Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 43.822-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 165/173vta. el contribuyente Lucas Palmero interpone recurso de apelación contra la Resolución N°188/2015 (DV RR1P) de fecha 19/06/2015 suscripta por el Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, en la suma de pesos trescientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y cinco con setenta y siete centavos ($356.765,77) con más la suma de pesos ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete con seis centavos ($889.417,06) en concepto de intereses resarcitorios.
Que a fs. 421/429vta., fs. 610/618, fs. 900/908vta. y fs.1164/1172vta. los contribuyentes Gloria Susana Dalera de Palmero; Edgardo Daniel Palmero; Marina Palmero y Julián Palmero, respectivamente, interpusieron sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nº 424/2015 (DV RRII P) del 26/06/2015 dictada por la Dirección Regional Palermo de la AFIP, N°255/2015 (DV RRME) del 02/07/2015 emitida por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP, N° 200/2015 (DV RR1P) del 19/06/2015 emitida por la Dirección Regional Palermo de la AFIP y N°180/2015 (DV RR1P) del 19/06/2015 dictada por la Dirección Regional Palermo de la AFIP. Los apelantes impugnan dichas resoluciones relativas al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, por la cual se determina un impuesto a ingresar a favor del Fisco Nacional para ese periodo con más los intereses resarcitorios. Cabe destacar que todos los recurrentes remiten en sus escritos a los argumentos oportunamente expuestos por el Sr. Edgardo Daniel Palmero, razón por la cual, siendo los agravios análogos, los mismos serán detallados a continuación en forma conjunta.
Manifiestan que las fiscalizaciones, de carácter electrónico, se iniciaron como consecuencia de la información recibida por la AFIP de parte de la Administración Tributaria Francesa, contenida en un disco, de la cual surgían datos que los sindicaban como cotitulares de la cuenta N° 1469207 abierta en el Banco HSBC de Suiza, la que no se encontraba declarada.
Explican que el Sr. Edgardo Palmero era titular de la cuenta imputada y del saldo atribuido a la misma por el Fisco Nacional al 31/12/2006, planteando la imposibilidad de la existencia del incremento patrimonial no justificado que pretenden endilgarles, atento a que los montos depositados provienen de un periodo ya prescripto.
Sostienen que la imputación realizada se origina en lo que puede denominarse una “Cuenta de Inversión” conformada por dólares, euros y distintos valores negociables con cotización en mercados del extranjero - títulos, bonos, acciones-, y que las operaciones eran realizadas por un oficial de la entidad financiera, quien a su criterio vendía valores y adquiría otros, pudiendo también hacer colocaciones temporarias de los excedentes líquidos, informando de las mismas a su beneficiario mediante dos documentos: el “STATEMENT OF ASSETS” que detallaba el estado de efectivo y valor de cotización de los valores que conformaban la cartera del cliente a una determinada fecha y que se expresa en dólares estadounidenses; y el “STATEMENT OF ACCOUNT” que consigna los movimientos de la cuenta, que a su vez se descompone en dos sub-cuentas, una en dólares y la otra en euros.
Expresan que la referencia a los citados instrumentos y su distinción es importante a los fines de constatar y acreditar en forma documentada la evolución de la cuenta bajo controversia y sus movimientos, concluyendo que del mencionado análisis emerge en forma irrefutable que el incremento patrimonial no justificado que el fisco les endilga, es anterior al 01 de enero de 2006, atribuible por ello a un periodo ya prescripto, invocando las normas aplicables a tal fin.
Revelan que el Sr. Edgardo Palmero conjuntamente con otro beneficiario (su esposa) fueron titulares de la cuenta 43110 ST cuyo número de relación fue 1415344, abierta el 04/08/2004 y cerrada el 15/11/2006. Que a continuación se incorporaron tres nuevos titulares a dicha cuenta (sus hijos), con la nueva denominación 43121 ST (que reemplazó la 43110 ST) y cuyo número de relación fue 1469207, y que justamente, es éste último número de cuenta o relación, el utilizado por el fisco para realizar la imputación a los recurrentes.
Ello así, explican que la cuenta motivo de la determinación de oficio tuvo su origen en su similar individualizada con el N°1415344, ya que la cuenta N°1469207 se abrió con posterioridad a aquella y se nutrió de los fondos existentes en la primera.
