Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte actora con relación a las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de impuesto por los períodos discutidos en autos.
2Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta respecto de las facultades del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas aplicadas en las resoluciones apeladas.
3Imponer las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
4Tener a la recurrente por desistida de la excepción de nulidad planteada, sin costas (conf. Considerando V de la presente).
I. Que mediante RE-2023-55764587-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 38/2023 (DV RRCO) y 37/2023 (DV RRCO), ambas de fecha 24 de abril de 2023, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Córdoba de la Dirección General Impositiva. El apelante impugna las mencionadas resoluciones mediante las cuales se determinó de oficio sus obligaciones relativas a: 1) Impuesto a las Ganancias por la cual se determinó un impuesto a ingresar a favor del Fisco para los periodos 2012 y 2013 con más intereses resarcitorios y le aplica una sanción de multa equivalente a tres veces del impuesto supuestamente evadido de conformidad con el art. 46 de la Ley 11.683 solamente respecto del ejercicio 2012 y 2) Impuesto a los Bienes Personales por el cual se determinó un impuesto a ingresar a favor del Fisco para los periodos 2012 y 2013 con más intereses resarcitorios y le aplica una sanción de multa equivalente a tres veces del impuesto supuestamente evadido de conformidad con el art. 46 de la Ley 11.683 por los mismos periodos. La actora plantea como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad por violación de los procedimientos esenciales, ausencia de dictamen jurídico previo obligatorio en los términos del art. 3.2 de la Instrucción General 7/2007 y desviación de poder art. 7 incisos d) y f) y 14 inciso b) de la Ley 19.549 y la excepción de prescripción respecto de todos los impuestos determinados y de las multas aplicadas correspondientes al ejercicio 2012 y 2013 que (dice) prescribieron el 31/12/2018 y 2019 respectivamente no existiendo acto interruptivo ni suspensivo que haya sido invocado respecto del curso de dichas prescripciones. Asimismo, plantea excepción de nulidad respecto de la multa de la Resolución de Bienes Personales toda vez que no se instruyó sumario ni se corrió vista previa del art. 70 y 71 de la Ley de Procedimiento.
Manifiesta que el 21/12/2016 presentó de forma espontánea declaración jurada de sinceramiento fiscal en la cual se exteriorizaron determinados saldos en cuentas bancarias que no habían sido anteriormente declaradas ni conocidas por el Fisco y que se declararon los saldos al día 22/07/2016, pagando el impuesto especial pertinente. Agrega que también declaró una tenencia accionaria y un crédito en cuenta particular contra la sociedad Restin S.A., sobre la cual entiende que se funda un ajuste en los ejercicios 2012 y 2013, en los que se originó dicho crédito.
Señala que el día 12/06/2019, con una Orden de Intervención se notificó del inicio de una inspección en la Dirección Regional Mercedes, con el objeto de detectar bienes y mejoras del patrimonio, y considera que se intentó hacer caer el régimen de sinceramiento, por imputar diferencias patrimoniales al 22/07/2016 que superarían el 1% de margen de error admitido.
Expone que la fiscalización se extendió hasta marzo de 2020, y que el contribuyente entregó a la fiscalización toda la información sobre los bienes detectados y los bienes sincerados.
Además expresa que el 18/03/2020 el contribuyente resolvió consensuar los ajustes pretendidos por la fiscalización, que el 07/04/2020 presentó en forma electrónica el desistimiento del régimen de la Ley 27.260 y que el 22/05/2020 el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas del Impuesto a las Ganancias y del IBP por los años 2014 a 2018, en los cuales incluyó todos los bienes declarados en el sinceramiento y aquellos que la fiscalización había detectado durante la inspección.
Sostiene que no presentó declaraciones juradas rectificativas respecto de los ejercicios anteriores a 2014, por considerar que ya estaban prescriptos en el año 2020.
