Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el acto apelado. Con costas al Fisco Nacional.
Que mediante IF-2021-101484951-APN-DTD#JGM se interpone recurso de apelación contra la Resolución Administrativa Nº 37/2021 (DV RPOS) de fecha 29 de septiembre de 2021, en virtud de la cual el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Dirección General Impositiva dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, determinó de oficio, por la omisión de actuar como agente de retención “sicore- premios, juegos y concursos deportivos (cód. 466), el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo Ley N° 20.630 en los períodos fiscales 01/2017 a 04/2019 ambos inclusive, con más sus intereses resarcitorios. Que en primer lugar señala que la AFIP-DGI inició un proceso de verificación de la actuación del Instituto como agente de retención del gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo establecido por Ley 20.630 (en adelante impuesto a los premios).
Indica que el nudo del debate está centrado en una equivocada interpretación de la AFIP-DGI que sostiene que las modalidades de quiniela “La Quiniela Poceada Misionera” y la “Triplona” son juegos distintos a la quiniela y, por lo tanto, se encuentran fuera de la exclusión de objeto contenida en el artículo 1º del impuesto a los premios. Alega que el Instituto ante la postura fiscal, en su marco de responsabilidad institucional, sin que ello implique reconocer, aceptar, o convalidar el actuar fiscal a la interpretación que el Fisco otorgó a las normas, a partir del 4/6/2021 comenzó a retener el impuesto a los premios en la modalidad del juego de quiniela “La Quiniela Poceada Misionera”. Indica que ello ha producido una importante caída en los ingresos generados por dicha modalidad de quiniela en directa comparación con lo que acontecía cuando no se retenía el tributo.
Afirma que la potestad constitucional sobre el juego es de exclusivo carácter provincial, no ha sido delegada al estado federal y por lo tanto no puede este a través de sus normas o su interpretación interferir y/o obstaculizar el flujo de recursos que obtiene el estado provincial a través de su empresa estatal para financiar programas sociales que cumplen con la satisfacción de necesidades públicas constitucionalmente garantizadas y legalmente presupuestadas.
Sostiene que la creación de distintas modalidades del juego de quiniela con grandes premios no es ni más ni menos que un instrumento de gobierno para cumplir los fines del estado establecidos en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. El cumplimiento de dichos fines no puede quedar supeditado la interpretación de un funcionario. Manifiesta que las consecuencias de la interpretación fiscal producen una afectación seria al Instituto Provincial de Lotería y Casino y al Gobierno de la Provincia de Misiones, al quitar o disminuir considerablemente las posibilidades de recaudación que otorgan las dos modalidades de quiniela que se pretende gravar por la interpretación fiscal. Manifiesta que los fondos recaudados por el Instituto conforman el tesoro provincial y forman parte del presupuesto de la Provincia de Misiones, la merma o afectación en su recaudación produce una directa afectación frustrando la posibilidad de cumplir con los gastos presupuestados. Es por ello que se afirma que la interpretación, además de ser errónea e irrazonable, afecta directamente el funcionamiento de la provincia de Misiones en cuando reduce impropiamente la obtención de recursos derivado del juego. De ser esa la interpretación correcta estaríamos en presencia de una ley federal que afecta la autonomía provincial y la inmunidad de los instrumentos de gobierno, resultando por lo tanto inconstitucional.
Alega que para el caso en que se afirme que la interpretación de la AFIP DGI fuera correcta, ello tornaría en inconstitucional el artículo 1º de la Ley 20.630. Ese perjuicio violenta los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional al gravar una actividad que provee de fondos al estado provincial para el cumplimiento de sus fines. Con ello se frustra el fin del instrumento del gobierno local, lo cual no sólo está vedado a los funcionarios fiscales sino también al gobierno federal.
Destaca que el criterio interpretativo implica sobrepasar los contornos de la distribución de competencias entre Nación y Provincias ya que omite considerar que el Instituto – como brazo ejecutor de la política de juego de la Provincia de Misiones- tiene la potestad de regular los juegos de azar que se desenvuelven dentro de su jurisdicción. Por su parte la AFIP como parte del gobierno federal, debe garantizar a la Provincia, el pleno ejercicio de sus instituciones (art. 5º).
