Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 129/2017 (DV RNEU) en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional.
Y
I. Que, a fs. 35/88 vta. la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 129/2017 (DV RNEU) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, de fecha 23/11/2017, suscripta por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2012 y 2013, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto de $ 2.060.144 -período fiscal 2012- y $ 6.336.743,60 -período fiscal 2013-, con más $ 11.403.638,95 de intereses resarcitorios, y aplicando multa en ambos períodos fiscales por $ 5.877.821,32 equivalentes al setenta por ciento (70%) del gravamen omitido en los términos del art. 45 de la norma ritual.
Expresa la recurrente que durante casi tres décadas su actividad económica principal radicó en la conformación de un activo empresarial con ánimo de permanencia y de perduración en el tiempo, lo que realizó a través de diversas sociedades cuyas participaciones accionarias fuera adquiriendo durante ese mismo lapso temporal, negocios y entes respecto de los cuales asumiera la dirección y administración de forma personal, en todos los casos resultando estos negocios puntuales y productivos al punto de permitirle expandir su presencia en el mercado del denominado “turismo estudiantil”, actividad respecto de la cual el aquí actor se volviera referente incuestionable (cfr. fs. 42/42 vta. y fs. 47).
De forma sintética señala la recurrente que en ese período de aproximadamente unos veinticinco años, fue adquiriendo los distintos paquetes accionarios de las sociedades comerciales propietarias de los inmuebles donde operaron históricamente las discotecas BY PASS, CEREBRO, ROKET y GENUX, esto es el ochenta por ciento del mercado principal de discotecas dedicadas al turismo estudiantil de los viajes de egresados que tuvieran por destino la ciudad de San Carlos de Bariloche (cfr. fs. 45/53), siendo la excepción la discoteca que gira bajo la denominación de GRISU, puesto que sus propietarios nunca quisieron vender (cfr. fs. 47 vta.).
Asimismo, el aquí actor afirma que detentó durante idéntico arco temporal la titularidad de los paquetes accionarios de aquellas otras sociedades que alquilaban a las empresas dueñas de los inmuebles en cuestión, con fines de explotar las mencionadas discotecas, así como también los paquetes accionarios de las empresas que explotaban los servicios de barra y expendio de bebidas dentro de los locales bailables (cfr. fs. 49/53). Por su parte, señala que dicho proceso de concentración del mercado de las discotecas iniciado aproximadamente en 1989 -el que comprendiera las sociedades ESE S.A., CEREBRO S.A., JUSELMAR S.A., ALLIANCE S.R.L. y SERVICIOS S.R.L.-, culminó alrededor de finales del mes de septiembre de 2009, cuando logró adquirir el paquete accionario mayoritario de la firma CADEHSUR S.A. -propietaria del inmueble en el que se explota la discoteca GENUX- (cfr. fs. 47/48).
Tres meses más tarde -el 21/12/2009- recibió de parte de un grupo de inversores una carta documento con una oferta de compra por la totalidad de sus participaciones accionarias en todas las sociedades que conformaban de un modo u otro el negocio de las discotecas estudiantiles, la que aceptara sin reservas mediante el envío de la respectiva aceptación a través del mismo medio en fecha 29/12/2009 (cfr. fs. 49).
De modo preliminar, apunta que la ejecución de la compraventa fue posteriormente instrumentada a través de diversos contratos de compraventa de acciones cuando los inversores iban efectuando los referidos desembolsos dinerarios, proceso que se realizó en la medida de las posibilidades de pago de los inversores, tiempo durante el cual el actor siguió conduciendo sus negocios atinentes a la explotación de las discotecas, el que finalizara con la firma de un último contrato el 6/09/2013 (cfr. fs. 49/51). De ese modo concluyó en aquellos tiempos su actividad empresarial vinculada a la explotación de las discotecas destinadas al turismo estudiantil, mientras que continuó con dos emprendimientos de data más reciente consistentes en la fabricación de muebles (cfr. fs. 71/73 vta.) en Provincia de Buenos Aires y la explotación de un campo para la producción de aceite de oliva en la Provincia de Mendoza (cfr. fs. 77/78 vta.), los que a su criterio resultaban más acordes a sus 67 años de edad y no resultando por aquél entonces del interés de sus hijos la continuación del negocio referido a las discotecas. En concreto, apunta que el ajuste efectuado por el Fisco Nacional reposa únicamente en considerar que las rentas declaradas como exentas o no gravadas por la recurrente en los períodos fiscales 2012 y 2013 derivadas de la venta de acciones -mayormente vinculadas a su actividad principal, aunque existen algunos negocios menores - en realidad se tratarían de ingresos gravados de conformidad con lo establecido en el art. 2°, apartado primero, de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1997 y modificatorias), a partir de una interpretación del principio de la realidad económica establecido en el art. 2° de la norma procedimental, aspecto que desde ya cuestiona en un todo puesto que tal tesitura no resulta -a su criterio- una derivación válida de los hechos y el derecho vigentes (cfr. fs. 65/65 vta.).
Por su parte, cita jurisprudencia administrativa y judicial, y doctrina que considera de aplicación al caso, ofrece producir prueba pericial contable, plantea el caso federal y finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 95/102 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, solicita se rechace la prueba ofrecida por la recurrente, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 118 punto 2° se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional y a fs. 119 se citó a ambas partes a una audiencia preliminar de prueba de conformidad con lo dispuesto en el art. 173 de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 27.430), de cuya celebración en fecha 25/04/2019 obra acta agregada a fs. 122.
A fs. 125 se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, admitiéndose parcialmente la oposición formulada por el Fisco Nacional en referencia al punto 6° de la pericia contable y haciéndose lugar a los restantes puntos periciales ofrecidos, esto es los puntos 1 a 5 y 7 ofrecidos por la recurrente.
A fs. 142/163 obra el informe pericial contable y a fs. 167/169 obra la impugnación efectuada por parte de la representación fiscal, cuyo traslado -cfr. fs. 171 pto. 2°- no mereciera réplica de la contraria.
IV. Que, fs. 181 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, la que dispuso a fs. 184 poner las actuaciones a disposición de las partes para la producción de los respectivos alegatos, obrando a fs. 189/198 el alegato de la recurrente y a fs. 199/203 vta. el alegato del Fisco Nacional. Seguidamente a fs. 207 se ponen los autos para sentencia.
V. Que, del modo en que ha quedado trabada la litis en el presente caso, la misma se resume en dilucidar si resulta procedente el ajuste fiscal en el Impuesto a las Ganancias a través del cual el Fisco Nacional impugnara las rentas declaradas como exentas o no gravadas en los períodos fiscales 2012 y 2013 derivadas de la venta de acciones -mayormente vinculadas a su actividad principal y algunos negocios diversos- por considerar dichos ingresos gravados de conformidad con lo establecido en el art. 2°, apartado primero, de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1997 y modificatorias), atendiendo a “la realidad económica” de las operaciones.
