Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.025-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar el impuesto a las ganancias para el período fiscal 1999, con costas.
2Revocar la resolución apelada, en tanto determina impuesto y accesorios por los periodos fiscales 2000/2007, con costas.
I. Que a fs. 20/28vta. el Sr. Miguel Chaiben Terraf interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 120/2010 emitida por la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI que le determina la materia imponible en el impuesto a las ganancias, periodos fiscales 1999 a 2007, en la suma de pesos ciento diecisiete mil setecientos noventa y uno con veintiocho centavos ($117.791,28), con más la suma de pesos ciento setenta y nueve mil quinientos veintiséis con ochenta y un centavos ($179.526,81) y le aplica una multa por la suma de pesos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres con noventa y dos centavos ($82.453,92) tipificando su conducta según lo establecido en el artículo 45 de la ley Nro. 11.683. En primer lugar, plantea la nulidad de la resolución apelada en tanto ha dispuesto en el punto 5 de su parte resolutiva “la suspensión de la intimación de pago prevista en el segundo párrafo del art. 17 de la ley 11.683, en cumplimiento de la medida cautelar de no innovar de fecha 19.II.09, hasta tanto se obtenga resolución definitiva sobre la misma”.
Sostiene que la ley de rito dispone ciertos requisitos especiales para el acto de la determinación de oficio, cuya inobservancia acarrea la nulidad, y entiende que los citados requisitos no se encuentran cumplidos en el acto que apela. Se agravia, en tanto asegura que, si fuera admisible el accionar de la demandada, el contribuyente tendría la posibilidad de recurrir el ajuste, y además, la posibilidad de recurrir la intimación, cuando ésta ocurra; toda vez que se trataría de dos actos administrativos distintos, destacando que la ley 11.683 no admite un desdoblamiento o fraccionamiento del acto de la determinación de oficio. Seguidamente, esboza la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar el impuesto con respecto al período fiscal 1999, al considerar improcedente la aplicación -a su caso- del plazo decenal. Asegura que, de la lectura del artículo 56 de la ley 11.683 (t.o.1998) no se advierte ninguna disquisición entre tipos de ingresos a efectos de desdoblar el plazo de prescripción en quinquenal o decenal; por el contrario, el citado artículo expresa que las acciones y poderes del organismo fiscal prescriben por el transcurso de cinco años para los contribuyentes inscriptos y de diez años para los no inscriptos. Explica que, tal como lo expone la resolución apelada, durante el periodo fiscal 1999 ingresó impuesto a las ganancias vía retenciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas de Tucumán, por lo que mal puede ser considerado un sujeto no inscripto por ese periodo. Reitera que ni la ley ni su decreto reglamentario contienen distinción alguna respecto del tipo de ingresos a efectos de desdoblar el plazo de la prescripción. Respecto al fondo de la controversia, expone que el ajuste que practica el Fisco Nacional tiene su causa en los ingresos que percibe por su condición de Vocal del Tribunal de Cuentas de Tucumán. Relata que, contrariamente a lo pretendido por el organismo fiscal, se encuentra amparado por lo dispuesto en la Acordada Nro. 20/96 de la Corte Suprema De Justicia de Nación que declara inaplicable el artículo 1, inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga las exenciones del artículo 20, inciso p) de la ley 20.628 para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Explica que fueron, la ley de contabilidad Nro. 5566 primero y luego, su modificatoria, la ley Nro. 6970 –ambas provinciales-, las que garantizaron a los miembros del Tribunal de Cuentas la intangibilidad de sus remuneraciones al establecer que gozarán de las mismas prerrogativas que los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pone de manifiesto que, aquellas prerrogativas encuentran amparo constitucional a partir de la reforma ocurrida en el año 2006, cuando se incorporan los artículos 78, 79 y 80, mediante los cuales no sólo se los equipara a los vocales de la Corte provincial, sino que además, se les reconoce las mismas prerrogativas, incompatibilidades e inamovilidad y permanencia en los cargos de que gozan aquellos.
Por lo merituado, asegura que la equiparación de los Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, deviene incontrovertible por ser expresión manifiesta del constituyente del año 2006. En consecuencia, ratifica que sus remuneraciones no se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias como equívocamente lo determina el organismo fiscal.
Cita jurisprudencia, formula reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 42/59vta. la representación fiscal contesta el recurso.