Sostiene que el IPLyC es agente de retención, y no existe norma reglamentaria que le exija actuar como agente en el caso de algunas modalidades de quiniela. Claro que ello no podría existir porque se trata un caso de no sujeción.
Manifiesta que la resolución recurrida adolece de una palmaria carencia de fundamentación y motivación, requisito de validez de todo acto administrativo, cuya ausencia trae aparejada la nulidad absoluta de los actos en cuestión. Lo que se puede observar es que el fisco rechazó el descargo sin realizar un mínimo análisis de las argumentaciones del Instituto.
Arguye que de conformidad con lo establecido por los incisos b) y e) del art. 7 y art. 14 inc. b) de la ley 19.549 (de aplicación supletoria a las presentes actuaciones) resulta evidente que los actos no cumplen con los requisitos esenciales de todo acto administrativo contenido en la ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Alega que no pueden los funcionarios dar un trato discriminatorio a algunos responsables dado que ello es violatorio del más elemental principio de igualdad. La discriminación surge patente porque la Lotería Nacional nunca retuvo ni pagó por la modalidad poceada, y nunca fue objeto de una determinación de oficio.
Indica que ni en la Ley 20.630, ni en su decreto reglamentario, se establecen distinciones en función de cómo se conforma el premio, ni en razón de la organización de las jugadas. Muy por el contrario, ha adoptado una redacción general, tanto para definir el impuesto como para consagrar la exclusión de objeto al mismo. En efecto, cabe advertir que cuando el legislador crea la exclusión de objeto en el segundo párrafo del art. 80, sólo se refiere a los premios del juego de quiniela, de manera genérica, sin ninguna limitación ni aclaración en función de si el premio es bancado o no, y de ninguna otra cuestión.
Destaca que para el improbable caso en que aún se sostenga que no se aplica el tope de banca a la Quiniela Poceada Misionera o a la Triplona y que ello resulta relevante a los fines de la exclusión de objeto, corresponde observar que no existen diferencias ontológicas entre las distintas herramientas que limitan el riesgo.
Indica que el hecho de llevar adelante un ajuste fiscal prescindiendo de lo que expresamente establece la norma tributaria importa gravar conceptos que no estaban alcanzados por el tributo -hipótesis de no sujeción- y esto es contrario al principio de legalidad tributaria y, a la postre, el ajuste realizado –en caso de prosperar implicaría abonar un gravamen que no se ajusta la normativa vigente y ello vulneraría palmariamente el principio de legalidad en materia tributaria y el derecho de propiedad del Instituto.
Plantea la inviabilidad de los accesorios en función de la complejidad del asunto en discusión y del correcto comportamiento fiscal que siempre exhibió el Instituto.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2021-125443260-APN-DTD#JGM el Fisco contesta el traslado, solicitando, por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
En primer lugar, con respecto al planteo de nulidad manifiesta que del análisis de los hechos surge evidente que del acto administrativo emanado del Organismo, confiriendo Vista de las actuaciones a la contribuyente, surge la explicación de la causa que motiva su dictado, es decir, la descripción de los hechos que dan origen al ajuste fiscal, la conducta que se le imputa a la contribuyente y la normativa aplicable al caso, encontrándose fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, por lo que se puede apreciar que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presuponen.
Sostiene que no existe en este proceso por parte de la actora demostración de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable, por lo que corresponde el rechazo de este agravio en su totalidad. En consecuencia, deviene claro, que el acto administrativo en cuestión no se encuentra alcanzado por los supuestos de nulidad establecidos por el artículo 14 de la Ley 19.549 y sus modificaciones.
