Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada N° 317/2011 (DV RRIIP), con costas.
Y
I.-Que a fs. 32/54 se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos de los arts. 76 inc. b) y 159 inc. a) de la Ley 11.683 t.o. 1998), contra la Resolución N° 317/2011 (DV RRIIP), de fecha 16/12/2011, notificada el 19/12/2011, suscripta por el Jefe (Int.) de la Dirección de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo AFIP-DGI, mediante la cual se dispuso impugnar las declaraciones juradas presentadas, con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales 01/2005 a 12/2005, resultando un saldo técnico en el periodo 12/2005 de $ 315.202,53 y una disminución del saldo a favor de libre disponibilidad declarado de $ 165.947,33.
La actora expone que la empresa se dedica a la comercialización y distribución de productos agroquímicos, utilizados -fundamentalmente- en la actividad agropecuaria, realizando operaciones de compraventa de agroquímicos.
Afirma que el Fisco entendió que no se encontrarían acreditadas las operaciones celebradas con las firmas proveedoras Media Agua S.A. y Kroten S.A., sujetos a los que se considera apócrifos, por lo que determinó la improcedencia del crédito fiscal originado en dichas operaciones comerciales.
La actora se agravia de las acusaciones formuladas por el Fisco Nacional y presentó con fecha 06/09/2011 su descargo adjuntando toda la prueba que respalda las operaciones concertadas y su registración correspondiente, demostrando la improcedencia del ajuste fiscal.
Manifiesta que acreditó la existencia de las operaciones concertadas con Kroten S.A. y Media Agua S.A. —independientemente de las circunstancias de éstas-, las cuales fueron reconocidas por terceros a Adama (ex Magan) -, tales como empresas intermediarias y transportistas.
Indica que el Organismo Fiscal realizó un análisis parcial de la prueba agregada a las actuaciones administrativas y omitió considerar elementos de prueba relevantes para la resolución y archivo de la causa.
Sin perjuicio de ello, con fecha 16/12/2011, el Fisco Nacional dictó la determinación de oficio dando por finalizado el procedimiento administrativo, en virtud del cual resolvió el ajuste de IVA por los períodos fiscales 01/2005 a 12/2005.
Indica que, respecto de las operaciones concertadas con la firma Kroten S.A. la suma de $ 114.377,71 de crédito fiscal, cuyo cómputo impugnó el Fisco, se integra de la siguiente forma, $ 57.621,06 originado en la Factura N° A 0001-00000315, correspondiente a la compra de agroquímicos.
Destaca que el agroquímico adquirido fue entregado con dos remitos de Monsanto Argentina SAlC., los cuales fueron acompañados oportunamente en las actuaciones administrativas.
Asimismo, la actora manifiesta que dicha factura fue cancelada a través de cuatro cheques, los cuales fueron emitidos y cruzados con la leyenda "para acreditar en cuenta", a la orden de Kroten S.A.
Indica que la actora cumplió con la retención del Impuesto a las Ganancias, tal como se encuentra acreditado. Resalta que la operación comercial que origina el crédito fiscal impugnado por el Fisco Nacional, se encuentra completamente probada en las actuaciones administrativas, las que fueron reconocidas por los terceros que intervinieron en la misma (v.gr. Monsanto, los transportistas de los agroquímicos, entidades bancarias que dan cuenta de que los cheques fueron depositados o endosados por personal de Kroten S.A., etc.).
Por otra parte, la actora argumenta que las operaciones de canje celebradas con Kroten S.A., que arrojan la suma de $ 56.756,65, se originan en los comprobantes: N° 0001-00100125; N° 0001-00100138; N° 0001-00101010; N° 0001-00101081; N° 0001-00101082; N° 0001-00101158; N° 0001-00102014; N° 0001-00102017; N° 0001- 00102067, N° 0001-00099840, N° 0001-00099875 y N° 0001-99909.
La actora observa que dichos comprobantes se encuentran debidamente respaldados con las respectivas Cartas de Porte, no impugnadas por el Fisco Nacional en instancia administrativa, las que acreditan la existencia de las operaciones en cuestión.
Indica que respecto de las operaciones de canje celebradas con Media Agua S.A., el Fisco cuestionó el cómputo de créditos fiscales por la suma de $ 51.580,96 originado en 50 comprobantes, detallados por el Organismo Fiscal.