Afirma que la fiscalización actuante, la División Revisión y Recursos y la Sección Dictámenes y Sumarios, todas de la Región Mercedes que en ese momento intervenía, estuvieron de acuerdo con que no correspondía extender la fiscalización ni la rectificación de impuestos sobre los ejercicios 2013 y anteriores por causa de la prescripción. Expone que los dictaminantes de la Dirección Regional Mercedes consideraron que la cuestión de la prescripción revestía “relevancia institucional”, en los términos del artículo 3.2.1., de la IG 7/2007, debido a “la complejidad del tema consultado y a la particularidad de las circunstancias fácticas descriptas” (fs. 10 del Cuerpo Consulta IG 7/2017).
Indica que la consulta pasó por varios dictaminadores, y que cada uno desplegó su propia interpretación sobre la prescripción: el receptor, Jefe de División Supervisión Técnica de AFIP coincidió en que el ejercicio 2013 y anteriores estaban efectivamente prescriptos (fs.11-15), pero las Divisiones de Dictámenes “A” y “B” fundamentaron la no prescripción (fs. 16-26 y fs. 27-31).
Agrega que todos coincidieron en que la cuestión debía ser elevada al máximo órgano consultivo interno, a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.
Expresa que la Dirección Regional Mercedes abrió una nueva Orden de Intervención por el Impuesto a las Ganancias 2009 a 2013, y el 18/08/2022 emitió un primer requerimiento.
Manifiesta que, posteriormente, la Dirección Regional Mercedes (cuyos máximos responsables habían considerado todo prescripto y habían requerido la opinión obligatoria de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos sin obtener resultados) se desprendió del expediente y lo pasó a la Dirección Regional Córdoba, donde se avanzó hacia las determinaciones de oficio y multas.
En ese orden, plantea un doble vicio en el procedimiento: la falta el dictamen jurídico previo, suficiente y válido que manda la Ley 19.549, y la omisión de producción de medios de prueba (exhortos a las entidades bancarias y traducciones).
Por otro lado, considera que la Instrucción General 7/2007 no es de cumplimiento optativo sino obligatorio. Manifiesta que una vez que el procedimiento de “relevancia institucional” ha sido iniciado, y se ha requerido el dictamen de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, el reglamento establece un proceso de “Consulta obligatoria a las áreas asesoras de máximo nivel”. Afirma que ninguna de ellas emitió dictamen y que los dos dictámenes emitidos por las Direcciones de Asesoría Legal (se refiere tanto a la “A” como a la “B”), expresamente indicaron que el trámite debía seguir hasta recabar el dictamen de la Subdirección General. Añade que no se produjo en el expediente el dictamen que el procedimiento obligaba a recabar.
Asimismo, manifiesta que la IG 7/2007 establece que en determinados casos no pueden ser dictaminados en forma válida y suficiente por los servicios permanentes inferiores del organismo.
De este modo señala que los vicios en el procedimiento y la ausencia del dictamen jurídico previo, devienen en la nulidad absoluta del acto resultante.
Además, plantea una arbitrariedad en la apreciación de la prueba y una nulidad procesal por agraviar el derecho de defensa del contribuyente, y los “procedimientos esenciales”, nulidad en la violación de los artículos 1° inc. f, ap. 2), 7° inc. d) y 14 inc. b) de la Ley 19.549, y en la grave afrenta al derecho de defensa.
Invoca nulidad por desviación de poder y argumenta que el Fisco pasó el expediente a la Dirección Regional Córdoba, donde, tuvo la finalidad de maximizar la recaudación apelando a cualquier tipo de maniobra. Alega que se exterioriza una franca voluntad de ir sobre su representado toda vez que cambió de jurisdicción original del expediente, de una Región que sostenía la prescripción a otra que sostuvo la no prescripción, la concentración del ajuste presuntivo en un solo ejercicio, cuestión que incrementa el reclamo fiscal y conlleva la amenaza penal y la denegatoria de la producción de la prueba que supuestamente faltaba para darle credibilidad a la abundante y concordante prueba que sí fue producida.