Al respecto y conforme surge del informe final de Inspección (vide fs. 350 AA) cabe mencionar que la tarea del Fisco Nación se circunscribió a analizar las operaciones de compraventa de acciones celebradas con anterioridad a la vigencia de la ley 26.893, la cual a partir del 23/09/2013 estableció la gravabilidad de los resultados de la compraventa de acciones y otros valores que no cotizan y/o que no tengan oferta pública (punto 3 del art. 2. de la ley del impuesto a las ganancias).
Por un lado, de considerarse procedente la tesitura fiscal, las ventas de acciones realizadas por la recurrente se tratarían de rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación.
Por el contrario, en caso de proceder la tesis ensayada por la recurrente, las rentas derivadas de las diversas operaciones de venta se tratarían del finiquito de sus activos empresariales -agotamiento de la fuente productora de renta- en lo que durante casi tres décadas resultó ser su actividad económica principal, por un lado, bien el afianzamiento de los nuevos negocios emprendidos con diversos terceros a través de sociedades comerciales en lo absoluto vinculadas a los activos empresariales finiquitados, por otro lado, lo que en ninguno de los supuestos mencionados resultaría encuadrable en el marco legal previsto en el art. art. 2°, apartado primero, de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1997 y modificatorias).
En ese orden de ideas, cabe destacar que el fundamento legal utilizado por el juez administrativo se asienta únicamente en el artículo 2°, apartado primero, de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1997 y modificatorias) y en la realidad económica, este último de forma solapada puesto que aun cuando no figura entre las normas de conformidad con las cuales se dictara la resolución venida en recurso (cfr. fs. 31 in fine), su referencia resulta innegable cuando el funcionario señala que “conforme surge de los antecedentes y, teniendo en cuenta la cantidad de operaciones de compraventa y participaciones sociales que ha efectuado el responsable durante los períodos 2008 a 2014 inclusive, estamos en condiciones de afirmar que “la realidad económica” de las operaciones indican que las diferentes acciones/participaciones societarias fueron adquiridas por el Sr. Rimoldi -aquí actor- con el objeto de obtener una renta a partir de su comercialización (en el corto o largo plazo). Es por ello que los resultados de dichas operaciones se encuentran dentro del objeto del impuesto” (cfr. fs. 23, el destacado nos pertenece).
VI. Que, de acuerdo con lo expresado, se observa que conforme surge del Formulario F. 1167, el 13/03/2015 se generó la OI N° 1.264.811, que tuvo por finalidad fiscalizar los períodos fiscales 2012 y 2013 del Impuesto a las Ganancias, notificado su inicio el 18/03/2015. Desde ese momento, se generaron diversos requerimientos dirigidos a la parte actora y un requerimiento a un tercero relacionado a las presentes actuaciones, todos los cuales fueron debidamente cumplimentados (cfr. fs. 1/3, 11, 117 y 174, Cuerpo Principal N° 1, AA, fs. 208 y fs. 229, Cuerpo Principal N° 2, AA).
No está demás poner de relieve que en tres oportunidades fueron notificadas las variantes de ajustes propuestos por la fiscalización (cfr. fs. 217/222, 230/233, 325/331 y 340, Cuerpo Principal N° 2, AA). Asimismo, debe puntualizarse que en oportunidad de presentar su descargo durante el procedimiento de determinación de oficio el aquí actor presentó documentación concerniente a registros societarios de algunas de las sociedades comerciales cuyas ventas de paquetes accionarios generaron el ajuste fiscal que aquí se cuestiona (cfr. fs. 451/511, Cuerpo Principal N° 3, AA).
Por su parte, conforme expresara la recurrente en el racconto de su hoja de vida, promediando la década de 1980 el Sr. Ricardo Alberto Rimoldi -aquí actor- desembarcó en forma directa en carácter de accionista en la sociedad ESE Empresa de Servicios y Espectáculos S.A. -ESE S.A.-, adquiriendo el paquete accionario mayoritario a su hermano el Sr. Eduardo Oscar Rimoldi, de todo lo cual dan cuenta las registraciones vertidas por el ente societario en el Libro Registro de Accionistas N° 1 cuya rúbrica data del 25/11/1983. Allí pueden observarse no solo la consolidación del capital social efectuada previamente por el hermano del aquí actor entre 1983 y 1986 sino también los cambios de titularidad hasta la registración de los mismos a comienzos de 1990 por parte del aquí actor, sin que ello resulte óbice para señalar que de forma indirecta el Sr. Ricardo Alberto Rimoldi bien pudo tener participación en esa misma empresa a partir de su participación en el capital accionario de Ricardo Eloy Rimoldi e Hijos S.A. (cfr. fs. 451/474, Cuerpo Principal N° 3, AA). No está demás señalar que, desde el mismo día de su constitución, el aquí actor ya estaba vinculado al referido ente societario en carácter de contador público como el síndico titular de la empresa, conforme surge de las aseveraciones del propio actor (cfr. fs. 67/70, autos principales), y del estatuto social de constitución de la misma publicado en el Boletín Oficial N° 25.248 del 1° de septiembre de 1983.
De ese modo, resulta incuestionable el hecho de que hacia 1990 el aquí actor hubo incorporado a su activo empresario el paquete accionario mayoritario de la sociedad ESE S.A., que es la propietaria del inmueble donde funcionara históricamente la discoteca BY PASS, y posterior adquirente -alrededor de 1996- del inmueble donde funcionara la discoteca ROKET, ambas en San Carlos de Bariloche. También se observa en el mencionado registro societario cómo el aquí actor fue paulatinamente adquiriendo las restantes acciones del ente en manos de terceros entre los años 1993 y 2000, lapso a partir del cual una parte no menor de dichas acciones fuera transferida a su esposa la Sra. Marta Inés Vázquez conforme surge de la composición del capital accionario tras un aumento de capital de fecha 18/10/2002 (cfr. fs. 475/478, Cuerpo Principal N° 3, AA), entre otros aumentos de capital impulsados por el aquí actor conforme surge del Boletín Oficial de fechas 27/03/2001, 02/02/2007 y 13/04/2009 (cfr. fs. 308/315, Cuerpo Principal N° 2, AA y fs. 479/484, Cuerpo Principal N° 3, AA). A ese efecto, sírvase citar la importante cantidad de utilidades distribuidas por las sociedades en las que el aquí actor tenía participación mayoritaria para observar que el apelante podía solventar por sí mismo los aumentos de capital, conforme surge del cuadro confeccionado por los peritos contadores obrante a fs. 143 de los autos principales, en oportunidad de presentar su informe pericial.