La actora argumenta que, de igual forma, todos y cada uno de los comprobantes correspondientes a la compra de cereales, se encuentran respaldados con las respectivas Cartas de Porte, de las que surge inequívocamente que las operaciones se realizaban por cuenta y orden de Media Agua S.A.
La actora señala que las operaciones de compraventa de granos con las firmas Kroten S.A. y Media Agua S.A., fueron realizadas a través de una empresa intermediaria -Negocios de Granos S.A.-, la que habría reconocido haber intervenido en tales operaciones.
Destaca que, tal como fue verificado por la Fiscalización interviniente, todas las operaciones de compraventa fueron debidamente registradas en la contabilidad de Adama (ex Magan); que todos los cheques entregados por Adama (ex Magan) en pago de las operaciones de compra fueron depositados por las firmas Kroten S.A. y Media Agua S.A.; que antes de realizar los pagos y computarse el respectivo crédito fiscal de IVA originado en cada factura involucrada, la actora constató la validez de tales comprobantes en la página de la AFIP-DGI, no existiendo observación alguna respecto de las firmas proveedoras; que conforme los períodos cuestionados, dichas empresas se encontraban debidamente inscriptas ante el Fisco Nacional, no existiendo cuestionamientos respecto de las mismas; y que toda la mercadería fue transportada con su correspondiente Carta de Porte, la que fue validada por los inspectores intervinientes, surgiendo de dicho documento el sujeto titular de las mercaderías, el comprador, el destino de la mercadería -lugar de entrega-; el tipo y peso de la mercadería; el transportista involucrado, con el detalle de las patentes de los chasis, los choferes, etc., el intermediario y el comprador. En esta línea argumentativa, la actora sostiene que, los funcionarios intervinientes verificaron la correspondencia de las patentes detalladas en las Cartas de Porte con la titularidad que, por número de patente, figura en la página Web de AFIP-DGI, no existiendo observación alguna al respecto; por el contrario, dejaron expresa constancia de la correspondencia entre los datos declarados relativos al transporte, con la base de AFIP-DGI., y que, en todos los casos, el transporte fue contratado por las empresas Media Agua S.A. y Kroten S.A., en su carácter de vendedores, conforme los usos de plaza.
La actora por ello manifiesta que, de los antecedentes del caso y de la prueba producida, no sólo surge acreditada la existencia y destino de las mercaderías adquiridas por la actora, sino también la existencia y validez de cada una de las operaciones celebradas con las empresas Media Agua S.A. y Kroten S.A., motivo por el cual sostiene que resulta inequívoco que el cómputo del crédito fiscal realizado por Magan se ajusta a derecho. Por todo lo expuesto, solicita se revoque el Acto Administrativo, por medio del cual se cuestionaron las operaciones comerciales detalladas, cuya existencia ha sido debidamente acreditada en instancia administrativa, ocasionando el presente un grave perjuicio para Adama (ex Magan) y un innecesario dispendio de actividad jurisdiccional para el Estado.
Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba documental y pericial contable, hace reserva del caso federal y finalmente, solicita se revoque el acto administrativo recurrido en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 68/83vta se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la actora, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Solicita se rechace el recurso intentado con expresa imposición de costas. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y hace reserva del caso federal.
III. Que, a fs. 95 se ordenó la apertura a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial propuesta por la actora, que se encuentra acompañada a fs. 231/237.
A fs. 275 se clausura el período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a la sala “B”. A fs. 279 se ponen las presentes actuaciones a disposición de las partes para que produzcan sus respectivos alegatos, haciéndolo solamente el Fisco Nacional a fs. 284vta/289.
Finalmente, a fs. 291 se llamaron los autos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Conforme se desprende de autos, de las actuaciones administrativas y particularmente del informe final de inspección obrante a fs. 309/314 del Cpo. 2 del IVA, se detectó que la recurrente computó créditos fiscales en sus declaraciones juradas correspondientes al IVA por los períodos fiscales 01/2005 a 12/ 2005 vinculados con operaciones efectuadas con las firmas Kroten S.A. y Media Agua S.A.; sociedades respecto de las cuales, en el marco de una investigación realizada por los agentes fiscalizadores, se detectaron graves inconsistencias. Respecto de la firma Media Agua S.A., con fecha 17/01/2005, fue excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos.
