Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el acto apelado, con más los intereses que correspondan, en los términos de los Considerandos IX, X y XI y revocarlo conformidad con el Considerando VIII. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
2Reencuadrar la multa conforme surge de lo expuesto en el Considerando XII de la presente sentencia. Las costas en este aspecto se imponen por su orden, de conformidad con el artículo 184, último párrafo, de la ley procedimental.
3Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente.
I. Que, mediante RE-2022-139263509-APN-SGAI%TFN la parte actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 73/2022 (DV RSJU), de fecha 29/11/2022, en los términos de los artículos 76 inc. b) y 159 de la Ley 11.683 (la “LPT”), mediante la cual se impugna las DD.JJ por los períodos fiscales 03/2018 a 09/2020 inclusive,y se determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado por dichos períodos, con más intereses resarcitorios y multa en los términos del art. 46 de la ley de procedimiento fiscal.
Señala que su actividad es la de venta al por mayor de carne vacuna, como distribuidor y/o intermediario. Describe que la A.F.I.P. inicio la fiscalización mediante la Orden de Intervención N° 1989711, realizando “Ajustes de Inspección”, por considerar como apoc los comprobantes que emitiera el proveedor LA MESTIZA SRL.
Expresa que le manifestó a la AFIP que existía un error conceptual de los hechos y consecuente observación de sus declaraciones juradas como de los comprobantes emitidos por el mencionado proveedor.
Resalta que dicho contribuyente recién es cargado en la base de datos apoc AFIP el día 13/03/21 y no antes, que había acreditado la existencia real de las operaciones con los remitos cárnicos y controles de SE.NA.SA. de parte del proveedor contribuyente a su domicilio en la Prov. de San Juan desde el frigorífico de faena, que hasta junio de 2021 surgía que el contribuyente era “Usuario de Faena” “Matarife abastecedor” habilitado ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACIÓN y ante el MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO de la Prov. de Bs. As., y que tenía faena bovina declarada hasta el año 2020, según DD.JJ presentadas, sumado a que se encontraba habilitado por AFIP para la emisión de Remitos Carnicos al estar inscripto ante el “Registro Fiscal de Operadores de Carne”; por lo que, solicitaba a la División de Revisión y Recursos entendieran que, las operaciones y el proveedor eran reales, y que no me podían trasladar la responsabilidad del mismo por falta de pago de sus impuestos.
Manifiesta que nunca tuvo intención de estar al margen de la ley, señala que las operaciones fueron reales y correctamente declaradas, conforme las DD.JJ que generara por compra-venta.
Plantea la nulidad absoluta de la resolución apelada al entender que la misma carece de motivación, no bastándose a sí misma, no encontrándose debidamente fundada toda vez que entiende transgrede el debido proceso adjetivo, desde que, pretenden hacerle cargo de una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de las propias obligaciones de la AFIP.
Se agravia en tanto se impugnan sus declaraciones juradas por que no pudieron localizar a los integrantes de la sociedad -LA MESTIZA SRL-, sin reparar que, la última operación que tuvo con ellos fue en septiembre de 2020, es decir más de dos años después y que las operaciones de compra-venta, faena y traslado de carne declaradas ante los organismos de contralor fueron ciertas.
Respecto del ajuste en los débitos fiscales destaca que no se tuvo en cuenta que en los últimos años se viene llevando a cabo una práctica por me dio de la cual, con diversos matices, el Gobierno Nacional desde el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA dicta resoluciones que imponen “precios cuidados” de ciertos productos de consumo masivo, entre ellos los de “carne”, y los pequeños comerciantes si no adecuan los “precios” se caen las ventas y corren el riesgo de ser “clausurados”, por lo que, tuvo que reducir su margen de ganancia, así entiende que corresponde revocar y dejar sin efecto el ajuste al débito fiscal dispuesto.
