Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 22.702-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, parcialmente, la Resolución n° 373/12 (AD MEND), recaída en la actuación SIGEA n° 12437- 1252-2008, declarando que el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $19.845,49).
2Confirmar, parcialmente, la Resolución n° 370/12 (AD MEND), recaída en la actuación SIGEA n° 12437- 1416-2008, declarando que el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS ($ 7.283,06).
3Costas según sus respectivos vencimientos.
I. Que a fs. 14/17, se presenta la firma TRANSPORTES CAUPOLICAN S.A. mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones n° 370/12 y 373/12 (AD MEND), recaídas en los SIGEA n° 12437- 1416-2008 y 12437-1252-2008, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 962 del C.A. Efectúa una reseña de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Solicita la nulidad de los aforos formulados por el servicio aduanero toda vez que no fue citado a verificar la mercadería allí declarada. Considera que no está acreditado que la mercadería hubiese estado oculta o no hubiere sido declarada en el momento en que el transporte ingresó al país. Expresa que no se encuentra configurada la infracción del art. 962 del C.A. Considera que no se cumplió con lo establecido en el inc b) del art. 1094 del C.A. Agrega que al no poder verificar las mercaderías secuestradas no pudo ni controlar ni defenderse de los aforos formulados, ni calcular el verdadero importe de la multa que debiere pagar. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas II.- Que, a fs. 28/31 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Se refiere al art. 962 del C.A. Manifiesta que la mercadería se encontraba oculta en la parte trasera de la tolva del camión configurándose así la infracción endilgada. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 12437-1416-2008 se inician, a fs. 1, con la Nota n° AA38 08 1542. A fs. 2/3, obra la Boleta y el Acta de Secuestro n° 131/08; a fs. 4, obra el Aforo n° 207/09; y, a fs. 5/7, se instruye sumario y se corre vista de todo lo actuado a la recurrente. A fs. 11, obra el MIC/DTA n° 1213369. A fs. 12, obra impresión de pantalla del MANI n° 126643 L. A fs. 16/17 vta., la recurrente contesta la vista. A fs. 25/28, obra el Dictamen n° 302/12. Finalmente, a fs. 29/33, de fecha 8/8/12, se dicta la Resolución n° 370/12 (AD MEND), apelada en autos.
Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 12437-1252-2008 se inician, a fs. 1, con la Nota n° AA38 08 1349. A fs. 2/3, obra la Boleta y el Acta de Secuestro n° 110/08; a fs. 4, obra el Aforo n° 183/09; y, a fs. 5/6 y 10, se instruye sumario y se corre vista de todo lo actuado a la recurrente. A fs. 15/16 vta., la recurrente contesta la vista. A fs. 22, obra el MIC/DTA n° 1196861. A fs. 25, obra impresión de pantalla del MANI n° 112301 U. A fs. 26/29, obra el Dictamen n° 299/12. Finalmente, a fs. 30/34, se dicta la Resolución n° 373/12 (AD MEND), apelada en autos.
IV. Que, en primer lugar, la actora solicita se declare la nulidad de los aforos n° 183/09 y 207/09, toda vez que – según afirma – no tuvo la posibilidad de verificar la mercadería secuestrada. Advirtiéndose que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, la misma debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
V. Que corresponde resolver en autos si las Resoluciones n° 370/12 y 373/12 (AD MEND), aquí apeladas, se ajustan a derecho.
Que las actuaciones administrativas se iniciaron en fecha 11/09/08 y 06/10/08, como consecuencia del control realizado por la Gendarmería Nacional en la localidad de Punta de Vacas (Mendoza), a los vehículos marca Volvo, modelos SRSLCA0331 y 440, dominio n° JD5125 y BDDT-11, de propiedad de la firma TRANSPORTES CAUPOLICAN S.A., en los que se detectaron mercaderías de origen extranjero en la parte trasera de la tolva, sin la documentación aduanera respectiva – ello según las Boletas y Actas de Secuestro n° 110/08 y 131/08 –. Por tal motivo, la mencionada fuerza de seguridad procedió a la interdicción y secuestro de las mercaderías.
Que, como consecuencia de las referidas denuncias, la Aduana formuló los aforos n° 183/09 y 207/09, para luego instruir sumario contencioso por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 962 del C.A., por la totalidad de la mercadería encontrada en los medios de transporte, consistentes en soportes ópticos CD-R, bolsos de bebe, zapatos de bebe, medias, vestidos, gorros y discos compactos.
Que la recurrente, al contestar las vistas de los sumarios, negó que los vehículos pertenecieran a la empresa y que los choferes sean sus empleados; no obstante ello, solicitó el sobreseimiento en los términos del inc. b) del art. 1098 del C.A., con fundamento en que la mercadería no fue hallada en ocasión de una operación aduanera internacional, ni con motivo de la entrada o salida del medio de trasporte del país.