Por su parte, lo expuesto se corrobora a partir de otros documentos societarios y contractuales, los que también fueran acompañados por la recurrente durante la instancia administrativa. En efecto, surge del contrato de compraventa de acciones celebrado el 15/09/2000 celebrado en la ciudad de Buenos Aires, que el Sr. Rimoldi adquirió al Sr. Belzunce la porción accionaria que este último detentara en la empresa ESE S.A. Asimismo, surge del contrato de compraventa de acciones celebrado el 11/12/2007 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, formalizado en papel notarial, que el Sr. Rimoldi adquirió a la firma Ladinsur S.A. una parte del paquete accionario de ESE S.A., consolidando aún más su carácter mayoritario del paquete accionario, motivando en parte la salida de Ladinsur S.A. del ente societario la voluntad expresada meses antes en cuanto a no acompañar el aumento de capital social con destino a la adquisición de los terrenos linderos y el re-equipamiento de la discoteca ROKET, conforme surge asimismo de las Actas de Asambleas Extraordinarias de fechas 19/04/2007 y de su posterior concreción el 09/09/2008 (cfr. fs. 98/110 vta., Cuerpo Principal N° 1, AA). En este punto, resulta necesario hacer una ligera digresión puesto que, en la cronología del aquí actor, la adquisición y consolidación del paquete accionario mayoritario de la empresa CEREBRO S.A. -propietaria del inmueble donde funciona la discoteca que girara con idéntica denominación- se produce en el arco temporal entre los años 2001 a 2005 (cfr. fs. 47 vta., autos principales), la que se empezara a gestar con el ingreso paralelo en una porción minoritaria a ESE S.A. del Sr. Hernán Fiori -por aquél entonces Presidente de Cerebro S.A. y vinculado a los accionistas originales de CEREBRO S.A.- y su desprendimiento se produjera el 15/07/2010, vale decir, en un período fiscal fuera de todo cuestionamiento por parte de ente recaudador. Vale decir, hacia el año 2005 el Sr. Rimoldi -aquí actor- acaparaba el 65% del mercado principal de las discotecas para turismo estudiantil en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Unos años más tarde, en concreto el 29/09/2009, el aquí apelante adquirió el paquete accionario mayoritario de la empresa CADEHSUR S.A. -propietaria del inmueble donde funciona la discoteca que históricamente girara bajo la denominación GENUX- mediante contrato de compraventa en esa fecha en la ciudad de Buenos Aires firmado ante escribano público con cinco accionistas de la referida empresa, haciéndose del 91,55% del capital social como resultado de dicha operación. No está demás aclarar, que conforme surge de la letra del referido contrato, dicha empresa se encontraba por aquél entonces en concurso preventivo de acreedores y que las negociaciones y pagos venían desarrollándose desde el año 2008, resultando el referido contrato la formalización del mentado negocio. Se destaca que menos de un año más tarde, y ya habiendo dispuesto el acuerdo marco de su salida del mercado de las discotecas estudiantiles con un grupo de inversores, consolidó el Sr. Rimoldi aún más su ya mayoritaria posición, desinteresando a dos de esos mismos accionistas por un 4,45% adicional de sus tenencias accionarias, lo que consta en el contrato de compraventa de fecha 30/06/2010 celebrado en la ciudad de Buenos Aires y firmado en esa misma fecha ante escribano público (cfr. fs. 14/30, Cuerpo Principal N° 1, AA). En breve, al 29/09/2009 el aquí recurrente concentraba de forma directa o indirecta la titularidad de los paquetes accionarios de una serie de sociedades comerciales que controlaban el 80% del mercado de las discotecas destinadas al turismo estudiantil de los viajes de egresados en Bariloche, consistente en lo que no puede menos que ser considerado un grupo económico establecido y conformado por ESE S.A., CEREBRO S.A., JUSELMAR S.A., ALLIANCE S.R.L., SERVICIOS S.R.L. y CADEHSUR S.A., propietarias de los inmuebles y/o locadoras y/o locatarias de los mismos con destino a discotecas y/o locadoras y/o locatarias de los derechos de explotación de los servicios de barras y expendio de bebidas en esas mismas discotecas.
Tres meses después, exactamente el día 21/12/2009, el Sr. Rimoldi recibió una Carta Documento N° CD082152124, remitida por los Sres. Custodio y Garelik, apoderados de un grupo de inversores conformado por los Sres. Catalano, Casavilla, Gradin, Pacheco, López y Zatorre, consistente en la oferta irrevocable de compra por el término de quince días del 100% de las acciones y cuotas partes que el Sr. Rimoldi tuviera en las sociedades mencionadas. Vale decir, se le presentaba al aquí actor una oferta única por todo su activo empresarial vinculado a la explotación de las discotecas destinadas a turismo estudiantil. Aceptada la oferta, comenzaba a correr un plazo de ciento ochenta días corridos para llevar adelante el proceso de due dilligence y revisión de la documentación correspondiente de forma tal que pudiera determinarse el precio final de la operación contra el cual operaría en forma parcial la garantía otorgada por valor de U$S 2.500.000, utilizándose el referido medio de notificación fehaciente a efectos de dar certeza y fecha cierta a la propuesta remitida.
El 29/12/2009, el Sr. Emilio A. Salgado, apoderado del Sr. Rimoldi, remitió sendas Cartas Documento N° CD092651022 y N° CD092651019 a los Sres. Custodio y Garelik, aceptando la oferta irrevocable de compra y sellando el acuerdo marco inicial por el cual se diera comienzo a la transferencia del activo empresario del Sr. Rimoldi, siempre por supuesto en lo referido a las discotecas destinadas a turismo estudiantil (cfr. fs. 557/559, Cuerpo Principal N° 3, AA).
Se encuentra debidamente acreditado en autos que el referido contrato de compra y venta tuvo principio de ejecución a partir de la documentación aportada por el tercero requerido Sr. López -uno de los miembros del grupo de inversores-, consistente en diversos documentos vinculados al depósito de una parte sustancial de la garantía ofrecida al Sr. Rimoldi en prueba de la seriedad de la oferta realizada por el mencionado grupo inversor. Tal es así, que el propio Sr. López acompañó el comprobante de depósito de fecha 18/02/2010 en el Banco Patagonia S.A. de la suma de U$S 490.000 en el que claramente se observa el destino de dicho depósito con indicación precisa del número de cuenta bancaria en dólares estadounidenses y los titulares de la referida cuenta - Rimoldi y Vázquez, su esposa-, copia certificada de su original ante escribano público; todavía más, en su oportunidad el propio actor presentó una copia del Acta Notarial por medio de la cual un notario público constató la efectiva realización del depósito mencionado mediante Escritura Pública N° 39 de esa misma fecha.