Afirma que el Tribunal Fiscal de la Nación no posee facultades para pronunciarse respecto a la validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones, siendo además que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, que exige, como se dijo, que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara y contundente. Señala que el hecho imponible en su faz objetiva exterioriza hechos jurídicos de contenido económico asumidos por el legislador como presupuestos de hecho de la imposición reveladores de capacidad contributiva, adoptándose en el caso que se analiza como presupuesto fáctico generador de la obligación fiscal al juego de quiniela, que en dicho momento no era otro que aquel creado en el año 1973 con las características descriptas precedentemente, es decir, la de ser un juego bancado.
Con respecto a la cuestión de fondo manifiesta que en sus comienzos el citado juego de quiniela fue ilegal y consistía en apostar a la unidad o a la decena (una o dos cifras) de los números que salían sorteados en la lotería (único juego oficial en ese momento), que en esos tiempos se llamaba “Lotería de Beneficencia Nacional”. Además, los premios obtenidos en ese entonces podían ser dinero en efectivo, como en la actualidad, u otro tipo de beneficios. Indica que posteriormente se produjo la legalización de ese juego en todo el país. Luego, fue la provincia de Formosa en el año 1966 la que hizo lo propio. Con el paso de los años, la quiniela fue oficializada a través del decreto N° 858 en el año 1973 en donde se definió el marco legal en el ámbito Federal de la República Argentina. El primer sorteo de la Quiniela Nacional fue el 20 de julio de 1974 y durante mucho tiempo solo sorteaba los días sábados. Manifiesta que al respecto es posible observar que el legislador, al modificar los términos de la norma transcripta redefinió la configuración del hecho imponible y sus consecuencias, determinando el alcance y el contenido que cabe dar a dicha norma, excluyendo del ámbito de imposición al juego de quiniela existente en ese momento que es un juego bancado, sin pozo de premios, determinado en función de los aciertos de los apostadores, sorteo éste que comprenden 20 números de 4 cifras desde el 0000 al 9999. Al igual que sucede con la elección del presupuesto generador de la obligación fiscal, el legislador define que circunstancias objetivas o subjetivas quedan excluidas de la configuración del hecho imponible, siendo en este caso la quiniela.
Indica que el hecho imponible en su faz objetiva exterioriza hechos jurídicos de contenido económico asumidos por el legislador como presupuestos de hecho de la imposición reveladores de capacidad contributiva, adoptándose en el caso que se analiza como presupuesto fáctico generador de la obligación fiscal al juego de quiniela, que en dicho momento no era otro que aquel creado en el año 1973 con las características descriptas precedentemente, es decir, la de ser un juego bancado.
Sostiene que en dicho marco se analizó si el premio derivado de la denominada “quiniela Poceada Misionera” y “La Triplona” de la provincia de Misiones puede considerarse a la luz del segundo párrafo del artículo 1° de la ley del tributo no alcanzada por el mismo.
Afirma que las denominadas “Quiniela Poceada Misionera” y “La Triplona” existentes en el ámbito de la provincia de Misiones reúnen características disimiles al juego de azar contemplado en la ley del impuesto como no alcanzado por el mismo. Tal como se señalara precedentemente, cuando el legislador modificó la ley del tributo dejando al margen de sujeción al juego de quiniela, lo hizo respecto de un juego cuya característica central es el de ser “bancado”, es decir que el mismo se determina en función de los aciertos existiendo un tope de banca que es de 5 veces lo recaudado en dicha jugada, es decir, la exoneración tributaria aparece indisolublemente ligada en su razón a una apreciación respecto de la cuantía reducida (por los topes) de los premios que devendrían de los eventuales aciertos.
Manifiesta que acotar el análisis de la exclusión legal al hecho de que la "Quiniela Poceada Misionera” y "La Triplona” son modalidades del juego de quiniela y por lo tanto les cabe también la exclusión de objeto dispuesta por la reforma legal, implicaría no tener en cuenta que ese texto fue debatido y sancionado muchos años antes que comenzaran a funcionar los juegos aludidos. Por lo tanto corresponde su análisis en el marco de que es lo que el legislador quiso dejar fuera del ámbito de imposición.
