Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 36.641-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan los impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 32/38 y 94/101 se interpusieron recursos de apelación contra las Resoluciones N° 69/2012 y N° 70/2012 ambas de fecha 31 de julio de 2012, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI.
Por la primera se determinó el Impuesto al Valor Agregado de la recurrente por los períodos fiscales 09/2006, 10/2006 y 12/2006 con más intereses resarcitorios, aplicando la sanción en los términos del art. 46 de la ley 11.683 equivalente a tres veces los montos del tributo dejado de ingresar en los períodos mayo, agosto y septiembre de 2008.
Por la mencionada en segundo término, se determinó el Impuesto a las Ganancias de la apelante, períodos 2006 a 2008, más intereses resarcitorios, aplicando la sanción en los términos del art. 46 de la ley 11.683 equivalente a tres veces los montos del tributo dejado de ingresar en los períodos fiscales 2006 y 2007.
Pone en manifiesto que, según expresan las resoluciones determinativas de oficio, como resultado de las tareas de investigación y al no contar con elementos que determinaran la veracidad de las operaciones, el organismo fiscal procedió a impugnar los montos de IVA consignados en el libro IVA Compras correspondientes a los proveedores YAPO S.A. y CEVEPE S.A.
Señala que los funcionarios actuantes aluden no haber podido constatar los presupuestos legales que permiten el cómputo de los créditos fiscales (art. 12 Ley IVA) y que con lo único que habría contado la fiscalización sería con los registros IVA Compras, pero que ni DUENDES A LA SIESTA S.R.L ni sus supuestos proveedores, aportaron documentación que pruebe la real existencia de las operaciones.
Manifiesta el rechazo de los ajustes efectuados por el Organismo Fiscal porque la única razón de los mismos sería la supuesta carencia de comprobantes y restantes pruebas que acreditaran la veracidad de las operaciones llevadas a cabo. En cuanto a las operaciones relizadas con YAPO S.A., destaca que la impugnación resultaría inviable toda vez que las compras fueron realizadas, las facturas estaban debidamente autorizadas por la AFIP y el proveedor no se encuentra en la base apoc.
Con relación al proveedor CEVEPE S.A., manifestó que, al momento de la vista, se habría aportado copia fiel del contrato constitutivo vigente de la proveedora. Asimismo, afirma que la proveedora habría contestado a los requerimientos realizados por el Fisco, aportando la documentación que poseían en su poder.
Destaca que las facturas se encontrarían debidamente emitidas, registradas y respaldadas. Asimismo, asegura que los remitos acompañados se encontraban debidamente autorizados.
Seguidamente, rechaza la multa interpuesta. Asevera que no se encuentran acreditados en el procedimiento los requisitos previstos en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, en tanto no ha existido de parte de la empresa una conducta orientada al resultado disvalioso que se le imputa.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 47/64 y fs. 109/127 contesta los recursos interpuestos la representación fiscal.
Expresa que las actuaciones tienen su origen en la fiscalización llevada a cabo a DUENDES A LA SIESTA S.R.L., a raíz de la cual se constató que se habrían computado improcedentemente gastos de proveedores observados durante los períodos 2006, 2007 y 2008, toda vez que no se constató la real prestación de que dan cuenta las facturas que la apelante utiliza como respaldo documental de esas operaciones.
Manifiesta que como resultado de las circularizaciones efectuadas, las firmas YAPO S.A. y CEVEPE S.A. no contestaron y no aportaron los elementos suficientes que determinen la veracidad de las operaciones, por lo que se impugnó como costo el monto de las mismas.
Sostiene que la firma YAPO S.A. no habría cumplido con los requerimientos efectuados, no habría aportado las facturas, recibos, ni otra documentación tendiente a corroborar el tipo de operaciones que se habrían facturado, los medios de pago utilizados y si se practicaron retenciones sobre dichas operaciones.