Manifiesta que estas nulidades no pueden considerarse saneadas en modo alguno, pues la Subdirección General de Asuntos Jurídicos nunca se expidió, y el daño generado con la artificiosa construcción procesal y material del ajuste, sólo podrá ser superado mediante una sentencia ejemplar de V.E.
En cuanto a la excepción de prescripción, señala que en el marco del sinceramiento (Ley 27.260) decaído, el Fisco sostiene que el artículo 50 de la Ley 27.260 “amplía los alcances de la interrupción contemplada por el inciso b) del artículo 67 de la ley de rito fiscal”, y que por ello “mediante el acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal del 21/12/2016, se ha iniciado un nuevo plazo de prescripción respecto de tales bienes a partir del 01/01/2017”
Señala que el régimen de sinceramiento no incluyó suspensión ni interrupción alguna de la prescripción para el régimen de sinceramiento.
Agrega que el único hecho supuestamente interruptivo que invoca el Fisco, es el acogimiento al régimen de sinceramiento de la Ley 27.260 el 21/12/2016, y dice que si fuera un hecho interruptivo, se habrían comenzado a contar en ese momento —o el 01/01/2017— todos los plazos de prescripción de los impuestos devengados desde 2009 en adelante.
Afirma que previo a la determinación de oficio, se ha mencionado dos dictámenes (o “pre-dictámenes” que concluyeron en dar intervención sobre el tema al superior, que nunca se expidió), que se emitieron por parte de los departamentos “A” y “B”, Divisiones Dictámenes de la AFIP, siendo incompatibles entre sí antes de llegar el expediente a determinación de oficio, para privar al suscripto de su derecho a la prescripción ganada sobre el ejercicio 2013 y anteriores.
Advierte que la única obligación que en forma expresa el suscripto reconoció fue la de pagar el impuesto especial, y que derivó del acto y de la exacta medida de su sinceramiento. Añade que el 21/12/2016 el contribuyente reconoció, determinó y pagó una obligación, y que no existió otro reconocimiento.
Destaca que los importes y conceptos a partir de los cuales se elabora la pretensión de determinación sobre base presunta del ejercicio 2013 no son otros que los saldos que fueron declarados por su persona como “patrimonio al inicio” del ejercicio 2014 en las declaraciones juradas rectificativas presentadas en el año 2020, en el marco de la Ley 27.541, pero que ello nada tiene que ver con la declaración del régimen del Sinceramiento ni con un reconocimiento expreso que hubiera podido ser exteriorizado en el año 2016.
Señala que la base imponible sobre la cual se pretende construir el incremento patrimonial no justificado no es la de los bienes declarados en el Sinceramiento, sino la de los bienes declarados como saldo de inicio al presentar las declaraciones juradas rectificativas de 2014 (en 2020), para entrar en la regularización de la Ley 27.541, y dice que el supuesto reconocimiento interruptivo de la prescripción que se invoca es el que habría ocurrido cuatro años antes, al presentarse en el Sinceramiento.
Entiende que no es posible que exista renuncia a la prescripción si el mero acogimiento al régimen importaba ya la interrupción de la misma por reconocimiento expreso o tácito de la obligación e insiste a qué prescripción se renunciaría, si ella se encontrara ya interrumpida y por lo tanto reiniciado el plazo de cómputo. Indica que dentro del régimen del sinceramiento, el art. 50 establece que no se puede oponer la prescripción en la declaración de bienes del régimen especial.
Alega que la prescripción de 2013 la invocó el contribuyente cuatro años más tarde, al acogerse al régimen de regularización de la Ley 27.541 (año 2020) por todos los períodos a entonces no prescriptos (2014-2018) y que la invoca ahora, otros tres años pasados.
Advierte que la reglamentación de la Ley 27.260, aclaró también que el acogimiento a dicha regularización (no se refirió al Sinceramiento) implicaría el reconocimiento “de la deuda incluida en el plan de pago” y la interrupción de la prescripción (R.G. 3920/2016, art. 36).