Rechaza los planteos de nulidad y prescripción. Por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas al recurrente. Acompaña los antecedentes administrativos y hace reserva de Caso Federal.
III. Que a fs. 61/66 la actora pone en conocimiento la sentencia dictada el 30 de agosto de 2011 por el Juzgado Federal de Tucumán Nro. 2, mediante la cual se declara inaplicable a su caso el artículo 1, inciso “a” de la ley 24.631, en cuanto deroga la exención del artículo 20, inciso “p” de la ley de impuesto a las ganancias.
Que seguidamente, a fs. 91/95 la actora comunica que con el pronunciamiento de fecha 26 de octubre de 2012 la Excma. Cámara Federal de Tucumán confirmó la sentencia del juez a quo.
Que a fs. 103/105, se ordena incorporar al expediente las resoluciones de fecha 8 de febrero de 2013 emitida por la Excma. Cámara Federal de Tucumán y de fecha 21 de octubre de 2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante las cuales se acredita que el pronunciamiento emitido por el juez a quo se encuentra firme.
Que finalmente, a fs. 103 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, y a fs. 199 se ponen para el dictado de sentencia.
IV. Que por cuestiones de lógica precedencia, corresponde en primer lugar dar tratamiento al planteo nulidad incoado por el recurrente.
Se agravia en tanto entiende que el Fisco Nacional ha emitido la resolución administrativa inobservando las previsiones contenidas en el artículo 17 de la ley Nro. 11.683, la que dispone que el acto determinativo debe intimar al pago de la deuda ajustada, lo que no ocurre en el caso desde que el punto 5 de su resuelve dispone suspender la referida intimación.
Que es el mismo recurrente quien explica que la intimación es suspendida en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Tucumán Nro. 2, en el marco de la acción de inconstitucionalidad incoada oportunamente.
Que así las cosas, se advierte que la nulidad interpuesta carece de fundamentación y no expone en términos claros cuales son los derechos que se han visto lesionados o que ha dejado de ejercer la actora, en virtud del acto administrativo que impugna.
En oposición, se observa que la suspensión de la intimación de pago contenida en el acto, se debe al cumplimiento de la manda judicial notificada en el marco del proceso judicial en curso, conforme la acción iniciada por el Sr. Terraf.
Que así ello, cabe recordar que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que ‘las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984). Que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y Expte. N° 35.025-I 4 civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Lo cierto es que, reseñadas las constancias de la causa, no se advierte la afectación de los principios y derechos constitucionales del recurrente, debiendo por ello rechazarse el planteo intentado. Que si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto, cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”. Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (Fallos 336:70).
V. Que seguidamente, corresponde expedirse acerca del planteo de prescripción respecto al periodo fiscal 1999, incoado por la actora.
Según lo sostiene el Fisco Nacional, resulta improcedente el planteo del contribuyente desde que le corresponde a su caso la aplicación del plazo decenal previsto en el artículo 56 inciso b de la ley Nro. 11.683 (t.o. 1998) y conforme el artículo 53 del decreto reglamentario de la citada ley, en tanto –aun encontrándose establecida la obligación en las referidas normas- el contribuyente no se encontraba inscripto en el impuesto a las ganancias.
Destaca que, si bien el Tribunal de Cuentas de Tucumán actuó como agente de retención en el periodo fiscal 1999, lo hizo solo sobre las remuneraciones abonadas al contribuyente en los meses 12/1998 a 10/1999, no así para el periodo 11/1999, en el cual se detectan los depósitos bancarios que no se corresponden con su actividad de Vocal, y por los cuales se procedió a determinar la materia imponible en el impuesto a las ganancias.
Por lo merituado, entendió que el contribuyente debió solicitar el alta en el impuesto a las ganancias a efectos de declarar el tributo correspondiente y no lo hizo, correspondiendo por tanto la aplicación de las normas dispuestas en la ley de rito, que prescriben un plazo decenal.