Por otro lado, en relación al proveedor CEVEPE S.A. no registra presentación de declaraciones juradas en los gravámenes en que se encuentra inscripta desde el período fiscal 2006, no registra pagos por ningún concepto en ese mismo año, no cuenta con rodados ni maquinarias agrícolas, cuenta con un inmueble informado en el período fiscal 2003 y posee una cuenta bancaria registrando acreditaciones hasta el período fiscal 2006.
Concluye que al no contar con elementos que determinen la veracidad de las operaciones, la actora computó improcedentemente el crédito fiscal de los proveedores observados durante los períodos 2006, 2007, 2008 y 2009, por no haberse constatado la realidad de las prestaciones de que dan cuenta las facturas que la apelante utilizó como respaldo documental de las operaciones.
Manifiesta que, con relación al débito fiscal, se cotejaron los comprobantes de venta aportados con la información obtenida de los terceros circularizados por el período enero 2006 a junio 2009 constatando que existe un comprobante que no se encontraría registrado ni declarado en el período de agosto 2008 por un importe neto de $ 52.424,92 y su débito fiscal omitido de $ 11.009,13.
Destaca que para las liquidaciones del saldo de impuesto se consideraron los ingresos directos que surgen de las bases de ese organismo fiscal, determinándose que la contribuyente se habría computado ingresos directos en exceso por la suma de $ 19.637,60.
Expresa que la recurrente vuelve a insistir en la intermediación en la compra de azúcar a CEVEPE e introduce a la firma PORTON BLANCO S.A. Señala que durante el procedimiento se dispusieron medidas para mejor proveer a efectos de agotar pruebas respecto de las operaciones cuestionadas, donde surge que la firma PORTON BLANCO S.A. cumple parcialmente con lo solicitado toda vez que reconoce haberle vendido azúcar a CEVEPE, aportando copias de las facturas, notas de venta y líquido producto y de mayor. Sin embargo, resalta que no habría aportado remitos o documentación que respalde el traslado de la mercadería vendida, ni los comprobantes de pago de las operaciones.
Agrega con relación a CEVEPE que, si bien reconoce haberle vendido el azúcar a Duendes a la Siesta, aportando copias de las facturas de venta y listado con detalle de los medios de pago con que fueron canceladas las operaciones, no se encontraría probada la realidad de las mismas.
Resalta que, en respuesta a la medida de mejor proveer, la recurrente expresó, en lo que aquí interesa, que “Como Duendes a la Siesta no poseía depósitos, los azúcares comprados a CEVEPE SRL, -cosa que ya se probara en este proceso con el aporte de la documentación comercial…- fueron trasladados desde el Ingenio “La Trinidad” hasta los depósitos de CEVEPE S.A., firma que … los adquirió legítimamente a Portón Blanco S.A.”
“Luego, los azúcares eran vendidos por “Duendes…” directamente desde los depósitos de CEVEPE S.A. a los compradores los cuales, retiraban estas mercaderías por su cuenta y orden…”
Advierte que el circuito del azúcar no se encontraría respaldado por documentación fehaciente, motivo por el que se procedió a efectuar nueva medida a Duendes a la Siesta S.R.L. requiriéndole que aporte documentación respaldatoria del traslado, recepción y depósito de la mercadería adquirida a CEVEPE S.A.
Expresa que como respuesta, el 27/03/2012 la recurrente presenta nota en la que expone, en lo que aquí respecta, que “En cuanto al depósito citado en el texto de la “Medida”, los azúcares estuvieron depositados en nuestro vendedor CEVEPEIS.A en sus amplios galpones a tales efectos de Av. Roca N° 629 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, ya que esta era una empresa dedicada al “Acopio” de azúcares como ya se explicara acabadamente en las presentaciones anteriores (que damos por reproducidas en mérito a la brevedad), y “Duendes”, cuyo depósito situado en el que era nuestro domicilio comercial y fiscal, Ruta N° 305 km 20,5 – El Timbó Viejo, Dpto. Burruyacu, Pcia. de Tucumán, “no da” para almacenajes; y además, actuaba efectuando operaciones de venta a comisión y usualmente compraba recién en el momento en que cerraba una venta, de manera que los azúcares permanecían poco o nada a sus depósitos…”. Destaca la desprolijidad observada respecto de todos los remitos aportados, toda vez que la C.A.I., dispuesta por el artículo 29 y el Anexo V, punto IV), 12 y 13 de la R.G. N° 1415 (AFIP), se encontraría vencida, por lo que su utilización posterior carecería de valor y no serviría para probar el traslado de la mercadería.