Los inspectores actuantes concurrieron al domicilio fiscal de la firma sito en la calle esmeralda N° 819, piso 10, departamento "B", de la CABA, constatándose que en el mismo funciona una empresa dedicada a la recepción de documentación de distintas empresas, no figurando entre ellas la sociedad Media Agua S.A.
Además, concurrieron a la Inspección General de Justicia a efectos de consultar el legajo de Media Agua S.A., de donde surge como presidenta de la sociedad la Sra. Alicia B. Rodríguez y como apoderados de la firma los Sres. Fernando J. Berdichevsky, Claudia J. Berdichevsky e Ivana N. Berdichevsky. Luego, los agentes fiscalizadores cursaron una citación a la presidenta de Media Agua S.A., la cual no fue contestada.
A su vez, se cursaron citaciones a los apoderados de Media Agua S.A., a través da las cuales se les requirió documentación respaldatoria respecto de las operaciones comerciales efectuadas con Adama (ex Magan) durante el período fiscal 2005; al vencimiento de las mismas la Sra. Claudia J. Berdicevsky manifestó a los inspectores actuantes que solamente se encargó de la constitución de la Sociedad Media Agua S.A. y de la inscripción de la misma en AFIP, mientras que otra apoderada -Sra. Ivana N. Berdichevsky- alegó que nunca hizo ningún acto de gestión, que tampoco tuvo relación con los accionistas de Media Agua S.A., y que además desconoce a la contribuyente Adama (ex Magan).
Por otra parte se constató que la sociedad, nunca presentó las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias desde su fecha de inscripción (17/10/03), no posee personal bajo relación de dependencia, la última declaración jurada presentada relativa al IVA corresponde al período fiscal 07/2005, presentó las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 04/05 a 07/05 sin movimientos y en el período fiscal 01/05 declaró un monto de débito fiscal inferior al que surge de las operaciones registradas por Adama (ex Magan), y no posee bienes registrables (inmuebles, automotores, etc.)
Con relación a la sociedad Kroten S.A., los agentes fiscalizadores pertenecientes a la Dirección Regional Rosario, en el marco de una investigación llevada a cabo, con fecha 15/11/05, cursaron un requerimiento en el domicilio fiscal de la firma, sito en Avda. Belgrano N° 656, piso 2°, departamento 217, Pcia. de Santiago del Estero, siendo el mismo recibido en dicho domicilio, pero no contestado a su vencimiento. Posteriormente, en fecha 25/01/06, se reiteró dicha requisitoria en el mencionado domicilio, la cual tampoco fue contestada.
Los inspectores también concurrieron al domicilio fiscal de la firma advirtiendo que en el mismo se halla un local cerrado y sin elementos que acrediten su funcionamiento.
En atención a la consulta realizada al Sr. Pablo M. Marteler, presidente de la firma propietaria de la oficina ubicada en la Avda. Belgrano N° 656, piso 2°, departamento 217, Pcia. de Santiago del Estero, aquel manifestó que no tiene ningún vínculo con la firma Kroten S.A. y que solamente una vez se contactó con el presidente de la firma el Sr. Chilifoni Gustavo, en oportunidad de la firma de un contrato de locación del local en Avda. Belgrano N° 656, piso 2°, oficina 217, Santiago del Estero, indicando que en dicho domicilio se observaban movimientos temporarios, y por pedido de la firma Kroten S.A., en fecha 14/04/2006 se resolvió rescindir el mencionado contrato de locación.
Con fecha 06/04/2006, los agentes intervinientes concurrieron también a otro domicilio informado por la firma en cuestión, sito en Avda. Córdoba N° 4159, P.B. 'B', de la C.A.B.A., constatándose que en dicho lugar desarrolla actividades comerciales otra firma.
Se indica que se cursaron sendas citaciones a los integrantes de la firma Kroten S.A.; a los Sres. Chilifoni Gustavo A. (C.U.I.T. N° 20-25324301-6) y Derndich Fernando O. (C.U.I.T. N° 20-06061135-2) en sus respectivos domicilios fiscales, no cumpliendo con las mismas al día de la fecha.