Además, argumenta que se ha violado el principio de congruencia al sostener la AFIP a fs. 27 que: “..se reconoce que las operaciones existieron y que la carne bovina fue adquirida, lo que se cuestiona es que las operaciones por las que se computó crédito fiscal no se concretaron con la proveedora impugnada..”, pero así lo afirman cuando han pasado más de dos (2) años de la última operación, proveedor que a ese momento (09/2020), se encontraba habilitado por la propia AFIP ante el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Cárnica (emitía Remitos electrónicos) y no había sido cargado como emisor de facturas apoc (emitía Facturas electrónicas). Por último, señala que su conducta se encuadra en una de las causas de exoneración de culpabilidad: "error decisivo, esencial e inculpable", no atribuible a su persona, desde que, actuó conforme a la normativa fiscal. Desliza que entiende que las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa se encuentran prescriptas. Adjunta prueba, reserva el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2023-35724037-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación, expresa los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que hacen a su posición, solicitando se confirme la determinación apelada. Señala que analizada la composición de los créditos fiscales se detectó que el contribuyente había computado créditos por operaciones con la supuesta proveedora LA MESTIZA SRL, CUIT 30-71090064-3; sindicada como "Contribuyente No confiable".
Describe que la firma señalada fue fiscalizada mediante la Orden de Intervención N° 1878806, en cuyo informe final se concluyó que los domicilios Fiscal y Legal declarados no corresponden a la firma verificada; se completó Formulario ANEXO ll "Matriz de perfil Apoc" Instrucción General N O 1041/19 (Dl PYNF) — Verificación de domicilio, donde se hizo constar que en los domicilios Fiscal y Legal/Real declarados por la firma, no pudo localizarse a la verificada; tampoco se pudo localizar a los integrantes de la sociedad o persona alguna autorizada que responda por la misma; se escaneó la actuación correspondiente a efectos de su carga en la interfaz SEFI Base eApoc; la firma verificada no pudo ser localizada en ninguno de los domicilios declarados, ni tampoco en los alternativos; no fue posible constatar la real existencia y capacidad operativa acorde a las características de la actividad que declara.
Agrega que de acuerdo a la información disponible y los aspectos al alcance de la fiscalización concluyó que no se puede determinar de manera fehaciente la veracidad de las operaciones de venta realizadas por La Mestiza SRL y que atento a las observaciones detectadas, se considera que el contribuyente reúne las condiciones para ser caracterizada como "Usina sin capacidad operativa, económica y/o correspondiendo la caracterización 195 — incluido en la "Base de Contribuyentes No Confiables" bloqueando la posibilidad de emitir comprobante alguno." Así señala que se impugnaron los créditos fiscales de las facturas emitidas por la supuesta proveedora, puesto que para que proceda su cómputo se requiere que el documento que respalde la operación, debe ser formal e ideológicamente válido. Es decir, que el documento no sólo debe reunir todos los requisitos extrínsecos previstos por las normas para su emisión —validez formal-,sino que, además, su contenido, debe reflejar la operación efectivamente realizada por el responsable.
Adicionalmente describe que se determinó un ajuste en los débitos fiscales por el margen de utilidad, atento que las declaraciones juradas presentadas arrojaban una relación débito fiscal/crédito fiscal de (1,02) resultando insuficiente para solventar los costos fijos.
Sin embargo, en los períodos fiscales del año 2018, la relación débito fiscal/crédito fiscal resultó cercana al (12%), reduciéndose en los períodos fiscales siguientes.
La fiscalización actuante ajustó los débitos fiscales por margen de utilidad, prorrateando mensualmente, a partir del porcentaje de débito fiscal declarado por el contribuyente en sus declaraciones juradas presentadas antes del inicio de la inspección.
Entiende que la resolución recurrida ha desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los cuales se sustenta el criterio fiscal, de manera tal que por sí misma resulta suficiente para responder eficazmente los agravios de la actora, razón por la que remite a la misma.
En primer lugar, pese a ser planteado de manera superficial y con el fondo de la causa, toca reafirmar la legitimidad de la resolución, destacando que las facultades de mi mandante para determinar y exigir el pago del tributo y la aplicación de sanción no se encuentran prescriptas.