Agrega que lo expuesto en nota del 27/03/2012 se contradice con lo informado por la misma contribuyente el 22/12/2011, ya que en dicha oportunidad habría expresado que Duendes a la Siesta SRL no poseía depósitos, por lo que los azúcares eran entregados por Duendes a los compradores directamente desde los depósitos de CEVEPE S.A., mientras que ahora informaría que los azúcares eran remitidos desde CEVEPE S.A. a los depósitos de Duendes.
En cuanto a la forma de cancelación de los azúcares adquiridos por la apelante el fisco procedió a circularizar a los bancos para que remitan copia del anverso y reverso de los cheques, de acuerdo a los comprobantes suministrados por el vicepresidente de la firma CEVEPE S.A.
Manifiesta que de las respuestas obtenidas por las entidades bancarias circularizadas surgiría que en algunos casos no fue posible localizar los comprobantes y en los casos que sí, no se observa que hayan sido depositados en las cuentas de CEVEPE o que hayan sido endosados por ésta a un tercero. Asimismo, expresa que en varios de ellos se observa que el último endosante es Emilio Luque o Nueva Bolsa de Comercio S.A. y que las fechas de los comprobantes oscilan entre noviembre de 2006 y febrero 2008, siendo que los de noviembre 2006 son por un importe total de $ 45.642,64 –que representaría sólo el 3% del total a cancelar-.
Entiende que no se encontraría probado en las actuaciones la cancelación de las operaciones, toda vez que el 30% de las operaciones se habrían realizado en efectivo, no resultando computable atento lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 25.345.
Puntualiza, con relación a los intereses resarcitorios aplicados conforme el artículo 37 de la Ley N° 11.683, que no existen fundamentos que avalen la oposición a los mismos por parte de la recurrente.
En lo que respecta a la multa, sostiene que la evasión que habría dado causa al aspecto objetivo de la multa se consumó, toda vez que se habrían presentado declaraciones juradas inexactas que contendrían datos distintos de la realidad, dejando de ingresar el gravamen en su justa medida.
Hace hincapié en que la conducta del contribuyente perjudicó al Fisco Nacional a través de engaños y ocultamientos obrando con dolo.
Cita jurisprudencia y doctrina, acompaña los antecedentes administrativos, hace reserva del caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 145 se resolvió acumular el Expte. N° 36.641-I al Expte. N° 36.640-I.
A fs. 154 se resuelve abrir la causa a prueba, disponiéndose hacer lugar a prueba informativa ofrecida por la parte actora a fs. 38/ vta. y 100/ vta. y a fs. 160 se hizo lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la parte actora de fs. 38/ vta. y 100/ vta. A fs. 181/185 obra agregada la respuesta brindada por el Sr. Rubén Fernández Carazo apoderado de la firma Porton Blanco S.A. y a fs. 186/189 obra agregada la respuesta al oficio dirigido a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. A fs. 195/196 obra agregado el informe pericial contable.
A fs. 215 se clausura el período probatorio y a fs. 222 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B”. A fs 225 se disponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho únicamente la representación fiscal a fs 229/232. A fs 234 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que según el informe final de inspección obrante a fs. 89/101 del cuerpo Determinación de Oficio IVA 01/2006 a 06/2009 Cuerpo 1 de las actuaciones administrativas, surge que la actividad principal de la recurrente es la de servicios de contratista de mano de obra agrícola.
