Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.752-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 1003/2012 (AD SALO), dictada en la Actuación SIGEA N° 12509- 561-2007 (057-SC-66-2011/5), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana ALICIA VICTORIA FANJUL, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 954, ap. l, inc. c) del C.A., declarando que el importe de la misma asciende a la suma de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos veintidós con 50/00 ($ 324.322,50.-), por aplicación del art. 917 del C.A.
2Costas conforme los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 25% a cargo de las coactoras y en un 75% a cargo del fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-144291116-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Diciembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expte. N° 32.752-A: “CARGILL S.A.C.I. c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 1003/2012 dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en las actuaciones Nro. 057-SC-66-2011/5, por la que se resolvió condenar a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante ALICIA VICTORIA FANJUL al pago de una multa por la suma de $ 1.297.290 por considerar configurada a su respecto la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inciso c) del C.A., ello en relación a la operación documentada mediante el PE N° 07 057 EC01 007031 J.
II. Fundamentos del recurso: Que a fs. 16/27 se presentan CARGILL S.A.C.I. y (en otrosí digo) la despachante ALICIA VICTORIA FANJUL mediante apoderado y con patrocinio letrado, e interponen recurso de apelación contra la resolución referida en el considerando anterior. En primer lugar, la firma exportadora efectúa una completa reseña de los hechos antecedentes del caso y, a continuación, pasa a fundamentar los agravios. Sostiene que por un error involuntario declaró un valor FOB de U$S 3.925.000 cuando correspondió haber declarado la suma CFR total de U$S 4.340.000, pese a lo cual considera que no se perfeccionó la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. Cita el artículo en cuestión. Manifiesta que la figura requiere una inexactitud en la destinación aduanera y que la declaración debe diferir del resultado de la comprobación. Añade que esa diferencia debe provocar real o potencialmente algunas de las consecuencias previstas en la norma. Entiende que la autodenuncia presentada “neutralizó” la posibilidad de que el error involuntario cometido produjera o hubiese podido producir el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. Solicita la aplicación en subsidio del beneficio de la autodenuncia prevista en el art. 917 del C.A. y fundamenta in extenso su procedencia. Cita el art. 917 del C.A. y el art. 1 del Decreto 142/2010. Considera improcedente ubicar la presentación dentro del apartado 1 b) del artículo en comentario, toda vez que la comunicación se efectuó con posterioridad al libramiento de la mercadería y entiende que la asignación de canal naranja no puede ser utilizada para negar la aplicación del beneficio bajo la excusa de que había en curso un proceso de inspección aduanera. Cita abundante jurisprudencia y doctrina. Subsidiariamente, solicita la atenuación de la multa mínima por aplicación de los arts. 915 y 916 del C.A. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas. Por su parte, la despachante adhiere a los argumentos y planteos realizados por la firma exportadora. Agrega que actuó conforme las instrucciones impartidas por aquella y que ha cumplido con los deberes a su cargo. Finalmente solicita se disponga su sobreseimiento.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 35/39 se presenta la representante fiscal y contesta el traslado del recurso interpuesto. En primer lugar, relata muy brevemente los hechos y seguidamente, efectúa la negativa genérica de rigor, negando todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Hace referencia a que la firma habría excedido el porcentaje de tolerancia de la DJVE y que de conformidad con la normativa aduanera ante dicha diferencia se configura la inexactitud y que la misma resulta punible. Sostiene que el C.A. mantiene para los delitos la exigencia de dolo o culpa en la conducta punible, mientras que respecto de las infracciones con la transgresión ya se produciría su tipificación. Cita jurisprudencia relativa a la infracción prevista en el art. 954 del C.A. Refiere a la consecuencia prevista en el tipo infraccional en trato en relación al egreso hacia el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente correspondía, y a su vez, menciona el riesgo de provocar un perjuicio fiscal (circunstancia que no resulta parte de la imputación de autos). Insiste en que la firma documentó mercadería en más de la tolerancia permitida. Afirma que la presentación efectuada por la actora en los términos del art. 917 del C.A. resulta extemporánea en relación con lo previsto en el art. 1 b) y apartado 2. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12509-561-2007 (057-SC-66-2011/5) se inician a fs. 1 con la presentación efectuada por CARGILL S.A.C.I. de fecha 25/10/07 en los términos del art. 917, segundo párrafo del C.A. A fs. 3/6 se agregan copias autenticadas de la siguiente documentación: PE N° 07 057 EC01 007031 J, DJVE LEY 21.453 SIM N° 07 052 DJVE 001253 W, DJVE AGRIC N° 00060597 y Declaración de los elementos relativos al valor de exportación. A fs. 7 luce la Nota N° 1216/2007 (R) de fecha 15/11/07. A fs. 8 luce la Nota N° 279/08 (“V”) de fecha 03/07/08. A fs. 10 luce presentación del despachante en fecha 21/11/08, solicitando rectificación del PE a fin de poder cumplimentar con la normativa vigente en dicho momento emanada del BCRA.