Alega que independientemente de tratarse de juegos cuyo premio guarda características distintas -la “Quiniela" es un juego bancado, sin pozo de premios, determinado en función de los aciertos de los apostadores; en tanto la “Quiniela Poceada Misionera” y La Triplona” son juegos poceados que se manejan sobre la base de un pozo de premios, regulándose en el caso de la Quiniela Poceada Misionera el pago del primero, segundo y tercer premio en función de un Porcentual de lo recaudado-, se entiende que el análisis debe centrarse en las características de la forma de realizar la apuesta y en el premio que, sobre la base de ésta se obtenga, ya que esas fueron las pautas que tuvo en miras el legislador al sugerir la exclusión objetiva de quiniela en que pretende ampararse el apelante.
Señala que es preciso tener presente que arribar a una conclusión contraria, es decir, admitir que “Quiniela Poceada Misionera” y “La Triplona” se encuentran beneficiados por la exclusión prevista en el segundo párrafo del artículo 1° de la ley del tributo, importaría ampliar las situaciones de exclusión por vía reglamentaria en clara vulneración del principio de reserva de ley que rige en materia tributaria, es decir a través de una resolución de un ente provincial se definiría el alcance del aspecto objetivo del hecho imponible prevista por la ley del tributo, en clara violación con el mencionado principio.
Manifiesta que se observa que el recto sometimiento a gravamen de los juegos por sorteo analizados traduzca una afectación al desarrollo del juego en sí mismo, el que la apelante reconoce sigue realizando e incluso habría comenzado a retener el impuesto respectivo al pago de sus cuantiosos premios.
Destaca que no se trata de una intromisión en aspectos no delegados por las provincias como señala en su recurso. En efecto, la provincia de Misiones fue totalmente autónoma para diseñar y organizar ambos juegos por normativa provincial que resulta incuestionable. Sin embrago, la litis sólo versa sobre el encuadramiento tributario que corresponde a tales juegos, materia legislada por el gobierno federal desde hace muchísimos años, incluso previo a la creación de la actual sociedad del estado provincial que organiza dichos juegos.
Indica que no procede la exención de intereses pretendida por la contribuyente por cuanto más allá de la alegada complejidad de la cuestión no se han demostrado circunstancias excepcionales -ajenas a ella- que le hayan impedido cumplir oportunamente con su obligación tributaria.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III.-Mediante IF-2022-102100843-APN-DTD#JGM la actora pone en conocimiento de este Tribunal Fiscal lo resuelto el 19/09/2022 por el JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT.ADM. FEDERAL DE LA PLATA 2 en el “Expte 2638/2018 INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍAS Y CASINOS (IPLYC) c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, en el cual indica que se ventilan un asunto similar al de estos actuados.
Asimismo en IF-2022-114897109-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional señala que la sentencia mencionada en el párrafo precedente no se encuentra firme, ya que ha sido apelada, encontrándose corriendo el plazo establecido en el art. 259 del Código Procesal para que la AFIP DGI exprese agravios.
Mediante PV-2022-120723640-APN-VOCV#TFN se tuvo presente las presentaciones antes referidas y se elevaron los autos a consideración de la sala “B”; la que mediante IF-2023-26712119-APN-VOCV#TFN los llamó para sentencia.
IV. Que conforme surge del análisis de los antecedentes administrativos en el marco de la fiscalización de los procedimientos de auditoria se detectó que la recurrente no cumplió con su obligación de descontar de los premios abonados en los juegos denominados “Quiniela Poceada Misionera” y “La Triplona” el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo establecido por la Ley 20.630 y proceder a su ingreso en carácter de responsable del mismo, en los supuestos previstos normativamente.
Que atento a lo anterior “ ...se confeccionaron planillas de liquidación de montos de retención de impuesto omitido por premios pagados, que superen la base de $1.333,33, aplicándose la alícuota del 38,6962% sobre una base imponible con “corte mensual” (fs. 132/251 del cuerpo de Fiscalización) y se proyectaron las declaraciones juradas rectificativas liquidándose el gravamen resultante.
