Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 22.702-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1 de la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09, recaída en la Actuación SIGEA n° 12039-3100- 2005, en cuanto condena a la firma ATILES SA (ex PLASTICOS LA RIOJA SA) al pago de multa. Costas a la co recurrente.
2Revocar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09, en cuanto intima el pago de los rubros Derecho Adicional y las percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias. Costas a la demandada.
3Confirmar parcialmente el art. 3 de la resolución referida, en cuanto formula cargo por tributos a las firmas ATILES SA y ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA, los que ascienden a un total de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 51.423.-), con más el CER correspondiente a la fecha de pago, y los intereses que se devenguen desde el 09/11/09, por aplicación del artículo 794 del Código Aduanero. Costas a las co recurrentes.
4Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un n 40% a cargo de las co actoras y en un 60% a cargo del Fisco.
I. Que, a fs. 13/28, se presenta la firma ALBA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09, dictada el 30/11/09 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA n° 12039-3100-2005, mediante la cual se la intimó al pago de tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, por parte de su asegurada, la importadora ATILES S.A. (ex PLASTICOS LA RIOJA S.A.). En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Plantea prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Sostiene que desde la fecha del vencimiento del DIT hasta la notificación de la vista pasaron más de 10 años.
Expresa que se ha afectado la garantía del debido proceso adjetivo. Manifiesta que el auto de apertura de sumario es nulo dado que no cumple con lo preceptuado en el art. 1094 del C.A. en cuanto evitó que los presuntos responsables tomaran conocimiento del acto que instruye sumario en su contra. Expresa que el importador ha cumplido con todas las obligaciones referentes al régimen temporal de importación. Subsidiariamente, expresa el carácter accesorio frente a la responsabilidad de las obligaciones emergentes del incumplimiento del régimen. Considera que debe responder hasta el límite de la póliza. Sostiene la improcedencia de las percepciones del Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Agrega que las percepciones de IVA Adicional y Ganancias fueron canceladas mediante un plan de facilidades de pagos. Respecto del Impuesto a las Ganancias entiende que corresponde se aplique el 3% de la alícuota y no el 11%. Se agravia de los intereses resarcitorios como consecuencia de la duración del procedimiento. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos. Que, a fs. 57/62, se presenta la firma ATILES S.A. por apoderado e interpone recurso de apelación contra la referida resolución. Plantea su nulidad por vicios en el procedimiento. Expresa que si bien hubo un error en la presentación del CTC, aun así, por la normativa vigente al momento de los hechos, la Aduana para determinar la relación insumo/producto de la mercadería podría haber requerido un informe del INTI al respecto.
Sostiene que el monto por multa y tributos es mayor al que surge de la aplicación de la ley y de las constancias del expediente. Se refiere a la compensación efectuada del IVA, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Sostiene que no corresponde la aplicación del Derecho Adicional, IVA Adicional y Ganancias. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. Que, 82/93 y 120/135, se presenta el Fisco y contesta el traslado oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Expresa que la importadora no ha regularizado dentro del plazo para su cumplimiento la reexportación de la mercadería importada temporalmente. Manifiesta que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Se refiere al Decreto n° 1439/96. Expresa que el DIT no se encuentra amparada por ningún CTC. Respecto a la aseguradora, expresa que ésta debe responde en los mismos alcances y medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Se refiere al Derecho Adicional, el IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias. Manifiesta que resulta improcedente el pedido de prescripción. Realiza consideraciones respecto del CER. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. Que las actuaciones SIGEA 12039-3100-2005 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia n° 984/04, a fs. 3, obra la carpeta contenedora del DIT n° 98 001 IT14 005660 Z y; a fs. 5, se instruye sumario. A fs. 9, obra liquidación de multa y tributos. A fs. 48/48 vta., se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y a la aseguradora. A fs. 51 y 52/52 vta., quedan notificados respectivamente (24/10/09 y 22/10/09). A fs. 53/60 y 65/68, contestan vista la aseguradora y la firma importadora. A fs. 74, obra la Nota n° 7808/09 de la Sección Procedimientos Técnicos. Finalmente, a fs. 77/82, se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09, apelada en autos.