A fs. 22 luce cuadro en referencia al PE cuestionado informando estado “Incumplido Reportado”. A fs. 23/34 obran copias autenticadas de la siguiente documentación: print de pantalla de la operación 00186907 de fecha 29/10/07 por la suma de U$S 4.340.000, carta de instrucción al Banco HSBC, boleta del BCRA por la venta de divisas, Formulario de requerimiento del Banco, factura de exportación N° 9880-00003211, PE N° 07 057 EC01 007031 J, presentación en los términos del art. 917 2do párrafo del C.A. y PE N° 08 057 EC01 001692. A fs. 35 luce la Nota N° 177/11 (AFORO “V”) de fecha 18/04/11. A fs. 36 obra la liquidación manual N° 07057LMAN006251G en concepto de derechos de exportación con estado “PAGADA”.
A fs. 37/39 luce la denuncia asignada en el SIM con fecha 25/10/07. A fs. 40/41 se dicta la Resolución N° 233/2011 (AD SALO) de fecha 27/04/11 mediante la cual se resuelve no hacer lugar a la autodenuncia presentada, aperturar sumario contra la exportadora y la despachante por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. y correr vista de lo actuado, informando el importe de la multa por la suma de $ 1.297.290. A fs. 46 luce la constancia de correo argentino notificando a la despachante en fecha 06/05/11. A fs. 48/52vta., con fecha 20/05/11, contestan la vista la firma exportadora y la despachante en fecha 20/05/11. A fs. 68/85 lucen copias de la siguiente documentación acompañada por la firma: DJVE AGRIC N° 00060597, PE N° 07 057 EC01 007031 J, DJVE SIM N° 07 052 DJVE 001253 W, Factura de exportación N° 9880-00003211, print de pantalla de la operación 00186907 de fecha 29/10/07 por la suma de U$S 4.340.000, carta de instrucción al Banco HSBC, boleta del BCRA por la venta de divisas, Formulario de requerimiento del Banco, factura de exportación N° 9880-00003211, PE N° 07 057 EC01 007031 J, y presentación en los términos del art. 917 2do párrafo del C.A.
A fs. 87/88, con fecha 12/08/11, se tiene por presentada a CARGILL SACI y a la despachante, y por acompañada la prueba documental. A fs. 93/102 obra el dictamen N° 221/12 (DV JRRO) de fecha 06/09/12. A fs. 104 luce presentación de fecha 15/03/12 mediante la cual la firma exportadora solicita la urgente rectificación del PE involucrado. A fs. 106/122 obran las constancias obtenidas de la consulta al registro de infractores. Finalmente, a fs. 123/126 luce la resolución aduanera aquí apelada.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción de declaración inexacta prevista y penada por el artículo 954 inciso c) del Código Aduanero, en relación a la mercadería documentada en el PE N° 07 057 EC01 007031 J por la firma CARGILL S.A.C.I.
Que el artículo 954 del C.A. -en lo que aquí interesa- textualmente dice: “1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) c) El ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia…”.
Que la figura en comentario requiere entonces, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma sea idónea para producir alguno de los efectos previstos en la propia norma.
