Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-19776207-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4924/2018 dirigida a la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, con costas al fisco.
2Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en los artículos 1101 y 1104 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-91328086-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Agosto de 2023 GARANTÍAS SA)
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término a fin de resolver en los autos EX-2023-19776207-APN-SGASAD#TFN (ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA)
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2023-19775608-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 4924/2018, dictada en la Actuación Nro 12210-3241-2009, por la que se formuló cargo en concepto de tributos adeudados y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17, todo ello en relación a la destinación N° 07 073 IT16 000079Z.
Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario en atención que dicha resolución incumple las previsiones expresamente establecidas por el art. 1094 del CA. Por lo que es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley y de los principios del debido proceso y derecho de defensa. Se agravia por la dilación del sumario aduanero, sostiene que el arribo a una resolución condenatoria y su posterior notificación distan en mucho de respetar el derecho de defensa, y en ese sentido debe declararse la prescripción de la acción del fisco para exigir tributos, en los términos del art. 803 del CA. Plantea que desde otro ángulo normativo le acusa agravio el criterio de considerar suspendida el curso de la prescripción por la sola apertura sumarial que establece el art. 805 inc a), sumado que en el caso la DGA determinó y exigió el impuesto considerando innecesario resolver el sumario respecto de la infracción al art. 970.
Por lo tanto, al devenir irrelevante la necesidad de la sustanciación del procedimiento sumarial hace que la apertura del sumario carezca del efecto suspensivo. En subsidio, en caso que se entienda que la instrucción de sumario no se debe notificar y que suspendió el plazo de la prescripción, a la fecha en que se notificó la Resolución recurrida, la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos se encontraba prescripta. Señala que el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 01/01/2009 y el plazo de la prescripción vencía el 31/12/2013. Sostiene que el plazo se habría suspendido desde la apertura del sumario que se dictó con fecha 28/08/2013, por lo que hasta esa fecha habían transcurrido 4 años, 8 meses y 28 días, es decir que, del plazo quinquenal restaban cumplirse 4 meses y 3 días, los que deben computarse una vez que cesara la suspensión.
Que, en el caso de autos, la resolución definitiva que hace que cese la suspensión se dictó el 30/07/2018, desde este momento comenzó a correr el plazo restante para completar el plazo prescriptivo, dicho plazo se cumplió el 3/12/2018. La resolución definitiva recién fue notificada con fecha 01/02/2023, encontrándose ampliamente vencido el plazo prescriptivo. Cita jurisprudencia al respecto. Plantea, en subsidio, la prescripción de los impuestos, cuestiona la determinación tributaria, la improcedencia del reclamo por percepciones y su incorrecta determinación y solicita la reducción de la tasa de interés. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente se dicte sentencia dejando sin efecto el cargo formulado, con expresa imposición de costas.
II. Mediante IF-2023-58175132-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las Actuaciones Administrativas, realiza una negativa genérica y efectúa un análisis de los antecedentes administrativos. Contesta los agravios de la actora, respecto a la nulidad planteada, aclara que la resolución aduanera cuestionada no constituyó una resolución condenatoria en el procedimiento para las infracciones, sino que dicho procedimiento fue archivado, es decir, dejado de lado conforme lo resuelto en el art. 1 de la citada resolución donde se ordena el archivo en los términos de la IG 9/17. Analiza la instrucción general 9/17 y solicita se rechace el planteo de nulidad y se declare la validez tanto del procedimiento como de la resolución aduanera, con costas. También señala que mediante el procedimiento infraccional que tramita en autos, la aseguradora ha tenido la posibilidad de articular ampliamente su defensa y que el planteo de nulidad en estudio se vuelve un pedido de nulidad por la nulidad misma. En relación a la prescripción, argumenta que el plazo de prescripción de las acciones del servicio aduanero para percibir tributos comenzó a correr el 01/01/2009, y a diferencia de lo que pretende la actora el auto por el que se dispuso la instrucción de sumario, de fecha 28/08/2013 suspendió el curso de la prescripción, suspensión que continúa hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión, por lo que no se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir los tributos. Contesta el resto de los agravios, se allana parcialmente respecto de la exigencia de IVA Adicional y ganancias por aplicación del fallo “Cladd”, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
III. Que con fecha 03/07/2023 se declaran de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Con fecha 14/07/2023 se elevan los autos a la Sala “E” y se pasan a sentencia.