También aportó en esa misma ocasión un contrato de cesión de crédito por el cual el mismo Sr. López resultó cesionario, a su vez, del crédito que la Sra. Zatorre -otro miembro del grupo inversor- detentaba contra el Sr. Rimoldi por haber depositado su parte de la garantía en el orden de los U$S 450.000 el 07/01/2010 en la misma cuenta bancaria, la que dicho sea de paso se corresponde exactamente con aquella indicada en las N° CD092651022 y N° CD092651019 de fecha 29/12/2009 (cfr. fs. 58/58 vta., fs. 117 y fs. 122/128, Cuerpo Principal N° 1, AA). Ahora bien, cabe señalar que en el marco de la prueba testimonial desarrollada en sede administrativa se produjeron tres declaraciones que aportan en este aspecto información de relevancia.
En efecto, el 29/05/2017 prestó declaración testimonial el Sr. Emilio Eduardo Salgado, abogado y asesor del Sr. Rimoldi por más de dos décadas, quien no solo declaró en torno a las negociaciones previas sobre la referida oferta de compra, sino que reconoció de forma expresa haber remitido las N° CD092651022 y N° CD092651019 de fecha 29/12/2009 en su carácter de apoderado del Sr. Rimoldi. Asimismo, no está de más agregar que el declarante referenció al aquí actor como involucrado en el negocio de las discotecas desde 1984 o 1985 -lo que coincide con las manifestaciones del propio recurrente- e informó que dos de los principales miembros del grupo inversor, los Sres. López y Catalano, “eran socios o accionistas o estaban vinculados con la empresa de turismo estudiantil Travel Rock”.
Por otro lado, reconoció haber intervenido posteriormente en la redacción y negociación de los contratos que se efectuaron en cumplimiento de la referida oferta de compra (cfr. fs. 548/548 vta., Cuerpo Principal N° 3, AA).
Por otra parte, los propios Sres. López y Catalano prestaron sus respectivas declaraciones testimoniales el día 30/05/2017, reconociendo su fortísima vinculación con la ya mencionada empresa de turismo estudiantil y con el grupo de inversores que ofertara la salida del Sr. Rimoldi -aquí actor- de la actividad de las discotecas por medio de la enajenación de la totalidad de los paquetes accionarios que conformaban el referido activo empresario. Incluso surge de esas mismas declaraciones que el objetivo era comprar absolutamente todo lo vinculado a las discotecas, no una porción, no un fondo de comercio puntual, sino todo, sin que esté demás agregar que ambos testigos también ubicaron al Sr. Rimoldi en el negocio de las discotecas desde la década de 1980. Por último, ambos testigos reconocieron la totalidad de las cartas documento y de los contratos obrantes en el expediente administrativo, sin que ello resulte óbice para señalar que varios ejemplares de los contratos obrantes en el expediente administrativo fueron aportados por el propio Sr. López resultando idénticos a los ya aportados en dicha instancia por el Sr. Rimoldi (cfr. fs. 550/551 vta., Cuerpo Principal N° 3, AA, fs. 35/49, fs. 54/83 y fs. 126/173, Cuerpo Principal N° 1, AA).
En ese sentido, resulta incuestionado que el contrato de compraventa por el cual se estructuró el desprendimiento por parte del Sr. Rimoldi de la totalidad de su activo empresario se perfeccionó el 29/12/2009, momento en el que se produjo la aceptación de la oferta recibida unos días antes, así como también que dicho contrato tuvo principio de ejecución en los primeros meses del año 2010 mediante el depósito de la garantía por valor de U$$ 2.500.000 en su cuenta bancaria.
Ahora bien, no escapa al criterio de este Tribunal que el desprendimiento de la totalidad de los paquetes accionarios conformados durante casi tres décadas de trabajo por el Sr. Rimoldi y teniendo en consideración el activo empresario subyacente -negocio íntegro de las discotecas destinadas al turismo estudiantil- representaban aún para un grupo inversor una suma de dinero importante. En ese sentido, resulta más que lógico que el referido desprendimiento se produjera en diversos tramos -en concreto, cinco-, cada uno de los cuales tuvo como contrapartida desde el punto de vista jurídico la redacción de un contrato de compraventa de acciones, sin que ello resulte óbice alguno para además afirmar que en el seno de la parte compradora -grupo inversor- incluso se firmaron diversas cesiones de créditos a modo de ir consolidando el negocio (cfr. fs. 54/57, fs. 71/75, fs. 76/79, fs. 80/83, fs. 126/128, fs. 155/160 y fs. 161/164, Cuerpo Principal N° 1, AA), documentación que si bien ilustra un cuadro complejo, no resulta posible evidenciar una realidad económica diferente, ocultada o tergiversada. En efecto, los primeros dos tramos acontecen a mediados del año 2010, precisamente el 15/07/2010, mediante la firma de dos contratos de compraventa de acciones en instrumento privado por ante escribano público certificante de las firmas insertas en esa misma fecha.
En el primero de dichos contratos, por la parte vendedora intervino el Sr. Rimoldi por sí y en carácter de apoderado de su esposa, la Sra. Vázquez, mientras que por la parte compradora intervino el Sr. López por sí y los Sres. Garelik y Custodio en carácter de apoderados del Sr. Catalano, habiéndose dispuesto en el seno de la parte compradora -grupo inversor- que las acciones objeto del contrato que aquí se describe fueran registradas e inscriptas a nombre de los referidos Sres. López y Catalano según los porcentajes allí establecidos. Respecto al objeto del contrato bajo análisis, el mismo estuvo constituido por el 100% del paquete accionario de JUSELMAR S.A., titular del 49,14% del paquete accionario de CEREBRO S.A., recibiendo en ese acto los compradores las acciones representativas de ambos paquetes accionarios conforme surge de la cláusula primera. Por otro lado, conforme surge de la cláusula segunda, el precio total de la operación se estableció en U$S 1.500.000, de los cuales U$S 300.000 fueron imputados sobre el depósito en garantía ya descripto supra y U$S 1.200.000 a abonar mediante transferencias y/o depósitos en la cuenta bancaria también ya mencionada supra hasta el 31/07/2010. En el segundo de dichos contratos, por la parte vendedora intervino el Sr. Rimoldi por sí -y en carácter de apoderado de su esposa, la Sra. Vázquez al solo efecto en este caso de prestar el asentimiento conyugal-, mientras que por la parte compradora intervino el Sr. López por sí y los Sres. Garelik y Custodio en carácter de apoderados del Sr. Catalano, habiéndose dispuesto en el seno de la parte compradora -grupo inversor- que las acciones objeto del contrato que aquí se describe fueran registradas e inscriptas a nombre de los referidos Sres. López y Catalano según los porcentajes allí establecidos. Respecto al objeto del contrato bajo análisis, el mismo estuvo constituido por el 32,86% del paquete accionario de CEREBRO S.A., recibiendo en ese acto los compradores las acciones representativas conforme surge de la cláusula primera. Por otro lado, conforme surge de la cláusula segunda, el precio total de la operación se estableció en U$S 1.000.000, de los cuales U$S 200.000 fueron imputados sobre el depósito en garantía ya descripto supra y U$S 800.000 a abonar mediante transferencias y/o depósitos en la cuenta bancaria también ya mencionada supra hasta el 31/07/2010.
