Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-48385958-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución RESOL-2021-40-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD dictada en el expediente SIGEA N° 18011-37-2017, y por ende el cargo FE 44/2017.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-88745338-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 1 de Agosto de 2023 recurso de apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el EX-2021-48385958- -APN-SGASAD#TFN: “BUNGE ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución RESOL- 2021-40-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD dictada por la Directora de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental en el expediente SIGEA N° 18011-37-2017, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma BUNGE ARGENTINA S.A. y, por ende, confirma el cargo FE 44/2017, con más sus intereses.
II. Fundamentos de la apelación: Que con fecha 31/5/2021 (RE-2021-48380560-APN-SGASAD#TFN) se presenta la actora mediante apoderado e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa un pormenorizado relato de los antecedentes que dieran origen a la cuestión de autos. Seguidamente formula los fundamentos del recurso. Entiende que el cargo formulado resulta nulo en tanto no fue agregado a las actuaciones administrativas el permiso de embarque involucrado, a la vez que afirma que cualquier resolución que sobre el mismo se dicte, también resulta nula. Señala que en el caso se trata de exportaciones de biodiesel, mercadería clasificada en la PA 3826.00.00.100L y que se pagó el derecho de exportación liquidado por el SIM en el marco de lo previsto en el Decreto 1719/12.
Manifiesta que los algoritmos que figuraban en el SIM determinaron el derecho de exportación abonado y que atentaría contra el principio de seguridad jurídica efectuar una modificación posterior. Sostiene que de conformidad con lo previsto en el art. 726 del C.A., el derecho de exportación vigente al momento de registrar cada solicitud de destinación de exportación era el que surgía registrado en el SIM por la propia Aduana e informado por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo. Considera que cualquier error, carga tardía o falta de diligencia en la comunicación de la nueva alícuota o en la carga al SIM de la misma, no le resulta oponible ni puede perjudicarla, en tanto el pago resultó íntegro y la liberó de su obligación tributaria.
Insiste en que el derecho de exportación que pagó era el vigente a la fecha de cada exportación. Esgrime que no existía forma para los exportadores de biodiesel de anticipar o proyectar los cambios de alícuotas ya que las actas labradas por la Secretaría de Energía nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial ni se informaron a los administrados por otro canal fehaciente para su conocimiento y control. Afirma que la posición del Fisco violenta la estabilidad de los negocios jurídicos y el efecto liberatorio del pago al revisar operaciones conformadas y declaradas conforme su propia liquidación. Hace referencia a un caso similar relativo a la alícuota aplicable en materia de derechos de exportación de hidrocarburos en el cual la jurisprudencia no convalidó la rectificación constante de las declaraciones aduaneras y los reclamos de mayores tributos.
Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Alude a la ilegitimidad de los derechos de exportación en tanto la norma que los crea emana del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Refiere al principio constitucional de legalidad. Cita jurisprudencia al respecto, especialmente el fallo “Camaronera”. Manifiesta que los intereses resarcitorios que eventualmente se podrían exigir en relación al reclamo tributario formulado en dólares arrojaría resultados abusivos implicando la repotenciación de la deuda. Asimismo exige que, en caso de confirmarse la determinación tributaria, no se computen intereses en los lapsos en que el servicio aduanero no ha dado trámite razonable y expedito a las actuaciones, en tanto no le es imputable su mora.
Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del recurso: Que con fecha 5/8/2021 (IF-2021-70935740-APN-DTD#JGM) se presenta el representante del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. En primer lugar, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento, a la vez que desconoce la prueba documental aportada por la contraria que no coincidiera con la obrante en el expediente administrativo. Seguidamente efectúa un breve relato de los hechos acaecidos en sede administrativa y prosigue con la contestación del traslado. Considera improcedente el planteo de nulidad y al respecto manifiesta que acompaña copia del PE que surge del sistema “Depositario Fiel” establecido por la RG AFIP N° 2573/2009.
