Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que a fs. 30/35vta. se presenta la actora e interpone un recurso de apelación en los términos del art. 76 inc. b) de la Ley 11.683 (y sus modif.) contra la Resolución N° 290/2014 (DV RRME) dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la cual se determina de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. Jorge Victor Barbitta respecto de la deuda determinada de oficio a la contribuyente principal CEPRIL S.A.
En consecuencia, se le impone la obligación de ingresar tanto la suma de $112.980,37 en concepto de Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01/2009 a 12/2010 –ambos inclusive- más intereses resarcitorios calculados en $145.788,88, como así también la suma de $9.540,38 correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2010 con más sus intereses resarcitorios calculados en la suma de $10.074,64.
A su vez, se le aplica una multa de $85.764,52 equivalente al 70% de los impuestos omitidos, con fundamento en el art. 45 de la Ley N° 11.683 (y sus modif).
Resulta necesario mencionar que la resolución puesta en crisis encuentra su origen en el incumplimiento de la contribuyente principal de las referidas deudas determinadas, las que -a su vez- han quedado firme, revistiendo carácter de definitivas, por cuanto la administración tributaria no ha hecho lugar a los recursos de reconsideración interpuestos contra las resoluciones N° 107/2013 (DV RRMR) y N° 208/2013 (DV RRMR).
En primer lugar, manifiesta que conforme los cargos formulados por el organismo recaudador, se le atribuye la calidad de responsable solidario de la firma CERPIL S.A. por el mero hecho de haber sido presidente de la misma durante los períodos en cuestión. Asimismo, destaca que el órgano de administración de la firma se encontraba compuesto por él como presidente y por el Sr. Ariel Espinosa como vicepresidente, teniendo ambos a cargo su administración y gestión comercial.
Por otro lado, expresa que en el marco del procedimiento de determinación de oficio llevado a cabo a la contribuyente principal exteriorizó su desentendimiento de la firma desde el momento en que vendió su paquete accionario pero, no obstante ello, el juez administrativo desestimó toda la prueba aportada. Agrega que dicho obrar deviene en abiertamente recaudatorio atento que no se tuvo en cuenta el estado de indefensión alegado y reiterado en todas sus presentaciones. A su vez, sostiene y entiende que el nacimiento de la responsabilidad solidaria imputada debe quedar neutralizado por cuanto opera la causal establecida en el art. 8 de la LPF atento que su representada lo ha colocado en una situación de imposibilidad de cumplir correctamente con los deberes fiscales a su cargo como así también de poder ejercer una legítima defensa.
Seguidamente, entiende que la atribución de la responsabilidad solidaria no funciona de forma automática ni indiscriminada sino que la misma debe ser aplicada a titulo represivo, a modo de sanción, por lo que su aplicación requiere de la presencia del elemento subjetivo a título de dolo o culpa, teniendo en cuenta una conjunta valoración de todas las circunstancias concurrentes no bastando para ello el mero hecho de haber sido presidente de la firma, máxime cuando al momento de efectuársele la imputación y de notificada la misma ya no formaba parte del órgano de administración.
Que en relación al ámbito infraccional, cita jurisprudencia de este Tribunal, destaca que como responsable por deuda ajena, solo le correspondería si hubiera intervenido directamente en la comisión del ilícito.
Por su parte, afirma que el accionar llevado a cabo por el organismo recaudador se encuentra plagado de irregularidades arrasando con el principio de ejemplaridad de los actos de gobierno.
Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa. Efectúa reserva de Caso Federal. Finalmente solicita se revoque el acto apelado.
II.-Que a fs. 78/89vta. se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente. Expone los antecedentes de hecho y de derecho que motivaron tanto las determinaciones de oficio a la contribuyente principal como así también los que dieron fundamento a la resolución puesta en crisis, niega los hechos alegados, cita la normativa aplicable al caso y solicita la confirmación de los ajustes practicados en la resolución apelada, con costas. Expresa que las defensas planteadas por la actora no distan de centrarse de cuestionamientos vagos, imprecisos e infundados respecto del accionar fiscal, sin relato, detalle ni probanza que las circunstancias que lo exculparían de su responsabilidad.