Al respecto, en el marco de la respectiva orden de intervención los agentes fiscalizadores verificaron que la firma en cuestión no posee bienes registrables (inmuebles, automotores, etc., que con relación al Impuesto a las Ganancias presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2004 sin declarar movimiento alguno y no presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2005; que con respecto al IVA, presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 09/05 sin consignar dato alguno en la misma y no presentó la declaración jurada correspondiente al período fiscal 11/05 -períodos en los cuales la rubrada registró operaciones con Adama (ex Magan), tampoco practica retenciones y no declara empleados bajo relación de dependencia. En ese sentido, como consecuencia de la investigación antes indicada, se determinó con fecha 05/09/2005 la exclusión de Kroten S.A. del Registro Fiscal de Operadores de Granos, cargándose a la Base Apoc desde el 08/01/2005.
A mayor abundamiento, en las actuaciones a fs. 1 a 17 del cuerpo Antecedentes y fs. 351 a 363 del cuerpo II del IVA- obran informes en los que se analizó la operatoria comercial Kroten S.A. de acuerdo a las actividades que declara (ventas al por mayor), y se concluye que no tiene capacidad operativa para comercializar el volumen de granos facturado en sus comprobantes.
Los principales transportistas consultados informaron que no haber tenido relación comercial ni con la firma Magan Argentina S.A., ni con Kroten SA y tampoco con Media Agua SA (cfr. cuerpo Circularizaciones Transportistas).
En virtud de las anomalías reseñadas la auditoría interviniente consideró que la responsable no probó fehacientemente las operaciones concertadas con las supuestas sociedades proveedoras Kroten SA y Media Agua SA.
Ello así, se consideró improcedente el cómputo de los créditos fiscales relacionados con dichas operaciones en virtud de lo formado por el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t.o. en 1997 y sus modific.), correspondiendo la suma de $ 51.580,96 crédito computado por compras a la firma Media Agua SA en los períodos fiscales enero, febrero y marzo de 2005 y el importe de $114.377,71 crédito producto de las compras que la responsable registró como efectuadas a la firma Kroten SA en los períodos fiscales septiembre, octubre y noviembre del mismo año.
En esta línea argumentativa, se sostiene que, las sociedades proveedoras cuyo crédito fiscal fue objetado no tienen capacidad operativa ni económica para vender los granos y agroquímicos, hecho que sumado al endeble circuito de pagos sólo permite concluir que las operaciones en cuestión no pudieron haber sido realizadas por éstas en razón de la imposibilidad material de ello.
V.-Que, según lo expuesto, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores cuestionados se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los proveedores declarados con quien se habría comercializado los bienes la recurrente.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos.
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinada a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última. Por lo tanto, debe determinarse si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la entrega efectiva de los bienes comercializados por parte del proveedor cuestionado que surgen de los comprobantes y su real representación en los créditos fiscales declarados. Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real, siendo este último el supuesto a considerar en los presentes actuados.
Con respecto a la pericia realizada (fs. 231 y sgtes.), la misma hace referencia esencialmente a la formalidad de los comprobantes respaldatorios y al registro contable de la misma, mas no arroja elementos concretos que permitan derribar las graves observaciones formuladas por el Organismo recaudador en cuanto a que los proveedores observados tuvieran la suficiente capacidad económica y operativa para encarar las operaciones cuestionadas respecto de la recurrente. Como se dijo anteriormente, en este caso no se discute la existencia de las operaciones en sí, lo que se pone en tela de juicio es que realmente sean estas firmas las reales proveedoras de los productos que constan en los comprobantes y que dieron lugar al cómputo de los créditos fiscales en IVA. Cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, le asiste razón al Fisco Nacional, en el sentido que no corresponde el cómputo de créditos fiscales en IVA en razón de no cumplir las condiciones mencionadas en el art. 12 de la ley del gravamen, dado que quedó demostrado que los proveedores observados no tienen capacidad económica ni operativa suficiente para encarar las operaciones en crisis, por lo cual corresponde confirmar el ajuste, con costas a la vencida.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada N° 317/2011 (DV RRIIP), con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.11.13 10:13:35 ART Date: 2023.11.13 11:49:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.13 12:50:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.13 12:50:52 -03:00
Fin de la sentencia