Frente a ello, la actora se agravia y expresa que el organismo fiscal pretende incorrectamente aplicar a su caso el plazo decenal de prescripción, con respecto a la determinación del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 1999 y con relación al ajuste proyectado por las acreditaciones bancarias acaecidas en el 12/1999, desdoblando así la aplicación de la prescripción en miras a los ajustes proyectados. Que así las cosas, corresponde destacar que de los antecedentes administrativos de la causa surge que contribuyente posee CUIT y se encontraba inscripto en el Impuesto sobre los Bienes Personales (ver fs. 02 de la O.I 338.001, cuerpo de 68 fojas, Legajo Ganancias), lo que además surge de la lectura de la resolución recurrida (ver fs. 05 de autos).
Que en tal sentido, se advierte que los argumentos que utiliza el Fisco Nacional para fundar la procedencia de la prescripción decenal no resultan atendibles En este sentido, resultan de aplicación los argumentos vertidos por esta Sala en la causa “Chiarandini, Favio David”, del 28/02/2012, -sentencia confirmada por la Alzada, Sala IV, con fecha 04/06/2013- donde se sostuviera: “En primer lugar, cabe advertir que el artículo 53 del decreto reglamentario de la ley ritual, en su último párrafo, aclara que no están comprendidos en el carácter de no inscriptos aquellos contribuyentes de impuestos cuyas liquidaciones sean interdependientes y que se hayan inscripto en alguno de ellos, lo que significa que los tributos que estén vinculados, la inscripción en alguno de ellos bastaría para quedar comprendido en el carácter de inscripto, citando la doctrina como ejemplo de este supuesto el caso del impuesto a las ganancias y el de bienes personales, siendo que el actor registraba alta en este último tributo.
En segundo lugar, corresponde señalar que la implementación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) por parte del Organismo Recaudador, implicó la desaparición de la obligación de estar inscripto en cada uno de los gravámenes para gozar de la prescripción quinquenal, por cuanto siendo un único número de inscripción resulta válido para todos o algunos de los impuestos que el Ente Fiscal recauda (ver en tal sentido Díaz Sieiro, Veljanovich y Bergroth, Procedimiento Tributario” de Macchi, 1993 – pág. 402; Díaz Ortiz, José. “Prescripción de Impuestos Nacionales Conflictos de Interpretación”, Revista Impuestos T° XLIX-A, pág. 665).
Esta postura resulta respaldada por el mismo artículo 56 de la ley procedimental ya que al referirse a los contribuyentes inscriptos y no inscriptos no hace ninguna distinción sobre la cantidad de impuestos a los que se refiere.
Por último, no puede admitirse el argumento fiscal de que el actor debió haber solicitado su inscripción en el impuesto a las ganancias y realizar la reliquidación y pago del tributo correspondiente al período 1999 por el concepto bajo análisis, atento que el empleador no le habría practicado la retención por la totalidad de los ingresos de cuarta categoría obtenidos, sin que implique pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo (habida cuenta que para el recurrente el importe que origina el ajuste estaría exento del impuesto a las ganancias por considerarlo una donación).
En efecto, si bien es cierto que el art. 14 inciso b) de la Resolución General (DGI) N° 4139 – vigente durante el período cuestionado -, pone como obligación de los beneficiarios de las ganancias sujetos al régimen de retención que fija dicha normativa, la de cumplir con las obligaciones de determinación anual e ingreso del tributo cuando el empleador no practicare la retención total del impuesto del período fiscal respectivo, no puede soslayarse que de estar alcanzado el importe que origina los presentes autos por el tributo, debió mediar requerimiento por parte del Ente Recaudador, según lo dispuesto por el art 1° del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias que en su tercer párrafo establece -en lo que aquí interesa- que los contribuyentes que sólo obtengan ganancias provenientes del trabajo personal en relación de dependencia (art. 79 incisos a), b) y c) de la ley del tributo) están exentos de la obligación de presentar declaración jurada mientras no medie requerimiento de la AFIP, sin que se encuentre agregado en autos elementos que acrediten que tal requerimiento haya sido cursado.
Que por lo tanto, corresponde aplicarle a la actora el plazo de prescripción de cinco años, del artículo 56, inciso a) de la ley de rito por ser un contribuyente inscripto.”
Sentado lo que antecede, el plazo de prescripción para el período 1999, por tratarse de una persona física la actora, comienza a computarse a partir del 1° de enero de 2001 y operó el 1° de enero de 2006, por lo que, al momento del dictado de la resolución recurrida, esto es el 29 de diciembre de 2010, se encontraban prescriptas las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del tributo. Por lo merituado, corresponde hacer lugar a la prescripción parcial interpuesta por la actora, con costas al Fisco Nacional.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar ahora la procedencia del recurso interpuesto, a efectos de determinar si la resolución recurrida se ajusta a derecho.