Que los ajustes efectuados en el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo Ley 20630- se tradujeron en un monto de retenciones omitidas de realizar e ingresar de $ 49.051.600,53 para los períodos fiscales 01/17 a 04/19, ambos inclusive.
Que según surge de las actuaciones a efectos de llevar a cabo la pertinente auditoría el 02/08/2019 personal fiscalizador notificó a la contribuyente requerimiento en F. 8600/1 (folio 03 del Cuerpo Principal) solicitando, entre otra, la siguiente documentación: Detalle mensual de premios abonados desde el período 01/2017 hasta 04/2019, ambos inclusive, en concepto de “Quiniela Poceada Misionera”, “Jugá con Maradona” y “La Triplona; copias certificadas de los reglamentos vigentes en el período 01/2017 hasta 04/2019, ambos inclusive, para los juegos mencionados precedentemente.
A fojas 133/34 y a fojas 135/250 del cuerpo de Fiscalización corren agregados papeles de trabajo en los que se exponen detalladamente los conceptos considerados y los cálculos efectuados a los fines de la liquidación del gravamen en trato omitido de retener con origen en los juegos “La Triplona” y “Quiniela Poceada Misionera”, respectivamente.
Tal lo supra expuesto, los ajustes efectuados en el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo – Ley 20630 - se tradujeron en un monto de retenciones omitidas de realizar e ingresar de $ 49.051.600,53 para los períodos fiscales 01/17 a 04/19, De las disposiciones que rigen la “Quiniela Poceada Misionera” surge que la misma tiene la característica de ser un juego poceado esto es, que se maneja sobre la base de un pozo de premios, regulándose el pago del primero, segundo y tercer premio en función de un porcentual del pozo recaudado.
En efecto, conforme surge del artículo 5°), del anexo I de la Resolución N° 301/18, en la “QUINIELA POCEADA MISIONERA” el importe destinado al pago de aciertos será dividido en un 40%, 35% y 25% del pozo, según la cantidad de aciertos obtenidos (fs. 278 del cuerpo Documentación aportada por la Fiscalizada) en tanto que el artículo 5° modificado a partir del 18/02/19 por la Resolución 041 supra mencionada establece que el importe destinado al pago de aciertos será dividido en un 40%, 33,50% y 23,50 % del pozo, según la cantidad de aciertos obtenidos (fs, 287 del cuerpo citado)
Como se ha señalado, la “Quiniela” es un juego bancado, es decir que no tiene pozo de premios, sino que éstos se determinan en función de los aciertos de los apostadores, mientras que la “Quiniela Poceada Misionera” es un juego poceado al azar administrado por el INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, que deriva de la Quiniela tradicional y consiste en tratar de acertar ocho (8) números de dos dígitos contabilizándose un acierto por cada coincidencia con las dos (2) últimas cifras de cualquiera de los veinte (20) números sorteados a ese efecto (según lo establecido en el artículo 3' del Anexo N'’ 1 del Reglamento del Juego de la Quiniela Poceada Misionera).
En lo que a La Triplona refiere, al igual que en el caso antes analizado y según lo entiende la fiscalización actuante, la misma se maneja sobre la base de un pozo de premio, previendo el artículo 4' de su reglamento modificado por la Resolución N° 149/2015 que dicho juego otorgará un monto para premios de $2.000 por cada sorteo de la Quiniela Nocturna Plus, que se acumulará hasta un máximo de $20.000 en caso de no existir ganadores (es decir, arranca con un pozo de $2.000 en premios a repartirse entre todos los ganadores y se incrementará en $2.000 por día (en caso de no existir ganadores) hasta alcanzar un máximo de $20.000.
Claramente, los juegos denominados “Quiniela Poceada Misionera” y “La Triplona’ existentes en el ámbito de la provincia de Misiones, reúnen características disímiles al juego de azar contemplado en la ley del impuesto como no alcanzado por el mismo.
La configuración del hecho imponible se condiciona a que: a) se trate de premios obtenidos en juegos de sorteos – que cuentan con elementos que, al azar, atribuyen premio -, b) esos juegos sean organizados en el país por entidades oficiales, o por entidades privadas, y c) que cuenten con la autorización pertinente.