No está demás señalar que la contraparte contractual -el Sr. López-, una vez requerida por el organismo recaudador, aportó idénticos ejemplares de los referidos contratos, y al prestar declaración testimonial en sede administrativa los Sres. López y Catalano reconocieron no solo ser accionistas de JUSELMAR S.A. y CEREBRO S.A., sino también que el Sr. Rimoldi -aquí apelante- se había alejado del negocio de las discotecas al momento de producirse las respectivas deposiciones (cfr. fs. 129/148, Cuerpo Principal N° 1, AA, y fs. 550/551 vta., Cuerpo Principal N° 3, AA).
Poco más de un año después, el 02/09/2011, acontece el tercer tramo mediante la firma de un contrato de compraventa de acciones en instrumento privado por ante escribano público certificante de las firmas insertas en esa misma fecha. En esta oportunidad, por la parte vendedora intervino el Sr. Rimoldi por sí -y en carácter de apoderado de su esposa, la Sra. Vázquez al solo efecto en este caso de prestar el asentimiento conyugal-, mientras que por la parte compradora intervino la sociedad JUSELMAR S.A. -cuyos accionistas ya se hubo analizado supra a la fecha del presente contrato eran los Sres. López y Catalano-, representada en dicho acto por el Sr. Garelik. Respecto al objeto del contrato bajo análisis, el mismo estuvo constituido por el 15% del paquete accionario de ESE S.A., recibiendo en ese acto la compradora las acciones representativas -sin inclusión de los dividendos devengados y no distribuidos hasta el 31/03/2010- conforme surge de la cláusula primera. Por otro lado, conforme surge de la cláusula segunda, el precio total de la operación se estableció en U$S 1.580.000, de los cuales U$S 980.000 fueron transferidos en esa misma fecha a la cuenta bancaria del Sr. Rimoldi anteriormente mencionada y U$S 600.000 a abonar mediante transferencias y/o depósitos en esa misma cuenta bancaria hasta el 20/12/2011.
Un año más tarde, el 24/10/2012, acontece el cuarto tramo mediante la firma de un contrato de compraventa de acciones en instrumento privado por ante escribano público certificante de las firmas insertas en esa misma fecha. En esta oportunidad, por la parte vendedora intervino el Sr. Rimoldi por sí -y en carácter de apoderado de su esposa, la Sra. Vázquez al solo efecto en este caso de prestar el asentimiento conyugal-, mientras que por la parte compradora intervino la sociedad INVERSORA BARILOCHE S.A., representada en dicho acto por su Presidente, el Sr. Casavilla -uno de los miembros del denominado grupo inversor-. Respecto al objeto del contrato bajo análisis, el mismo estuvo constituido por el 15% del paquete accionario de ESE S.A., recibiendo en ese acto la compradora las acciones representativas -sin inclusión de los dividendos devengados y no distribuidos hasta el 31/03/2012- conforme surge de la cláusula primera. Por otro lado, conforme surge de la cláusula segunda, el precio total de la operación se estableció en U$S 1.500.000, de los cuales el equivalente a U$S 1.000.000 en Bonos de la Deuda Pública de la República Argentina -BONAR 7- fueron depositados en la cuenta comitente del Sr. Rimoldi en el Banco Patagonia los días 10/09/2012, 28/09/2012 y 22/10/2012 y U$S 500.000 fueron imputados sobre el depósito en garantía ya descripto supra.
En otro orden de ideas, y en una ligera digresión cronológica, existe una segunda operación menor de compraventa de acciones en el período fiscal 2012 vinculada a las discotecas cuyo tratamiento fiscal no fue cuestionado por el Fisco. Se trata en concreto de un contrato en el cual el aquí apelante asumió el rol de la parte vendedora y el Sr. Tarzia -empleado de casi tres décadas del Sr. Rimoldi- asumió el rol de parte compradora. En efecto, conforme surge del contrato de compraventa de acciones de fecha 24/02/2012 firmado en instrumento privado ante escribano público certificante de las firmas insertas en esa misma fecha, se produjo la venta del 1,83% del paquete accionario de CADEHSUR S.A. por valor de U$S 25.000 en efectivo abonados en ese mismo acto (cfr. fs. 31/34, Cuerpo Principal N° 1, AA).
En rigor de verdad, conforme surge de las explicaciones brindadas por el Sr. Rimoldi en sede administrativa y en su recurso de apelación (cfr. fs. 48 vta. y fs. 61, autos principales), así como también de las declaraciones testimoniales del 01/06/2017 del propio Sr. Tarzia y del Sr. Bruzzone durante el procedimiento de determinación de oficio, resultó política empresarial del aquí apelante durante toda su trayectoria al frente del negocio de las discotecas, recompensar a sus gerentes comerciales -en el caso del Sr. Tarzia, gerente administrativo en ALLIANCE S.R.L., en el caso del Sr. Bruzzone, encargado de ventas, supervisor nocturno y función comercial en ALLIANCE S.R.L.- mediante la participación en las ganancias de las empresas del grupo por intermedio del otorgamiento de porcentajes accionarios minoritarios. Tal es así, que ambos deponentes reconocieron haber recibido de parte del aquí apelante, en premio a su lealtad y confianza, acciones y/o cuotas partes de las empresas ALLIANCE S.R.L., SERVICIOS S.R.L. y CADEHSUR S.A., por las cuales no pagaron absolutamente nada, o bien pagaron un valor simbólico como el del contrato precedentemente analizado. También surge patente -entre otras cuestiones de suma relevancia- a partir de las mencionadas declaraciones que todo el negocio de las discotecas era personalmente dirigido por el Sr. Rimoldi, que incluso luego de fallecido algún gerente con titularidad de acciones el propio apelante adquirió a sus sucesores las mismas a efectos de que la participación no se licuara con los sucesivos aumentos de capital, y que una vez que se retiró de dicha actividad se dedicó a sus restantes emprendimientos comerciales de menor antigüedad referidos a la explotación de un campo de olivares en la Provincia de Mendoza y la fabricación de muebles en la Provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 534/541, Cuerpo Principal N° 3, AA). Asimismo, lo expuesto por los deponentes también puede corroborarse a partir de las registraciones existentes en el Libro Registro de Acciones N° 1 de CADEHSUR S.A., acompañado por el aquí apelante durante la instancia administrativa (cfr. fs. 505/511, Cuerpo Principal N° 3, AA).