Que del análisis de la documentación agregada por la aduana (fotocopia autenticada de la destinación de exportación obrante a fs. 3/6 de las act. adm.) y la acompañada por la firma en el trámite del sumario (ver fs. 68/85 de las act. adm.), la cual se tuvo por acompañada y cuya validez no ha sido cuestionada por el servicio aduanero, surge que mediante el referido permiso de embarque (oficializado con fecha 24/07/07 y que tramitara bajo canal naranja de selectividad), CARGILL S.A.C.I. documentó la exportación a consumo de 5.000 toneladas de la mercadería clasificada en la PA N° 1507.10.00.100Q (“A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE.”), declarando condición de venta FOB, y un valor FOB total de U$S 3.925.000 (precio unitario U$S 785). Sin embargo, de la factura de exportación N° 9880-00003211 surge que la misma se confeccionó por la cantidad de 5.000 toneladas de la mercadería “ACEITE CRUDO DE SOYA, A GRANEL” por un valor total de U$S 4.340.000, al que se arriba por la suma de un valor FOB de U$S 3.990.000 (precio unitario U$S 798) y el flete de U$S 390.000.
Que conforme surge de la compulsa de las actuaciones administrativas, la firma CARGILL S.A.C.I. efectuó con fecha 25/10/07 una presentación ante la Aduana de San Lorenzo, en relación al PE N° 07 057 EC01 007031 J, informando que había declarado “… por error una condición de venta FOB por un valor FOB total de U$S 3.925.000, cuando en rigor la condición de venta correspondiente debió haber sido CFR con un flete total de U$S 350.000 (U$S 70/tm), por un valor unitario de U$S 798 y un valor FOB total en divisas de U$S 3.990.000.- …”.
Que dicha presentación fue efectuada por la firma exportadora a modo de autodenuncia, en los términos del art. 917, segundo párrafo del C.A. A su vez, con fecha 21/11/2008 solicitó validar la rectificación del permiso de embarque cuestionado y acompañó la impresión provisoria del PE N° 08 057 EC01 001692 (fecha oficialización 14/11/2008) en el cual declaró la exportación a consumo de la misma cantidad de mercadería que en el PE denunciado, declarando la misma PA y consignando la misma DJVE, aunque declarando esta vez la condición de venta CFR, un precio unitario de U$S 798, un valor FOB total de U$S 3.990.000 y un flete total de U$S 350.000. Por último, con fecha 15/03/2012, volvió a solicitar la urgente rectificación del permiso de embarque. Que, sin embargo, el servicio aduanero rechazó la autodenuncia presentada por la exportadora por considerar que fue realizada ya habiéndose dado a conocer que la declaración debía someterse al control documental, y procedió a efectuar la denuncia y a aperturar el sumario correspondiente, por considerar que el hecho era configurativo de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. Imputación que finalmente fuera confirmada en la resolución aduanera aquí apelada, al igual que el rechazo de la autodenuncia.
Que, de esta manera, resulta evidente que en el caso CARGILL S.A.C.I. consignó en la destinación aquí cuestionada en forma errónea el precio unitario y el valor FOB total, a la vez de no haber declarado correctamente la condición de venta (CFR) que implicaba añadir el importe correspondiente al flete, de conformidad a lo consignado en la factura de exportación N° 9880-00003211, acompañada en oportunidad de contestar la vista en sede aduanera (ver fs. 73 de las act. adm.).
Que dicha diferencia entre lo declarado y lo comprobado resulta per se constitutiva de la declaración inexacta del art. 954 del C.A., con la potencialidad –en base a los conceptos declarados- de haberse podido ingresar un importe distinto del que correspondía. No obstante, debe analizarse tanto la pertinencia de la autodenuncia presentada por CARGILL S.A.C.I. como la validez del pedido de rectificación del permiso de embarque.
VI. Que, de este modo, corresponde analizar lo preceptuado por los arts. 322 y 917 del Código Aduanero. Que el art. 322 en su redacción actual (reforma introducida por la ley 25.986 B.O. 05/01/2005), aplicable al caso, dispone que: “1.- El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella y fuera solicitada con anterioridad: a) A que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la mercadería; o b) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados. 2.- La rectificación, modificación o ampliación también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1, con posterioridad al libramiento y hasta: a) la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inmediato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática o aérea; o b) que el último control de la aduana de frontera hubiese autorizado la salida del medio de transporte, cuando se utilizare la vía terrestre. 3.- Asimismo, el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera siempre que la misma no configure delito o infracción.”.