A su turno, la Resolución General (AFIP) N' 1588/2003 (B.O.: 31/10/2003): estableció, entre otras disposiciones, los requisitos, plazos y demás condiciones para el ingreso del gravamen. Se incorpora la obligación de ingresar el gravamen mediante el programa aplicativo denominado “SICORE”, procediendo a la actualización y reordenamiento expositivo de la Resolución General (DGI) N' 1651 y su modificatoria R.G (DGI) N' 2729, cuyas normas habían establecido, entre otras disposiciones, los requisitos, plazos y condiciones para el ingreso del gravamen. Luego, el ingreso e información del gravamen retenido o percibido se efectúa de acuerdo con las formas, plazos y demás condiciones establecidas por la Resolución General (AFIP) N' 2233, sus modificatorias y complementarias, “SICORE – Sistema de Control de Retenciones”.
Atento lo expuesto la fiscalización actuante determinó que de acuerdo a los términos del segundo párrafo del artículo 1° de la ley del tributo, no se encuentran excluidos del objeto del Gravamen de Emergencia a los Premios ganados en Juegos de Sorteo, los premios de los juegos de sorteo denominados “QUINIELA POCEADA MISIONERA” cuyo lanzamiento fuera autorizado por la Resolución N') 301 del 25/09/18 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado y “LA TRIPLONA ” cuyo reglamento fuera modificador por la resolución N' 149 del Instituto en trato de fecha 24/06/2015.
V. Que procede en primer término analizar el planteo de nulidad articulado por la actora al sostener que el acto determinativo resulta nulo por carecer de fundamentación y motivación suficiente, además de estar revestido de una clara arbitrariedad.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. A los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “ los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19- 02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que, en lo atinente a los agravios de la recurrente tendientes a cuestionar la validez constitucional de las disposiciones legales en trato ante este Tribunal, cabe señalar que, atento la restricción jurisdiccional contenida en el art. 185 de la Ley 11.683, no es posible acoger el planteo que formula la apelante en ausencia de un pronunciamiento de la Corte que así lo declare.
Corresponde señalar que el ajuste de marras se basa en la pretensión fiscal sustentada en que las modalidades de quiniela “La Quiniela Poceada Misionera” y la “Triplona” son juegos distintos a la quiniela y, por lo tanto, se encuentran fuera de la exclusión de objeto contenida en el artículo 1º del impuesto a los premios. Que a efectos de posibilitar una cabal comprensión del tema viene al caso recordar el marco normativo que rige la materia.
Que la Ley N° 20.630 del 27/12/1973 (B.O.: 22/01/1974) creó el “Gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteos” y contempló originalmente como hecho imponible en su artículo 1° “...los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, quinielas, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente.
“No están alcanzados por el gravamen de la presente ley los premios que, por ausencia de tercero beneficiario, queden en poder de la entidad organizadora …”
Que como es posible observar, la ley del gravamen en su redacción original adoptó como presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria a los premios obtenidos, entre otros, del juego de quiniela. Ahora bien, luego mediante el artículo 80 de la Ley N° 23760 del 7 de diciembre de 1989, B.O. del 18/12/1989, se modificó el art. 1° de la Ley 20.630, incorporando la exclusión de la quiniela del objeto del gravamen que nos ocupa. Ello así, el artículo en cuestión quedó redactado de la siguiente forma: “Quedan sujetos al gravamen de emergencia de la presente ley los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente. No están alcanzados por el gravamen de la presente ley los premios de juego de quiniela y aquellos que, por ausencia de tercero beneficiario, queden en poder de la entidad organizadora”.