Que del análisis de los movimientos en ellas emerge que el saldo en dólares y euros existente al 31/12/2005 era mayor que el existente al 30/09/2006, por lo que no hubo un aumento del patrimonio en orden a este rubro y que respecto de los otros ítems, los valores existentes en una y otra cuenta son idénticos, por lo que tales inversiones se encontraban en el patrimonio del contribuyente desde por lo menos el 31/12/2005.
Concluyen que, de los documentos aportados y por aplicación del artículo 27 del Decreto Reglamentario del Impuesto a las Ganancias, puede extraerse que el incremento patrimonial no justificado debe imputarse a momentos anteriores al 31/12/2005 y que en razón de lo dispuesto de los artículos 56 y 57 de la Ley N° 11.683 se encuentran prescriptas las acciones del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos que por ellos pudieren corresponder.
En subsidio, plantean la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto a las ganancias del período fiscal 2006, sustentando su pretensión en la inaplicabilidad de las suspensiones dispuestas por el art. 44 de la ley 26.476 y el art. 17 de la ley 26.680, en razón de lo expuesto por los legisladores en el debate parlamentario.
Citan jurisprudencia. Acompañan prueba documental. Formulan reserva del caso federal. Solicitan se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 238/261vta., fs. 489/512vta., fs. 701/725, fs. 968/992 y fs.1229/1253 la representación fiscal contesta los recursos cuyos traslados le fueron conferidos.
En primer término, rechaza el planteo de prescripción interpuesto por los recurrentes, aseverando que las acciones y poderes del fisco para determinar el impuesto se encontraban expeditas al momento del dictado de las resoluciones que se apelan.
Refuta lo manifestado en cuanto a que no les resultan aplicables las suspensiones de la prescripción previstas en el artículo 44 de la ley N° 26.476 y artículo 17 de la Ley N° 26.680, destacando el carácter general que emerge patente de la letra de la ley, siendo que la primera fuente de exégesis normativa es su letra y cuando esta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, sin que resulte pertinente indagar sobre la voluntad del legislador, como lo proponen los actores. Adiciona a ello, el hecho que los apelantes no han ponderado la suspensión de 120 días prevista en el artículo 65 de la ley N° 11.683 y contados a partir de la notificación de la vista en las respectivas determinaciones.
Que en lo relativo a la falta de declaración de los fondos depositados en una entidad bancaria situada en la Confederación Suiza, ratifica que constituye un incremento patrimonial no justificado, destacando que los agravios de la recurrente corresponden a un mero desacuerdo con el criterio adoptado por el juez administrativo.
Revela que el agravio que intenta introducir el apelante en el sentido de considerar que el incremento patrimonial observado no corresponde al ejercicio 2006 por cuanto se verifican saldos mayores en la cuenta bancaria existente al 31/12/2005, cabe desechar desde el inicio tal cuestionamiento atento a la ausencia de elementos que den sustento a dichas manifestaciones, entre otras cosas, en virtud de que tal hipótesis implicaría tener por acreditada la ausencia de movimientos en la cuenta bancaria analizada entre ambas fechas.
A ello adiciona el hecho de que la recurrente no arrimó probanza alguna sobre la correspondencia entre los fondos existentes al cierre de periodos anteriores y aquellos verificados al 31/12/2006 -base del ajuste que se apela- por lo que tal situación no se tiene por acreditada, manteniendo el criterio exhibido en la determinación de oficio.
Finalmente, hace hincapié en la legalidad de las fiscalizaciones electrónicas llevadas a cabo respecto de los apelantes, como asimismo de la información obtenida en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto con la República de Francia con relación a las cuentas ocultas en la entidad bancaria situada en Suiza.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por los apelantes y solicita se rechacen las apelaciones intentadas, con imposición de costas a los actores.
III. Que atento al extravío de los antecedentes administrativos correspondientes a las investigaciones fiscales seguidas a los Sres. Dalero de Palmero Gloria Susana (Expte. N° 43.822-I) y Palmero, Edgardo Daniel (Expte. N° 44.270-I), a fs. 1293 de autos se dispuso la reconstrucción de los mencionados instrumentos.
Que a fs. 1296 la representación fiscal cumple con lo requerido y procede a acompañar la documentación requerida, siendo atados por cuerda a los presentes autos.