Por su parte, el art. 917 en cuanto aquí interesa, dispone: “ 1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: a) Éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) En el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. 2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación. (...)". Que corresponde analizar en primer lugar si es posible o no rectificar válidamente la declaración cuando, como en el caso de autos, la respectiva solicitud se efectuara aún tiempo después del embarque, habiendo mediado canal naranja, con el cumplido del permiso de embarque que denota una intervención aduanera y sin que la aduana de ningún modo -al momento de la solicitud de rectificación y según se desprende de las constancias de lo actuadohubiera advertido la diferencia o hubiera habido un principio de inspección aduanera. Debe tenerse en cuenta que la aludida rectificación significa modificar o alterar la declaración que en principio es inalterable (y que contiene una inexactitud) ello a fin de evitar el efecto de la declaración inexacta (es decir de evitar su punibilidad prevista en el tipo del art. 954 del C.A.)
Que, en concordancia con otros antecedentes con origen en esta misma Sala (TF N° 26.777-A “Molino Cañuelas SACIFIA c/DGA s/Rec de apelación” Sent. 27/12/2016; TF N° 29.461-A “Malefu Agropecuaria SRL c/DGA s/Rec de apleación” Sent. 03/08/2018) cabe señalar que en virtud de la explícita finalidad del texto del art. 322, para poder rectificar a los fines y efectos allí previstos, se requiere la reunión de dos tipos de requisitos: uno material (que la inexactitud sea comprobable de la simple lectura de la declaración o de los documentos complementarios a ella), y el otro temporal (cual es que la solicitud de rectificación sea efectuada con anterioridad a que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental -canal naranja- o a la verificación de mercadería -canal rojo-, a que al libramiento se hubiera exceptuado de los controles antes mencionados, o con posterioridad al libramiento y hasta la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inmediato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática o aérea, o hasta que el último control de la aduana de frontera hubiese autorizado la salida del medio de transporte, cuando se utilizare la vía terrestre).
Que, en tanto no se da aquí el caso de que la inexactitud del valor declarado resultara de la propia declaración, y entendiendo –conforme pacífica jurisprudencia- que la factura comercial no constituye documentación complementaria exigible a dicho efecto (salvo en los supuestos excepcionales dispuestos por la reglamentación), no se cumple el aludido requisito material.
Que, en el caso, la inexactitud objeto de la infracción endilgada, resulta comprobable del cotejo del permiso de embarque y de la documentación acompañada al momento de contestar la vista respectiva, entre la que se encuentra la factura comercial N° 9880-00003211, cuya copia -no controvertida por el servicio aduanero- obra a fs. 73 de las actuaciones administrativas.
Que, por lo expuesto ut supra, la cuestión se reduce ahora en determinar si se ha cumplido -o no- con el indicado requisito temporal.
Que, en cuanto a éste, y tal como lo expuse, es necesario a fin de que el servicio aduanero autorice la rectificación, que la misma sea solicitada con anterioridad a la asignación de canal (sea este naranja o rojo) o a que, al libramiento, la aduana no hubiera advertido de cualquier modo la diferencia. Asimismo, que la misma sea solicitada con posterioridad al libramiento, pero con anterioridad a la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inmediato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática, o antes de que el último control de la aduana de frontera hubiese autorizado la salida del medio de transporte, cuando se utilizare la vía terrestre.
Que, sin embargo, lo expuesto no obsta a su aplicación extensiva al supuesto del artículo 917 del C.A. En definitiva, el impedimento ha quedado limitado sólo a que el servicio aduanero hubiera advertido la diferencia o a que hubiera un principio de inspección aduanera, quedando eliminado el impedimento referido al inicio de los actos preparatorios del despacho. Luego, si el requisito quedó sólo en que la solicitud se efectuara antes de que la Aduana advirtiera la diferencia, mientras esa advertencia (principio de inspección) no se diera, se puede válidamente solicitar rectificación del art. 322, o aún rectificar mediante autodenuncia (art. 917 del C.A.), lo cual lógicamente puede darse -después de la asignación de canal verde- tanto antes del despacho como después del mismo. Finalmente, de tal modo, la asignación de canal de selectividad siguió siendo equivalente al inicio de los actos preparatorios del despacho sólo cuando esa asignación fuera de canal rojo o naranja, pero no cuando la asignación fuera de canal verde. Consecuentemente, después de la reforma introducida al Código Aduanero mediante ley 25.986, no es posible rectificar después de la asignación de canal rojo o naranja- aunque sí cuando se asignó canal verde- salvo que en la consecuente verificación y/o control no se detectara la diferencia. Que, por lo expuesto, habiéndose asignado canal naranja a la destinación objeto de la endilgada declaración inexacta, entiendo que no es tempestiva la solicitud de rectificación del art. 322 del C.A..