Destaca que se dieron una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevaron a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la autenticidad de las operaciones facturadas por el proveedor observado, entre ellos: no poder localizarlo en los domicilios declarados ni tampoco en los alternativos (se visitaron NUEVE (9) domicilios diferentes), no contestar los requerimientos cursados, no localizar a los integrantes de la sociedad o persona alguna autorizada que responda por la misma, imposibilidad de constatar la real existencia y capacidad operativa acorde a las características de la actividad que declara, entre otras. Resalta que el actor no brindó datos que sirvieran para contrarrestar las circunstancias descriptas respecto de las inconsistencias detectadas en cuanto a los domicilios fiscales y/o comerciales de la proveedora cuestionada. El recurrente sustenta además sus agravios remarcando que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción del proveedor en la AFIP y que la inclusión de los proveedores en la base e- Apoc se produjo en forma posterior al momento de celebrarse las operaciones, el 13 de marzo de 2021. Incluso indica que, de la impresión de la pantalla adunada del "Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Cárnica, aportado por el contribuyente junto con el descargo, se observa que LA MESTIZA SRL fue notificada el 13 de enero de 2020, de la exclusión del citado registro tanto en la categoría "Matarifes, abastecedores y carniceros y otros usuarios de faena como en la categoría "Consignatarios y/o comisionistas de Hacienda" es decir, que previo al 13 de enero del 2020, existían irregularidades que determinaron la exclusión del supuesto proveedor del Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Cárnica. Así pues, la documental aportada, no resulta hábil para demostrar fehacientemente que LA MESTIZA SRL- haya sido quien intervino en las operaciones cuestionadas.
En tal trance, se reconoce que las operaciones existieron y que la carne bovina fue adquirida, lo que se cuestiona es que las operaciones por las que se computó crédito fiscal no se concretaron con la proveedora impugnada, toda vez que ésta carece de capacidad económica y patrimonial para realizar tales operaciones y, en consecuencia, no se habría configurado respecto de ella el hecho imponible.
Respecto al ajuste en los débitos fiscales es dable aclarar, que el margen de utilidad utilizado para realizar el ajuste en los débitos fiscales se obtuvo de la propia información del contribuyente para los períodos fiscales del año 2018. Además, el contribuyente no acompañó prueba concreta que refleje la incidencia de las medidas gubernamentales en el margen de utilidad de su actividad.
En cuanto a la multa aplicada, destaca que el encuadre encuentra su justificación en que de las constancias de las presentes actuaciones se podría colegir que existió por parte de la contribuyente una maniobra con el objeto de defraudar al Fisco, observándose el ardid que requiere la conducta típica en la contemplación sistemática de las operaciones objetadas, para la determinación de los respectivos impuestos (en este caso el IVA). Solicitase confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
III. Que, mediante PV-2023-44591173-APN-VOCV#TFN este Tribunal confirió traslado a la recurrente de la oposición a la prueba efectuada por el Fisco Nacional, dando respuesta a la misma mediante IF-2023-51179376- APN-DTD#JGM. Inmediatamente, se requirió a las partes expresen si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Habiendo la parte actora manifestado la necesidad que se lleve a cabo la misma, por lo que se citó a las partes a la audiencia preliminar de prueba.
Mediante PV-2023-64769758-APN-VOCV#TFN se vinculó a las presentes actuaciones el acta celebrada donde luce que este Tribunal fija como hechos articulados y conducentes sobre los que versará la prueba, los invocados por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, observándose en el acto que en relación a la prueba informativa ofrecida, respecto de los puntos 1, 2 y 3 se encuentra dicha información en los antecedentes administrativos acompañados, por lo que se entiende serían superfluas. En cuanto a los oficios al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACIÓN y al MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO de la Prov. de Bs. As., si bien el Tribunal advierte que el contribuyente adjunta parcialmente la información en las actuaciones administrativas y que no está controvertido por el Fisco Nacional, en atención a la insistencia de la parte actora respecto a la importancia de acompañar la restante información, en especial de los períodos 2018 y 2019, se resuelve rechazar la prueba informativa ofrecida en los puntos 1, 2, y 3 por constar dicha información en las actuaciones administrativas, no hacer lugar a la oposición planteada por el organismo fiscal en relación a la prueba informativa propuesta en los puntos 4 y 5, y abrir la causa a prueba. En el IF-2023-73913548-APN-SGAI#TFN luce la contestación de oficio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, no habiendo contestado el Ministerio de la Provincia, por lo que la parte actora mediante IF-2023-93002225-APN-DTD#JGM desiste de la misma.
