Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 27.328-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente los art. 1 y 3 de la Resolución DE PRLA N° 7667/08, en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a 30 UNIDADES de mercadería amparada por el DIT N° 4078-4/97, intimándola al pago de multa que se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,54) y exige a la importadora el pago de tributos por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,54), con más el CER y los intereses previstos en el art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 30/10/08 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
2Revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y ganancias. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-80199575-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Julio de 2023 En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Christian M. González Palazzo (subrogante), con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término, para resolver en autos "S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I.F. c/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte nº 27.328-
A,
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 75/77 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 7667/08 dictada por el jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación 12034-258-2005 en cuanto la condena al pago de multa y de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del Código Aduanero (en adelante “CA”), por la supuesta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del citado código, por la falta de regularización en término de la mercadería importada en forma temporaria mediante las destinaciones 3085-2/96, 3364- 5/97 y 4078-4/97. Manifiesta que luego de la apertura del sumario y de practicado el aforo, se corrió la vista a su mandante, pero al domicilio de la firma Citrus Trade Famaillá S.A. que fue absorbida por S.A. San Miguel, por lo que al no haberse notificado, no realizó descargo alguno y luego se declaró la rebeldía. Aclara que no plantea la nulidad de la notificación dado que pudo ejercer el derecho de su representada en esta instancia. Señala que la aduana advirtió este error y procedió a notificar la resolución condenatoria al domicilio actual de la firma recurrente. Agrega que, dentro del plazo legal, manifestó la voluntad de pago de la multa y los tributos por las destinaciones 3058-2/96 y 3364-5/97 mediante la constancia de acogimiento al Régimen de Regularización Impositiva de la RG AFIP 2727/2009, por lo que la apelación se circunscribe a la exigencia de la multa y de los tributos respecto de la destinación 4078-4/97. Afirma que con relación a esta destinación, reexportó la mercadería en su totalidad mediante los permisos de embarque 97 001 125886, 97 001 159241, 97 001 166836, 97 001 170188, 97 001 178257, 97 001 186905 y 97 001 203004, siendo aplicable el certificado de tipificación (CTC) 061-008465 que manifiesta que acompañará a la brevedad. Ofrece prueba documental e informativa en subsidio, confiere autorizaciones y solicita que se revoque la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas.
II. Que, a fs. 90/92 vta. la representación fiscal se presenta y contesta el traslado conferido a fs. 81. Luego de la reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, se refiere en primer lugar a la notificación de la corrida de vista y afirma que la recurrente quedó debidamente notificada con la publicación de edictos. Respecto de la cuestión de fondo, señala que no se acompañó en autos el CTC aplicable. Cita jurisprudencia. Sostiene que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes a la importación temporal recae sobre la importadora y que, por la falta de reexportación o nacionalización en término, se considera configurada la infracción imputada en autos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se rechace la apelación interpuesta con expresa imposición de costas.
III. Que la actuación 12034-258-2005 (ADGA-2003-604263) se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 405/03 de fecha 8.05.08 por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de las destinaciones 3364-5/97, 4078-4/97 y 3085-2/96 cuyas copias obran a fs. 2/64ref. A fs. 65ref./67ref. se agregan las constancias de la elevación del sumario de prevención correspondiente a la causa 20.272 caratulada “Citrus Trade Famailla S.A. s/averiguación de contrabando”, las que se remiten a fs. 68 al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros mediante nota 3820/03 (SE SP 12). A fs. 69 se instruye el sumario y a fs. 71ref./91ref. se agregan las constancias remitidas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2, Secretaría n° 4.
A fs. 108/109 se practica el aforo de la mercadería y a fs. 113/115 se liquidan los tributos y la multa. A fs. 116 se corre vista a la firma importadora Citrus Trade Famaillá, a Chubb Argentina de Seguros S.A. y a Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Atento a la imposibilidad de notificar a la importadora, se publican edictos a fs. 131ref. (16.10.08) y, ante la falta de comparecencia, a fs. 132ref. se declara su rebeldía. A fs. 133ref./134ref. Chubb Argentina de Seguros S.A. contesta la vista. A fs. 140 obra la impresión de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 141/142 se dicta la resolución DE PRLA 7667/08 que tiene por configurada la infracción del art. 970 del CA. A fs. 146/149 la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. manifiesta la voluntad de pago de los tributos correspondientes a la DIT 3085-2/96 y a fs. 150 se liquidan los tributos.