Que, en cuanto a la pertinencia de la presentación efectuada con motivo de la autodenuncia de la firma CARGILL S.A.C.I., resulta oportuno señalar que conforme surge de la resolución que dispuso la apertura del sumario, el hecho cuestionado fue puesto a conocimiento de la Aduana a través de la actuación SIGEA N° 12509-561-2007 y que “… la misma se inicia con nota de la firma CARGILL S.A.C.I. …”. Es decir que si bien no obra agregada la denuncia respectiva, el sumario administrativo se inició recién en fecha 27/04/2011 (ver fs. 40/41), con holgada posterioridad a la autodenuncia presentada por CARGILL S.A.C.I. de fecha 25/10/2007 (ver fs. 1 de las act. adm.) y a la primera solicitud de rectificación de fecha 21/11/2008 (ver fs. 10 de las act. adm.). En consecuencia de lo expuesto, no surge de los actuados que se hubiera estado sustanciando un proceso de inspección aduanera con anterioridad a la presentación espontánea de fecha 25/10/2007, pues, de la sola intervención de un guarda en el trámite del despacho de las mercaderías, no se deriva la existencia de una inspección aduanera postlibramiento. En efecto, el servicio aduanero tomó conocimiento de la infracción realizada a partir de esa comunicación de la empresa involucrada. (Conf. Sent. de fecha 19/04/2018 Sala F, Expte. N° 33.406-A “CARGILL S.A.C.I. c/D.G.A. s/apelación”)
Que, sobre la base de lo analizado hasta el momento, corresponde tener en cuenta que, en el caso de autos, el permiso de embarque involucrado tramitó por canal naranja y no por canal rojo, es decir sin verificación física o material de la mercadería. Luego, efectivamente fue posible su posterior rectificación válida (en el caso, sólo por “autodenuncia”, en razón de la carencia del requisito sustantivo o material, carencia prácticamente forzosa por ausencia de reglada documentación complementaria al presentarse la solicitud de destinación).
Que la asignación de canal naranja, y por ende su control documental, de ningún modo pudo obstar -tratándose de exportación- a la válida rectificación por el art. 917 del C.A., sencillamente por dos razones: 1) una, porque los únicos documentos que en el caso podían ser objeto de control documental del canal naranja era la propia solicitud de exportación, pues ya se vio que tratándose de exportación, no había junto con el PE presentación de otra documentación, solicitud en la cual venía consignado el valor declarado, el cual no fue objeto de observación alguna (pudiéndolo haber sido dadas las facultades aduaneras al respecto); 2) y la otra porque por eso mismo la aduana no advirtió la diferencia (y nunca la advirtió hasta que fue la firma exportadora quien la dio a conocer, precisamente mediante la presentación que entiende como válida autodenuncia del art. 917). (Conf. “COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 31.935-A (y acumulado “Cortes Fernando c/D.G.A s/Recurso de Apelación” Expte. N° 31.936-A), Sala G, Sent. 07/07/2021)
Que cabe reiterar que en el caso, como se dijo, faltaba el requisito material (para la rectificación en los términos del art. 322 del C.A.), por cuanto la factura comercial (la que a la postre presentó la firma exportadora) no es documentación complementaria (esto es, documentación a presentar junto con el PE) exigible en exportación, pero sólo en caso de presentarse la solicitud (y liquidación, posterior al embarque y a la efectiva exportación) de estímulos, lo que no se dio en el caso de autos. Tampoco, obviamente la inexactitud resultaba de la propia declaración.
Que, en tales circunstancias, la coactora exportadora pudo válidamente autodenunciar la aludida diferencia de precio en los términos del art. 917 del C.A., para lo cual presentó la copia de la factura que instrumentara el precio real, sin que tenga -a mi juicio- relevancia alguna para la cuestión de hecho el tiempo transcurrido hasta la formalización de la autodenuncia, pues lo que en tal hipótesis requiere el instituto es -solamente- el requisito temporal, el cual, en las explicitadas circunstancias del caso se cumplía, meramente con la presentación anterior a que la aduana hubiera advertido la diferencia autodenunciada.