Al respecto, manifiesta que de acuerdo con las pruebas colectadas, el Sr. Barbitta se desempeñaba como presidente y accionista de CERPIL S.A. durante los periodos fiscales en los que se determinaron los ajustes a la referida firma. Indica que la documentación oportunamente aportada por la actora a los efectos de deslindarse de la responsabilidad solidaria imputada, no ha sido tenida en cuenta por cuanto la misma carece de fecha cierta, demostrando de todas maneras que hasta el período 2010, el Sr. Barbitta resultaba tener la administración y gestión del manejo comercial de la firma. Por su parte, sostiene que la atribución de la responsabilidad solidaria se consideró en función de su condición de presidente de CERPIL S.A. por lo que también le corresponde responder personalmente por las sanciones del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) impuestas.
Señala que habiendo transcurrido el plazo de intimación de pago establecido en la normativa y dispuesto en la resolución determinativa a la deudora principal, sin que la misma haya abonado la deuda en cuestión, el organismo recaudador se encuentra legalmente habilitado para determinar de oficio la responsabilidad según lo previsto en el art. 8 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). A su vez, expresa que la actora tampoco ha demostrado que se encuentra en imposibilidad de cumplimentar con las obligaciones de la firma CERPIL S.A.
Con relación a la prueba documental acompañada por la actora, expresa que la misma fue evaluada oportunamente por el juez administrativo, el cual concluyó en su desestimación atento la extemporaneidad de las pretendidas certificaciones, sin que hubiera mayores elementos que rebatieran la postura fiscal. Añade que concurrió a la Inspección General de Justicia a los efectos de tomar vista del respectivo legajo de CERPIL S.A., del cual verificó que no surgían datos ni gestión alguna de la mencionada venta de acciones mencionada por la actora y que en el mismo consta que el Sr. Barbitta era su presidente y el Sr Espinosa su vicepresidente. Agrega también que, a los efectos de comunicar la mentada venta, la misma fue realizada al Sr. Pinto –supuesto adquirente – en fecha 21/11/2013 mediante la Carta Documento N° 411739782. Por otro lado, entiende que la responsabilidad solidaria también resulta de la aplicación del art. 59 de la Ley 19.549 y que los matices que contiene dicha normativa, no modifica el análogo tratamiento que al respecto se le acuerda en dicha normativa como en materia tributaria respecto de la conducta de aquellos sujetos que representan a la sociedad. Añade que aun cuando la actora hubiera demostrado su exclusión del manejo administrativo y financiero de la empresa, ello no lo hubiera eximido de responsabilidad por cuanto aceptó el cargo en la conducción de la misma con todas las consecuencias tanto societarias como fiscales que ello implica, por lo tanto concluye que le resulta indubitable la responsabilidad solidaria atribuible al Sr. Barbitta en su condición de presidente de CERPIL S.A. durante los periodos en cuestión.
En relación a los intereses resarcitorios señala que al no haber formulado la actora agravio alguno, corresponde su confirmación.
Respecto a la multa por omisión impuesta, sostiene que la actora no ha aportado pruebas en desmedro de los datos inexactos referidos en las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente principal y que lo actos comprobados responden a una conducta de naturaleza culpable al no adoptarse en su oportunidad por parte de la actora las precauciones normales y ordinariamente previsibles que hubieran evitado la inobservancia de los deberes impositivos de su administrada.
Cita jurisprudencia y doctrina a favor de su postura. Acompaña los antecedentes administrativos, Plantea cuestión federal y finalmente solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, teniendo en cuenta el estado de las actuaciones, se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, la que de inmediato los llamó para sentencia.
Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
IV. Que tal como ha quedado planteada la controversia, corresponde a este Tribunal analizar la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Barbitta Jorge Victor por el incumplimiento de la firma CERPIL S.A. en el pago de sus deudas tributarias.
El artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17...".
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el caso “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/ DGI” de fecha 11/02/2014 que: “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
En tales condiciones, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues los actos administrativos por los cuales se determinaron las obligaciones tributarias del principal (CERPIL S.A.), fueron dictados en fecha 20/12/2013 y notificados en el domicilio fiscal de la firma en fecha 06/02/2014, en tanto que la resolución referente al responsable solidario (Sr. Barbitta) se dictó en fecha 30/12/2014, es decir vencido holgadamente el plazo otorgado al deudor principal (vide. fs. 138/154 AA y 445/459).
V. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En ese sentido, corresponde al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683 ...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “... se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente.” (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B sentencia del 1998/02/06).
VI. Que las manifestaciones del Sr. Barbitta no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que dice causarle agravio, limitándose a señalar que al momento de habérsele determinado la responsabilidad solidaria, ya no formaba parte del órgano de administración de la firma.
Que según se desprende de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas de la sociedad verificada (informe final fs. 90/95 de las actuaciones administrativas) surge que la firma cerraba ejercicio en agosto y tenía como actividad “servicios de restaurantes y cantinas”.