Que a fs. 1302 se advierte que la parte actora no aportó copia alguna y se tienen por reconstruidos los antecedentes administrativos mencionados, encontrándose la causa en condiciones de ser resuelta por este Tribunal.
Que a fs. 1309 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 1313 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Que en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción introducido por los recurrentes.
Ello así, a efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
i) El impuesto determinado corresponde a ganancias, período fiscal 2006, razón por la cual el cómputo del término prescriptivo se inició el 01/01/2008 (art. 57, ley 11.683).
ii) El 24/12/2008 el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.476, la que en su artículo 44 dispuso, con carácter general, la suspensión por un año del curso de la prescripción.
iii) El 03/06/2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.860, que en su artículo 17 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iv) En fechas 19/06/2015, 26/06/2015, 02/07/2015, 19/06/2015 y 19/06/2015 el fisco emitió las Resoluciones N°188/15 (DV RR1P), N° 424/15 (DV RRIIP), N° 255/15 (DV RRME), N° 200/15 (DV RR1P) y N° 180/15 (DV RR1P), respectivamente, las que son objeto de apelación en los presentes autos. Concretamente, debe examinarse si la acción del Fisco Nacional para determinar el impuesto y/o aplicar sanciones se encontraba prescripta -tal como sostienen los actores- al momento del dictado de las resoluciones en crisis.
Del relato de los antecedentes emerge que las partes discrepan en torno a la viabilidad de la aplicación al caso de la suspensión del curso de la prescripción, en razón de lo dispuesto por el artículo 44 de la ley 26.476 y articulo 17 de la ley 26.860.
Cabe recordar que el citado artículo 44 disponía: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Que el referido artículo 17, se expresaba en idénticos términos, disponiendo asimismo la suspensión con carácter general por el término de un año desde la sanción de la ley. En tal sentido, cabe anticipar que el agravio introducido por los apelantes -según el cual resultaría inaplicable a sus casos lo previsto en los artículos transcriptos- no puede prosperar. Ello así, por cuanto la postura asumida por los recurrentes en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, teniendo presente que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). En efecto, acudir a los debates parlamentarios -como lo proponen los apelantes- con el fin de llevar a cabo una innecesaria interpretación de la norma cuando, tanto su texto como su sentido y alcance no ofrecen dudas, no obedece a una buena hermenéutica jurídica.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656). Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/2015 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/2015–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 -similar al que aquí incumbe–, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que las suspensiones anuales resultan plenamente aplicables al presente caso, por ser aquella de carácter general.
Por lo considerado, a los fines de resolver la excepción planteada, incumbe exponer el cómputo de la prescripción según el criterio establecido en las consideraciones que preceden.
El 01/01/2008 se inició el cómputo del término para todos los casos, presentándose al 24/12/2008 la primera causal de suspensión en razón de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.476, habiendo transcurrido hasta ese momento 11 meses y 23 días del término previsto en la ley de rito. Que reanudado el plazo el 24/12/2009, se presenta la segunda suspensión el 03/06/2013, en virtud de la sanción de la ley 26.860, habiendo transcurrido hasta ese momento, 4 años y casi 6 meses del término en curso.
Que el 03/06/2014 el plazo se reanuda por segunda vez y antes de que opere la prescripción, la AFIP confirió vista a los apelantes, aplicándose las previsiones del artículo 65 de la ley 11.683 en virtud del cual se suspende por 120 días el curso del plazo, siempre que se notifique el acto determinativo 180 días corridos antes de que opere la prescripción, lo que ha ocurrido en autos, según la siguiente descripción:
i) En fecha 10/12/2014 se confirió vista al Sr. Palmero Lucas, dictándose la resolución determinativa N°125/2014 en fecha 19/06/2015.
ii) En fecha 17/12/2014 se confirió vista a la Sra. Dalera de Palmero, Gloria Susana, emitiéndose la resolución determinativa N°424/2015 en fecha 26/06/2015.
iii) En fecha 05/12/2014 se confirió vista al Sr. Edgardo Daniel Palmero, emitiéndose la resolución determinativa N°255/2015 en fecha 02/07/2015.
iv) En fecha 12/12/2014 se notificó la vista a la Sra. Palmero Marina, emitiéndose la resolución determinativa N° 200/15 en fecha 19/06/2015.