Que, sin perjuicio de ello, en esta instancia sostuvo que tal solicitud fue producto de que, al momento de instruirse los sumarios en los expedientes administrativos, no se acompañaron los correspondientes MIC/DTA, así como tampoco ninguna documentación aduanera en concreto y, siendo que la empresa incorpora mediante leasing a su flota camiones de los que resultan propietarios otras personas, a fin de no declarar en su contra, negó los hechos y su relación con las personas y las mercaderías. Sin embargo, pese a reconocer implícitamente la propiedad de los vehículos, planteó la nulidad de los aforos formulados, por no haber sido citado al acto de verificación luego de incautarse las mercaderías y realizarse las denuncias.
Que el art. 962 del C.A. dispone que “Cuando en un medio de transporte se hallare mercadería oculta o en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante, que no hubiere sido oportunamente declarada ante el servicio aduanero, corresponderá el comiso de la mercadería en infracción y se aplicará al transportista una multa igual a su valor en plaza”.
Que no resulta necesario que en los supuestos indicados en los incs. b) o c) precedentes también la mercadería se encontrare “oculta”, puesto que la finalidad no ha sido solamente la de sancionar a la existencia de mercadería oculta en el medio de transporte, sino también la de penar la existencia de mercadería en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante, circunstancias estas últimas en la que, por sí sola esa situación con el agregado de su falta de declaración, implica la existencia de una situación irregular, que sustrae la mercaderías del debido control aduanero.
Que, en el caso de autos, se trata de mercaderías halladas en las tolvas de los camiones, lugar reservado al acceso de los transportistas o a los agentes de transporte aduaneros, a quienes en definitiva se les puede imputar la infracción (al transportista o a su agente); en el sentido de la norma, esa situación unida a la falta de declaración, facilitaría la comisión de la infracción, sustrayendo así la mercadería al control aduanero, o al menos no dificultando la existencia del ilícito.
Que cabe destacar que el único personal de los camiones eran los transportistas involucrados, los conductores Villanueva Paredes Eduardo E. (JD5125) y Contreras Godoy Alfonso R. (BDDT-11), quienes por la naturaleza del medio de transporte tenían la responsabilidad del mismo, además del cuidado de las mercaderías transportadas, y la eventual responsabilidad de la realización de trámites referentes a las mismas frente a las autoridades del país donde ingresaba – sin perjuicio de que la aquí actora se encontraba en calidad de agente de transporte aduanero –. No obstante, en ocasión de control, ante el requerimiento de la documentación correspondiente a las mercaderías a bordo, el mencionado personal no presentó ningún tipo de documentación aduanera al respecto, a pesar de que se trataban de vehículos que ingresaban desde Chile hasta San Juan con carga en tránsito, afectando de esta manera el debido control aduanero pertinente.
VI. Que debe señalarse que la Gendarmería Nacional es una fuerza que, dentro de sus facultades, tiene asignada la función de policía auxiliar aduanera en el ámbito de su jurisdicción, según así lo establece el art. 3 de la Ley de Gendarmería Nacional n° 19.349. Por lo tanto, la interdicción y secuestro de las mercaderías sin la correspondiente documentación aduanera oportuna, y el inmediato aviso a la Aduana de Mendoza de dicha situación, fue un proceder concerniente a su competencia.
Que, margen de ello, la recurrente considera que las instrucciones de sumario ordenadas por el servicio aduanero son nulas, debido a que nunca fue citada a la verificación de las mercaderías en infracción, pues interpreta que debería haber correspondido la aplicación de lo dispuesto en el inc. b) del art. 1094 del C.A. Contrariamente a esta postura, se observa que no surge la existencia de vicio alguno capaz de nulificar dichos actos, y que el servicio aduanero ha dado cabal cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el mencionado art. 1094 del C.A.
Que el inc. b) del art. 1094 del C.A. sólo refiere a la citación del interesado respecto de la verificación de la mercadería, a fin de que con posterioridad no se controvierta su estado o naturaleza, mas no impone el requisito de la citación del interesado con relación a la “clasificación y valoración” de la mercadería, operaciones propias del servicio aduanero, que luego pueden controvertirse con la contestación de la vista en sede aduanera (ver voto de la Dra. García Vizcaíno en re “Salinas Alvarado Lola Beatriz y Otro”, expte. Nº 22.702-A, Sala E, del 30/04/07).