Con respecto a las razones del cambio legislativo, cabe señalar que contrariamente a lo sostenido por el Fisco Nacional no fue el carácter de juego bancado lo que motivó su exención, sino que tal como se desprende de la discusión parlamentaria, el Diputado Carlos Lorenzo TOMASELLA CIMA explicó que: “propicio la modificación del artículo 1° de la ley 20.630, que impone un gravamen de emergencia a los premios de los juegos de sorteo y a los pronósticos deportivos: ... A su vez, el artículo 5° de la misma ley fija un mínimo no imponible, que es actualizado anualmente … con relación específica al juego de la quiniela, los apostadores asisten a las casas de juego y en todos los casos invariablemente preguntan cuál es el mínimo para apostar. Entonces, todas las apuestas sin excepción se hacen por un monto que no supera el mínimo. Esto obliga a confeccionar una multiplicidad extraordinaria de boletas en perjuicio de las loterías provinciales, debido al aumento del costo operativo y con mengua de la afectación de los fondos con destino específico ... De aceptarse la propuesta, haríamos un bien a las loterías provinciales sin afectar la recaudación a nivel nacional, sin perjuicio de remarcar una vez más que por medio de este impuesto el Estado no recauda ingresos” (conf. transcripción del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 39° Reunión, continuación de la 1° Sesión Extraordinaria, 30 de noviembre de 1989).”
Que conforme lo expuesto anteriormente el hecho de que la modalidad que se hallaba vigente al momento de sancionarse la eximición del impuesto a los premios de la quiniela haya sido “bancada” no implica que este haya sido el motivo que el legislador tuvo en miras para sancionar la exención del impuesto a los premios de quiniela. En tal sentido corresponde concluir que no surge palmario de la letra de la ley ni de los antecedentes parlamentarios de su sanción, que para poder establecer la exención a la quiniela, la modalidad de esta tuviere que ser “bancada”.
En igual sentido se ha expedido el Juzgado en lo Civil y Cont. Adm. Federal de La Plata Nº 2, en autos “INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍAS Y CASINOS (IPLYC) c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, sentencia de fecha 19 de Septiembre de 2022, donde se analizó si los premios ganados en el juego de quiniela plus -establecido por la Resolución N° 3838/04 del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires- se encontraban exentos o gravados por el impuesto regulado por la ley 20.630. Allí destacó que “El hecho de que una modalidad haya sido la que se hallaba en uso al momento de sancionarse la eximición del impuesto a los premios de la quiniela, no resulta suficiente para considerar convertida una categoría establecida por la ley (el juego de quiniela como género) en una o alguna de sus subcategorías o especies, tal como lo pretende la demandada; sino que cabe entender que tal concepto se proyecta a todas sus variantes y subespecies incluidas en la misma noción, hayan sido o no puestas en práctica o existido tales variantes al momento de establecerse la norma…”
Que como tiene dicho nuestro Más Alto Tribunal "No debe olvidarse que es criterio recibido en la interpretación de las leyes, que debe cuidarse especialmente que la inteligencia que se les asigne no pueda llevar la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción” (Fallos 303: 758; 308:1978, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal).
Ello es así, porque tal como se ha sostenido reiteradamente, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador y la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (fallos 200:165; esta Sala, 18-3-1997 “Servicios Aéreos Patagónicos”, entre muchas otras).”
Asimismo cabe recordar la reiterada y reconocida jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual las normas impositivas -incluso las que establecen beneficios de carácter fiscal- no deben entenderse con el alcance más restringido que su texto admita sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos 303:763; 307:871), lo que equivale a admitir que si bien las exenciones impositivas son de interpretación estricta, este principio no alcanza a excluir de las franquicias a los casos que caben precisamente en los términos de la ley, de su indudable propósito o de los que aquella comprenda por necesaria implicancia (Fallos 185:369; 315:257; 316: 1115).