Cita jurisprudencia y sostiene que no existió afectación del derecho de defensa. En cuanto al fondo del asunto argumenta que el servicio aduanero aplicó lo establecido por el Dec. 1719/12 y los arts. 726, 728 y 792 del C.A., citando dicha normativa en sus partes pertinentes. Manifiesta que el referido decreto era la normativa vigente al momento de la oficialización y que la misma establecía un régimen de alícuota móvil que no podía desconocerse. Sostiene que se procedió a formular el cargo tras las discrepancias observadas del análisis comparativo entre las alícuotas que surgían de las oficializaciones de distintos permisos de embarque y los porcentuales informados por la División Arancel Informático.
Refiere que si bien es cierto que la firma liquidó conforme la alícuota cargada en el SIM a la fecha de oficialización de las destinación, la misma no era la vigente para esa quincena y que el hecho de que el SIM no haya liquidado los derechos en forma correcta se debió a razones de carácter operativo. Destaca que la alícuota aplicable es determinada por la normativa que rige en ese momento y no por su carga en el SIM, debiendo conocer que la misma podía estar desactualizada. Cita jurisprudencia relativa al efecto liberatorio del pago. Sostiene que la firma no tiene un derecho adquirido ya que la Aduana puede y debe revisar efectuando, en su caso, cargos suplementarios, independientemente de lo que se liquide inicialmente.
Considera inaplicable al caso el fallo “Camaronera” dictado por la CSJN y cita jurisprudencia de Cámara en la cual se concluye que la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo resulta legítima y le reconoce validez al art. 755 del C.A. En cuanto a la tasa de interés aplicable, cita los arts. 794, 795 y 796 del C.A. y jurisprudencia de Cámara. Señala que las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias son las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía vigentes en cada momento de la obligación tributaria, constituyendo dichas resoluciones una reglamentación específica que desplaza a las disposiciones de carácter más general. Finalmente acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas (SIGEA N° 18011-37-2017) fueron acompañadas en oportunidad de contestar el recurso, de forma digitalizada y en distintos archivos. Así, en primer lugar luce vinculado en autos el IF-2021-70935104-APN-DTD#JGM conteniendo el permiso de embarque N° 16 057 EC01 006072 N, luego el IF-2021-70935399-APN-DTD#JGM conteniendo fs. 1/50 del expediente administrativo en trato, el IF-2021- 70935497-APN-DTD#JGM conteniendo fs. 51 y 55/58, y el IF-2021-70935589-APN-DTD#JGM conteniendo la resolución aduanera apelada a la que le otorga la numeración de fs. 52/54 en el nombre del archivo embebido, aunque no surge de la misma la foliatura correspondiente.
Que sentado ello, procedo a relatar las actuaciones administrativas. El expediente antecedente de estos autos (SIGEA N° 18011-37-2017) se inicia a fs. 1 y vta. con el Informe Técnico N° 028/2017 (DV MINC) de fecha 10/05/2017. A fs. 2 obra el cuadro (Anexo I) de reliquidación sobre alícuotas móviles en relación al PE N° 16 057 EC01 006072 N. A fs. 3 luce la liquidación de fecha 11/05/17. A fs. 5 luce el cargo N° FE 44/2017 en concepto de ajuste de derechos de exportación por la suma de U$S 227.582. A fs. 6 luce la Nota N° 430/2017 (DV MINC) de fecha 11/05/2017. A fs. 9/14vta. luce la presentación de la firma BUNGE ARGENTINA S.A. de fecha 15/05/2017 mediante la cual plantea nulidad e inicia procedimiento de impugnación.
A fs. 20 se tiene por presentado al letrado apoderado de la firma, por deducida la impugnación en tiempo y forma, se rechaza el planteo de nulidad y la agregación del PE, argumentando que el mismo se encuentra al alcance de la impugnante en virtud de la RG N° 2721/09 (depositario fiel), y como medida para mejor proveer se solicita la ampliación del informe técnico. A fs. 22 luce cédula de notificación de dicha providencia (notificado 10/08/2017). A fs. 23 y vta. interpone revocatoria la firma exportadora con fecha 16/08/2017. A fs. 24 y vta., con fecha 28/08/2017, se resuelve no hacer lugar a la revocatoria y se ordena como medida para mejor proveer al área generadora del cargo copias certificadas del legajo completo.