A fs. 153 la Sección Liquidaciones advierte la fusión de la firma Citrus Trade Famaillá S.A. por parte de S.A. San Miguel y la necesidad de evaluar notificar nuevamente a la firma recurrente a fin de evitar futuras nulidades. A fs. 155/156 Aseguradora de Créditos y Garantías acompaña la constancia del pago de los tributos. Luego de practicar nueva liquidación a fs. 158, a fs. 163 la Sección Liquidaciones advierte nuevamente la falta de notificación de la resolución condenatoria al domicilio de S.A. San Miguel. A fs. 166 la firma importadora manifiesta la voluntad de pago de $ 27.903,42 y 10.752,19 en concepto tributos y de multa, respectivamente, y acredita la interposición del recurso ante este Tribunal con el F4 con los montos consentidos.
A fs. 173/174 obran las constancias de pago. A fs. 176/178 la recurrente rectifica el F4. A fs. 183/185 obran las liquidaciones manuales 10001LMAN04282U y 10001LMAN046263T. A fs. 186/187 se practica la liquidación por la suma de $ 22.511,27, que se notifica a fs. 188. A fs. 189 obra la multinota por la cual la recurrente solicita que se transfiera dicho monto de la subcuenta del SIM y a fs. 191 obra la liquidación 10001LMAN057215S.
IV. Que a fs. 77/78 y vta. el recurrente acompaña el F4 que rectifica los montos cuestionados y, atento a la intimación de fs. 94, a fs. 100 y vta. aclara su presentación. A fs. 102 se abre la causa a prueba a fin de agregar los permisos de embarque y el CTC. A fs. 131/135 la Dirección General de Aduanas contesta que no es posible acompañar las destinaciones por haber superado el plazo de conservación y a fs. 168/205 y 217/222 agrega las impresiones de pantalla del SIM correspondientes a aquellas. A fs. 147 y 149 obran las respuestas de la Dirección de Promoción de Exportaciones que informan la búsqueda del CTC definitivo correspondiente a la solicitud 061-004805/97 (atento que la recurrente aclaró a fs. 207 que el informado en el escrito de apelación 061-008465 es erróneo). El CTC no pudo ser localizado a pesar de los oficios reiteratorios ordenados a fs. 156, 162 y 212, cuyas respuestas obran a fs. 149, 166/167, 168/205 y 224. A fs. A fs. 234/237 la aduana de Tucumán acompaña el F.408/NM correspondiente al allanamiento de la firma recurrente respecto de las presentes actuaciones. A fs. 241, la actora contesta la vista conferida respecto de dicha presentación y manifiesta que no desistió en autos del recurso de apelación efectuado por la firma recurrente e insiste en continuar con el trámite de las actuaciones. A fs. 229, 242, 245, 251, 257, 263 y 268 se ordenan nuevos oficios dirigidos a la Secretaría de Industria, sin que obre respuesta a los mismos. A fs. 277 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 280 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 281 se ponen para alegar. A fs. 285/287 obra el alegato de la actora; el Fisco no hizo uso de su derecho. A fs. 289 pasan los autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de la multa y de los tributos (con más el CER y los intereses) reclamados a la firma importadora S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F. -éstos juntamente con la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.- por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con relación a la destinación de importación temporaria 4078-4/97, a la que quedó circunscripta la apelación conforme lo manifestado por la actora a fs. 76.
Que la mencionada destinación fue oficializada ante la aduana de Buenos Aires el 22.05.97 y al producirse el vencimiento del plazo de permanencia el 22.05.98, el servicio aduanero dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del C.A., por considerar que la importadora no habría cumplido con las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria.
VII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VIII. Que, cabe destacar, que la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del decreto 1439/96 - que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de este, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que, asimismo, de acuerdo con lo previsto por el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería que se exporta e indica expresamente su posición arancelaria.
Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecido en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. art. 14 del Dto. 1439/96).
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
IX. Que, en consecuencia, teniendo en consideración la normativa antes reseñada y las constancias de autos, resulta que mediante la destinación 4078-4/97 la firma recurrente documentó la importación temporaria en el ítem 1 de 396 tambores de acero de 200 litros con tapa para el envasado y transporte de sustancias alimenticias, que ubicó en la p.a. 7310.10.00 “- De capacidad superior o igual a 50 L. DEPÓSITO , BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIAL (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVO MECANICO NI TERMICO, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORÍFICO”.
Que el servicio aduanero formuló denuncia contra la firma importadora en los términos del art. 970 del CA, por considerar que la mercadería ingresada temporariamente no habría sido reexportada en forma oportuna. La importadora no contestó la vista conferida en el sumario aduanero (por haber sido notificada en el domicilio de la empresa absorbida Citrus Trade Famaillá S.A.) y se declaró su rebeldía a fs. 132 ref.