Reitera que los dos dictámenes de las jefaturas de División “A” y “B”, y los generados en la Dirección Regional Córdoba, contradicen otras opiniones legales del mismo organismo Expresa que si no existe, o no ha podido ser identificada por el Fisco, una renuncia en 2016 al plazo de prescripción de las obligaciones materiales del año 2012 y 2013, mucho menos respecto de la prescripción de las penalidades derivadas por la omisión de determinación y pago de esas obligaciones.
Advierte que la pretensión de determinar impuestos de los ejercicios 2012 y 2013 no tiene sustento legal alguno que permita eludir la prescripción ya cumplida de esos períodos.
Por otro lado, en cuanto a la Resolución de Bienes Personales que sanciona con multa al contribuyente por supuesta infracción de evasión de las obligaciones del impuesto sobre los bienes personales 2012 y 2013 (artículo 46 de la Ley 11.683), manifiesta que es nula porque no se corrió vista previa de la misma para ejercer defensa, y que la Resolución 105/2022 (DV RCCO) del 07/12/2022, sólo corrió vista a su parte respecto del Impuesto a las Ganancias de los períodos 2012 y 2013, no así respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales. De este modo asevera que, la falta de imputación impidió a su parte ejercer su derecho de defensa material, y por ello –dice- esta nulidad no es saneable a través de la tardía impugnación de la multa ya impuesta, tal como se realiza en esta instancia en el capítulo correspondiente.
Entiende que la nulidad es la del artículo 7 inc. d) y el artículo 14 inciso b) y 18 de la Ley 19.549. Que, asimismo expresa sus agravios respecto del fondo del asunto traído a decisión de este Tribunal, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
II. Que, en IF-2023-94900753-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto.
Niega terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contraria, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento de su parte, o surjan de manera indubitable de los antecedentes administrativos que se acompañan como prueba.
Contesta las excepciones opuestas como de previo y especial pronunciamiento.
Respecto del planteo de nulidad, sustentado en que la consulta elevada por el tema prescripción se verifica desprovista de los pronunciamientos de las áreas asesoras de máximo nivel del Organismo, señala que el error en el que incurre el recurrente por cuanto a fojas 1 y 2 del cuerpo titulado “ACTUACION Nro 11683-25-2023”, ofrecido, constan incorporados la Providencia PV-2022-01051500-AFIPDIATEC#SDGTLI de la Dirección de Asesoría Técnica, y el Informe IF-2022-01064742-AFIPSDGTLI#DGIMPO de la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva y añade que cuenta con la conformidad de la superioridad.
Señala que la misma Dirección Regional Mercedes que elevó la consulta, toma intervención, e inicia con fecha 18/08/2022 el proceso de fiscalización respecto del Impuesto a las Ganancias de los Períodos Fiscales 2009 a 2013, la que posteriormente fue ampliada al Impuesto sobre los Bienes Personales por idénticos períodos. Sostiene que dicha fiscalización culminó con la ausencia de conformidad por parte del responsable a los ajustes puestos a su consideración respecto del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de los Periodos Fiscales 2012 y 2013, a los fines del inicio del trámite de determinación de oficio, las actuaciones fueron giradas a la Dirección Regional Córdoba, ámbito al que pertenece el titular por encontrarse allí radicado su domicilio fiscal.
En cuanto a la alegada interrupción del proceso expresa que, el correspondiente a la fiscalización fue iniciado y culminado en Dirección Regional Mercedes, mientras que el de determinación de oficio se inició y culminó en la Dirección Regional Córdoba, siendo ésta, la jurisdicción correspondiente a su domicilio fiscal.