A fs. 26 luce cédula notificando dicha resolución (notificado 29/8/2017). A fs. 27 luce la Nota N° 252/2018 (DV IMGV) de fecha 07/08/2018. A fs. 28 luce la Actuación SIGEA N° 18011-41-2019. A fs. 29 obra el cuadro correspondiente al listado de fechas de oficialización de exportaciones de biodiesel. A fs. 30 luce Nota s/n de fecha 26/06/2019 requiriéndole a la División Arancel Informático las alícuotas vigentes a las fechas de oficialización listadas a fs. 29. A fs. 31/33 luce la Nota N° 194/19 (DV ARIN) de fecha 05/07/19 informando las alícuotas. A fs. 34 luce la Nota 311/19 de fecha 10/07/19 mediante la cual se solicita a la División Arancel Informático las alícuotas vigentes registradas en el SIM.
A fs. 35 luce la Nota N° 209/19 (DV ARIN) de fecha 19/07/19. A fs. 36/43 se agregaron copias de las Notas (DV ARIN) N° 326/16, 278/16, 204/16, 66/15, 109/15, 373/14, 327/14 y 125/14. A fs. 44/47 se emite la Nota N° 404/19 (DV MINC). A fs. 48, con fecha 19/09/19 se ponen los autos para alegar. A fs. 50 luce cédula notificando dicha providencia (notificado: 19/09/19). A fs. 52/54 el representante fiscal en estos autos sostiene que se encuentra agregada la resolución apelada en autos. A fs. 55 luce la cédula de notificación de dicha resolución (notificado: 20/05/2021).
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por la actora en el punto IV.- i) de su recurso de apelación. Al respecto sostiene que el reclamo efectuado por la Aduana resulta nulo en tanto no fue agregado a las actuaciones administrativas el permiso de embarque involucrado, documento que en sus dichos constituye el antecedente que sirve de causa al acto administrativo. Asimismo, manifiesta que en virtud del principio de legalidad, la materialidad de los hechos que se afirman debe ser acreditada por la parte que lo alega, entendiendo que la omisión en la incorporación de la destinación aduanera, en virtud de la cual se formula el reclamo tributario, torna al cargo en un acto nulo de nulidad absoluta.
Que teniendo en cuenta que el permiso de embarque, respecto del cual se formulara el cargo aquí cuestionado, fue acompañado en autos por el representante fiscal en oportunidad de contestar el recurso de apelación, el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente se torna inadmisible, evitando así declarar la nulidad por la nulidad misma. Asimismo, con su agregación ante esta instancia recursiva ulterior a la instancia administrativa se resguarda el derecho de defensa de la parte. Al respecto resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393).
Que, de conformidad con lo antes expuesto, la nulidad planteada por la recurrente debe ser desestimada.
VI. Que corresponde entonces decidir a este Tribunal si resulta ajustada a derecho la resolución aduanera aquí apelada, en cuanto rechaza la impugnación impetrada por la firma BUNGE ARGENTINA S.A. y confirma el cargo N° FE 44/2017, formulado en relación al PE N° 16 057 EC01 006072 N.
Que dicho cargo fue formulado como consecuencia de la diferencia detectada por la Aduana entre la alícuota de derechos de exportación aplicada por el SIM a la fecha de oficialización de la destinación de exportación y el porcentual informado por la División Arancel Informático como consecuencia de lo establecido por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo.
Que el servicio aduanero, a través de la División Minería y Combustibles del Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Exportaciones, entendió que la alícuota aplicada a la destinación de exportación involucrada resultaba ser inferior a la que correspondía para la posición arancelaria declarada, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1719/2012. Asimismo, si bien reconoce que el SIM no liquidó los derechos en forma correcta, sostiene que ello obedeció a razones de carácter operativo.