En tal sentido corresponde señalar que el Diccionario de la Real Academia Española al definir la palabra “ Quiniela” indica como cuarta acepción: “4. f. Arg., R. Dom. Y Ur. Juego que consiste en apostar a la última o a las últimas cifras de los premios mayores de la lotería”. Ello así, deberíamos concluir que ambas variantes – “Quiniela Poceada Misionera” y “La Triplona” pueden encontrarse incluidas en la categoría genérica del juego de quiniela. En efecto, la "Quiniela Poceada Misionera” es un juego poceado al azar administrado por el INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, que deriva de la Quiniela tradicional y consiste en tratar de acertar ocho (8) números de dos dígitos contabilizándose un acierto por cada coincidencia con las dos (2) últimas cifras de cualquiera de los veinte (20) números sorteados a ese efecto (según lo establecido en el artículo 3° del Reglamento del Juego de la Quiniela Poceada Misionera). En lo que a La Triplona se refiere, consiste en apostar DOS números de TRES CIFRAS comprendidos entre el 000 y el 999, el primer número será en apuesta directa al primer premio y el segundo número será en apuesta directa por extensión a los diecinueve números restantes del sorteo de la Quiniela respectivo. Los números apostados pueden ser iguales o distintos.
De ello se desprende que tanto La Quiniela Poceada Misionera como La Triplona son modalidades del juego de quiniela.
Por último, cabe analizar el fallo de la CSJN recaído en la causa “Instituto de Asistencia Social de la Provincia de Chubut c/AFIP-DGI s/contencioso administrativo”, de fecha 14/4/2015, traída a colación por ambas partes en sustento de sus posturas.
En dicho fallo, se sostuvo: “Que de la norma antes transcripta (art. 1º de la ley 20.630) surge claramente -en lo que interesa- que el gravamen recae sobre "los premios ganados en juegos de sorteo". La mención que luego hace el texto legal de ‘loterías’ y ‘rifas’ tiene un sentido meramente aclaratorio o ilustrativo de los juegos comprendidos en esa norma, tal como resulta de la expresión ‘y similares’ con la que concluye la frase que, por lo demás, ha sido colocada entre paréntesis. En efecto, el legislador pudo haber adoptado, como técnica para definir el objeto del tributo, la enumeración exhaustiva y detallada de todas y cada una de las distintas modalidades de juegos de azar sobre cuyos premios pretendía establecer un tributo o bien, como lo hizo, utilizar un término más genérico, comprensivo del conjunto, con una ejemplificación que despeje dudas acerca del sentido de aquél y con la indicación de los supuestos excluidos, tal, por ejemplo, los premios del juego de quiniela (conf. segundo párrafo del citado art. 1º de le ley 20.630).
8. Que la redacción empleada satisface razonablemente la exigencia de prescribir claramente los gravámenes para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus respectivas conductas en materia tributaria (Fallos: 253:332; 255:360, entre otros). Al respecto cabe precisar que si bien no es aceptable la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador, ni para imponer una obligación (Fallos: 310:290; 312: 912, considerando 6º, entre otros), ello no significa que tales disposiciones deban necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 179: 337; 307:871; 314:745, entre otros).”
Conforme se desprende de lo anteriormente expuesto el supuesto analizado resulta ser diferente al caso de autos, ya que lo que se discute en dicho precedente de la Corte es el alcance del artículo 1º de la Ley 20.630 y el hecho imponible descripto en dicha normativa, respecto de si el juego “Telebingo Chubutense” se encontraba o no alcanzado por el gravamen; en tanto que aquí se discute el alcance de la exención que expresamente prevé la norma para el juego de quiniela. No obstante, de dicho fallo se puede extraer que la Corte admite una interpretación amplia de los vocablos de la ley. Así cabe concluir que cuando la norma establece los supuestos excluidos, haciendo referencia a los premios del juego de quiniela, debe entenderse en el sentido amplio del vocablo, la que en modo alguno hace distinción en cuanto a la modalidad del juego, sea esta bancada o poceada.
Atento lo expuesto corresponde concluir que no resulta acertado el criterio fiscal en cuanto entiende que no se encuentran excluidos del objeto del Gravamen de Emergencia a los Premios ganados en Juegos de Sorteo, los premios de los juegos de sorteo denominados “QUINIELA POCEADA MISIONERA” y “LA TRIPLONA” del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado; correspondiendo revocar el acto apelado. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar el acto apelado. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.21 11:36:31 ART Date: 2023.03.21 12:17:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.21 12:42:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.21 12:43:14 -03:00
Fin de la sentencia