Que, a mayor abundamiento, señalo que siendo que en el caso la operación fue documentada en el año 2007, no resulta de aplicación el plazo dispuesto por el Decreto N° 142/2010 (que entrara en vigencia el 16/02/2010) el cual exige además que la autodenuncia formulada post libramiento, sea hecha dentro del plazo de 30 días.
VII. Que, en consecuencia, cabe concluir que -en el caso- la firma exportadora solicitó válidamente la rectificación del PE en cuestión en los términos del art. 917 del C.A., ello así por cuanto, conforme el análisis efectuado precedentemente, la coactora exportadora en su solicitud -sin contar con el aquí denominado requisito material- cumplió con el denominado requisito temporal. Por ello, en el caso correspondió aplicar a las corecurrentes el efecto previsto en el mentado art. 917 del C.A., esto es una multa del 25% del importe de la multa mínima; correspondiendo modificar la condena impuesta a la exportadora y a la despachante.
VIII. Que, con respecto a la responsabilidad de la despachante de aduana, coactora en los presentes autos, cabe señalar que el despachante no sólo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero. Que debe tenerse presente que, dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del “despacho en confianza” y su correlativa “declaración aduanera previa”, es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la del mero auxiliar de comercio. (Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129).
Que la importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II, “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero", Capítulo Primero, despachantes de aduana, señalando -entre otras cosas- que se evidencia (...) que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del Fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan.
Que, debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le exigen para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca -en cuanto aquí interesa- la exigencia de “... haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren…” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A.-. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera. Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica -tanto en el ámbito del Derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho público, frente al servicio aduanero-. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de técnico asesor del comercio exterior.
Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A., resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
Que, si bien, conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, dicho profesional no acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliar del servicio aduanero. Que cabe destacar que, para un adecuado ejercicio de sus funciones, el despachante hubiera debido extremar los recaudos a fin de comprometer una manifestación veraz, toda vez que, debió saber, debido a su profesión, el modo en que la operación de autos debía ser declarada, resultando desacertado el modo en que llevó a cabo la declaración.
Que, precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el actual art. 1725 del Cód. Civ. y Com. (anterior art. 902 Cód. Civ.), conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Que, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Que, por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida (art. 954, ap. 1, inc c), del C.A.)
IX. Que en virtud de cómo se resuelve la presente estimo conveniente imponer las costas conforme los respectivos vencimientos las que se imponen en un un 25% a cargo de las coactoras y en un 75% a cargo del fisco (art. 1163 del C.A.). Imposición de costas que, por lo demás, fuera confirmada por la Sala III de la CNACAF en un caso análogo al de autos (Sent. 17/11/2022 “COMPAÑÍA MINERA AGUILAR SA (TF 31.935-A Y ACUM TF N° 31.936-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”)
X. Que en consecuencia, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 1003/2012 (AD SALO), dictada en la Actuación SIGEA N° 12509- 561-2007 (057-SC-66-2011/5), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana ALICIA VICTORIA FANJUL, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 954, ap. l, inc. c) del C.A., declarando que el importe de la misma asciende a la suma de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos veintidós con 50/00 ($ 324.322,50.-), por aplicación del art. 917 del C.A.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 25% a cargo de las coactoras y en un 75% a cargo del fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente, el relato de los hechos reseñados y los argumentos jurídicos manifestados con respecto a la infracción por declaración inexacta, finalmente endilgada a la actora y a la despachante de aduana involucradas mediante el voto del vocal preopinante. A su vez, aclaro que mi posición no difiere de aquella adoptada por mi colega con relación a la necesidad de confirmar parcialmente la resolución apelada. No obstante, encuentro necesario plasmar ciertas aclaraciones con relación a algunos de los razonamientos manifestados por la citada preopinión.
Sobre la base de los argumentos y elementos de prueba oportunamente presentados por cada una de las partes, luego de haber constatado la existencia de una declaración inexacta, corresponde determinar si, como resultado de las presentaciones escritas efectuadas ante el servicio aduanero entre el 25 de octubre de 2007 y el 15 de marzo de 2012, la firma exportadora se vio finalmente beneficiada por lo dispuesto en los arts. 322 y 917 del C.A.
