Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que a fs. 40/47 se interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 525134-2/2018 de fecha 24/08/2018, dictada por la Dirección Regional de Mendoza de AFIP-DGI mediante la cual se aplicó a la recurrente una multa equivalente al 50% del Impuesto al Valor Agregado pretendidamente dejado de ingresar por el período fiscal marzo, abril, julio y agosto del año 2015 en los términos del artículo 45 de la Ley 11.683, con la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de dicho cuerpo legal.
Denuncia la apelante en su escrito recursivo la nulidad de la resolución apelada en virtud de que dicho acto carecería de causa y motivación, puesto que no se expediría sobre el planteo de nulidad efectuado en su descargo, así como tampoco realizaría ninguna consideración sobre los antecedentes fácticos y jurídicos omitidos por la instrucción sumarial. Entiende que no existen datos inexactos, sino erróneamente consignados en un período fiscal y que habrían sido corregidos posteriormente, sin diferencia impositiva a favor del Fisco.
Manifiesta la parte actora que los créditos fiscales eran reales, legítimos, existentes y que los mismos no habrían sido impugnados por el organismo fiscal. Además, aduce que la única circunstancia que resultaría reprochable sería haberlos consignado erróneamente en un período fiscal posteriormente rectificado.
Describe y explica la naturaleza penal de la sanción de multa endilgada, para concluir que en el caso no se habría configurado ni acreditado el elemento subjetivo “culpa”, como así tampoco se verificaría el elemento objetivo toda vez que no existiría un incremento de la obligación fiscal.
Insiste con la inexistencia de dolo o culpa en su accionar y plantea que el Fisco debió haber acreditado la procedencia de los mismos a los efectos de fundar su pretensión punitiva.
Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba documental y pericial contable. Formula reserva del Caso Federal. Solicita se revoque la sanción de la multa apelada, con costas.
II. Que a fs. 56/69, contesta el recurso interpuesto la representación fiscal.
Con relación al planteo de nulidad, asevera que las irregularidades invocadas constituyen meros artilugios que en nada invalidan la misma, como así tampoco la eficacia de las normas aplicadas.
Señala que la inexactitud de las DDJJ presentadas por la actora fundamentaría la aplicación del tipo descripto en el art. 45 de la ley de rito. Advierte que, como consecuencia de la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas, la recurrente procedió a regularizar su situación a través de la presentación de las correspondientes declaraciones juradas rectificativas. Manifiesta que de la vista, como de los antecedentes que forman parte integrante de la misma y el acto administrativo dictado, surge de manera clara, concreta e incontrastable la causa, objeto, motivación y fundamentación del acto dictado. Afirma que no resulta sostenible la posición de la actora en cuanto a la existencia de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable, toda vez que esta ha tomado conocimiento de los hechos generadores del ajuste realizado y ha podido ejercer su derecho de defensa sin ningún tipo de obstrucción o afectación.
Expresa la representación fiscal que la actora habría dejado de ingresar el impuesto en su justa medida, a partir de la presentación de declaraciones juradas inexactas y que lo expuesto en el recurso no constituiría una causal de eximición. Indica que en el caso no podría atribuirse un error excusable, toda vez que la conducta omisiva negligente o culpable de la recurrente configuraría el elemento subjetivo previsto en el art. 45 de la ley 11.683.
Cita jurisprudencia y doctrina, acompaña los antecedentes administrativos, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 87 se le requirió a la representación fiscal que informe si la multa apelada se encontraba alcanzada por el beneficio de la condonación establecido en las leyes 27.541 y sus modificatorias, contestando a fs. 89/90 que los períodos de IVA correspondientes a los meses marzo, abril y julio del año 2015 se encontrarían con deuda dentro del sistema de cuentas tributarias, lo que fue ratificado a fs. 101 ante otro requerimiento efectuado por este Tribunal. Sin embargo, con relación al período agosto 2015 el Fisco informó que la obligación se encuentra cancelada por compensaciones.
IV. Que a fs. 115, se resolvió rechazar la producción de la prueba pericial ofrecida por la recurrente por resultar inconducente, al no tratarse de hechos controvertidos en la causa.
A fs. 117 se requirió al Fisco Nacional que acompañe las Declaraciones Juradas originales y rectificativas del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2014 presentadas por el contribuyente, cuya respuesta obra a fs. 118/131.
Que, inmediatamente se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y se disponen los autos para el dictado de sentencia.