Ello así teniendo en cuenta el estado de las actuaciones, este Tribunal tiene por desitida a la parte actora de la prueba ofrecida al Ministerio de Desarrollo Agrario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se clausura el período probatorio.
IV. Que inmediatamente se elevan las actuaciones a la Sala B, las que mediante IF-2023-111925294-APN- VOCV#TFN pone los autos para alegar. Producidos los alegatos por ambas partes mediante IF-2023-130925744- APN-VOCV#TFN se pasan los autos a sentencia.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que previo a resolver si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho corresponde reseñar las actuaciones administrativas.
Que a fs. 63 del IF-2023-35717697-APN-DTD%JGM cuerpo ppal IVA surge que la fecha de publicación del proveedor impugnado en la base apoc es el 13/03/2021, esto es, con posterioridad a los períodos cuestionados en autos.
Por su parte, a fs. 83/85 del citado documento luce el informe final de inspección del proveedor cuestionado LA MESTIZA SRL de donde surge que en el marco de la Orden de Intervención N. 1878806, el día 20 de noviembre de 2020 la fiscalización concurrió al domicilio fiscal de contribuyente sito en Ruta 40 (ex 200) km 69500,General La Heras, Buenos Aires, en el cual opera el frigorífico JORGE LUIS TOLOSA SA, el actuante fue atendido por el Señor Pablo AYOUB quien manifestó ser administrativo de la empresa y declaró que la firma LA MESTIZA SRL, CUIT 30-71090064-3 no opera en dicho domicilio, lo actuado se plasmó en formulario F.8400 NO 0340002020036395901.
Adicionalmente se detalla que se concurrió, el 19 de noviembre de 2020 a verificar los domicilios alternativos declarados por LA MESTIZA SRL, se visitaron los siguientes domicilios:
1. Calle José León Suarez N° 3451 Los polvorines, provincia de Buenos Aires, declarado como planta, no encontrando a la firma en el domicilio, donde se constató que funcionaba el frigorífico VISÓN SA, y según manifestación del encargado la firma LA MESTIZA SRL, dejó de operar aproximadamente DOS (2) años atrás.
2. Calle Hipólito Irigoyen N° 1926 de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, declarado como planta, no encontrando a la firma en el domicilio, donde se constató que funcionaba la firma MANECA SA y por los dichos del encargado la firma LA MESTIZA SRL, dejó de operar aproximadamente TRES (3) años atrás 3) Calle Paso N 0 3030, Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, declarado como planta, no encontrando a la firma en el domicilio, donde se constató que funcionaba la firma FRIGORÍFICO 1-IV SA, y según manifestación del encargado la firma LA MESTIZA SRL dejó de operar aproximadamente DOS (2) años atrás.
4. Calle Maipú 42 Piso: 5 Dpto: 152, Ciudad Autónoma Buenos Aires, declarado como administración, verificando que dicho domicilio no existe, y que funciona un kiosco en planta baja, 5) Calle Lafayette 1740, Ciudad Autónoma Buenos Aires, declarado como planta, constatando que en el domicilio se encuentra operando la firma COOK MASTER SRI- y que desconocen a la firma LA MESTIZA SRL, todo lo cual, fue volcado al formulario F8400/L N° 340002021002622802.
Asimismo, se expresa que se realizaron pedidos de colaboración para la verificación de otros domicilios alternativos; Ruta N. 0 35 km 167 Bernasconi La Pampa; Av. Del Viento Chorrillero 1420 localidad de Juana Koslay y Av. Justo Daract 1420 en la provincia de San Luis; Calle Bolivia N. 3831 Ciudad de Santa Fe. En ninguno de los domicilios pudo ser localizada firma LA MESTIZA SRL. Finalmente, con sólo esos elementos -es decir la no ubicación de la firma en los domicilios, la fiscalización concluye que no es posible constatar la real existencia y capacidad operativa por lo que se la califica como “usina sin capacidad operativa, económica y financiera”.
Por otro lado, a fs. 100 del mismo cuerpo de antecedentes luce el informe final del contribuyente de autos donde se detalla lo expuesto respecto del proveedor por lo que se impugnan los créditos fiscales.