v) En fecha 12/12/2014 se notificó la vista al Sr. Julián Palmero, emitiéndose la resolución determinativa N°180/15 en fecha 19/06/2015 Del análisis propuesto se colige que a la fecha de notificación de las resoluciones apeladas en autos, las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto se encontraban expeditos en todos los casos. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada por los actores. En virtud de lo que se decide en el tópico analizadio y toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
V. Que seguidamente, corresponde adentrarnos al análisis de la cuestión de fondo de la controversia. Que de conformidad con la información que surge de las planillas recibidas del Fisco Francés (vide fs. 6/8 del Cpo. Principal de Ganancias, Fiscalización electrónica N° 2299680; fs. 6/8 del Cpo. Principal de Ganancias, Fiscalización Electrónica N° 2299679; fs. 6/7 del Cpo. Principal de Ganancias, Fiscalización Electrónica N° 2300693 de las actuaciones administrativas y Cpo. sin foliar de reconstrucción de antecedentes administrativos, atado por cuerda a los presentes autos) la disponibilidad en efectivo y cotización de inversiones existente en la Cuenta N° 1469207 al 31/12/2006 asciende a U$S 350.066,31.-, suma que coincide con la consignada en la documentación aportada por los recurrentes a estos autos. Ahora bien, discrepan las partes en torno a la configuración del incremento patrimonial no justificado. Los apelantes manifiestan que la cuenta N° 1469207 en la que figuran como cotitulares se abrió con los fondos existentes en la cuenta N° 1415344 abierta en fecha 04/08/2004 por el Sr. Edgardo Palmero y su esposa, la Sra. Gloria Susana Dalera de Palmero. Que en los hechos, la mencionada cuenta solo ha mutado su denominación y su número, como consecuencia del ingreso como cotitulares de los hijos del matrimonio Palmero. Sobre tal base concluyen que no pudo configurarse el incremento patrimonial no justificado debido a que el mismo es anterior al 01/01/2006, proviniendo por ello de un período fiscal prescripto (2005). A tales efectos, adjuntan documental emitida por la entidad bancaria de Suiza donde se radicaron las referidas cuentas.
Que por su parte, en las resoluciones recurridas, el Fisco Nacional asevera que las pruebas aportadas por los actores no permiten establecer inequívocamente que los fondos existentes en la cuenta N° 1415344 hayan servido para abrir la cuenta N° 1469207, confirmando la determinación practicada.
Así las cosas, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba, destinado a obtener un grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección General Impositiva y negados por los actores, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por éstos.
En este sentido, no debe olvidarse que la carga de la prueba constituye, una regla de juicio para el juzgador que le indica cómo debe fallar cuando no encuentra la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, ora una regla de conducta para las partes, porque directamente les señala cuales son los hechos que a cada uno le interesa probar para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones (Cfr. Devis Echandia, "Teoría General de la prueba judicial.", t. I, p. 34). Que se controvierte en estos autos el tratamiento fiscal en el impuesto a las ganancias de saldos existentes en cuentas ocultas y reputado como incremento patrimonial no justificado en los términos del art 18 inc. f) del Impuesto a las ganancias.
Que el art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.o. 1998) dice que "Los incrementos patrimoniales no justificados con más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyen ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias".
En el mismo sentido, dispone el art. 27 del decreto reglamentario que "Los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementados con el importe del dinero o bienes que hubiere dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio fiscal en que se produzcan".
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dilucidar si las pruebas arrimadas por los apelantes logran acreditar que efectivamente el saldo existente en la cuenta N° 1469207 proviene de fondos que ya existían en el periodo 2005 en la cuenta N° 1415344, que habría mudado solo su denominación numérica en virtud de la inclusión como titulares de los tres hijos del matrimonio Palmero.
En tal sentido, la prueba que anexan cada uno de los recurrentes es idéntica por lo que, en razón de ello, se hará referencia a la aportada por el Sr. Edgardo Palmero, a cuyos argumentos y demás extremos se remiten el resto de los apelantes.