Que como se ha reseñado, el recurrente considera que las remuneraciones que percibe como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán se encuentran exentas del impuesto a las ganancias en atención a lo resuelto por la Acordada Nro. 141/96 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que adhiere a la Acordada Nro. 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo dispuesto en la ley Nro. 6970 (B.O.TUC. 14/10/1999) y, asimismo, en virtud de lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Constitución provincial, los que le confieren las prerrogativas de inamovilidad e independencia en sus funciones, como la intangibilidad de sus remuneraciones.
Por su parte, el Fisco Nacional sostiene que, efectuada la consulta a la dependencia máxima asesora en materia legal de ese organismo, la misma dictamina que ninguno de los dos cuerpos de acordadas les confiere beneficio alguno a los miembros del Tribunal de Cuentas de Tucumán, en tanto no pertenecen al Poder Judicial.
Que tal como se encuentra delimitada la controversia, se observa que la cuestión nuclear a decidir radica en determinar si la Acordada del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación a la que adhiere la Acordada emitida por la Corte Suprema de Tucumán resulta aplicable a los miembros del Tribunal de Cuentas provincial, cargo que desempeña el recurrente y un hecho respecto del cual no existe disputa entre las partes.
En ese aspecto, cabe mencionar que con la sanción del artículo 1 inc. a) de la ley Nro. 24.631, se dispuso la derogación del inciso p) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, y de tal manera, quedó sin efecto la exención en el tributo de la que gozaban los jueces y funcionarios judiciales, como asimismo los miembros del Tribunales de Cuentas y de los Tribunales Fiscales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20/96 declarando la inaplicabilidad a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación de la norma que dispuso la derogación arriba citada. A la mencionada Acordada adhirió la Corte Suprema de Tucumán mediante la emisión de la propia Acordada Nro. 141/96, la que resulta citada por el recurrente de autos en su defensa contra la determinación de oficio en el impuesto a las ganancias que impugna, recordando que la intangibilidad de sus remuneraciones posee amparo constitucional en virtud de lo establecido en los artículos 78, 79 y 80 de la Constitución provincial, reformada en el año 2006.
Que en lo que aquí interesa, cabe referir que el Tribunal de Cuentas de Tucumán, conforme surge de la ley provincial de contabilidad Nro. 6970 (B.O TUC 14/10/1999), es una entidad autárquica en el orden administrativo y financiero que desempeña una función jurisdiccional en la órbita de la administración pública, jurisdicción que ejerce en forma plena, toda vez que no se encuentra limitado al mero examen de derecho cuya interpretación pueda hallarse controvertida, sino que su conocimiento comprende el análisis de los hechos sobre los cuales versan los actos administrativos traídos a su órbita de control. A tal efecto, el artículo 120 de la citada ley provincial dispone “El Presidente y los Vocales del Tribunal de Cuentas gozarán de las mismas prerrogativas y sus remuneraciones no podrán exceder en todo concepto a la gozan los Vocales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Es incompatible el desempeño de los cargos con el ejercicio profesional. Asimismo, se aplicarán las incompatibilidades que establecen las leyes respectivas para los Magistrados del Poder Judicial. En caso de inhabilidad, impedimento o ausencia serán reemplazados, cuando sea necesario integrar el Tribunal en la forma que se determina en la presente Ley. El Presidente deberá excusarse cuando se juzgue las rendiciones de cuentas del Tribunal.
Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán aceptar ni desempeñar comisiones o funciones públicas encomendadas por ningún otro organismo del Estado. Podrán llevar a cabo estudios e investigaciones de su especialidad como asimismo ejercer la docencia en todos sus grados.
El Tribunal podrá deliberar con la presencia del Presidente y un (1) Vocal. Sus decisiones podrán ser adoptadas con el voto de la mayoría de los miembros presentes en el acuerdo, teniendo doble voto el Presidente en caso de empate”.
