Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en cuanto determina la responsabilidad solidaria del recurrente de autos, con costas.
I. Que, a fs. 34/45, la parte actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 107/2017 (DV RRCU), de fecha 23/05/2017, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP-DI, en virtud de la cual se estableció la responsabilidad solidaria de Gil Ramiro Manuel en su carácter de presidente del directorio de la sociedad Packsur SA, en los términos del artículo 8 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) en relación a la obligación fiscal que adeuda la sociedad mencionada, conforme las boletas de deuda N° 279/520710/2014 y N° 279/826103/2013, libradas por el Impuesto al Valor Agregado en concepto de saldo de DDJJ por un total de $329.678,39 -períodos fiscales 12/2011, 01/2012, 05/2012, 07/2012, 08/2012, 10/2012, 11/2012,12/2012,01/2013-. En primer lugar, la recurrente se agravia del hecho de que la administración se ha limitado a invocar como única causal de atribución de responsabilidad solidaria el mero ejercicio de un cargo, sin esgrimir fundamento ni prueba alguna sobre la existencia de un obrar cuanto menos culposo.
En este sentido, afirma que debe ser el Fisco Nacional el que debe probar la culpabilidad para hacer operativa la solidaridad tributaria de los responsables por deuda ajena.
Por otro lado, expone que a raíz de una crisis financiera que habría atravesado la firma Packsur S.A., la sociedad no pudo proveer a sus directivos de los fondos necesarios para cancelar las acreencias que nos ocupan.
Indica que se trató de una situación de absoluta indisponibilidad de fondos y no del antojadizo o irresponsable desvío para la cancelación de acreencias a las que se diera preeminencia.
Finalmente, la recurrente concluye su escrito ofreciendo prueba instrumental, acompañando prueba documental y solicitando prueba pericial contable. Cita jurisprudencia, formula reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se haga lugar al recurso interpuesto, revocándose la resolución apelada, por las razones de hecho y derecho dadas en la presentación recursiva, con costas a cargo del Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 59/74, se presenta el Fisco Nacional, contestando el recurso interpuesto y negando los hechos alegados. En primer lugar, afirma que la apelante poseía la administración y disposición de los bienes de la firma Packsur S.A., durante el período que se generó la deuda. Argumenta que habiendo probado el Organismo fiscal la situación antedicha, sólo podía eximirse el actor de la responsabilidad solidaria, demostrando debidamente que su representada lo colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; lo cual no ha ocurrido en los presentes actuados, pese a haber contado el responsable con todas las oportunidades legales pertinentes al efecto. En otro orden de ideas, yendo a la supuesta “grave crisis” que estaba atravesando Packsur S.A. argüida por el actor en su recurso, indica que la recurrente no aportó prueba alguna que demuestre dicha situación ni tampoco dejó constancia que arbitró los medios necesarios para hacer frente a las obligaciones fiscales de la sociedad que presidía en dicho momento.
Por ello insiste, que en el caso bajo análisis no ha existido por parte de la AFIP arbitrariedad alguna, ya que habría obrado en todo acorde a la normativa legal vigente y aplicable al caso de marras y de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Finalmente, se opone a la prueba ofrecida por la actora y solicita la confirmación de la determinación practicada en la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 101 este Tribunal, mediante el acta de audiencia celebrada con fecha 18/10/2018, dispuso previo a resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos, intimar a que la parte actora acompañe autorización de la firma Packsur S.A. por el plazo de diez (10) días para compulsar los libros y registros de dicha empresa sobre los que los peritos deberán realizar la prueba pericial ofrecida.
A fs. 112, se presenta la actora e informa que la empresa Packsur S.A. ha dejado de existir, desistiendo de la prueba pericial contable ofrecida.
Mediante la resolución de fs. 113, este Tribunal decidió tener por desistida la prueba pericial contable ofrecida oportunamente.
A través de la PV-2022-52081231-APN-VOCVI#TFN (fs. 114), este Tribunal intimó a las partes para que informen si el objeto de los presentes autos se encuentra alcanzado por los términos establecidos en la Ley 27.541 (y modif.). En el RE-2022-71063868-APN-SGAI#TFN (fs. 115/119 ) el Fisco Nacional contesta la intimación e informa que no tiene conocimiento respecto a que la apelante en autos se haya acogido al régimen dispuesto en la Ley N° 27.541, texto según Ley N° 27.562.
