Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios, dejando a salvo que el saldo a favor determinado del período 2013 del Impuesto a las Ganancias es de $ 32.490.189,98. Con costas a la vencida.
Que a fs. 109/141 vta la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 77/2009 (DV DEOB) de fecha 23/06/2017 dictada por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP- DGI. El apelante impugna la mencionada Resolución relativa al Impuesto a las Ganancias –art. 37, salidas no documentadas- mediante la cual se determinó de oficio la obligacion de los periodos fiscales 12/2009 a1 12/2013 y 02/2014 estableciendo un impuesto a ingresar de $76.414.984,18 con más intereses resarcitorios por $167.743.723,13.
Que a fs. 270/298 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución 78/2017 (DV DEOB) de fecha 23/06/2017 dictada por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP- DGI. El apelante impugna la mencionada Resolución relativa al Impuesto al Valor Agregado mediante la cual se determinó de oficio respecto de los períodos fiscales 12/2009 al 06/2014 saldo técnico a favor del contribuyente y saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente. Que a fs. 633/662 vta la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución 76/2017(DV DEOB) de fecha 23/06/2017 dictada por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP- DGI. El apelante impugna la mencionada Resolución relativa al Impuesto las Ganancias por los períodos fiscales 2010 y 2011 las sumas de $15.887.207,31 y $35.234.610,51, respectivamente. Además en cuanto determina de oficio el saldo a favor de la contribuyente por los períodos fiscales de 2012 y 2013 las sumas de $339.685,66 y $12.746.631,53 respectivamente luego del cómputo de impuesto análogo pagado en el exterior, retenciones y/o percepciones, anticipos cancelados con creditos y saldos resultantes de la Res. 152/2015 (DV DEOB).
Manifiesta que las presentes actuaciones se originan en la inspección llevada adelante por la AFIP a 37 proveedores de Cargill, los cuales fueron algunos de los miles de proveedores que el contribuyente comercializa, la gran mayoría con destino a la exportación (en el mercado externo) y una marginal proporción en el mercado interno. En ese sentido expresa que los anexos de las Resoluciones mencionan que las actividades comerciales de los Proveedores Impugnados son aquellas vinculadas al comercio de granos. Este punto no es menor, considerando el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Stop Car S.A. (TF 26.815-1) Cl DGI” sentencia del 21/08/2013, en tanto se dijo que, además de las registraciones contables de las operaciones, no debe verificarse una discordancia entre la naturaleza de las actividades declaradas por los proveedores y los bienes vendidos o servicios prestados por ellos.
Sostiene que durante la fiscalización, los inspectores realizaron una revisión de las compras efectuadas a los proveedores impugnados, no encontrándose cuestionada la existencia de la mercadería comprada, ni el pago de tales operaciones a los Proveedores Impugnados mediante transferencias bancarias, ni la documentación respaldatoria aportada por Cargill (facturas, formularios 1116MB, cartas de porte -que muchos casos fueron emitidas por el Fisco-, contratos registrados antes las Bolsas de Cereales, contratos registrados ante la AFIP-DGI, comprobantes de retención, comprobantes de recepción de granos, extractos bancarios) ni las registraciones contables de la empresa.