Asimismo, se realiza un ajuste en los débitos fiscales por margen de utilidad. Se cuestiona la relación débito fiscal/crédito fiscal de solo 1,02 resultando muy cercano a la unidad, el cual entiende la AFIP insuficiente para solventar los costos fijos del establecimiento. Agrega que el contribuyente sumó bienes de uso a su patrimonio reforzando la existencia de ingresos marginales. Ello así, concluye que existen ventas no declaradas.
VII. Que, con respecto a la nulidad planteada por la recurrente en base a una supuesta falta de causa y motivación por parte del Fisco Nacional al momento de la determinación de oficio, corresponde señalar que la misma no puede prosperar, pues lo alegado carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto, la resolución apelada contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la procedencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y poder elaborar su defensa.
Para que prospere la excepción de nulidad debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable. Si el recurrente no concuerda con la fundamentación de la resolución apelada ello, en rigor, constituye un aspecto vinculado con el fondo de la cuestión a resolver y no una cuestión previa.
Tal como expone reiterada jurisprudencia, “…para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar…” (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica – AMET. C/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Amparo”, CSJN, 05/10/1995, T. 324, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; “Simijosky Juan c/E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. Y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 09/10/96, entre otros).
En atención a lo señalado, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado, correspondiendo su rechazo. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad opuesta por la actora, sin costas en este caso en atención a lo dispuesto por el Máximo Tribunal en el fallo “Bolland”.
VIII. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la recurrente en donde se detrajeron los créditos computados correspondiente al proveedor incluido en “Base Apoc”. En efecto, conforme se desprende del informe final de inspección correspondiente al contribuyente de autos, los inspectores hacen constar que el cargo se origina precisamente en cruces informáticos de donde surge que la contribuyente sería usuaria de facturas emitidas por un contribuyente incorporado en la base “Apoc”.
Ahora bien, este Tribunal estima necesario precisar que de acuerdo con las actuaciones administrativas correspondientes el proveedor impugnado, ya citado, fue incorporado a dicha base el 13/03/2021 siendo que las operaciones que se impugnan en el presente caso son anteriores a dichas fechas.
De las actuaciones referenciadas en el párrafo precedente, se advierte también que la labor llevada a cabo en el marco de la inspección, fue el intento de localizar al proveedor en los domicilios registrados ante el ente fiscal y en atención al resultado de dicha actuación concluyeron, sin mayor justificativo, en que por tal razón no se podía verificar su real existencia y capacidad operativa y económica, impulsando por lo tanto su carga en base Apoc. Por su parte, la labor de fiscalización en el caso del contribuyente de autos se limitó al cruce de información de los sistemas informáticos del ente recaudador, haciendo constar los inspectores que como resultado de ello surgía la no localización del proveedor lo que llevaba a interpretar la falta de capacidad. En consecuencia, se impugnó el crédito fiscal computado por este proveedor, por las operaciones registradas con la firma.
En ese sentido, no se observan otros indicios que puedan sustentar la postura fiscal, más aún teniendo en cuenta que de las verificaciones llevadas a cabo en el año 2021 en varios de los domicilios se les respondió que la firma La Mestiza había dejado de operar en esos domicilios hacía dos años, es decir que sí habría operado allí a la fecha en que se celebraron las operaciones con la contribuyente de autos, es decir, de la propia fiscalización se observa que varios de los consultados por los inspectores reconocieron que habría tenido oportunamente actividad el proveedor.
Que de lo expuesto en los puntos precedentes, se evidencia que los elementos colectados por la inspección no resultan suficientes para fundar la impugnación fiscal, ya que no se ha demostrado de manera suficiente la impugnación de las operaciones celebradas, como así tampoco que las facturas seas apócrifas.
Cabe recordar que en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", cabe señalar que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Los únicos elementos que tiene en cuenta el Fisco Nacional para concluir en la inexistencia de las operaciones comerciales con la aquí actora ha sido principalmente que el proveedor fue incorporado en la base APOC al no ser localizado en sus respectivos domicilios, circunstancia que por sí sola no permite avalar la postura del organismo fiscal, porque escapa a la responsabilidad del comprador, además de ser una circunstancia que, como quedara evidenciado anteriormente, se verifica con posterioridad a los hechos analizados en la causa. Dicho claramente, tales inferencias probabilísticas no son idóneas para producir conclusiones ciertas y absolutas sobre el hecho a probar.