Asimismo manifiesta que los dictámenes producidos por el Servicio Jurídico de la Dirección Regional Córdoba, no intentaron suplir el pronunciamiento de las áreas asesoras de máximo nivel, sino que fueron solicitados en el marco de legalidad del procedimiento, como paso previo a la emisión de las resoluciones determinativas. Plantea que es responsabilidad del recurrente haber omitido declarar en el Régimen de Sinceramiento excepcional –Ley 27.260- una masa de bienes que superó el 1% del valor de los allí incluidos, lo que derivó en el decaimiento de los beneficios y habilitó la auditoría de los períodos fiscales 2009 a 2013, el reclamo y posteriores determinaciones de oficio practicadas, y dice que no aportó pruebas hábiles de sus dichos referidos a que las inversiones financieras provienen de la evolución habida en los años precedentes.
Afirma que no le asiste razón al recurrente en cuanto a que vio vulnerado lo dispuesto en el artículo 7°, inciso d) de la Ley 19.549, ya que no da detalles de cuáles son las acciones del Organismo que lo incumplen. De este modo, la representación fiscal señala que la División Regional Mercedes toma intervención, iniciando la fiscalización correspondiente al Impuesto a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales de los períodos Fiscales 2009 a 2013, cuyos ajustes no fueron conformados por el titular, y que a tal efecto, las actuaciones fueron giradas a la jurisdicción correspondiente al domicilio fiscal del quejoso, para continuar con los trámites de determinación de oficio.
Ello así, agrega que la Dirección Regional Córdoba recepta los antecedentes, la División Revisión y Recursos asume la intervención que le compete, e inicia y culmina los procedimientos de determinación de oficio, con la emisión de las resoluciones en queja. Entiende que es carente de sustento el “forum shopping” alegado por el presentante.
Respecto a la excepción de prescripción, se remite a los argumentos vertidos por el Juez Administrativo a lo largo de las resoluciones en queja y dice que los hace propios.
Indica que la AFIP nunca perdió, por efecto del sinceramiento, sus facultades de fiscalización sobre el contribuyente y que obran incorporadas en autos los respectivos pronunciamientos de las áreas asesoras de máximo nivel con lo cual carece de asidero lo alegado por el recurrente a su respecto.
Por otro lado, aclara que en la Resolución de Vista e Instrucción de Sumario -Resolución Nº 105/2022 (DV RRCO)- referida al Impuesto sobre los Bienes Personales, en el Artículo 2° se indicó “Impuesto a las Ganancias”, cuando debió decir “Impuesto sobre los Bienes Personales” y agrega que ese error fue advertido por la Administración, y asimismo planteado por el responsable, y consta indicado en la Resolución Nº 37/2023 (DV RRCO) con la que se concluyó el procedimiento, que ello se debió a un error material involuntario. Añade que si bien ese error está indicado en la parte Resolutiva, el restante contenido de la Resolución Nº 105/2022 (DV RRCO), no presenta dudas respecto a que la misma refiere al Impuesto sobre los Bienes Personales.
Que, contesta los agravios de fondo y hace reserva del caso federal.
III. Que, la recurrente mediante IF-2023-110082112-APN-DTD#JGM realiza una presentación mediante la cual desiste la excepción de nulidad y solicita se resuelva la excepción de prescripción.
A tal efecto el Tribunal resolvió tener presente el desistimiento de la recurrente al planteo de nulidad por su parte opuesto, para el momento que los presentes actuados lleguen a conocimiento de la Sala "B", y fijar como cuestión de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción articulada por la parte actora. Que, mediante la PV-2023-124709931-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”, la que de inmediato los llamó para sentencia.
IV. Que, corresponde pronunciarse con relación a la excepción de prescripción opuesta por la parte actora. Que debe señalarse que la prescripción es un instituto a través del cual, por el transcurso del tiempo, se extinguen las acciones relacionadas con la exigencia o reclamo del cobro de determinadas obligaciones, o bien, se adquieren determinados derechos. En materia impositiva, se legisla sobre la que se denomina prescripción liberatoria, o sea, la prescripción como mecanismo idóneo para la liberación o extinción de una determinada obligación fiscal. El artículo 56 de la ley 11.683 determina que el término de la prescripción es de 5 años para contribuyentes inscriptos. Por su parte, el artículo 57 determina que el término comenzará a correr “…desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”. Por último, recordamos que el artículo 17 de la ley 26860 determinó la suspensión del curso de la prescripción por el término de un año.