IV. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de nulidad efectuado por la firma aseguradora, en cuanto entiende que el auto de apertura de sumario administrativo incumple con lo ordenado en el inc. b), del art. 1094 del C.A., toda vez que habría omitido ordenar la verificación de la mercadería con presencia del interesado y practicar la liquidación tributaria.
A tal fin, corresponde señalar que toda nulidad debe fundarse en un interés jurídico concreto, en atención a que el objeto de las nulidades procesales es el resguardo de la garantía constitucional de defensa en juicio, debiendo acreditarse el perjuicio concreto ocasionado a ese derecho y que aquélla ha sido conculcada (Tribunal Fiscal de la Nación Sala "C" en autos "Sur Cía. Arg. De Seguros S.A." (Expte. Nº 9986) del 7/10/99; "BH" (expte. Nº 8103-I) del 2/10/00, entre otros).
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que el servicio aduanero ha dado cabal cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en el mencionado art. 1094 del CA, lo que permite concluir que la instrucción de sumario no presenta vicio alguno que pudiera acarrear su nulidad.
Que el inc. b), del art. 1094 del C.A. sólo refiere a la citación del interesado respecto de la verificación de la mercadería, a fin de que con posterioridad no se controvierta su estado o naturaleza, mas no impone el requisito de la citación del interesado con relación a la “clasificación y valoración” de la mercadería, operaciones propias del servicio aduanero, que luego pueden controvertirse con la contestación de la vista en sede aduanera (ver voto de la Dra. García Vizcaíno en re “Salinas Alvarado Lola Beatriz y otro” -Expte. Nro. 22.702-A-, Sala E, del 30 de abril de 2007).
Que, por consiguiente, tanto a la clasificación como a la valoración de la mercadería, se les aplica el principio de la subsanación en instancias ulteriores de cualquier vicio en que pudiera haberse incurrido.
Que si bien resulta que la liquidación tributaria no fue llevada a cabo por el servicio aduanero en forma previa a la instrucción de sumario sí lo fue con posterioridad (ver fs. 9 del expte. adm.), y antes de efectuar la corrida de vista, la cual fue notificada a las co-recurrentes (conf. constancias de fs. 51 y 52/52 vta. de las act. adm.). Nótese, asimismo, que la aseguradora no realizó manifestación alguna en su escrito de contestación de vista (a fs. 53/60 de las act. Adm.) respecto al pedido de nulidad del acto de instrucción de sumario que manifiesta en esta instancia.
Que, por otra parte, resulta de importancia destacar que atento la posibilidad en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que, en definitiva, las nulidades invocadas carecen de finalidad práctica y, teniendo en cuenta que si existe posibilidad de salvar el acto que se encuentra viciado se debe optar por la conservación del mismo, en tanto se trate de un vicio subsanable- su declaración no procede en autos, pues se trataría de la nulidad por la nulidad misma.
V. Que, sentado lo que antecede, corresponde evaluar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos interpuesta por la aseguradora.
Que el art. 803 del C.A. establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804, primera parte.
Que, en el presente caso, por aplicación de las normas citadas resulta que el plazo de prescripción de las acciones del Fisco para percibir tributos comenzó a correr a partir del 01/01/00, toda vez que el vencimiento de la destinación tuvo lugar en fecha 05/09/99, operando dicha prescripción en fecha 01/01/05.
Que, a diferencia de lo que pretenden la co-actora, el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 02/12/04, obrante a fs. 5 de las act. adm., suspendió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos (art. 805, inc. a), del C.A.), “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Que, por lo expuesto, se desestima el planteo de la aseguradora.