Que la fiscalización fue originada con la finalidad de verificar el cumplimiento dado a las normas de los Impuestos a las Ganancias períodos fiscales 2006 a 2008 y al Valor Agregado períodos 01/2006 a 06/2009.
El área fiscalizadora indicó que en función de la documentación aportada y circularización a clientes y proveedores, la actividad realmente desarrollada por la recurrente es cultivo de caña de azúcar y cultivo de frutas cítricas, que coinciden con las declaradas como actividades secundarias.
Que para llevar a cabo la fiscalización se contó con los libros IVA compras, de los que se extrajo la información de proveedores de la contribuyente. Que la información proporcionada por los terceros proveedores fue cotejada con el libro IVA compras no detectándose observaciones a formular, con excepción a dos proveedores de los cuales no se obtuvieron resultados.
Que en relación al proveedor YAPO S.A. el requerimiento fue devuelto por el correo con la leyenda de “domicilio inaccesible” y con respecto al proveedor CEVEPE S.A. el requerimiento fue devuelto por correo con la leyenda “cerrado”.
Los indicios constatados con relación al proveedor CEVEPE S.A. son los siguientes (fs. 94 “Cpo. 1 DO IVA – 01/2006 a 06/2009”, ant. Adm.):
• Se encuentra inscripta en la AFIP-DGI con la actividad de venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas N.C.P.
• No registra presentaciones de declaraciones juradas en los gravámenes que se encuentra inscripta desde el período 2006.
• No registra pagos por ningún concepto desde el período fiscal 2006.
• No cuenta con rodados, ni maquinarias agrícolas.
• Cuenta con un inmueble informado en el periodo fiscal 2003.
• Posee una cuenta bancaria registrando acreditaciones hasta el periodo fiscal 2006.
• De la opción Citi Compras la última información corresponde al periodo Mayo/2006, de los terceros informantes no se encuentra la fiscalizada.
Los indicios constatados con relación al proveedor YAPO S.A. son los siguientes (fs. 95 “Cpo. 1 DO IVA – 01/2006 a 06/2009”, ant. Adm.):
• Se encuentra inscripta en la AFIP-DGI con la actividad de venta al por mayor de productos alimenticios N.C.P. • No registra presentaciones de declaraciones juradas en los gravámenes que se encuentra inscripta desde principios de 2005.
• No registra pago por ningún concepto desde el período fiscal 2004.
• No cuenta con rodados, inmueble, ni maquinarias agrícolas.
• Posee una cuenta bancaria registrando acreditaciones hasta el periodo fiscal 2006 (Enero/2006 a Diciembre/2006), por la suma de $ 456.279 según consta en papel de trabajo.
• De los terceros que informan retenciones y/o percepciones correspondientes al periodo fiscal 2006, no se encuentra la firma DUENDES A LA SIESTA S.R.L.
Que la recurrente no aportó a la fiscalización los Estados Contables por los ejercicios económicos 2006 a 2008, por lo que se procedió a solicitar al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Provincia de Tucumán copias de los mismos, quien informó que no fueron presentados para su certificación.
Que a fs. 96 “Cpo. 1 DO IVA – 01/2006 a 06/2009”, ant. Adm. el área fiscalizadora indicó que “De acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto a las Ganancias como condición para su deducibilidad de los gastos, en cuanto a ser considerados “necesarios” para la obtención de la renta gravada o del mantenimiento de la fuente productora, para la determinación del costo correspondiente a los P.F. 2006, 2007 y 2008, situación que no se constató atento a no contar con la totalidad de los comprobantes, esta fiscalización consideró en la determinación de estos conceptos para los respectivos ejercicios económicos de la firma DUENDES A LA SIESTA S.R.L. el porcentaje de utilidad determinada en función a contribuyente dedicada al mismo rubro y como resultado se obtuvo un costo presunto, según consta en papeles de trabajo.”
Por su parte la inspección constató que la apelante no cumplía con las condiciones necesarias -previstas en el artículo 12 de la Ley de IVA- para el cómputo del IVA Crédito fiscal resultante de las operaciones con las firmas CEVEPE S.A. y YAPO S.A.
