiscales 2002 a 2004, según la Resolución N° 311/2007 (DV RSJU).
VI. Conforme surge de las actuaciones administrativas que corren por separado, precisamente del informe final de inspección (vide fs. 561 del cuerpo N° 3 del Impuesto a las Ganancias) los presentes actuados se originaron en virtud de que, en los controles realizados por la AFIP a las declaraciones juradas de los períodos fiscales bajo fiscalización se detectaron inconsistencias entre la confrontación de los ingresos declarados en el IVA con los declarados en el Impuesto a las Ganancias.
Con fecha 11/12/2006, la recurrente presentó nota expresando que las diferencias tenían su origen en la diferencia de tratamiento en el IVA y Ganancias de los anticipos financieros recibidos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), por adjudicaciones de obras y en Notas de Crédito por anulaciones no computadas en las sumas de neto de los Libros de IVA ventas.
En diversas oportunidades se le solicitó a la recurrente que aportara la totalidad de la documentación relativa a la operación que se trata, no obstante ello, sólo aportó copia autenticada de las facturas, copia del libro diario y copia del mayor analítico de la cuenta “Anticipos Financieros IPV”.
Se constató que la empresa efectuó registraciones globales mensuales respecto a sus libros IVA Ventas y Compras, observando que disminuye la cuenta Deudores por Ventas a través de un débito de la cuenta Anticipos Financieros por diferentes importes, de los cuales la empresa no aportó mayores explicaciones y/o detalles de imputación de cada anticipo recibido que permita comprobar su afectación a las facturas por Certificaciones de obra emitidas.
Al no aportase los certificados respectivos no se contó con elementos suficientes que permitan al Fisco Nacional concluir válidamente respecto de los porcentajes de obra facturados y los montos que de allí se deducen. Frente a la orfandad probatoria de la contribuyente, la fiscalización concluye que la contribuyente no ha demostrado que los débitos de “Anticipos Financieros IPV” se encuentren comprendidos en el total facturado al IPV en los ejercicios 2001 a 2004 y en consecuencia tampoco en las ventas computadas en el Estado de Resultados de cada ejercicio. En la Resolución N° 311/2007 (DV RSJU), con relación a tales cuestiones, se determinaron diferencias a favor del Fisco Nacional en los ejercicios 2002 (fs. 39), 2003 (fs.42) y 2004 (fs.45), no así en 2001 (fs.37).
VII. La presente causa se refiere a una verdadera cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo debiendo aportar prueba concreta y fehaciente.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Al respecto, cabe recordar que la certificación de avance de obra es un documento que permite a las empresas constructoras medir el progreso de la obra, en relación con el presupuesto planteado. Cada certificación que se efectúe implica un paso más en la concreción de los gastos y modificaciones a lo largo de la obra. Otorga mayor visibilidad a los recursos disponibles para el proyecto y ayuda a obtener un seguimiento regular de la edificación. Impositivamente, los certificados de obra ponen en evidencia el devengamiento de los respectivos ingresos en el Impuesto a las Ganancias, dado que la concreción del avance de la obra es el hecho sustancial que da derecho a la constructora a cobrar la porción correspondiente de sus ingresos.
Al respecto, corresponde realizar una breve revisión sobre el funcionamiento de la cuenta contable “Anticipos Financieros IPV”. Contablemente, la misma es una cuenta patrimonial del Pasivo, por lo que al recibir una constructora los adelantos de dinero, asume el compromiso de construir una obra civil. Se acredita cuando se produce el mencionado ingreso de fondos. Por otra parte, cuando la cuenta se debita, significa que la sociedad disminuyó su pasivo en virtud de haberse ejecutado la obra encomendada o un avance en la misma (con respaldo en el respectivo certificado de avance de obra). Ahora bien, dicho débito, según lo observa el Fisco Nacional y lo confirma la propia recurrente (fs. 209 a 212), tiene como contrapartida una disminución de la cuenta “Deudores por Ventas” (cuenta del Activo).