VI. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa exigidos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Que , mediante el DIT 98 001 IT14 005660 Z, la firma ATILES S.A. (ex PLASTICOS LA RIOJA S.A)
documentó la importación temporaria, en los términos del decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “Los demás Sin carga –Polietileno de densidad igual o superior a 0,94 POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS”, que ubico en la P.A. 3901.20.29.000V, por una cantidad de 192 toneladas, con un valor F.O.B. total declarado de 102.360 dólares estadounidenses.
Que no existiendo constancia de que se haya dado cumplimiento a la obligación de reexportación de los insumos importados temporariamente dentro del plazo acordado para su permanencia -plazo que venció el 5/9/99, según resulta de fs. 1 del expte. adm.-, el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario, por presunta infracción de la firma importadora al art. 970 del C.A., por la totalidad de la mercadería importada.
Que, sin embargo, al contestar la corrida de vista en sede aduanera, la importadora manifestó que habría exportado la mercadería importada temporariamente, mediante los P.E. n° 99 074 EC03 000232 R, 200 U, 72 T y 162 T, que acompañó en copia simple, junto copia del CTC n° 4889/5.
Que, empero, la Sección Procedimientos Técnicos mediante la Nota n° 7808/09 (a fs. 74 de las act. adm.) concluyó que el CTC mencionado no tipificaba el insumo importado por lo que se encontraba en infracción el total de la mercadería importada temporalmente.
Que, conforme lo manifestado, el servicio aduanero dictó la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09 por la que condenó a la firma importadora al pago de una multa más los tributos por el saldo faltante de un total de 192.000 kg.
VII. Que, en virtud de ello, corresponde a este Tribunal dilucidar si de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, resulta la regularización de la mercadería importada temporalmente al vencimiento del DIT aquí involucrado.
Que cabe aclarar que corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el de la especie, la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación.
Ello significa que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la exportación para consumo en término de la mercadería, así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que debe considerarse que la única forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente, es dejando constancia en el cuerpo del permiso de embarque respectivo acerca de que en la elaboración de la mercadería que allí se documenta se utilizaron los insumos importados mediante la destinación que se individualiza, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control. Que del análisis de los PE n° 99 074 EC03 000232 R, 200 U, 72 T y 162 T, surge que se descargaron 17139,13 kg, 27835,04 kg, 10206 kg y 26026,77, respectivamente, imputándose en todos los despachos el CTC n° 4889/5 (Solicitud CTC n° 4899/000/6).
Que, en cuanto al CTC n° 4889/5, se advierte que la posición arancelaria referente al producto importado temporalmente fue 3901.10, que describe a la mercadería “Polietileno de densidad inferior a 0,94”, mientras que la declarada en el DIT de trato es la P.A. 3901.20 que representa a la mercadería “Polietileno de densidad superior o igual a 0,94”.
Que, en efecto, el CTC que figura en los PE mencionados no permite acreditar la relación insumo/producto entre la mercadería que se importó temporalmente y la que se exporto, habida cuenta del que CTC afectado no ampara el producto importado temporalmente. Asimismo, cabe aclarar que el CTIT n° 6464/09 no puede ser tenido en cuenta al efecto ya que éste no posee relación alguna con el DIT en cuestión.
Que, por lo expuesto, habiéndose vencido los plazos acordados para la permanencia de la mercadería sin haberse cumplido con la obligación de reexportarla, corresponde tener por configurado el hecho gravado e importado para consumo el saldo sin reexportar de 192.000 kg y la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Pablo Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala a partir del Kimberly Clark Argentina S.A., del 10 de marzo del 2016– en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VIII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde referirse a la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes al Derecho Adicional de Importación, a las percepciones por IVA adicional e Impuesto a las Ganancias y al CER. Que, en cuanto al reclamo de Derecho Adicional de Importación, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/recurso de apelación” (TF 16.912-A) y “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A)” al caso en cuestión.
Bajo tales premisas, la solución que se adopta resulta conforme a los fundamentos que expuse en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, expediente Nº 23.469-A, Sala “E”, sentencia de fecha 31/07/12, en donde declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional y a los cuales me remito en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental. En consecuencia, no cabe incluir el mismo en el monto reclamado.