IV. Que de la compulsa del Expte SIGEA n° 12210-3241-2009 surge que a fs. 1 obra el Acta Denuncia, de fecha 19/06/2009 formulada respecto de la destinacion Nro 07 073 IT16 000079Z (cuyo vencimiento operó el 23/03/2008) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA. A fs. 4 se glosa la carpeta de la destinación involucrada en la causa y a fs. 6/7 se informan las alícuotas aplicables a la mercadería en presunta infracción y se liquidan los tributos que corresponderían. A fs. 9, con fecha 28/08/2013 se dispone la instrucción de sumario, a fs. 11 se practica una nueva liquidación de multa y de tributos y a fs. 12 se informa que la firma importadora no posee antecedentes. A fs. 13 y 13vta, el 30/07/2018 se dicta la resolución apelada en la causa, que se le notifica a la recurrente el 01/02/2023.
V. Que, sentado lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal los planteos de nulidad y prescripción, invocados por la actora en su presentación.
Que tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por presunta infracción al art. 970 del C.A. Practicada la liquidación de tributos y multa, el 30/07/2018 se dicta la resolución definitiva apelada en autos, conforme la cual, se dispone archivar el sumario en los términos de la Instrucción General 9/17, formular cargo en concepto de tributos adeudados en concepto de derechos de importación e ingresar el antecedente al registro de causas archivadas. Para poder comprender la decisión adoptada por la administración y analizar, consecuentemente, si la misma es ajustada a derecho, considero necesario examinar cada uno de los puntos decididos.
En cuanto al artículo 1 del citado resolutorio, se decidió archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA), la que tuvo su origen en la IG (DGA) 1/98 reformulada por la IG n° 2/07. Las instrucciones mencionadas tuvieron como finalidad evitar el dispendio innecesario de recursos materiales y humanos de la administración, disponiendo el archivo de las actuaciones que puedan importar la aplicación de las sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornaban antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro.
Para ello la administración determinó los casos comprendidos, dentro de los cuales se encontraban las denuncias por infracción al art 970 del C.A., infracción cuestionada en el caso traído a conocimiento, estableció que el presunto infractor no debía tener antecedentes de casos archivados durante los últimos 12 meses anteriores a la presunta infracción, y se fijó el monto en concepto de la multa mínima, el cual no debía ser alcanzado para poder aplicar los términos de la instrucción. Mediante la Instrucción General 9/17 se fijó la suma de pesos treinta mil ($ 30.000).
Por su parte el artículo 3 de la resolución analizada dispuso formular cargo contra la importadora y la firma aseguradora de la operación aduanera en concepto de tributos adeudados.
En este orden de ideas tenemos un procedimiento que comenzó siendo infraccional y culminó con el archivo de las actuaciones motivado en el hecho de que la pena impuesta al presunto infractor, llámese la multa mínima, era inferior a los $30.000, exactamente $25.314,92 y la verificación de la inexistencia de antecedentes computables (fs. 12), como así también la formulación de un cargo por tributos adeudados. En tal sentido, el servicio aduanero consideró implícitamente el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
VI. Que, el art 1101 del CA establece que; "Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el Administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviera en su poder." Conforme lo receptado en los considerandos precedentes, dispuesta la instrucción del sumario, el servicio aduanero no consideró necesaria la intervención del presunto infractor y de la compañía de seguros en el procedimiento infraccional incoado, motivo por el cual éstos no tuvieron oportunidad alguna de presentar sus defensas y poder acompañar, en caso de corresponder, la documentación que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Como se puede observar la única notificación que se cursó a la aquí recurrente fue a mero efecto de poner en su conocimiento el dictado de la resolución apelada en autos, y exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados. Está claro que el juzgador omitió el cumplimiento con lo preceptuado por el art. 1101 del C.A.
Otra de las normas que debe ser citada es el art. 1012 del CA, el cual prevé “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites;...c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados...”