Que, por su parte, la actora sostiene haber liquidado y pagado el derecho de exportación de conformidad con la alícuota determinada y cargada en el SIM para la PA 3826.00.00.100L, entendiendo que cualquier error, tardanza o diligencia en la comunicación o carga en el SIM de la nueva alícuota no le resulta oponible, en tanto el pago efectuado resultó íntegro y la liberó de su obligación tributaria.
VII. Que conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante el PE N° 16 057 EC01 006072 N, la firma BUNGE ARGENTINA S.A. documentó en en fecha 14/7/16 la exportación a consumo de 15.450 toneladas de biodiesel, consignando en el campo correspondiente (“a) Opciones / b) Ventajas”) el código de ventaja “b)
D1719/12BEN”.
Que el Decreto N° 1719/2012, aplicable a la operación de autos, refería en sus considerandos a la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (en adelante UEIM) y a la alta volatilidad de los precios del aceite de soja, principal insumo para la producción de biodiesel. Teniendo en cuenta ello, la UEIM desarrolló una fórmula de cálculo móvil de los derechos de exportación para el biodiesel, la cual fue estipulada expresamente en el artículo 1 del referido Decreto. Asimismo, el artículo 2 establecía que la UEIM “… será la responsable de calcular con una periodicidad quincenal…” los importes que conformaban la fórmula prevista en el artículo 1 y, en cuanto aquí especialmente interesa, sería la encargada de “… informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación…”.
Que, por su parte, el art. 728 del CA establece que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”. El art. 726 dispone que resulta aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la destinación de exportación para consumo.
VIII. Que sentado lo que antecede, corresponde resolver entonces si resulta procedente la aplicación de la alícuota liquidada por el SIM para la PA 3826.00.00 al momento del registro de la destinación como lo sostiene la actora, o bien la exigencia pretendida por la Aduana por la diferencia porcentual de 2,39 aplicable en concepto de derechos de exportación para las operaciones registradas –en cuanto aquí interesa- para el período del 01/07/2016 al 15/07/2014. Ello, sobre la base de lo informado por la División Arancel Informático al propiciar la formulación del cargo señalando que “Lo peticionado obedece a que el Derecho de Exportación variable de la posición NCM informada no se encontraba publicada en la página web del Ministerio de Energía y Minería hasta las fechas 23/06/2016 y 15/07/2016 respectivamente.” (ver fs. 38 de las actuaciones administrativas)
Que, como se dijo antes, la Aduana no controvierte el hecho de que el SIM liquidara los derechos conforme la alícuota cargada en el mismo a la fecha de registro de la destinación de exportación, y en base a la cual BUNGE ARGENTINA S.A. pagara el correspondiente derecho de exportación. En tal sentido, la resolución aduanera apelada expresamente reconoce que en el caso se está “… frente a una carga tardía en el SIM de la alícuota correspondiente conforme la fórmula de cálculo vigente en los términos del decreto 1719/2012. Es decir que se ha tratado de un error sistémico, de carácter involuntario. …”.
Que ambas partes aluden a lo normado por el art. 726 del C.A. La actora sostiene que en base a dicha norma el derecho de exportación vigente al momento del registro de la solicitud de destinación de exportación era el que surgía registrado en el SIM por la propia Aduana y comunicado por la UEIM. Por su parte, la Aduana considera que en virtud de lo estipulado en el artículo en comentario, la normativa vigente a la fecha de registro era el Decreto 1719/12 y que la alícuota aplicable es la determinada por la normativa que rige en ese momento y no el de su carga en el SIM.
Que, de las constancias de autos surge que el derecho de exportación fue liquidado y pagado por la actora aplicando el coeficiente determinado (y liquidado) por el SIM, y por ello considero aplicable al caso de autos mutatis mutandis (en cuanto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación), la doctrina de la Sala “E” de este Tribunal –con integración diferente a la actual- recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA” (Sent. del 06/10/04) en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que “…si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema. Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor…” (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) “…por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”. Que la Corte Suprema ha sostenido en el Fallo “Armando Victorio Garibotti”, del 20/11/72 (Fallos, 284:232), que el error “en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos, 258:208; 259:382 y otros)”, ya que “exigencias notorias tanto de la estabilidad de los negocios jurídicos como del orden justo de la coexistencia, imponen el reconocimiento de la existencia de agravio constitucional en la reapertura de cuestiones definitivamente finiquitadas y sobre la base de una modificación posterior e imprevisible del criterio pertinente en la aplicación de las leyes que rigen el caso”.