Que a fs. 552/609 de autos, obran agregados los anexos de prueba documental incluyendo los extractos bancarios emitidos por la entidad de la Confederación Suiza, como asimismo una nota en la que informa que efectivamente la cuenta N° 1415344 fue abierta en fecha 04/08/2004 por el matrimonio Palmero y cerrada en fecha 15/11/2006, cambiando su denominación al N° 1469207, en virtud de la inclusión como cotitulares de sus hijos Lucas Palmero, Marina Palmero y Julián Palmero (vide fs. 587/597 de autos). Qué asimismo, en aquellos anexos obran agregados los extractos emitidos por la entidad bancaria que dan cuenta de los movimientos existentes en ambas cuentas y la composición de las mismas:
i) Se observa a fs. 553/559 el “STATEMENT OF ASSETS” de la cuenta N° 1415344 cuyo número de relación es 43110ST que da razón del saldo existente al 31/12/2005, el cual ascendía a la suma unificada de U$D 582.300,00.-, encontrándose compuesta la misma por dólares, euros y distintos valores negociables con cotización en mercados del extranjero (títulos, bonos, acciones).
ii) Se observa a fs. 560/566 el “STATEMENT OF ASSETS” de la cuenta N° 1415344, según el cual el saldo existente al 30/09/2006 era de U$D 338.386,00.- incluyendo dólares, euros y los distintos valores negociables.
iii) Que a fs. 567/568 obra agregado el “STATEMENT OF ACCOUNT” de la cuenta N° 1415344 en el que se detallan los movimientos de la cuenta em euros hasta el 02/03/2006 y en dólares hasta el 31/03/2006; asimismo a fs. 576 y 578 se detallan los movimientos de la cuenta operados en fechas 30/09/2006 y 10/11/2006, en dólares y en euros respectivamente.
iv) A fs. 569/575 se agrega el “STATEMENT OF ASSETS” de la cuenta N° 1469207 que detalla el saldo existente al 31/12/2006 que ascendía a la suma de U$D 350.067,00.-, incluyendo dólares, euros y los distintos valores negociables.
v) A fs. 577 y 579 a 586, se adjunta el “STATEMENT OF ACCOUNT” de la cuenta N° 1469207, en los que asientan los movimientos operados en fecha 30/09/2006 al 10/11/2006, en dólares y en euros. Que del cotejo de la documental relacionada precedentemente y del cruce de los movimientos de ambas cuentas, emerge con claridad que los valores existentes en la cuenta N° 1415344 al 30/09/2006 son los que conforman los valores existentes en idéntica fecha en la cuenta N° 1469207, en contraposición a lo manifestado por el organismo fiscal, según el cual, la prueba aportada por la parte actora no le permitía dilucidar tal circunstancia.
En tal sentido, del aludido cruce de los datos existentes en los mencionados documentos -los que además coinciden con las fichas recepcionadas por la AFIP que contenían la información de la cuenta oculta y su antecesora- es posible extraer con claridad no sólo que, efectivamente, los saldos existentes al 31/12/2006 se habían generado en el periodo fiscal 2005, sino que además se vieron disminuidos, pues conforme surge de aquellas constancias, el saldo al 31/12/2005 era de U$D 582.300,00 disminuyendo considerablemente al 31/12/2006 a la suma de U$D 350.067,00.-
Que por lo tanto, las planillas incorporadas por el Fisco como sustento del pretendido incremento patrimonial no justificado constituyen un indicio que admite prueba en contrario, habiendo sido acreditada por los apelantes con la documentación emanada de dicha entidad bancaria -debidamente certificada y legalizada-, tanto la existencia como la íntima relación existente entre las dos cuentas, siendo la segunda cuenta sobre la cual se basa la determinación de la AFIP, la continuadora de la primera cuenta abierta por el matrimonio Palmero. Ello así, corresponde concluir que los saldos existentes al 31/12/2005 y al 31/12/2006, surgen de la documentación aportada por los apelantes y de la información obtenida por el fisco.
En definitiva, no caben dudas de que el pretendido incremento patrimonial no justificado proviene de un período prescripto (2005) teniendo presente además que al 31/12/2006 el saldo existente en la cuenta era menor que el existente al 31/12/2005, habiéndose acreditado que, efectivamente, los dólares, euros y valores depositados en la cuenta N° 1469207 se conformaron con los ya existentes en la primera cuenta abierta por el matrimonio Palmero.
Atento lo expuesto corresponde hacer lugar al planteo de los actores y revocar las resoluciones recurridas en autos.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituídos por las partes. Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.21 08:59:55 ART Date: 2023.04.21 10:25:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.21 13:08:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.21 13:09:29 -03:00
Fin de la sentencia