V. Que, en atención al estado de las actuaciones, se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y se llaman los autos a sentencia.
VI. Que, a continuación, debe este Tribunal analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis. Ello así, la materia a considerar en el caso sub examine recae en los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria de la recurrente.
En consecuencia, corresponde determinar si la responsabilidad personal y solidaria atribuida a la apelante se ajusta a derecho.
Para un mejor esclarecimiento de la cuestión, cabe detenerse en la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria, para de ello ha de extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de la categoría del deudor solidario. Al respecto, sabido es que la doctrina tradicional, al delinear la figura del responsable, tuvo en cuenta que en las diversas legislaciones además del sujeto pasivo del impuesto, se declara obligado al pago del tributo (o también, al cumplimiento de otros deberes fiscales) a una persona diversa, en razón de una relación de hecho o derecho del "responsable" con el contribuyente (en este sentido, y entre muchas otras, véanse las obras de Gianninni "Instituzioni di Diriitto Tributario" y Martínez "Estudios de Derecho Fiscal")."
Tal como lo señala Jarach ("El hecho imponible", p.177/179), sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o "contribuyente") puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico; para los otros obligados, el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza. Se agrega que el mecanismo legal antes descripto fue así trazado por la ley de procedimiento tributario. De acuerdo con la norma del art. 6 de la ley 11.683 "están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables, bajo pena de las sanciones de esta ley" entre otros, "los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el art. 5 en sus inc.2° y 3°".
A su vez, el art. 8 de la ley dispone: "...responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo si los hubiere, y con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes", amén de otros sujetos "...todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del art. 6 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar la situación fiscal".
Debe advertirse que la responsabilidad no es objetiva -esto es, impuesta por el mero hecho de haber sido apoderado, representante o presidente del directorio de una entidad- ni que deriva de la simple vinculación existente entre los responsables y el deudor del tributo. Por el contrario, el presupuesto legal de la responsabilidad a título personal de los presidentes de directorio es el incumplimiento de sus deberes; en otros términos, no basta que haya incumplimiento; es menester, además, que éste le sea imputable. Esta es la recta hermenéutica que cabe asignar al art. 8° de la Ley Nº 11.683(t.o. 1998 y sus modif.), en cuanto establece que "no existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a los que demuestren debidamente a la Dirección que sus representados, mandantes, etc. los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales".
Del propio texto legal se desprende que la causal eximente de responsabilidad es la demostración de que los propios entes administrados los hayan puesto en imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con sus deberes tributarios (TERESA GÓMEZ y CARLOS M. FOLCO. Procedimiento Tributario, Ley 11683-Decreto 618/97. 6ta. Edición, La Ley. Buenos Aires, Argentina 2009. Pág. 100).
En este contexto, corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión de los cargos y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de las sociedades, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
Entonces, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en su propio ámbito, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18, inc. a) de la Ley N° 11.683...” (se hace referencia al actual art. 8º del t.o. vigente) “... se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente.” (cfr. esta Sala “B” in re Collep Anzulovic de Arias, Mileva Isabel, sentencia del 6/2/1998).
Cabe adelantar que la recurrente, más allá de sus dichos, no ha producido prueba alguna en la presente causa tendiente a demostrar que ha sido colocado por la contribuyente en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con los deberes fiscales que le incumben.
Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Escobar, Roberto Ricardo” (9/12/2008) “confirmó el acto apelado, pues se concluyó que el recurrente no logró demostrar que tuvo voluntad de pagar los impuestos y que no lo pudo hacer debido a la oposición de los otros integrantes de la sociedad, a lo que cabe agregar que no se ha alegado que no tuviera manejo de los fondos de la sociedad que debían destinarse al pago del impuesto en el momento en que se le imputa la responsabilidad, ni que carecía de facultades de decisión en la materia tributaria.”