Que, en síntesis, como resume Dino Jarach, conforme a la doctrina del efecto liberatorio del pago formulada por la Corte Suprema, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, “rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores” (Finanzas Públicas y derecho tributario, pág. 449 Ed. Cangallo Buenos Aires, 1989).”
IX. Que la jurisprudencia antes referida ha sido sostenida ya por esta Sala en casos donde se debatían cuestiones sustancialmente análogas a la presente (Pan American Energy LLC TF N° 31.021-A Sent TF de fecha 10/04/2019) y donde la propia Cámara confirmó dicho pronunciamiento en estos términos: “… este tribunal sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que si no existió dolo del contribuyente en la declaración del impuesto, la aceptación del pago efectuado sin observación del Fisco Nacional tiene efecto liberatorio, aunque existiera error en la percepción del tributo y falta de diligencia o capacidad en la oficina liquidadora (Fallos: 259:382; 264:124; entre otros). …”(CNACAF, Sala V, Expte. N° 55791/2019 “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARG. S.A. c/ DGA s/Recurso Directo de organismo externo” Sent. del 01/09/2020).
Que, en igual sentido se ha expedido la Sala I de la Cámara al sentenciar que: “… a) Si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del sistema, por lo que debe aplicarse al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del contribuyente. …” (CNACAF Sala I, Expte. N° 38412/2019 “PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARG. -
TF N° 31.005-A- c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sent. de fecha 11/11/2019)
Que, por último, también considero certeramente aplicable al caso de autos lo sentenciado por la Sala IV en cuanto establece que “… los contribuyentes pudieron considerarse razonablemente liberados de sus obligaciones tributarias al haber efectuado ingresos acordes a lo liquidado por el sistema informático. (…) la Aduana no podía invocar el error en su favor pues en esta materia, se aplica la doctrina del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del contribuyente. (…) Además ha dicho la Corte Suprema que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de la percepción de la renta (Fallos, 209:213; 258:208; 259:382; 264:124). (…) la Dirección General de Aduanas había advertido que “por cuestiones de carácter operativo relativas a la carga en el SISTEMA INFORMÁTICO MARIA (S.I.M.) de la información suministrada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, se produce un desfasaje (…) entre el valor informado y el que realmente el sistema toma al momento del Registro de la Destinación de Exportación. (…) En tales condiciones, tratándose de un error admitido por el servicio aduanero y de difícil detección por parte del contribuyente (pues recae sobre los algoritmos y cotizaciones que emplea el SIM en una fórmula de cálculo de los derechos de exportación), corresponde interpretar que aquél quedó liberado de su obligación tributaria con las sumas que abonó de buena fe …”. (CNACAF, Sala IV, Expte. N° 25/2019 “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARG c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo externo”, Sent. del 11/04/2019)
Que, por lo expuesto, corresponde revocar la Resolución RESOL-2021-40-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD dictada en el expediente SIGEA N° 18011-37-2017, y por ende el cargo FE 44/2017, con costas.
Que, en virtud de lo resuelto no resulta necesario el tratamiento de las demás cuestiones planteadas.
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución RESOL-2021-40-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD dictada en el expediente SIGEA N° 18011-37-2017, y por ende el cargo FE 44/2017.
2. Costas al fisco.
El Dr. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar la Resolución RESOL-2021-40-E-AFIP-DIVACD#SDGCAD dictada en el expediente SIGEA N° 18011-37-2017, y por ende el cargo FE 44/2017.
2. Costas al fisco.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.-
Date: 2023.07.31 15:35:16 ART Date: 2023.07.31 17:29:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.01 13:13:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.01 13:14:02 -03:00
Fin de la sentencia