A su turno, en el año 2006 se aprueba la reforma de la Constitución de Tucumán, en la cual se recepta la equiparación de los miembros del Tribunal de Cuentas a los ministros de la Corte Suprema provincial, contenida en la ley local, conforme se transcribe precedentemente. Ello así, se dispone:
Artículo 78 - “El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo y fiscalización del empleo de recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales. Goza de plena independencia y autonomía funcional y de legitimación activa y pasiva en materia de su competencia. Dicta su propio reglamento de funcionamiento y de procedimientos para el ejercicio de sus facultades. Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas”.
Artículo 79 – “El Tribunal de Cuentas se integra con tres vocales con título universitario de Contador Público Nacional o de Abogado, con un mínimo de treinta y cinco años de edad, diez años de ejercicio profesional, computándose para ello tanto la actividad privada como pública, y residencia inmediata de dos años en la Provincia. Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura por mayoría absoluta y removidos por juicio político. Gozan de las prerrogativas, remuneraciones e incompatibilidades de los miembros de la Corte Suprema. Los vocales son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta”.
Artículo 80 - Son sus atribuciones y deberes, sin perjuicio de los demás conferidos por ley:
1. El control preventivo de todo acto administrativo que implique empleo de fondos públicos. Cuando advierta transgresiones legales o reglamentarias deberá realizar observaciones de carácter formal oposición al acto, suspendiéndose su ejecución. El acto observado por el Tribunal de Cuentas solo podrá cumplirse mediando insistencia, por decreto firmado en acuerdo de ministros, si se tratara de un acto emitido por el Poder Ejecutivo. En los ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial, la facultad de insistencia corresponde a sus respectivos presidentes. La observación efectuada por el Tribunal de Cuentas será informada por éste a la Legislatura. Cuando la observación emane de contados fiscales delegados, el trámite será determinado en la ley. 2°) El control de los procesos de recaudación de los recursos fiscales y del empleo de fondos públicos, cualquiera sea su origen, ingresados al presupuesto provincial o cuya ejecución esté a cargo de la Provincia.
3. El control concomitante y posterior de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas.
4. Informar a la Legislatura sobre la Cuenta General del Ejercicio que anualmente presente el Poder Ejecutivo.
5. Ejercer jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente en sede administrativa promoviendo los juicios de cuentas por falta o irregular rendición de cuentas y los juicios de responsabilidad por hechos, actos u omisiones susceptibles de ocasionar perjuicio fiscal, a fin de determinar la responsabilidad patrimonial, formular los cargos fiscales que resultaren, establecer el monto del daño al patrimonio fiscal, y aplicar las sanciones que establezca la ley. La Corte Suprema tendrá competencia originaria y exclusiva para entender la revisión judicial de los actos administrativos ejecutados de conformidad y con la aprobación del Tribunal de Cuentas”. Que de las normas constitucionales transcriptas, como asimismo lo dispuesto en la ley provincial de contabilidad -y más allá de las manifestaciones vertidas por el organismo fiscal- emerge que se le ha atribuido al Tribunal de Cuentas funciones jurisdiccionales administrativas plenas, se ha resguardado y garantizado su independencia y autonomía funcional, se le asignó la tarea de evaluar técnicamente la legalidad de los actos administrativos que dispongan gastos con fondos públicos o de la aplicación concreta que de los caudales públicos hagan los tres poderes del Estado.
Que tampoco hay dudas de que las prerrogativas otorgadas a los miembros de la Corte Suprema como integrantes del Poder Judicial, son también concedidas a los Vocales que conforman el Tribunal de Cuentas.
Que en este orden del relato, es dable advertir que para la interpretación de las normas en pugna corresponde remitirse a la doctrina legal sentada por nuestro Máximo Tribunal en “SZELAGOWSKI, Ricardo C. c/ Estado Nacional-AFIP” de fecha 28/09/2010 (Fallos 333:1841) (ver también “Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos 247:656) ratificado -en lo sustancial- en “Angel Estrada y Cía. S.A”, sentencia de fecha 05/04/2005), en la que se dijo que, más allá de la ubicación del funcionario dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, los tribunales administrativos reconocen su razón de ser y sustento constitucional en la medida en que sean creados por ley; su independencia e imparcialidad estén asegurados; el objetivo tenido en cuenta por el legislador haya sido razonable y que sus decisiones estén sujetas al control judicial amplio y suficiente.