Que, no obstante, al deducir el recurso de apelación ante este Tribunal, la actora solicitó como prueba informativa la remisión de los permisos de embarque que descargarían los insumos importados y del CTC definitivo correspondiente a la solicitud 061-004805 y que agregó como documental a los oficios librados a tales efectos. Cabe señalar que al contestar los requerimientos, la DGA no acompañó las carpetas de los permisos de embarque solicitados por haber superado el plazo de conservación sino solamente las impresiones de pantalla del SIM (fs. 168/205 y 217/222) y la Secretaría de Industria tampoco acompañó el CTC definitivo ni informó si se emitió el mismo, a pesar de los oficios reiteratorios librados en autos.
Que, en consecuencia, de la compulsa de las copias agregadas por la actora, resulta que la firma recurrente descargó la mercadería importada conforme el cuadro que sigue a continuación:
X. Que del cuadro precedente resulta que del total de 396 unidades importadas en forma temporaria se acreditó la reexportación de 366, por lo que queda un saldo de 30 unidades sin regularizar.
Que atento a que el valor en aduana de dichas unidades -como base para la determinación de la multa y de los tributosasciende a $ 1.931,38, este monto carece de interés fiscal, por lo que se tiene por reexportada la mercadería en su totalidad.
Que, por último cabe destacar que la solicitud de CTC 061-004805 es aplicable a la misma, por cuanto hay coincidencia entre la descripción y la posición arancelaria de los insumos importados (tambores de la p.a. 7310.10.00) y de los productos exportados (aceite esencial de limón contenido en tambores de la p.a. 3301.13.00) declarados en el CTC con las del DIT y de los permisos de embarque.
XI. Que, en consecuencia, de acuerdo con la documentación obrante en autos, la recurrente cumplió con la reexportación de la mercadería importada mediante la DIT 4078-4/97 en los términos del decreto 1439/96, por lo que corresponde revocar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio.
Que, por ello, VOTO POR:
Revocar la resolución DE PRLA 7667/08 en tanto impone multa y tributos a la firma S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I.F. en los términos del art. 970 del CA respecto de la DIT 4078-4/97, con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito a los Considerandos I a IX del voto del Dr. Soria.
II. Que conforme surge del cuadro efectuado en el Considerando IX, el saldo de mercadería en infracción es de 30 unidades.
Que no consta en la causa ni en las actuaciones administrativas que antes del vencimiento del plazo de permanencia, el saldo de mercadería haya sido reexportado o importado para consumo, por lo que cabe concluir, que se ha configurado la infracción tipificada por el art. 970 del C.A. respecto de 30 unidades de mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 4078-4/97.
Que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente.
Que habiéndose vencido el plazo acordado para la permanencia de la mercadería sin haberse acreditado la reexportación y/o importación a consumo, la misma debe considerarse importada para consumo, y quien la importó temporariamente es responsable de las correspondientes obligaciones tributarias e incurso en la infracción prevista en el art. 970 del CA. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria -la importación para consumo irregular- y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del C.A., corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso, al vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
III. Que por los motivos expuestos resulta procedente reliquidar los tributos y la multa correspondientes a 30 unidades de mercadería en infracción al art. 970 del CA (cfme liquidación de fs. 115 de las act. adm):
a) Liquidación de tributos V.A. $ 1.931,38 Derechos de Importación (17%) $ 328,33 Estadística (0,50%) $ 9,65 Derecho Adicional $ 0,00 Base IVA: $ 2.269,35 IVA (21%) $ 476,56 IVA Adicional $ 0,00 Ganancias $ 0,00 Total tributos: $ 814,54 b) Liquidación de multa Base Multa: $ 1.931,38 Derechos de Importación (17%) $ 328,33 Estadística (0,50%) $ 9,65 Base IVA: $ 2.269,35 IVA (21%) $ 476,56 Total multa: $ 814,54 30% VA (art. 970 C.A.) $ 579,41 IV.- Que, sin perjuicio de que la importadora no expresó agravios con respecto al derecho adicional exigido por la Aduana, corresponde mencionar y compartir los fundamentos expuestos por el Dr. Ricardo Xavier Basaldúa en la causa “FYSA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente n° 18.721-A y acumulado”, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 de la Sala “F”, en la cual expresó:
“...Que en primer lugar corresponde precisar que la norma aplicable es el Decreto 1439/96, atento a que el DIT involucrado en autos se registró al amparo del mismo.