II. En lo que respecta a lo estipulado por el art. 322 del C.A., a los fines de subsanar el o los errores cometidos sobre la declaración comprometida, y así evitar el ser pasible de la sanción correspondiente, la solicitud de rectificación se encontrará en condiciones de surtir todos sus efectos jurídicos en tanto y en cuanto cumpla con los siguientes dos requisitos: el primero, de carácter material, consistente en que el error en cuestión surja de manera manifiesta, por la simple lectura del propio documento en que se instrumenta la declaración, o de la de los documentos complementarios anexos a ella (art. 322, apartado primero, del C.A.); el segundo, de carácter temporal, según el cual la solicitud de rectificación deberá llevase a cabo con anterioridad: a) a que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental (canal naranja) o a la verificación de la mercadería (canal rojo) (art. 322, primer párrafo, inc. a), del C.A.); b) o al libramiento, si la operación de exportación se la hubiera exceptuado de los controles mencionados con anterioridad (art. 322, apartado primero, inc. b), del C.A.). También podrá solicitarse la correspondiente rectificación con posterioridad al libramiento de la mercadería, pero previo a: c) la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inmediato al exterior, en aquellos casos donde se emplee la vía acuática o aérea (art. 322, apartado segundo, inc. a), del C.A.) o; d) que el último control de la aduana de frontera hubiera autorizado la salida del medio de transporte, cuando se utilizare la vía terrestre (art. 322, apartado segundo, inc. b), del C.A.). Ambos requisitos, tanto el material como el temporal, son acumulativos y, por consiguiente, la falta de cumplimiento de alguno de ellos traería como resultado la invalidez de la solicitud.
Al analizar los hechos involucrados en el sub lite sobre la base de lo estipulado por el art. 322 del C.A., ninguno de los requisitos descriptos con anterioridad podría ser constatado. En efecto, con relación aquel de naturaleza material, la inexactitud en los importes involucrados hubiese podido ser constatada en tanto y en cuanto el servicio aduanero hubiese tenido a su disposición la factura correspondiente. Sin embargo, de acuerdo con la reglamentación vigente al momento de efectuarse la operación de exportación bajo análisis (Resolución General 1921 del 4 agosto de 2005), la factura, si bien es considerada como una documentación complementaria a la destinación cuya presentación pueda ser exigida por el servicio aduanero (ibid., punto 1.1.5), no es estimada como un documento que prima facie deba acompañar la declaración comprometida (ibid., punto 2.1). A través del examen de las actuaciones administrativas correspondientes al presente caso, se constata que el servicio aduanero, al momento de llevar a cabo el control documental pertinente, no disponía de la factura correspondiente y, como consecuencia de ello, no contaba con la posibilidad de comprobar la inexactitud de la simple lectura de la declaración aduanera o de la de los documentos complementarios anexos a ella. De esta manera, al no haberse cumplido con uno de los requisitos exigidos por el art. 322, primer párrafo, del C.A., la firma exportadora no se encontraba en condiciones de verse beneficiada por su solicitud de rectificación.
Sin embargo, a título de obiter dictum, resulta útil constatar que la solicitud de rectificación tampoco cumplía con el requisito de carácter temporal. Efectivamente, como ya tuvimos oportunidad de examinar, según lo estipulado por el art. 322, segundo párrafo, inc. a), del C.A., la rectificación que se realice con posterioridad al libramiento, estará en condiciones de surtir todos sus efectos jurídicos en tanto y en cuanto se haya llevado a cabo con anterioridad a la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte cuando este último se efectúe por vía marítima. En el sub examine, la primera solicitud de rectificación tuvo lugar, por parte del exportador, el 21 de noviembre de 2008, es decir, dieciséis meses a posteriori de la carga de la mercadería en la embarcación Cape Beira (ver reverso de la declaración de exportación a consumo n° 07 057 EC01 007031 J, del 24 de julio de 2007 (a fs. 3 vta. de la actuaciones administrativas), donde se constata, por parte del servicio aduanero, que la carga de la mercadería bajo examen se llevó a cabo el 29 de julio de 2007).
III. Si finalmente la solicitud de rectificación presentada por la firma exportadora el 21 de noviembre de 2008 no pudo surtir sus efectos jurídicos por no cumplir con los requisitos expresamente determinados por el art. 322 del C.A., resta examinar si el acto de autodenuncia, exteriorizado por la empresa CARGILL el 25 de octubre de 2007 pudo llegar a beneficiarla en virtud del art. 917 del C.A.