En el referido precedente, la Corte hace hincapié en que la equiparación de aquellos funcionarios que no necesariamente forman parte del Poder Judicial radica en el carácter de las funciones que cumplen dentro del órgano jurisdiccional que integran, e interpreta que aquellas prerrogativas otorgadas no lo son en miras de la persona sino de la institución, encontrándose estrechamente vinculadas con el principio de control recíproco de los poderes, en tanto ejercen –entre otras funciones- un verdadero control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos que llegan a su conocimiento.
Que en el caso de autos, conforme surge de las normas locales transcriptas precedentemente, el ordenamiento jurídico de la provincia de Tucumán ha previsto y amparado constitucionalmente una serie de garantías a los fines de preservar la independencia de los Vocales del Tribunal de Cuentas, teniendo presente que su órbita el control involucra los gastos públicos y la utilización de los fondos de la provincia, e inclusive su presupuesto.
Que asimismo, obra acreditado en autos que así lo ha entendido el Juzgado Federal de Tucumán Nro. 2 para el caso del recurrente (ver fs. 70/74 de autos), en el pronunciamiento recaído en la causa “TERRAF, MIGUEL CHAIBEN c/Estado Nacional s/Inconstitucionalidad”, (Expte. Nro. 5148/08), luego confirmado por la Cámara Federal de Tucumán en sentencia del 26 de octubre de 2012 (ver fs. 91/94 de autos), que declaró inaplicable al caso del recurrente el artículo 1 inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga la exención del artículo 20, inc. p) de la ley de impuesto a las ganancias, remitiéndose a los precedentes de la Corte Suprema antes citados.
El juez analiza el caso particular del Sr. Terraf y sostiene que no puede soslayarse la circunstancia de que el artículo 79 de la Constitución provincial del 2006 equiparó a los miembros del Tribunal de Cuentas con los miembros de la Corte Suprema en cuanto a sus remuneraciones, prerrogativas e incompatibilidades, estableciendo –asimismo- que solo pueden ser removidos mediante juicio político. Asimismo, recuerda que la garantía de intangibilidad de las remuneraciones no estaba acordada a la persona de los funcionarios, sino a la institución, a la cual los constituyentes quisieron asegurar una absoluta independencia en su funcionamiento y liberarla de toda presión de parte de los otros poderes que tienen la fuerza y el dinero.
Que precisamente, de la lectura de las normas locales que rigen la creación del Tribunal de Cuentas de Tucumán y de la figura de los Vocales que lo integran, emerge sin lugar a dudas que tienen sus retribuciones equiparadas a las del Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia, y gozan de las garantías de independencia e inamovilidad que le otorgan las normas locales en términos similares a las previstas para los jueces, asistiendo razón al planteo intentado por el recurrente en los presentes autos. En tal sentido, a criterio de esta Sala no caben dudas de que la equiparación prevista en el artículo 79 de la Constitución de Tucumán, dentro del contexto del ordenamiento jurídico provincial, que previó dicha garantía para preservar la independencia de los Vocales del Tribunal de Cuentas, no en razón de su persona, sino en mira de la institución que ejerce una función que no puede estar sujeta a presiones externas, en orden a las responsabilidades funcionales de índole constitucional y legal asignadas a los integrantes del Tribunal de Cuentas y su íntima vinculación con el principio de control reciproco de poderes.
Que finalmente, corresponde señalar que este Tribunal Fiscal ha sentenciado casos similares, considerando que los Vocales de los Tribunales jurisdiccionales se encuentran amparados constitucionalmente en la intangibilidad de sus remuneraciones en razón de la equiparación que se realiza con respecto a los miembros de los poderes judiciales (ver “GASPARRINI, Gerardo s/ Apelación” Expte Nro. 48.779-I y acumulados, sentencia del 28/03/2022, Sala “A”, confirmada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en sentencia de fecha 06/06/2023).
Por lo merituado, corresponde revocar la resolución recurrida por encontrarse exentas del impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas por el Sr. Terraf en su carácter de Vocal del Tribunal de Cuentas de Tucumán.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar el impuesto a las ganancias para el período fiscal 1999, con costas.
2. Revocar la resolución apelada, en tanto determina impuesto y accesorios por los periodos fiscales 2000/2007, con costas.
Registrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2023.11.14 15:33:04 ART Date: 2023.11.14 15:54:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.14 15:57:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.14 15:58:06 -03:00
Fin de la sentencia