Es indiscutible que el servicio aduanero ha omitido en el caso de autos dar cumplimiento con los recaudos de procedimiento exigidos para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.) omitiendo la corrida de vista a la importadora y la firma garante a fin de ejercer sus defensas.
Así el proceder del servicio aduanero afectó no sólo al derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de motivos del Código Aduanero Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
En consecuencia, no cabe duda que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento y no puede considerarse cumplida únicamente con la notificación de la resolución apelada.
VII. Que, en el marco de este análisis, otra de las cuestiones que no puede ser obviada es la naturaleza de la infracción. En tal sentido y tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento radicado en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción -conforme los términos de la Instrucción General referida-, el servicio aduanero debía determinar fehacientemente la configuración de la infracción que fue imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la multa y los tributos que se exigieron en forma solidaria con la aseguradora. Ello por cuanto la facultad de disponer el archivo de las actuaciones por parte del servicio aduanero cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, se ha podido fijar el monto de la sanción correspondiente, dado que es la verificación de la infracción la que da lugar a la sanción y aplicación de la multa.
La multiplicidad de casos como el que aquí nos ocupa y la defensa sistémica esbozada por el Fisco, sentada centralmente, sobre la competencia que le es propia para el dictado de normas internas con un objetivo eminentemente práctico, merecen debida receptación en este voto, pues persiste una cuestión liminar que evidencia una confusión, pues la intencionalidad práctica migra hacia lo inconstitucionalmente inconveniente cuando su aplicación automática o irrazonada se planta de bruces con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento definitivo respecto de su situación procesal.
Cuestionar la naturaleza penal de las infracciones es ir en contra de medio siglo de pacífica jurisprudencia en ese sentido. La aplicación supletoria del Código de Procedimientos en materia penal (más allá del error en la técnica legislativa aplicada en la redacción del art. 1017 al individualizarlo literalmente dejando en evidencia el paso del tiempo, pues desde la sanción del Código Aduanero, tres cuerpos normativos en la materia adjetiva -en esenciase han sucedido hasta el actual Código Procesal Penal Federal), Desde la incorporación del antiguo y derogado art. 195 del Código Levene, en el año 1992 se sucedieron hartas discusiones respecto a cuándo podía archivarse una causa, como una modalidad de finiquitar el proceso cuando no pudiere “procederse” en el sentido de “hasta que no se incorporasen nuevos elementos a la pesquisa que permitieran avanzar con la misma”. Claro está que muchos procesos quedaban “congelados” en el tiempo esperando en abarrotados anaqueles que un activo divino se produjera y así fundar el “desarchivo”. Ahora bien, como suele suceder en nuestro sistema de justicia, una herramienta pensada para optimizar los recursos del Estado, dejando de lado una investigación momentáneamente para poder dedicarle el tiempo a otra que pueda resultar “exitosa” a los fines de la pretensión del Juez o del titular de la vindicta pública, derivó en una serie de casos donde personas identificadas en un proceso e imputadas por comisión de un ilícito veían en ese archivo una suerte de hibernación de su derecho afectando la garantía de obtener un pronunciamiento definitivo a su respecto, en un plazo razonable.
Ya en vísperas del siglo XXI la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con una prístina contundencia enseñó que: “...Existiendo personas imputadas de un delito perfectamente individualizadas, sólo cabe definir su situación procesal por sobreseimiento, procesamiento o falta de mérito, o en el inicio desestimando por inexistancia de delito...” (CNCrim. y Correcional, Sala I, del 16/10/97 causa n° 7653) dejando una premisa que erige como columna vertebral el error en que incurre la Aduana al aplicar la Instrucción 9/17, a saber mientras existe imputado identificado, persiste su derecho a que se resuelva definitivamente su situación procesal, postergarlo sin justificación es sencillamente, violar el debido proceso adjetivo.
No se cuestiona la competencia de Administración Federal para sancionar e imponer normas internas, claro está. Lo que no puede dejar de lado es que en ese orden está el destino de un derecho de un particular que declama certeza.