Cabe recordar que el domicilio fiscal y el cumplimento de las obligaciones impositivas de los proveedores no resultan imputables al contribuyente que realizó operaciones comerciales con ellos (conf. CNACAF Sala II, "Floriner S.A. c/DGI" del 25/11/2010; Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, "Floriner S.A. c/DGI", del 21/08/2009). Así pues, en la causa Química Petrosil SRL, TFN, Sala A, 4/7/2007 se ha dicho que “el Fisco no ha demostrado de manera suficiente aquella impugnación, desde que la no ubicación de los proveedores en los domicilios fiscales o la falta de presentación de la declaración jurada no son elementos hábiles per se para concluir la falsedad de los comprobantes”. En ese sentido ya se ha pronunciado esta Sala “B”, en distinta composición parcial, en “MAUHORAT, HÉCTOR LUIS s/ apelación- IVA” sentencia del 21/5/2012 y en “HUMADA DALMARONI CARLOS ALBERTO s/apelación GANANCIAS – IVA” del 7/2/2014.
Corresponde destacar que la postura ensayada por el Fisco Nacional en estos actuados es insuficiente para desacreditar la existencia de las operaciones involucradas y, en cambio, conducen a evidenciar la falta de regularidad fiscal del proveedor, resultando esto una cuestión totalmente ajena al ámbito de control de la recurrente, y exceden el margen de prudencia y buena fe que deben regir las relaciones comerciales, a la vez que no permiten inferir la inexistencia de las operaciones.
Por ser ello así, cabe poner de resalto que las irregularidades destacadas por la A.F.I.P. –D.G.I., en verdad, tienden a cuestionar el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales por parte del proveedor, pero en modo alguno permiten tener por inexistentes las operaciones que la actora realizó con aquel, respecto de las cuales se ha acreditado la existencia de sus aspectos sustanciales.
Es dable destacar que no surge de autos que el Fisco Nacional haya impugnado el costo correspondiente a las facturas del proveedor en el impuesto a las ganancias y, más aún, ha considerado el crédito fiscal en cuestión a los efectos de determinar la relación débito fiscal/crédito fiscal que sustenta el ajuste de los débitos fiscales que se tratará en el Considerando siguiente. Por último conforme surge del IF-2023-73913548-APN-SGAI#TFN obra la contestación al oficio diligenciado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la cual da cuenta de la actividad del proveedor impugnado, agregando la información relativa a las cabezas de ganado bovino pertenecientes al Matarife Abastecedor LA MESTIZA S.R.L. (C.U.I.T. 30-71090064-3) ingresadas a faena y declaradas por los Mataderos Frigoríficos FRIGORIFICO H V S A (C.U.I.T. 30-66037563-1), FRIGORIFICO VISOM S A (C.U.I.T. 30-70765648-0) y JORGE LUIS TOLOSA S A (C.U.I.T. 33-63958588-9) durante los períodos 2018, 2019 y 2020.
Que, en función de todo lo hasta aquí expuesto, corresponde revocar el acto apelado en este aspecto, con costas.
IX. Que en cuanto al ajuste efectuado en la resolución apelada en relación a las diferencias detectadas entre el crédito fiscal registrado en el Régimen informativo de compras y ventas (R.G. 3685) y el declarado en las declaraciones juradas presentadas en los períodos fiscales mayo de 2019 y mayo de 2020, no habiendo agravios específicos de la parte actora corresponde su confirmación, con costas.
X. Que ahora bien toca resolver el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en relación al margen de utilidad del contribuyente lo que llevó a entender que el débito fiscal declarado no se encontraba ajustado a la realidad. En efecto, la relación débito fiscal/crédito fiscal es de 1,02 lo que a criterio del Fisco Nacional es insuficiente para cubrir los costos fijos, cuando para el contribuyente en períodos anteriores era cercana al 12%. Al respecto el contribuyente intenta justificarlo argumentando que dicho margen tenía como fundamento ciertas restricciones gubernamentales a la actividad, lo que simplemente menciona pero no explica ni prueba que haya sido el caso.