V. Que del Informe Final de Inspección, obrante a fs. 11/33 del cuerpo de antecedentes administrativos, se desprende que la actividad declarada de la recurrente es “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”. La verificación se originó, primero, con motivo de la utilización por parte de la contribuyente de facturas presuntamente apócrifas, con la modalidad de proveedores sin capacidad económica bajo la condición de “prestanombres”. De esta manera, en el Impuesto a las Ganancias 2013 y el IVA períodos 01/2013 a 12/2014 se impugnaron facturas apócrifas de compras y gastos correspondientes al período fiscal 2014, por la suma de $ 18.847.964. Que en razón de ello, con fecha 08/06/2016 se solicitó un nuevo cargo de fiscalización que fue otorgado por la División de Investigación comprendiendo el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2014 y 2015 y al Valor Agregado, período fiscal 2015. Que de la verificación se detectó que la recurrente aportó facturas de compras emitidas en el año 2014 pero que habían sido registradas en el año 2015.
A fs. 30 de los antecedentes administrativos surge que la contribuyente se acogió al plan de pago Regularización Excepcional Ley 27.260 que incluye los saldos a ingresar correspondientes a las declaraciones juradas de los meses de marzo y abril del año 2015 del IVA.
VI. Que en primer lugar corresponde atender al planteo de nulidad efectuado por la parte actora. Al respecto, cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma.
Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que en relación a lo estrictamente formal, la resolución sancionatoria debatida en autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma.
En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
VII. Que, sentado ello y entrando en el análisis de si la aplicación por el organismo fiscal de la multa apelada se ajusta a derecho, cabe recordar que el art. 45 de la ley 11.683, (t.o. 1998) en su redacción vigente para los hechos ventilados, establecía que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales”. Que, por lo tanto, la infracción del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración, la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable. Que se trata de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal.
Que, en ese orden de ideas, en lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de DD.JJ. rectificativas lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado el impuesto en su justa medida.
En el caso de autos, se da la particular situación de que la actora no computó -como debía conforme a la ley- ciertos créditos fiscales emergentes de facturas de compra del período 2014 dentro de dicho ejercicio, utilizándolos recién durante el año 2015. Ello fue advertido por el Fisco Nacional y, según se consignó a fs. 24 del Informe Final de inspección agregado a estas actuaciones “…Respecto a este Rubro la contribuyente procedió a una revisión de la documentación respaldatoria y libros de IVA-Compras, se procedió a la readecuación de las facturas de compras al constatarse que se habían registrado facturas cuya fechas de emisión corresponden al año 2014 se habían registrado en los libros IVA-Compras año 2015, es decir, en este período fiscal se habían imputado facturas de compras y gastos correspondientes al período fiscal anterior. Esto produjo un efecto de disminución de gastos en este período 2015 de $ 20.343.488,66 y un aumento igual en el año 2014…”.
Asimismo, en el Rubro Gastos del período fiscal 2015 el Fisco Nacional indicó “De la verificación efectuada se puede concluir que la revisión y posicionamiento antes mencionado recayó únicamente en la readecuación de la documentación de acuerdo a la realidad económica, no surgiendo ningún hecho imponible nuevo y comprobantes que dieran origen a nuevos créditos fiscales …”. (Fs. 26 del Informe Final de inspección).
Por último, cabe señalar que a fs. 118/131 fueron acompañadas a los autos las declaraciones juradas originales de IVA correspondientes al año 2014, de las cuales surge que en ninguno de los periodos fiscales se verificó saldo de impuesto ingresar, contando en todos los casos con saldo a favor de la contribuyente.
Que así las cosas, la situación que se verifica en autos es que mientras en los periodos fiscales del año 2015 que fueron motivo de impugnación se exteriorizaban saldos de impuesto a ingresar a favor del Fisco Nacional que fueron disminuidos mediante la utilización improcedente -por extemporánea- de créditos fiscales, en las declaraciones mensuales originales del año 2014 se advierte que exhibían saldos favorables al contribuyente que simplemente se hubiesen incrementado de haberse computado los créditos fiscales cuya utilización en el año 2015 fue observada por la administración fiscal.
Bajo tales premisas y en lo que a la solución del presente caso concierne, se vislumbra una asimetría entre los periodos fiscales 2014 y 2015 en cuanto a los efectos derivados del cómputo del crédito fiscal, que deja en evidencia la existencia de perjuicio para el Fisco Nacional en el año 2015.
Que, por ello, ante la constatación de impuesto omitido de ingresar y la falta de acreditación de la configuración de error excusable, se confirma la multa impuesta con sustento en el art. 45 de la Ley 11.683.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar la multa apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 27-26278496-2 (Dra. Maria Eugenia Petrino) y al Fisco Nacional en la CUIT 20-14453594-5 (Dr. Roberto Alejandro Gómez) y 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel.
Date: 2023.03.08 10:50:02 ART Date: 2023.03.08 12:36:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.08 22:05:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.08 22:05:56 -03:00
Fin de la sentencia