Que entrando al análisis de autos, conforme se desprende de los actos recurridos ante esta instancia, el Fisco Nacional concluyó que las acciones y poderes fiscales se encontraban habilitados en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 27260 y el artículo 67, inciso b), de la Ley 11683.
Cabe precisar que el artículo 50 de la Ley 27260 dispone: “Al momento de practicar la declaración voluntaria y excepcional, el declarante no podrá tomar en cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida desde el ingreso de los bienes al patrimonio”.
Por su parte el artículo 67, inciso b) de la Ley de Procedimiento Tributario establece: “La prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se interrumpirá: … b) por renuncia al término corrido de la prescripción en curso...”.
El juez administrativo en los actos apelados interpreta que el precepto del artículo 50 antes transcripto amplia los alcances de la interrupción contemplada por el inciso b) del artículo 67 ya citado, abarcando incluso a la prescripción ya ganada. De tal modo, dice el juez administrativo que “la norma en análisis constituye, por un lado, un óbice interruptivo de la prescripción en curso respecto de aquellas obligaciones no prescriptas a la fecha de exteriorización -el que actúa en conjunción con el reconocimiento de deuda contemplado en el inciso b) del artículo 67 de la ley de rito fiscal-, y por el otro implica la renuncia a un derecho adquirido, referido a la liberación del deudor por las obligaciones en las cuáles operó el plazo legal de prescripción” (vide página 18 de las resoluciones apeladas).
Que respecto a esta afirmación del funcionario firmante de los actos recurridos cabe señalar en primer término que el inciso b) del artículo 67 de la ley ritual no contiene referencia alguna al “reconocimiento de deuda”. La referencia al reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva se encuentra contemplado en el inciso a) del mencionado artículo 67, siendo que el inciso b), tal como resulta de la transcripción efectuada “supra” hace referencia a la renuncia del término corrido de la prescripción en curso.
Por otro lado, tampoco se puede compartir el criterio del funcionario fiscal en cuanto a que el artículo 50 de la Ley 27260 amplía los alcances de la interrupción contemplada en el inciso b) del artículo 67 de la Ley 11683. Cabe señalar al respecto que en modo alguno el artículo 50 citado contempla causal de interrupción alguna ni amplía la contemplada en la norma procedimental.
En este aspecto, cabe coincidir con la postura de la recurrente en cuanto a que la norma del artículo 50 de la Ley 27260 tiene una referencia temporal acotada. En efecto, la norma se refiere a un momento específico, esto es, “al momento de practicar la declaración voluntaria y excepcional”, es decir, es en ese momento en el cual por imposición de ese dispositivo legal el contibuyente no puede tomar en cuenta a su favor la prescripción corrida, que no puede ser otra que la prescripción ganada, ya que no se refiere en ningún momento al término de la prescripción en curso, siendo ello así porque en ese momento (el del sinceramiento) ninguna virtualidad tenían las prescripciones en curso con la finalidad de la ley. Ese acotamiento temporal que contiene la norma, es la que no permite considerar que estemos frente a una renuncia al término corrido de la prescripción en curso al que se refiere la norma del artículo 67, inciso b), de la ley procedimental.
Precisamente, la finalidad del artículo 50 en análisis fue la de impedir a los contribuyentes que se decidieran a efectuar el sinceramiento en los términos del Libro II, Título I de la Ley 27260, que al momento de declarar la tenencia de bienes pudieran tomar en cuenta a su favor los efectos de la prescripción corrida con la finalidad de excluir de la base imponible del impuesto especial a aquellos bienes que hubieren ingresado a su patrimonio en períodos que, al momento del sinceramiento, estuvieran prescriptos. Es decir, que por todos los bienes que sincerara el contribuyente debía pagar el impuesto especial, no pudiendo ampararse para no hacerlo en que los bienes -o alguno de ellos- habían ingresado a su patrimonio en períodos ya prescriptos al momento del acogimiento.