Que, asimismo, corresponde referirse a las percepciones del IVA adicional e Impuesto a las Ganancias que fuere exigida por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación”.
Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
Que, por último, en cuanto a la liquidación del CER sobre el importe nominal de tributos exigidos, resulta procedente la aplicación de los artículos 4 y 8 del Decreto 214/02 (CER). Ello así por cuanto tratándose, la de autos, de una deuda y obligación generada por un hecho anterior a la Ley 25.561 debió liquidarse conforme al art. 20 de la Ley 23.905, es decir, en dólares (U$S). No obstante, lo dicho en el caso, la liquidación de tributos efectuada a fs. 28 del expediente administrativo fue expresada en pesos, pero con posterioridad a la sanción del Decreto 214/02.
Que, en consecuencia, en el caso la deuda tributaria, no fue pesificada por el servicio aduanero con anterioridad a la sanción del Decreto 214/02, sino que quedó pesificada por dicho decreto. Por eso resulta inaplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil” (12/8/08) y sí resulta de aplicación el criterio de dicho Tribunal sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07) en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado, por lo cual, la reserva del ajuste CER dispuesta en la resolución apelada resulta ajustada a derecho.
IX. Que, por último, corresponde determinar el importe que en concepto de tributos la co-actora aseguradora debe abonar en su carácter de garante, el que, desde ya se adelanta, se encuentra limitado a la suma máxima garantizada.
Que la aseguradora refiere que el límite de su responsabilidad por la obligación tributaria se debe limitar al monto asegurado mediante la póliza n° 174.919 (obrante a fs. 116). En efecto, por haber sido constituida la garantía que aquí nos ocupa con anterioridad a la sanción de la Ley 25.561, la misma resulta alcanzada por dicha Ley, así como por el Decreto 214/02 del 03/02/02, en lo relativo a la determinación de la equivalencia en pesos de la suma expresada en la respectiva póliza en dólares estadounidenses.
Que, conforme lo expresado, el monto que debe reclamarse a la co-recurrente aseguradora no podrá exceder la suma garantizada (U$S 125.000) convertida a razón de U$S 1 = $ 1, con más la aplicación del CER (aplicable a la fecha en que se efectué el pago) e intereses.
Que, según se advierte de la liquidación que a continuación se practica, el monto de tributos que corresponde reclamar a la firma aseguradora es inferior al el monto máximo que prevé la póliza, por lo cual se encuentra dentro de su límite y determina el alcance de su responsabilidad:
Valor en Aduana $ 121.927,68 Derechos de Importación (17%) $ 20.727,71 Tasa de Estadística (0,5%) $ 609,64 Base IVA $ 143.265,03 IVA (21%) $ 30.085,65 Total Tributos: $ 51.423.- (más CER)
Por ello, SE
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09, recaída en la Actuación SIGEA n° 12039-3100- 2005, en cuanto condena a la firma ATILES SA (ex PLASTICOS LA RIOJA SA) al pago de multa. Costas a la co recurrente.
2. Revocar parcialmente el art. 3 de la Resolución (DE PRLA) n° 8254/09, en cuanto intima el pago de los rubros Derecho Adicional y las percepciones del IVA e Impuesto a las Ganancias. Costas a la demandada.
3. Confirmar parcialmente el art. 3 de la resolución referida, en cuanto formula cargo por tributos a las firmas ATILES SA y ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA, los que ascienden a un total de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 51.423.-), con más el CER correspondiente a la fecha de pago, y los intereses que se devenguen desde el 09/11/09, por aplicación del artículo 794 del Código Aduanero. Costas a las co recurrentes.
4. Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 2 y 3 de la presente en un n 40% a cargo de las co actoras y en un 60% a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y los Dres. John R. Lussich (20-92016182-1) y Fernando D. Seleme (20-20784410-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.10.31 18:34:54 -03:00 Date: 2023.10.31 19:51:16 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 19:51:17 -03:00
Fin de la sentencia