Si razones de oportunidad ameritan aplicar criterios de disponibilidad de la acción, el marco normativo da suficiente respuesta en el mismo Código Aduanero -a través del principio de insignificancia- o en el mismo Código Procesal Penal Federal conforme lo normado en los arts. 30 inc. a) y 31 inc. a) conforme texto sancionado por la Ley 27.482, lo que no puede permitirse dejar en un estado de expectativa eterna la resolución de la situación procesal cual espada de Damocles respecto del ciudadano, cuyo derecho se encuentra amparado en nuestra Constitución y Tratados Internacionales que la conforman por aplicación de lo allí dispuesto, precisamente en el art. 75 inc. 22.
Lo dicho, entiendo, da cabal respuesta a un interrogante que se mantiene y no ha sido debidamente evacuado, más allá de que en casos como el de autos, en que se imputa una infracción en los términos del art. 970 del C.A., donde, previo a disponer el archivo del sumario con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción -conforme los términos de la instrucción general referida- el servicio aduanero debió determinar fehacientemente la configuración de la infracción imputada a la importadora, la que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que se exigen en forma solidaria con la aseguradora y, en consecuencia, fijado el monto de la sanción.
Es la verificación de la configuración de la infracción la que da lugar al reproche y consecuentemente a la exigencia tributaria, amén de la suerte que siga la sanción penal a imponer.
Ello se condice con la lógica impresa al tipo de proceso que nos ocupa, ceñido a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero y que por una desacertada interpretación y aplicación de la IG en trato, bifurca su norte omitiendo la corrida de vista del art 1101 del C. A., lo que torna nulos todos los actos procesales -a excepción de la instrucción del sumario que se encuentra debidamente fundada en los actos que la precedieron- contenidas en la Resolución aquí recurrida, siendo que carecen del sustento legal y fáctico, ya que se basaron en una imputación que no sólo no fue comprobada, sino también, que fue dictada sin que el imputado pudiera participar en el proceso y defenderse.
Por lo que corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución DE PRLA Nº 4924/2018.
VIII. Que, en virtud de todo lo analizado y las particularidades que presenta el caso traído al conocimiento de este Tribunal, considero que las costas del proceso deben ser impuestas al Fisco.
IX. Por la forma en que se resuelve el presente caso, no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
Por ello VOTO POR:
Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 4924/2018 apelada en autos, dictada en el marco de la Actuación Nro 12210-3241-2009, con costas al Fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. González Palazzo.
II. Que adhiero a las conclusiones relativas a las irregularidades procedimentales incurridas por el servicio aduanero en la sustanciación del sumario infraccional que tramita mediante Actuación 12210-3241-2009 sin perjuicio de lo cual, considero que dichas irregularidades causan la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4924/2018.
Ello por cuanto, formulada la denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., el 19/6/2009, posteriormente luce informe de alícuotas aplicables y liquidación de tributos, seguidamente se dispone la instrucción de sumario el 23/3/2008. En tales condiciones, previa a una nueva determinación de multa y tributos y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada. Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N° 9/17 de la D.G.A. - por lo cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 4924/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos. Que, en virtud de ello, deviene nula la notificación cuya constancia luce a fs. 15 de las actuaciones (Notificación SICNEA Nro. 23001NOTI005810L), en las que incorrectamente se consigna la expresión “resolución definitiva”, y, también incorrectamente, se indica que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4924/2018 dirigida a la aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de las acciones del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2009.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (23/3/2008) -conforme surge de fs. 3 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (28/8/2013), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en los arts. 1101 y 1104 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4924/2018 dirigida a la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en los artículos 1101 y 1104 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Atento: (i) la dificultad para aunar criterios dentro de la Sala, (ii) las recientes resoluciones de la Aduana sobre la cuestión, (iii) el hecho de constatarse en las actuaciones administrativas irregularidades procedimentales en materia contravencional que pertenecen al ámbito estricto de la competencia administrativa y, (iv) el imperativo de dictar sentencia en el pleito, me condujeron a una nueva revisión de la cuestión por la que adhiero, en lo sustancial y por razones de economía procesal, al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por MAYORIA, SE
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 4924/2018 dirigida a la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en los artículos 1101 y 1104 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.08.04 12:35:25 -03:00 Date: 2023.08.04 12:46:39 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.07 16:14:22 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.07 16:14:23 -03:00
Fin de la sentencia