A mayor abundamiento, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Méndez, Ernesto Juan” (9/3/2010), textualmente dijo: “Que tal como fue resuelto por el a-quo, decisión que se mantiene en esta instancia, se confirmaron las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional en cuanto determinaron de oficio la obligación de las empresas involucradas atento las inexactitudes detectadas respecto de las declaraciones juradas presentadas, como así también la determinación de los saldos de impuesto a ingresar por aquellos períodos en que no hubo presentación. En esas condiciones, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 7° de la ley 11.683 t.o. en 1998 cabiendo pues, imponer a los Sres. Méndez, Cabariti y Arraña la responsabilidad solidaria frente al cumplimiento de la obligación, de la que sólo se hubieran podido desligar si hubiesen demostrado debidamente ante la administración que su representante lo colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (art. 8º, ley cit.). Que esta responsabilidad solidaria no resulta más que la aplicación del principio general en materia de sociedades contenido en la ley 19.550, que en su artículo 59 establece que los administradores y representantes de aquéllas "que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”. Los matices que contienen cada una de las normas no modifican el análogo tratamiento que se le acuerda, tanto en la ley comercial como en la tributaria a la conducta de quienes representan a la sociedad (conf. esta Sala, 10-12-2002, "Petrone, Juan Antonio".). Además, los señores Méndez, Cabarlti y Arraña en ningún momento han intentado demostrar, la Imposibilidad de cumplir la obligación que sobre ellos pesaba de pagar el tributo correspondiente con los fondos de la empresa, teniendo en cuenta, asimismo, que aceptaron ser apoderados de la sociedad con todas las consecuencias, societarias y fiscales que de tal acto se derivaban.”
VII. Que, señalado lo anterior, en el presente caso, corresponde determinar si procede la extensión de la responsabilidad solidaria al Sr. Gil Ramiro Manuel por el incumplimiento de Packsur S.A. en el pago de las deudas tributarias. Así ello, cabe destacar que surge de las actuaciones administrativas que los saldos emergentes de la caducidad del plan Mis Facilidades N° G560841 (vide fs. 72, 73 y 76 AA) por la cual se libraron las boletas de deuda pertinentes, han sido previamente intimados a la mencionada firma -en su carácter de responsable principal del tributo-, razón por la cual el Fisco Nacional se encuentra habilitado para establecer la responsabilidad solidaria del Sr. Gil Ramiro -en su carácter de presidente-.
En efecto, la atribución de su responsabilidad solidaria se funda en que la recurrente revestía el carácter de presidente, a la fecha del vencimiento de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 12/2011, 01/2012, 05/2012, 07/2012, 08/2012, 10/2012, 11/2012,12/2012,01/2013 (vide criterio de esta Sala in re “MARTÍNEZ, HÉCTOR HUGO - RESPONSABLE SOLIDARIO DE TRANSIDEA S.R.L. s/apelación – IVA-GANANCIAS” del 13/06/2019, confirmado por la Alzada, Sala V, del 7/10/2020).
Así corresponde señalar que, de los elementos obrantes en las actuaciones administrativas de la causa surge que la recurrente de marras –Sr. Gil Ramiro Manuel- tenía durante el período que se generó la deuda, la administración y disposición de los bienes de la firma Packsur S.A. (fs. 73, 92).
El presente establecimiento de responsabilidad no sólo se basa en las cláusulas de su estatuto social y la posterior designación del actor en asamblea de socios en el cargo de Presidente del Directorio y representante legal de Packsur S.A., sino en las constataciones que surgen de las suficientes pruebas de autos y de las actuaciones de la firma, evidenciando y demostrando el pleno ejercicio y/o desempeño del recurrente al frente de la citada sociedad. En este punto, y conforme a la información aportada al Fisco por entidades bancarias de donde surge que la recurrente en autos es “firmante” y/o “titular” y/o “Representante legal” de las cuentas bancarias, ello según impresión de pantalla del sistema informático y que consta en los antecedentes administrativos (fs. 8 AA).
Asimismo, cabe destacar que el recurrente no ha producido prueba alguna en la presente causa tendiente a demostrar que ha sido colocado por la contribuyente en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales. En efecto, se limita a argumentar problemas financieros y económicos, acompañando sólo actas de directorio para acreditar sus dichos, resultando insuficiente para demostrar la imposibilidad de pago alegada.
Por lo tanto, en razón de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto determina la responsabilidad solidaria del recurrente de autos, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en cuanto determina la responsabilidad solidaria del recurrente de autos, con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.03.30 13:00:05 ART Date: 2023.03.30 13:03:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.30 16:48:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.30 16:48:54 -03:00
Fin de la sentencia