En ese sentido, como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reitera la doctrina-, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69) (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Siendo en el caso, como se dijo, aplicable la regla “onus probandi incumbit eu qui dicit” corresponde concluir, que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de demostrar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas, que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo, en las resolución apelada en autos, razón por la cual corresponde confirmar el ajuste efectuado en este punto, con costas.
XI. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios calculados en la determinación de oficio del IVA, corresponde su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a) y b) de la ley procedimental, correspondiendo aquí su análisis en función del ajuste que resulta confirmado en los considerandos precedentes.
Ahora bien, en relación al ajuste que resulta confirmado no se advierte que se den en el caso las premisas de los incisos a) y b) que den lugar a la aplicación de la presunción de dolo contenida en el artículo 47 de la ley procedimental. En efecto, el ajuste de los débitos fiscales no surge de haber constatado el Fisco Nacional una grave contradicción entre los libros y demás documentación correlativa con los datos que surgen de las declaraciones juradas presentadas ni que en la documentación citada se hayan consignado datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, la que en el caso de los débitos fiscales declarados con los ajustados no llega al 10%. Además cabe advertir que no surge de autos que el Fisco Nacional hubiera ajustado el importe de las ventas declaradas por el contribuyente en el Impuesto a las Ganancias.
Que por lo tanto, no se encuentra debidamente activada la presunción de fraude por parte del Fisco Nacional. Ello así, no habiendo acreditado el dolo de manera directa y tratándose en el caso de un ajuste indiciario con sustento en el artículo 18, primer párrafo, de la ley procedimental, luce como desacertada en la especie una imputación infraccional de tipo doloso en función del carácter presuncional del ajuste. Al respecto corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho in re "Mazza, Generoso" (fallos 312:447 del 6/4/89) que en los casos de ajustes presuncionales debe contarse con otros elementos de convicción que permitan atribuir el dolo además de la inferencia utilizada para la determinación fiscal con respaldo en el actual artículo 18 de la Ley Nº 11.683.
Asimismo, el Máximo Tribunal en la causa “Montenegro Hermanos S.A. c. Dirección General Impositiva” del 24/08/2000 ha señalado que “según esta Corte ha tenido oportunidad de señalarlo en un pronunciamiento reciente ("Casa Elen-Valmi de Claret y Garello" -Fallos: 322:519-, en el que precisó los alcances del precedente "Mazza" - Fallos: 312:447-), cuando se trata de infracciones que requieren de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco -como ocurre con la prevista en el citado art. 46-, la doctrina del Tribunal "impide que las presunciones que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria del responsable, sean utilizadas, además, para presumir -y tener de ese modo probada- la existencia de esa conducta dolosa; tal extremo debe acreditarse con sustento en otros elementos de prueba" (consid. 5)”.
Que, teniendo en cuenta el criterio antes expuesto, de las constancias del expediente y del desarrollo de la materia por el Fisco Nacional en el acto determinativo no surgen elementos concretos que permitan tener por acreditada la existencia del dolo requerido por el tipo con relación al ajuste de los débitos fiscales que en definitiva resultaron ajustados, corresponde reencuadrar, en consecuencia, la multa aplicada al tipo descripto por el art. 45 de la Ley de Procedimiento Tributario, no existiendo dudas que la apelante ha incurrido en la omisión de tributar en su justa media el gravamen a su cargo y que no ha aportado prueba de haber incurrido en error excusable. Las costas en este aspecto se imponen por su orden, de conformidad con el artículo 184, último párrafo, de la ley procedimental.
Que atento lo expuesto precedentemente; SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el acto apelado, con más los intereses que correspondan, en los términos de los Considerandos IX, X y XI y revocarlo conformidad con el Considerando VIII. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
2. Reencuadrar la multa conforme surge de lo expuesto en el Considerando XII de la presente sentencia. Las costas en este aspecto se imponen por su orden, de conformidad con el artículo 184, último párrafo, de la ley procedimental.
3. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.11.10 12:08:14 ART Date: 2023.11.10 12:12:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.10 12:17:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.10 12:18:03 -03:00
Fin de la sentencia