Sentado lo que antecede, resta abordar el quinto y último tramo del desprendimiento patrimonial del activo empresario concerniente al negocio de las discotecas, el que tuvo lugar casi un año después, el 06/09/2013, mediante la firma de un contrato de compraventa de acciones en instrumento privado por ante escribano público certificante de las firmas insertas en esa misma fecha. Por la parte vendedora intervino el Sr. Rimoldi por sí y en carácter de apoderado de su esposa, la Sra. Vázquez, mientras que por la parte compradora intervino la sociedad INVERSORA LASER S.A., representada en dicho acto por su Presidente, el Sr. Gradin -uno de los miembros del denominado grupo inversor-. Respecto al objeto del contrato bajo análisis, el mismo estuvo constituido por el 52% restante del paquete accionario de ESE S.A. todavía en cabeza del Sr. Rimoldi y la Sra. Vázquez, así como también el Sr. Rimoldi enajenó el 18,31% de su participación accionaria en CADEHSUR S.A., cuya titularidad a diferencia de todos los contratos anteriormente descriptos sería transferida a medida que se fueran concretando los diversos pagos que se desarrollarán seguidamente -sin inclusión de los dividendos devengados y no distribuidos hasta el 31/03/2013- conforme surge de las cláusulas primera y cuarta. Por otro lado, conforme surge de la cláusula segunda, el precio total de la operación se estableció en U$S 5.500.000, de los cuales U$S 1.500.000 fueron imputados sobre el depósito en garantía, y U$S 1.300.000 a abonar mediante transferencias y/o depósitos y/o el equivalente en bonos de la deuda pública de la República Argentina en la cuenta bancaria y/o comitente -según el caso- hasta el 31/10/2013.
En ese orden de ideas, no escapa a este Tribunal que el saldo del precio por valor de U$S 2.700.000 habría de ser cancelado en dos cuotas iguales de U$S 1.350.000 cada una los días 30/07/2014 y 30/07/2015, respectivamente; vale decir, en períodos fiscales ajenos al marco de la fiscalización y del procedimiento determinativo de oficio, que se recurre en los presentes.
VII. Que, sentado lo que antecede, corresponde tratar otras dos operaciones de compraventa de acciones, una acaecida en el período fiscal 2012 y la otra en 2013, ninguna de las cuales presenta vinculación alguna con el negocio de las discotecas destinadas a turismo estudiantil.
En el supuesto del período fiscal 2012, se trata de un contrato de compraventa de acciones de fecha 16/02/2012 correspondiente al 3% de las acciones de la empresa STRAVEN S.A., en el cual el Sr. Rimoldi asumió el rol de vendedor y el Sr. Angiulli el rol de comprador, cuyo precio se fijara en la suma total de U$S 30.000 de los cuales U$S 20.000 fueron abonados en efectivo en ese mismo acto y el saldo restante de U$S 10.000 a pagar a más tardar el día 29/02/2012, conforme surge de sus cláusulas primera y segunda (cfr. fs. 316/318, Cuerpo Principal N° 2, AA).
Según surge de los antecedentes administrativos que el 03/10/2011 el aquí actor celebró un contrato de compraventa de acciones con los miembros de la familia STRAFE, el cual consta en instrumento privado firmado en esa misma fecha ante escribano público. Por medio de dicho contrato, el Sr. Rimoldi adquirió la totalidad del paquete accionario de la empresa STRAVEN S.A. -excluidos algunos bienes puntuales que no revisten interés alguno para el presente caso-, una sociedad meramente patrimonial cuyo activo subyacente eran doce fracciones de campo ubicadas en la localidad de San Rafael, Provincia de Mendoza y otras dos fracciones de campo ubicadas en la misma localidad de propiedad de algunos de los miembros de la familia pero en este último supuesto a título personal. El precio fijado para la operación ascendió a la suma de U$S 1.000.000, de los cuales U$S 500.000 fueron pagados en efectivo en ese mismo acto y el saldo restante de U$S 500.000 a pagar en efectivo el día 28/02/2012 (cfr. fs. 333/339, Cuerpo Principal N° 2, AA).
A su vez, para afianzar la concreción del referido negocio, mediante Escritura Pública N° 69 de fecha 14/06/2012, la familia STRAFE otorgó sobre otro inmueble de su propiedad derecho real de hipoteca a favor del Sr. Rimoldi y hasta la suma de U$S 100.000 a fin de garantizar cualquier demanda o reclamo judicial o extrajudicial efectuada a la firma STRAVEN S.A. por pasivos anteriores al 30/09/2011 inclusive -esto es, hasta tres días anteriores a la firma del contrato mencionado - (cfr. fs. 188/195, Cuerpo Principal N° 1, AA).
Tiempo más tarde -y previa incorporación de su esposa la Sra. Vázquez y del ingeniero agrónomo Sr. Angiulli mediante participación accionaria-, con la finalidad de capitalizar dicha empresa, el aquí actor promovió un aumento de capital social a efectos de desarrollar la explotación del referido campo a través del cultivo de olivares y la posterior producción de aceite de oliva, todo ello conforme surge del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/11/2013 debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia el 10/09/2014 (cfr. fs. 289/293 vta., Cuerpo Principal N° 2, AA).
En efecto, conforme surge de la declaración testimonial del ingeniero agrónomo Sr. Angiulli en sede administrativa de fecha 30/05/2017, el declarante comenzó un proyecto en el año 2011 de olivares, su plantación y posterior industria para la elaboración de aceite de oliva. A la fecha de su declaración en sede administrativa, el proyecto llevaba 230 (doscientas treinta) hectáreas cultivadas sobre un total de 440 (cuatrocientas cuarenta) hectáreas y empezaba por esa misma época a ver las primeras muestras a partir de árboles de tres y cuatro años respectivamente. Asimismo, señaló el Sr. Angiulli que él se ocupaba de todo lo referente a la gestión operativa del campo en cuestión, tratándose de un emprendimiento en vías de producción puesto que los olivares demoran aproximadamente cinco años para obtener la primera cosecha, la que recién se estabiliza hacia el décimo año, pero que en el tiempo intermedio se efectuaron diversas obras de infraestructura y adquisiciones de equipos especializados fundamentales para la etapa de industrialización del referido emprendimiento, encargándose el Sr.