Ahora bien, sentado lo expuesto, cabe analizar si en el caso la presentación de la actora en el régimen de sinceramiento constituye un reconocimiento de deuda que pueda dar lugar a la aplicación de la interrupción del término de la prescripción por aplicación del artículo 67, inciso a), de la ley procedimental, en cuanto dispone que “La prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se interrumpirá: a) por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva...”.
Al respecto, es dable concluir que la presentación de activos no declarados bajo la declaración voluntaria y excepcional efectuada por el contribuyente de autos en los términos de la ley 27260 y el consiguiente pago del impuesto especial, desde el punto de vista obligacional, implica un reconocimiento de la existencia de obligaciones tributarias omitidas por aquél respecto de los bienes declarados, de cuyo pago, por expresa disposición legal se ve liberado en virtud de dicha declaración.
De ello se sigue que efectuada la exteriorización en el año 2016, con el reconocimiento de las obligaciones omitidas, se produjo la interrupción del término de la prescripción el cual comenzó a correr nuevamente a partir del 1/1/2017. Siendo ello así, por aplicación de la suspensión contemplada en la Ley 27562 y artículo 65.1 de la Ley 11683, a la fecha de los actos recurridos no había operado el plazo de prescripción de los poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos adeudados en razón del decaimiento de los beneficios consagrados en la Ley 27260, circunstancia ésta no cuestionada por la parte actora.
Que a distinta solución corresponde arribar en cambio respecto de la prescripción de los poderes del Fisco para aplicar y para cobrar multas. Ello toda vez que el artículo 67 en que se funda la interrupción resuelta en los párrafos precedentes, se refiere exclusivamente a los poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de impuestos. En efecto, las causales de interrupción de la prescripción en materia sancionatoria se encuentran reguladas en el artículo 68 de la Ley 11683.
Que el artículo 68 establece: “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible. b) Por el modo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 11.585, caso en el cual cesará la suspensión prevista en el inciso b) del artículo 65. c) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que ocurrió dicha circunstancia.” En el caso no se advierte que se hubiera cumplido ninguna de las circunstancias previstas en los incisos de la norma para interrumpir la prescripción en materia de multas. En efecto, el Fisco no ha invocado la comisión de nuevas infracciones, no se da el supuesto previsto en el artículo 3º de la Ley 11585. Y en cuanto a la renuncia al término corrido de la prescripción en curso, la misma debió ser expresa, lo que no acontece en el caso. Cabe agregar, que a diferencia de lo que ocurre con el artículo 67 respecto del impuesto, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva no se encuentra contemplado como causal interruptiva en el artículo 68 de la ley procedimental. De ello se sigue que a la fecha de las resoluciones apeladas en autos había operado la prescripción de los poderes del Fisco para aplicar y hacer efectiva las multas que pretende aplicar en los actos recurridos.
V. Que por último, corresponde en atención a la presentación efectuada por la recurrente en IF-2023-110082112- APN-DTD#JGM, tenerla por desistida de la excepción de nulidad por su parte articulada. Sin costas, atento no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo (conf. CNCAF, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar”, sentencia de fecha 24/08/2007 y B-B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013). Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte actora con relación a las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de impuesto por los períodos discutidos en autos.
2. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta respecto de las facultades del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas aplicadas en las resoluciones apeladas.
3. Imponer las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
4. Tener a la recurrente por desistida de la excepción de nulidad planteada, sin costas (conf. Considerando V de la presente).
Regístrese, notifiquese y vuelvan los autos a la Vocalía instructora a efectos de la continuación del trámite. Date: 2023.11.29 08:53:57 ART Date: 2023.11.29 11:02:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.29 12:56:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.29 12:56:43 -03:00
Fin de la sentencia