Por su parte, la recurrente (fs. 210) indica “(e)n este caso, la obra realizada (que se instrumenta a través de los Certificados de Avance) que se asigna a una Cuenta de Resultados (Deudores x Ventas a Ventas x Obras al IPV)”.
De la lectura los mayores acompañados a fs. 470/472 y del papel de trabajo de fs. 527 del cuerpo N° 3 del Impuesto a las Ganancias, surge que la recurrente efectuó débitos en la cuenta “Anticipos Financieros IPV” por el periodo 2002 a 2004, los mismos corresponden a imputaciones de avances de obra que, según el Fisco Nacional, no fueron incluidos en el balance contable –en el Estado de Resultados- y por lo tanto tampoco incluidos en el Impuesto a las Ganancias.
Sobre el particular es preciso remarcar que más allá de los análisis contables que pueda ofrecer la actora sobre la cuenta Anticipos Financieros y de la mención que realiza en el sentido de registrar en la cuenta de Resultados los ingresos por Ventas por la obra realizada, al no aportar los certificados de obra respectivos, no es posible contar con elementos que permitieran concluir válidamente cuales son los porcentajes de obra facturados y su relación con las sumas que allí se deducen.
Incluso cabe tener en cuenta que, en reiteradas ocasiones se le requirió a la actora que aportará el detalle de los comprobantes que respaldaban la operatoria que realizaba con el IPV, dicha información nunca fue aportada por la contribuyente. Asimismo, con fecha 14/08/2007 y mediante resolución N° 205/2007 (DV RSJU) el Ente Fiscal, dictó una medida para mejor proveer al IPV con el fin de que aportara la totalidad de los contratos celebrados con SIGMA, de la cual no se obtuvo respuesta alguna.
En estos actuados no se produjo prueba idónea por parte de la recurrente que ponga en evidencia que los ingresos facturados y declarados en el Impuesto a las Ganancias, se correspondan con las obras efectivamente ejecutadas durante los mencionados periodos fiscales. Particularmente, la recurrente no ha podido demostrar que los débitos de la cuenta Anticipos Financieros IPV que corresponde a imputaciones por avance de obras reconocidas por la propia recurrente, se encuentren comprendidos en el total facturado al IPV y en consecuencia tampoco en sus ingresos por ventas computados en el estado de resultados en los ejercicios fiscales 2002 a 2004. Por lo tanto corresponde confirmar el criterio fiscal.
VIII. En lo que respecta a los intereses resarcitorios, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Por último, cabe referirse a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias, por el periodo fiscal 2002, en los términos del artículo 46 de la ley de rito, graduada en tres tantos el impuesto omitido respecto del concepto por el cual continua la causa (fs. 87 y 88).
En efecto, en el caso concreto se verifica el tipo objetivo de la norma en comentario, toda vez que se omitieron ingresos por avances de obra que generaron un menor impuesto declarado en el periodo fiscal 2002, conforme lo estimado por el Fisco Nacional, ante la orfandad de prueba de la recurrente, en sentido contrario. En ese orden, resulta patente que la actora omitió de manera deliberada la exteriorización contable e impositiva del ingreso por las obras realmente ejecutadas al IPV y consecuentemente la determinación del impuesto correcto, razón por la cual se verifica también en el caso concreto el tipo subjetivo del ilícito y corresponde por tanto confirmar la sanción aplicada, con costas.
No obstante ello, en cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido. Además, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la recurrente, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Costas por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 311/2007 en el alcance indicado en el Considerando V.- respecto del impuesto, los intereses resarcitorios y la multa, esta última con la reducción al mínimo legal. Costas a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la que se imponen por su orden.
Regístrese y notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.06.29 17:25:21 ART Date: 2023.06.29 21:36:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.30 12:38:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.30 12:38:52 -03:00
Fin de la sentencia