Rimoldi de la administración, la compra de las maquinarias, vehículos y plantas, visitando además el campo dos veces al mes por varios días en cada oportunidad y tomando todas las decisiones de inversión. Por último, informó el ingeniero Angiulli en su declaración haber adquirido acciones a comienzos de 2011 -técnicamente fue a principios del 2012, conforme se observa en el contrato de compraventa indicado supra y toda vez que la familia STRAFE vendió la totalidad del paquete accionario al Sr. Rimoldi recién el 03/10/2011-, que esa era la política de la empresa y una forma de retribuirlo por su labor profesional, a lo que este Tribunal Fiscal no puede menos que observar que se trata, en efecto, de una política empresaria del Sr.
Rimoldi, tal como ya se ha mencionado en el Considerando VI, que antecede (cfr. fs. 552/552 vta., Cuerpo Principal N° 3, AA). En el supuesto del período fiscal 2013, se trata de un contrato de compraventa de acciones de fecha 10/09/2013 correspondiente al 25% del paquete accionario de la empresa TODOMAR S.A. -equivalente a 3600 acciones, incluyendo los aportes irrevocables efectuados por el Sr. Rimoldi cuyo valor ascendiera a la suma de $ 1.750.000 al 31/08/2013-, en el cual el Sr. Rimoldi asumió el rol de vendedor y el Sr. Cholakian el rol de comprador, celebrado mediante instrumento privado firmado ante escribano público en esa misma fecha. El precio de la operación se fijó en la suma total de $ 250.000 a pagar a más tardar el día 01/10/2013 mediante transferencia bancaria, conforme surge de sus cláusulas primera y segunda (cfr. fs. 50/53, Cuerpo Principal N° 1, AA).
En ese orden de ideas, obra agregado en los antecedentes administrativos el estatuto social de constitución de la empresa TODOMAR S.A. en fecha 05/08/2008, inscripto en la Inspección General de Justicia el 17/10/2008, - cuyos accionistas originarios en nada se vinculan con las presentes actuaciones-, una sociedad cuyo objeto social se encuentra limitado a la actividad inmobiliaria, constructora, financiera y de inversión -estas últimas excluidas las actividades reguladas por la Ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público-, acto en el que su capital social original fuera fijado en la suma de $ 12.000, conforme surge de los artículos tercero y cuarto. Unos meses más tarde, conforme surge del Acta de Directorio de fecha 20/11/2008, renuncian los integrantes del referido órgano social y mediante Acta de Asamblea de fecha 21/11/2008 asume la Presidencia el Sr.
Rimoldi -aquí apelante- y se dispone el traslado de la sede social, todo lo cual consta en el trámite de inscripción de los referidos actos sociales en el Registro Público de Comercio (cfr. fs. 84/96, Cuerpo Principal N° 1, AA).
Un dato no menor es que conforme surge del Registro de Asistencia a Asamblea transcripto en testimonio por la letrada a quien se encomendara la respectiva inscripción ante la autoridad de contralor societario, a esa fecha el Sr. Rimoldi era titular de 11.400 acciones de TODOMAR S.A. -es decir, al mes de noviembre de 2008 el aquí actor era titular del paquete accionario mayoritario de la empresa-, mientras que las restantes 600 (seiscientas) acciones resultaban de titularidad de su hijo, el Sr. Martín Alejandro Rimoldi. También resulta de suma utilidad destacar que conforme surge del Mayor Contable correspondiente a la cuenta “Aportes Irrevocables”, todos los aportes realizados por el Sr. Rimoldi al 08/08/2013, esto es la suma de $ 1.750.000, fueron descontados de su cuenta particular en atención a la transmisión operada en virtud del contrato de compraventa bajo análisis de fecha 10/09/2013.
Ahora bien, conforme surge del Libro de Actas Asambleas y Directorio de TODOMAR S.A., entre febrero de 2013 y octubre de 2015 el Sr. Rimoldi efectuó aportes irrevocables por valor de $ 4.785.000 -capitalizados finalmente el 29/10/2015-, a efectos de que el ente societario pudiera encarar la adquisición de un predio en el parque industrial madero ubicado en la localidad de Hudson, Provincia de Buenos Aires y la posterior construcción de un galpón con la finalidad de encarar una nueva industria, consistente en la fabricación de muebles de cocina -se aclara, aunque todavía no se vislumbre, que aquí es donde cobrará relevancia el Sr. Cholakian-. Incluso, se observa en el Acta de Directorio de fecha 06/02/2013, que el aquí actor declaró y dejó debida constancia en acta que el origen del dinero -cumplimiento de las normas antilavado de activos- con el cual efectuaba el aporte irrevocable de esa misma fecha provenía de la enajenación previa de una parte importante del paquete accionario de su titularidad en la empresa ESE S.A., a cuyo efecto basta una simple observación de las consideraciones vertidas por este Tribunal en el Considerando VI del presente decisorio para concluir sin mayor esfuerzo interpretativo que se trata de los fondos provenientes del contrato de compraventa de fecha 24/10/2012 - cuarto tramo del desprendimiento del activo empresario concerniente al negocio de las discotecas- (cfr. fs. 489/504, Cuerpo Principal N° 3, AA).
Por otro lado, y en un todo conforme a lo explicitado por el aquí recurrente en oportunidad de presentar su recurso de apelación ante este Tribunal (cfr. fs. 71/73 vta. y fs. 76 vta./77, autos principales), debe hacerse énfasis en la prueba testimonial producida durante el procedimiento de determinación de oficio, pues en dicha instancia administrativa prestó declaración testimonial el Sr. Juan Martín Cholakian, contraparte del referido contrato de compraventa, pero cuyo vínculo con el aquí actor resulta mucho más profundo. En efecto, conforme surge de la referida declaración, el Sr. Cholakian toma contacto con el Sr. Rimoldi alrededor del año 2005 en una exposición de muebles donde la empresa familiar CHOLAKIAN S.A. presentó un stand de muestra, oportunidad en que el Sr. Rimoldi culminó contratando un amoblamiento de cocina a medida para uno de sus departamentos de la Capital Federal. Dicho trabajo abrió la puerta de Cholakian a otras contrataciones de amoblamiento para las oficinas del Sr. Rimoldi en la ciudad de Bariloche, luego su casa particular en esa misma localidad y posteriormente trabajos efectuados para un cierto número de clientes referenciados por el propio Sr. Rimoldi. Tiempo más tarde, toma conocimiento del emprendimiento encarado por el aquí actor respecto del aceite de oliva en el campo de la Provincia de Mendoza, ocasión en la que el Sr. Cholakian transmitiera sus ideas para expandir el negocio familiar, sobre cómo ampliar la planta industrial e incorporar tecnología a una empresa con 50 años de trayectoria en el mercado mobiliario. Es allí cuando el Sr. Rimoldi propuso encarar dicha expansión mediante un negocio conjunto, a partir del aprovechamiento del predio recientemente adquirido por TODOMAR S.A. en la localidad de Hudson, Provincia de Buenos Aires, ideal para instalar la nueva fábrica de muebles. Una vez delineado el esquema general, el negocio concreto se dispuso mediante la adquisición por parte del Sr. Rimoldi del 50% (cincuenta por ciento) del paquete accionario de CHOLAKIAN S.A., con más un aporte de capital a efectos de importar maquinaria de alta tecnología proveniente de Italia, al tiempo que transfiere el 25% del paquete accionario de TODOMAR S.A. al Sr. Cholakian -aquí cuestionado por el Fisco Nacional-, a modo de afianzamiento del negocio comercial encarado conjuntamente.