Ello así, al no contar con los elementos que determinaran la veracidad de las operaciones, esto es, la existencia del documento extendido al adquiriente en el que figura la discriminación del débito fiscal correspondiente a la operación por los bienes y servicios que generan el derecho a su cómputo, la inspección procedió a impugnar los montos de IVA de las operaciones consignadas en el libro de IVA compras de los proveedores mencionados.
V. Que, en cuanto se refiere al ajuste por facturación presuntamente apócrifa, que generó la impugnación del crédito fiscal computado en el IVA por la recurrente, es doctrina sentada por este Tribunal que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos material (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal)” (vide “Impulso S.A.”, Sala “A” del 27/3/1998; jurisprudencia continuada en “Idoipe Larraga, Angel”, Sala “A” del 11/12/2001; y compartida en “Cooperativa Avícola Mendoza Limitada”, Sala “B” del 19/04/2010; “Raúl Pitteri Hogar S.R.L.”, Sala “C” del 28/02/2006; “Prodecom S.A., Sala “D” del 24/08/2000, entre muchas otras).
Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación, toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Que en análogo sentido se ha expedido nuestro Más Alto Tribunal in re “Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.”, de fecha 06/08/1991 (Fallos 314:745), en tanto establece que “en orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes que solo existirán en el futuro, pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible... podría originarse un crédito fiscal a favor del “comprador” que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas” .
Que de la mera lectura de los indicios colectados por la inspección consta que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores observados en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias, en principio, se encuentra debidamente fundamentada por indicios graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas tal como fueron presentadas. Corresponde recordar entonces que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues, como lo establece el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido, corresponde a la actora demostrar la existencia de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de la venta de bienes por parte del proveedor impugnado y su real representación en los créditos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válida la cuantificación, y por consecuencia, irresistible la existencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aunque se acredite la existencia física del proveedor impugnado -en el caso, una persona jurídica- no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente es conteste con operaciones efectivamente realizadas. Que frente a los referidos indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en que las facturas se encontraban debidamente autorizadas por la AFIP, que los proveedores no se encontraban en la base apoc y el CAI se encuentra autorizado. Sin embargo tales extremos no son suficientes para aseverar que aquel que emite el comprobante, el remito, sea efectivamente quien produjo y/o entregó el azúcar, si al momento de ir a buscarlos el organismo se encuentra con sujetos que presentan características que tornan evidente que sería imposible que cumplieran con aquellas entregas. Que en tal sentido, valorada la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos (vide fs. 290/326 de las actuaciones administrativas) y reiterada en los presentes autos (fs 181/185), se observa que en todos los remitos aportados la CAI dispuesta por el artículo 29 y el Anexo V, punto IV, 12 y 13 de la R.G N° 1415 (AFIP) se encontraba vencida, por lo que los remitos carecen de valor tal como fue expresado en las Resoluciones determinativas de oficio. Que a fs. 195/196 de autos obra agregado el informe pericial en el cual se observa que los profesionales actuantes indican que “las operaciones cuestionadas se encuentran registradas en el subdiario de IVA compras no rubricado intervenido por personal de la DGI durante la inspección, que se encuentra llevado en legal forma”.
A su turno y con respecto a la existencia de las operaciones y la procedencia del cómputo del crédito fiscal, el perito por el Fisco esgrimió “que con los elementos tenidos a la vista no puede emitir opinión sobre la existencia o no de la operación ya que para hacerlo es necesario compulsar los registros de los proveedores que son terceros ajenos a la causa”.
En definitiva, la prueba pericial aportada no es suficiente para acreditar de modo alguno la existencia de las operaciones, resultando la misma infructuosa para la solución del caso.
Cabe aclarar, que los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada –los cuales no se encuentran cuestionados- sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente hayan existido tal como han sido declaradas.