Que el artículo 23 establece que "Cuando se autorice la importación para consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen, deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha de registro de la misma, una suma adicional del dos por ciento (2%) mensual calculada sobre el valor en aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a partir del primer mes desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de importación, y en ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento (12%) del mencionado valor en aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor”.
Que con lo dispuesto en la norma transcripta el legislador pretendió desalentar que las mercaderías importadas temporariamente para su perfeccionamiento activo no fueran objeto de reexportación y permanecieran en el país, estableciendo así una consecuencia de naturaleza tributaria, plasmada a través del derecho adicional en trato. Que no concuerdo con la interpretación dada a la norma en trato por la Corte Suprema in re "IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A)", fallado el 14/8/13, atento a que el hecho generador de la obligación de pago del derecho adicional es la importación para consumo, conforme lo prevé el art. 635 del CA, el cual no distingue si la importación definitiva es regular o irregular.
Que no se ha impuesto el adicional como consecuencia de la violación de un deber o una prohibición jurídicos, sino más bien como desestímulo a la importación para consumo (que es una de las finalidades posibles de los derechos de importación) y su naturaleza tributaria es independiente de si la importación para consumo se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen o debidamente autorizada por el servicio aduanero en virtud de una solicitud formal del importador (conf. TFN, Sala "G", in re "HUGHES TOOL COMPANY SA", sent. del 10/10/95; CNACAF, Sala 5, in re "SUBPGA SA", sent. del 30/8/95, entre otras).
Que, más aún, si bien el decreto 1439/96 establece en su art. 23 una suma adicional del 2 % mensual calculado sobre el valor en aduana de la mercadería, para el supuesto de autorizarse su importación para consumo, es decir, aquellas importaciones consideradas “regulares”, sin hacerse referencia al supuesto de importación para consumo “irregular”, previsto por el art. 274 del C.A., que es el caso que nos ocupa, debe entenderse que dicha suma adicional también se aplica a este último, atento a lo previsto por los arts. 274, 277, 635, 636 y 638, inc. e), del CA. Por otra parte, resulta claro que, en este sistema jurídico, de ningún modo el infractor y/o responsable/garante de la obligación tributaria que es su consecuencia, podría quedar en mejor situación que aquél que cumplió regularmente sus obligaciones...".
Que sin perjuicio de compartir la opinión expuesta por el Dr. Basaldúa, por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente. Que en el aspecto que se analiza considero que resulta procedente la imposición de costas en el orden causado, en virtud de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso (1/02/10).
V. Que, asimismo, con respecto a las percepciones IVA adicional y ganancias, por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, del 26/11/19, en donde dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”; corresponde revocar dichas percepciones, con costas por su orden en virtud de que dicho pronunciamiento también es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
VI. Que, por otra parte, atento a la fecha en que se contrajo la obligación tributaria -con anterioridad a la sanción de la Ley 25.561- resulta de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Que el Decreto N° 214/02 en el art. 1 establece que a partir del 3/2/02 quedan transformadas en pesos las obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera fuera su causa u origen, expresadas en dólares estadounidenses existentes a la fecha de la sanción de la Ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos. Estas obligaciones de dar suma de dinero expresadas en dólares se convierten a pesos a razón de U$S 1 = $ 1 más el CER, en los términos de los arts. 1, 4 y 8 del citado Decreto.
VII. Que sobre los tributos reliquidados corresponde el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, los que deben calcularse a partir del vencimiento del plazo de diez días computados desde el 30/10/08 hasta la fecha de efectivo pago.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente los art. 1 y 3 de la Resolución DE PRLA N° 7667/08, en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a 30 UNIDADES de mercadería amparada por el DIT N° 4078-4/97, intimándola al pago de multa que se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,54) y exige a la importadora el pago de tributos por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,54), con más el CER y los intereses previstos en el art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 30/10/08 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y ganancias. Con costas por su orden.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que teniendo en cuenta los principios rectores en la materia en trato no puede presumirse la exportación regular de la mercadería siquiera cuando por su cantidad, ésta sea nimia, he de adherirme a la propuesta del Dr. Juárez. En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente los art. 1 y 3 de la Resolución DE PRLA N° 7667/08, en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a 30 UNIDADES de mercadería amparada por el DIT N° 4078-4/97, intimándola al pago de multa que se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,54) y exige a la importadora el pago de tributos por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,54), con más el CER y los intereses previstos en el art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 30/10/08 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y ganancias. Con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Gonzáles Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del RPTFN y 1162 del CA).
Date: 2023.07.11 12:43:56 -03:00 Date: 2023.07.11 15:32:12 -03:00 Hector Hugo Juarez Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.07.12 07:13:38 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.12 07:13:52 -03:00
Fin de la sentencia