No está demás señalar, que conforme surge de la declaración del propio Sr. Cholakian, las participaciones en el orden del 50%-50% se mantuvieron invariables hasta la fecha de la declaración en sede administrativa, esto es, el 29/05/2017, mientras que surge de la misma declaración una cronología casi idéntica a la revistada al momento de analizar las Actas de Directorio y Asamblea de TODOMAR S.A., no habiendo vendido una sola acción desde el momento en que sellaron su asociación comercial y participando más que activamente el Sr. Rimoldi en el referido emprendimiento, el cual no está de más dejar asentado que creció enormemente, duplicó su facturación y consiguió abrir un nuevo local de ventas, todo gracias a la relación de confianza habida con el Sr. Rimoldi -ello según surge de los propios dichos del declarante- (cfr. fs. 549/549 vta. Cuerpo Principal N° 3, AA).
VIII. Que, luego de la descripción de los hechos corresponde analizar el marco normativo que resulta aplicable a los mismos, concretamente el artículo 2º de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus mod.), el cual dispone, en lo que aquí aplica, que: "A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación;..."
De ello se desprende que, cuando las ganancias sean obtenidas por personas físicas o sucesiones indivisas, en circunstancias que no involucren la explotación de una actividad empresarial, se aplicará la "teoría de la fuente o renta producto", la cual exige la periodicidad de la renta, su habilitación y la permanencia de la fuente. Con respecto a la periodicidad, ésta puede ser efectiva o en su defecto, de carácter potencial. Para la configuración de una periodicidad efectiva y considerando el tipo de rentas bajo análisis, resulta relevante la existencia de una frecuencia o repetición de las mismas en un relevante lapso de tiempo. En las presentes actuaciones aunque pueda observarse que durante los años 2012 y 2013 se concretaron algunas operaciones de ventas de acciones relativas a participaciones en sociedades vinculadas a las discotecas estudiantiles -que significaron una desvinculación del recurrente de tal negocio- y otras de cuantía menor relativas a nuevos emprendimientos posteriores diferentes -fabricación de muebles y producción de aceite de oliva-, no es posible concluir que se trate de rentas provenientes de transacciones frecuentes o reiteradas en el tiempo, máxime si se considera que las acciones por las participaciones en el negocio de las discotecas estudiantiles se mantuvieron en cartera -como una clara inversión permanente- por un periodo de 25 años, con un involucramiento activo del recurrente en este negocio a través de otras sociedades y roles, en tanto que las restantes ventas de acciones, de menor cuantía, relativas a los nuevos emprendimientos de negocios resultan justificadas por motivos estratégicos de hacer partícipe de los mismos a determinadas personas.
Por otro lado, tampoco se evidencia una periodicidad potencial, en el sentido de observarse que los resultados de las ventas de estas acciones constituyan la principal fuente de ingresos del recurrente al margen de que, como puntualmente indica el Fisco Nacional, en el año 2013, los mismos representan un 70,25% de las ganancias, dada la importancia de los dividendos y otros ingresos del recurrente durante los periodos de tenencia de las acciones particularmente en el negocio de los boliches estudiantiles, conforme se indicó previamente. Asimismo, en razón de ello, tampoco puede concluirse que se utilicen los ingresos de las ventas de las acciones para la compra de otras acciones, dada la relevancia de los otros ingresos del recurrente. Con respecto a la existencia de una expectativa razonablemente ligada a la profesión, oficio o actividad realizada cabe desecharla, dado que aun cuando su actividad principal se vincule a los respectivos negocios, la compraventa de acciones no resulta ser una actividad habitual ni la principal fuente de ingresos. Por último y respecto de la intención de obtener una utilidad o beneficio al momento de adquisición de las acciones, cabe concluir que aquellas fueron adquiridas con la idea de permanecer como inversiones permanentes y no con la expectativa de lucrar con la compraventa de las mismas.
En relación con el requisito de la permanencia de la fuente, es una cuestión relevante, dado que en estas actuaciones se discute el resultado de venta de acciones que no cotizan, una especie de ganancia de capital. Conforme se expone la fuente en este caso serían las inversiones en acciones que no cotizan y ésta se agota con su venta, no habiendo quedado acreditado que la fuente sea una actividad sistemática y permanente consistente en comprar y vender acciones con cierta periodicidad por parte del actor. Particularmente, las ventas de las acciones del negocio estudiantil implicaron finiquitar el activo total de este emprendimiento de larga data. Por último y considerando lo expuesto previamente deviene innecesario encarar el análisis de la habilitación de la fuente.
Teniendo en consideración los criterios vertidos previamente, no ha quedado demostrada la existencia de periodicidad real ni potencial en la generación de estos resultados provenientes de la venta de acciones ni un ánimo especulativo de lucrar con la compraventa de las mismas en forma reiterada, más bien se observa la enajenación de la totalidad del activo empresario en cabeza del aquí apelante, conformado por los paquetes accionarios y participaciones sociales adquiridos que se forjaron durante más de veinticinco años de trabajo vinculado al negocio de las discotecas para turismo estudiantil en la ciudad de Bariloche personalmente dirigidos y administrados por el aquí actor. En las otras transferencias relativas a emprendimientos de negocios posteriores a aquel, aunque el plazo de tenencia fue mucho menor se observa una intención semejante de conformación de nuevos activos empresariales con la intervención del recurrente a manera de inversión permanente y con desprendimientos que tiene que ver con aspectos estratégicos del negocio y no con un ánimo especulativo de lucrar con la compraventa de acciones.
Por otro lado, y en referencia a la realidad económica aludida por el Fisco Nacional, no se observa en estas operaciones que se haya encubierto una realidad subyacente diferente. Son operaciones de compraventa de acciones y participaciones sociales auténticas, legítimas y con contenido real.
En función de las consideraciones expuestas, y en lo referido puntualmente a las enajenaciones de participaciones sociales vinculadas al negocio de las discotecas producidas durante los períodos fiscales 2012 y 2013, corresponde revocar el ajuste efectuado, costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE
Revocar la Resolución N° 129/2017 (DV RNEU) en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional.
Regístrese y notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.21 13:01:34 ART Date: 2023.04.21 17:43:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.24 12:18:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.24 12:19:55 -03:00
Fin de la sentencia