A partir de la reforma implementada a través de la Ley 25.986, cuyo texto fue finalmente publicado en el Boletín Oficial el 5 de enero de 2005, la versión actual del instituto de la autodenuncia, regulado a través de la disposición bajo análisis, establece la posibilidad, a favor del administrado, de presentarse espontáneamente ante la autoridad aduana a los fines de informar un error en alguna de sus operaciones vinculadas a la exportación o importación de mercaderías. Como resultado de ello, se logra premiar al infractor que termina por inclinarse ante la ley, mediante una reducción en un 75% del importe mínimo de la multa aplicable y la no apertura del sumario correspondiente. No obstante, para que el acto de autodenuncia pueda desplegar los efectos jurídicos previstos por la norma jurídica, la presentación debe caracterizarse por su espontaneidad y la operación aduanera involucrada no debe encontrarse sometida a un proceso de inspección. En efecto, como bien lo mencionó la CSJN en su oportunidad, “[…] el beneficio de la reducción de la pena, previsto en la norma para los casos conocidos como de “autodenuncia”, procede únicamente cuando se den los recaudos de espontaneidad expresamente provistos en el precepto citado. Esta espontaneidad resulta manifiesta, según se desprende de las previsiones del legislador […] cuando el responsable se anticipa al servicio aduanero, antes que se realicen actividades que permitan comprobar la inexactitud, pone en su conocimiento la existencia de una diferencia” (Fallos: 315:919). Por consiguiente, de acuerdo con el primer apartado del art. 917 del C.A., la presentación debe ser realizada con anterioridad a que la Aduana hubiere advertido por cualquier medio la irregularidad denunciada y previo al otorgamiento del canal de selectividad. A su vez, a través de lo estipulado por su nuevo apartado, los beneficios de la norma surtirán todos sus efectos aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que se hayan verificado, en forma acumulativa, los siguientes dos requisitos: a) que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y; b) que el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación (art. 917, apartado segundo, del C.A.).
Al adentrarnos en los hechos involucrados en el presente caso, se llega a constatar que la autodenuncia fue finalmente presentada ante el servicio aduanero el 25 de octubre 2007. Por otra parte, se observa que entre la operación de carga de la mercadería involucrada, llevada a cabo el 29 de julio de 2007 y la fecha mencionada con anterioridad, no se llega a verificar, mediante las actuaciones administrativas correspondientes, que se haya notificado o iniciado un proceso de inspección sobre la firma exportadora por parte del servicio aduanero. A mayor abundamiento, la apertura del sumario por la presunta comisión de la infracción tipificada mediante el art. 954, apartado primero, inc. c), del C.A., se efectuó el 27 de abril de 2011, mediante la resolución 233/2011 (AD SALO); es decir, tres años y seis meses a posteriori de la presentación de autodenuncia presentada por la firma exportadora. En base a los hechos mencionados con anterioridad, resulta por demás claro que la autodenuncia incoada oportunamente por CARGILL cumplía con los requisitos estipulados por el régimen vigente (art. 917, apartado segundo, del C.A.) al momento de tener lugar los hechos involucrados en el presente caso y, como consecuencia de ello, la firma exportadora se encuentra en condiciones de verse beneficiada por la reducción en un 75% del importe mínimo de la multa correspondiente.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución n° 1003/2012 (AD SALO), dictada en la Actuación SIGEA n° 12509-561-2007 (057-SC-66-2011/5), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana ALICIA VICTORIA FANCUL, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., declarando que el importe de la misma asciende a la suma de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos veintidós con 50/00 ($ 324.322,50) por aplicación del art. 917 del C.A.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 25% a cargo de las coactoras y en un 75% a cargo del fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 1003/2012 (AD SALO), dictada en la Actuación SIGEA N° 12509- 561-2007 (057-SC-66-2011/5), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana ALICIA VICTORIA FANJUL, en forma solidaria, al pago de una multa por la infracción al art. 954, ap. l, inc. c) del C.A., declarando que el importe de la misma asciende a la suma de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos veintidós con 50/00 ($ 324.322,50.-), por aplicación del art. 917 del C.A.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 25% a cargo de las coactoras y en un 75% a cargo del fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.- Date: 2023.12.04 13:12:13 ART Date: 2023.12.04 13:17:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.04 13:53:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.04 13:53:23 -03:00
Fin de la sentencia