Que en definitiva, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones. Contrariamente, son palmarias las oscuridades e irregularidades que obstan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como explicara nuestro más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativaque permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los proveedores cuestionados, no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto procediendo a confirmar los ajustes proyectados en las resoluciones recurridas, con costas.
VI. Que deviene pertinente pronunciarse sobre la determinación realizada con relación al Impuesto a las Ganancias. Que, en los presentes autos, al apelante se le impugnaron compras por haberse considerado apócrifas las facturas exhibidas, en base a los ya enumerados indicios sobre la falta de respuesta de los proveedores y la falta de documentación que acredite la veracidad de las operaciones.
Que resulta pertinente recordar que el art. 17 de la Ley del Impuesto a las Ganancias dispone que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga”. Asimismo, el art. 80 de dicha ley define el concepto de gasto deducible, disponiendo que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán las ganancias producidas por la fuente que las origina”. Asimismo, entre las deducciones especiales de la tercera categoría, el art. 87 inc. a) prevé la deducción de “los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio”.
Cabe poner de relieve que en el acto determinativo del Impuesto a las Ganancias se reiteran los fundamentos de la resolución del Impuesto al Valor Agregado, es decir que frente a los indicios constatados se impugna el crédito fiscal debido que el Fisco Nacional entiende que es realmente improbable que haya nacido el correlativo débito fiscal en cabeza de los proveedores denunciados, al considerar que las operaciones denunciadas son inexistentes. No obstante, dichos razonamientos deberán desvirtuar en sustancia propia las operaciones discutidas, en tanto no se trata aquí de las atribuciones de prestaciones a los proveedores, sino de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce.
Que ello así, se considera que las impugnaciones de los proveedores en las determinaciones efectuadas en Impuesto a las Ganancias han sido adecuadamente ponderadas por el organismo fiscal, habiendo reunido indicios suficientes para dudar de la validez de las facturas y de la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional. Que la falta de capacidad operativa de los proveedores, la ausencia de prueba sobre la real existencia de la actividad u operatoria que a los proveedores se les ha querido atribuir, así como también la ausencia de acreditación del movimiento físico de las mercaderías y los reparos formulados respecto de la cancelación de las operaciones, ponen en evidencia la inexistencia de las mismas y por lo tanto resulta improcedente admitir la deducción de estos gastos inherentes en el impuesto a las ganancias.
Por ello, se confirma la determinación de oficio del impuesto a las ganancias de la recurrente con relación a la impugnación del gasto que surge por facturación apócrifa, con más intereses resarcitorios, con costas.
VIII. Que seguidamente, corresponde examinar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Que en el caso de autos se le aplicaron al contribuyente multas con sustento en el artículo 46 de la ley procedimental.
Que cabe dejar sentado que cuando se pretende aplicar sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Ruggiero, Aldo”, sentencia del 21/12/2006 “… la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que ‘no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación” (cfr. Diaz Sieiro, H.D.; Veljanovich, R. D. y Bergoth, L. “Procedimiento Tributario” (1993) comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 – “Casino Del Litoral SA” -TF 15.319-I- c/DGI- 8/2/1999).
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la victima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el articulo 47 incorpora una serie de presunciones legales ‘iuris tantum’ tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el ente fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (“Batello, Tarcisio Ludovico” – CNFED. CONT. ADM. – SALA V- 29/03/1999). Que no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico previsto en el artículo 36 de la ley de rito, permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
Ello así se observa que el juez administrativo fijó las mismas en tres (3) veces el Impuesto al Valor Agregado evadido por los períodos mayo, agosto y septiembre 2008 y en tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias evadido por los períodos fiscales 2006 y 2007 y, considerando que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto en el art. 46 de la ley ritual.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan los impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 23- 32960725-9 (Dr. Pablo Daniel Gonzalez) y CUIT 20-21072333-2 (Dr. Oscar Alberto Yulan). Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.08 10:48:25 ART Date: 2023.03.08 12:35:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.08 22:02:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.08 22:03:02 -03:00
Fin de la sentencia