Que los sumarios contenciosos se instruyeron como consecuencia de la denuncia formulada contra la aquí actora por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 962 del C.A., en relación a mercadería que se encontraba cargada en los camiones antes descriptos, respecto del cual la actora actuó en su carácter de agente de transporte aduanero, que sobre la base de las constancias de las boletas y actas de secuestro (ver fs. 2/3 de las act. adm.), los MIC/DTA n° 1196861 y 1213369 (a fs. 12 y 11 de las act. adm.) y de las impresiones de pantalla de los MANI n° 126643 L y 112301 U ( a fs. 12 y 25 de las act. adm.) pudo confirmarse tal identidad.
Que, pese a que la recurrente tomó conocimiento del detalle de las mercaderías secuestradas mediante las boletas de secuestros y los aforos labrados al respecto, aun así no dejó de sostener la falta de citación al acto de verificación de las mercaderías incautadas, sin reparar en que los documentos antes mencionados detallaban de modo específico estas mercaderías, por lo que no resulta atendible, en esta instancia, controvertir el estado o naturaleza de las mercaderías aludidas.
Que los Agentes de Transporte Aduanero, en representación de los transportistas, tienen a su cargo ante el servicio aduanero las gestiones relacionadas con la presentación de la documentación del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero, tal como lo prescribe el art. 57 del C.A.
Que en relación con la Resolución n° 370/12 (AD MEND), se observa un error al declarar que “el transporte dominio BDDT-11 perteneciente a la firma TTE. CAUPOLICAN S.A. se encontraba amparada en la destinación 08038MANI12664B”, debiendo referirse al “MANI n° 126643 L”, tal como lo indica el MIC/DTA n° 1213396 y la impresión de pantalla de fs. 12 de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12437-1416-2008, independientemente de esto, y de la confusión suscitada, no altera en parte alguna los requisitos exigidos por el Código Aduanero para la aplicación de la figura infraccional del art. 962 del C.A., teniendo en cuenta que ello no suple las circunstancias de que los transportistas carecían de la documentación aduanera respectiva durante el tránsito de las mercaderías.
Que, en tanto la detección de la existencia de mercadería no declarada (oculta, o en lugares de acceso reservado a la tripulación o en poder de un tripulante) se produzca “a bordo” del medio de transporte, sea al arribo de la mercadería al país o bajo el sistema de permanencia a bordo (art. 185, y concordantes del Cód. Ad.), la infracción del art. 962 del C.A. queda configurada, como ha ocurrido en el caso de autos, donde se evidencia que el Agente de Transporte Aduanero y sus transportistas – quienes oportunamente manifestaron no tener documentación aduanera alguna – han actuado negligentemente, persiguiendo un indudable objetivo de sustraer las mercaderías en infracción del debido control aduanero.
VII. Que, a los efectos de la determinación de las multas adeudados, corresponde referirse a la liquidación practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes a las precepciones de IVA adicional y Ganancias.
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, los períodos fiscales al que correspondían dichas percepciones (fecha en que se configuró la infracción) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
Que, conforme a lo precedentemente citado, se practica la siguiente liquidación:
Aforo n° 183/09:
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 12.965,40 (soportes magnéticos CD-R)
Derechos Importación (26%) $ 3.371.-
Tasa de Estadística (0,5%) $ 64,83 Base Imponible IVA $ 16.401,23.-
IVA (21%) $ 3.444,26 TOTAL ADEUDADO: $ 6.880,09 VALOR EN PLAZA: $ 19.845,49
Aforo n° 207/09:
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $4.364,80 (bolsos bebe, zapatos de bebe, par de medias, vestidos, gorros y discos compr. Vir.)
Derechos Importación (20%, 35% y 16%) $1.632,44 Tasa de Estadística (0,05%, 0,01%, 0,24%, 1,20%, 0,08% y 5,25%) $ 21,82 Base Imponible IVA: $ 6.019,06 IVA (21%) $ 1.264.-
TOTAL ADEUDADO: $ 2.918,26 VALOR EN PLAZA: $7.283,06
Que corresponde declarar en autos que el importe adeudado en concepto de multa para el aforo n° 183/09 (Resolución n° 373/12) asciende a la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 19.845,49), y para el aforo n° 207/09 (Resolución n° 370/12), la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 7.283,06).
VIII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución n° 373/12 (AD MEND), recaída en la actuación SIGEA n° 12437- 1252-2008, declarando que el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $19.845,49).
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución n° 370/12 (AD MEND), recaída en la actuación SIGEA n° 12437- 1416-2008, declarando que el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS ($ 7.283,06).
3. Costas según sus respectivos vencimientos.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr Dr. Fernando Seleme (20-20784410-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.02.01 17:52:37 -03:00 Date: 2023.02.01 18:17:13 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.01 18:17:14 -03:00
Fin de la sentencia