Además, se agrega que la fiscalización fue atendida por el Sr. Barbitta quien manifestó que le era imposible aportar la documentación solicitada por cuanto transfirió sus acciones y entregó toda la documentación obrante en su poder a la parte adquiriente.
Teniendo en cuenta los dichos del Sr. Barbitta la fiscalización recurrió a la IGJ a efectos de verificar el legajo de la sociedad y constatar la información, no observando otro dato que la inscripción de la sociedad, siendo su presidente el Sr. Barbitta. Además, conforme las presentes actuaciones del sistema registral de AFIP surge su carácter de presidente. Por otro lado, luce en las actuaciones el convenio de recisión y desocupación de fecha 22/10/2010 contrato de locación celebrado entre el CERPIL S.A. y VILLAGES CINEMAS PILAR (Cpo. IVA CERPIL S.A. de los AA fs. 321/ 333)
donde se observa que el Sr. Barbitta revestía el carácter de Presidente al momento en que se generaron las obligaciones tributarias.
Ahora bien, el aquí recurrente pretende acreditar su desvinculación de la sociedad acompañando prueba documental (fs. 37/49 de las presentes actuaciones) acta de directorio del 11/12/2010, acta de asamblea ordinaria del 21/12/2010, acta de directorio del 21/12/2010 y boleto de compraventa de acciones de fecha 10/12/2010.
Dichos documentos dan por cierto que el Sr. Barbitta ejercía la presidencia de la firma CERPIL S.A. durante los períodos fiscales ajustados, teniendo a su cargo el manejo y administración de los fondos sociales, hecho que él tampoco; niega más aún asevera.
Ahora bien, respecto de su pretensión de desligarse de responsabilidad, cabe señalar que las certificaciones de dichos documentos datan del año 2013 es decir mucho después de la firma de los documentos y la certificación es exclusivamente de las firmas y no de su contenido. Más aún, varios períodos involucrados en autos son anteriores a su pretendida desvinculación por lo que lejos está de ser una prueba conducente a demostrar sus dichos.
Por lo tanto, ha quedado demostrado el carácter de Presidente de la sociedad que ostentaba el Sr. Jorge Victor Barbitta durante el período fiscalizado, y que ha desempeñado las funciones inherentes al cargo disponiendo el manejo y administración de los fondos sociales, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En función de lo expuesto cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de la responsabilidad solidaria en el Sr. Barbitta, como Presidente de la sociedad.
VII. Que en lo referido al ámbito infraccional, tal como se dijo anteriormente, la apelante basa su postura afirmando que como responsable por deuda ajena, solo le correspondería si hubiera intervenido directamente en la comisión del ilícito. Al respecto de la multa aplicada con sustento en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), cabe señalar que la objetividad del mecanismo de solidaridad por el incumplimiento no tiene análoga automaticidad en cuanto al aspecto represivo. Ello así, por cuanto la responsabilidad por deuda ajena no se establece con un criterio meramente formal sino a título represivo, que responde a los fundamentos de responsabilidad por dolo o culpa y a cuyos efectos debe valorarse la conducta del responsable.
A partir de la plataforma fáctica exteriorizada y la ausencia de prueba en contrario por parte de la recurrente, no existen razones para apartarse de la valoración fiscal, en cuanto considera la identidad de la conducta de la sociedad con sus responsables legales. Pues, en el presente caso no se advierte que el reproche infraccional haya sido extendido en forma “automática”, es decir, con ausencia de fundamentos concretos que den cuenta de su conducta exteriorizada. A ello debe sumársele que el art. 55 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que son personalmente responsables de las infracciones previstas en los arts. 45 y 46, como infractores de los deberes fiscales de carácter material que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandatos o gestión de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los incisos a) a e) del art. 6º, por lo que no se advierte ningún tipo de óbice para que el organismo recaudador, al verificar el nacimiento de la responsabilidad solidaria frente a la deuda tributaria, conforme con lo previsto en el art. 8º de la ley 11.683, aplique una multa en los términos del art. 45 de la ley de procedimiento tributario.
Por lo tanto, ante la constatación de impuestos omitidos de ingresar, la gravedad de los hechos de fondo y la falta de acreditación de la configuración de la figura del “error excusable”, corresponde confirmar la multa impuesta al responsable solidario, con costas.
VIII. Que, finalmente, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2023.02.07 16:47:25 ART Date: 2023.02.08 11:17:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.08 12:20:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.08 12:22:07 -03:00
Fin de la sentencia