Continúa diciendo que la impugnación se asienta sobre un único hecho presumido por el Fisco, el cual es que los proveedores impugnados no poseerían capacidad operativa y económica para realizar las operaciones declaradas ante el Organismo Fiscal, lo que traería aparejada la supuesta inexistencia de las operaciones de compraventa de granos. Ahora bien, la fiscalización actuante pudo identificar los Proveedores Impugnados como los vendedores de los granos comprados por Cargill y también pudo ubicar a la mayoría de ellos y las plantas que estos operaron en muchos de los casos. No obstante ello, los inspectores concluyeron que existirían algunas inconsistencias con relación a los Proveedores Impugnados, por lo que infirieron sin más que los Proveedores Impugnados carecerían de capacidad económica para haber participado de las operaciones de compraventa de cereales celebradas con su mandante. La conclusión del ente fiscal es que, puesta en duda la capacidad operativa de los Proveedores Impugnados para haber realizado tales comercializaciones, estos asumen la condición de proveedores apócrifos. Sobre tal base, la fiscalización pretendió reclamar los impuestos.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen:
Sostiene que el fisco impugna operaciones realizadas durante los años 2009 a 2014 y pretende ilegalmente que la actora, compradora de buena fe hubiera constatado algo que aparece hoy como una presunción del Fisco, cuando fue la propia AFIP quien convalidó la realización de las mismas, con su autorización expresa y contemporánea a la propia realización de las operaciones, siendo un requisito “sine qua non” para poder avanzar con las distintas etapas de la operación comercial. Por lo que afirma que en el presente caso, la activa y necesaria intervencion del fisco fue imprescindible para que pudiese concretar operaciones con los proveedores impugnados ya que sólo el fisco hubiera podido objetar la adquisicion de granos y denegar las solicitudes efectuadas por las partes si consideraba que los proveedores impugnados no contaban con la capacidad operativa suficiente para llevarlas a cabo durante los años 2009 a 2014, teniendo en cuenta que el comercio de granos es fiscalizado por dos organismos, la AFIP y la ONCCA, ambas dependencias dieron de alta a los proveedores ahora impugnados en sus sistemas cuando ante la sospecha de que algún proveedor no contaba con la capacidad operativa suficiente, la AFIP en cumplimiento de su deber legal de control, estaba obligado a haberle denegado las cartas de porte, el CTG, rechazado la registración de los contratos; también estaba obligado a haber suspendido o excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos al proveedor en cuestión. Pero incumpliendo sus deberes no hizo nada de eso, sino que concedió todas las autorizaciones solicitadas, propiciando que estos proveedores concretaran las operaciones en cuestión.
Resultando evidente que a raíz de los controles previstos en la RG 2595/2009, fue la propia AFIP-DGI quien aprobó la solicitud de las cartas de porte necesarias para amparar el traslado de las mercaderías objeto de las operaciones impugnadas, conociendo a las partes intervinientes y validando las mismas en virtud de la información requerida para obtener el CTG respectivo. Por lo tanto, de haber existido alguna observación respecto de las partes que intervinieron en la compraventa del cereal debió denegar la solicitud del CTG que respaldó el traslado de los bienes y la concreción de las operaciones.
Por lo que sostiene que debido a tal magnitud de controles tanto al estar los contratos registrados, como con los sistemas informáticos tan numerosos de la afip, que se encuentran interconectados, el hecho de que la fiscalización haya concluido que las operaciones realizadas con los proveedores ahora impugnados y los bienes objeto de las mismas supuestamente no habrían existido no se condice con el propio accionar fiscal quien previamente había validado en “tiempo real” el origen y la efectiva existencia de la mercancia objeto de las operaciones en cabeza de los proveedores al momento de la realización de las operaciones impugnadas. Afirma que los ajustes resultan improcedentes debido a la errónea valoración de los hechos ya que la existencia de las operaciones surge de distintos elementos probatorios aportados, a saber: en primer lugar, los contratos, ya que dichas transacciones se instrumentaron en contratos oficiales certificados por las bolsas intervinientes y cuentan con la certificación por parte de estas instituciones, lo que implica tareas de verificación de las partes intervinientes en cada una de las operaciones, por lo que Cargill, aun siendo agente de retención conforme art. 37 de la RG 2300/2007 adquiriendo granos mediante la intervención de un corredor (conforme los usos y costumbres del ramo) el cual cumple con todos los requisitos exigidos por el régimen jurídico aplicable y recibe una factura que se sujeta a todos los requisitos que se imponen, es un contribuyente que no tiene absolutamente ningún justificativo legal para dudar de la identidad del proveedor interviniente, ni de la habilidad del instrumento recibido que formaliza la operación, cuando la tutela del mismo está a cargo de la propia AFIP.
Es el propio organismo fiscal quien a través de la registración del contrato que ampara la operación evalúa la procedencia de la misma, conforme a la capacidad de producción del vendedor teniendo en cuenta las existencias 'stocks' de mercadería y/o las superficies agrícolas declaradas. En segundo lugar, dice que la facturación constituye un fuerte elemento probatorio ya que en los casos en los que intervinieron corredores, las facturas son emitidas por estos y detallan los bienes y cantidades pactados, su precio, las partes intervinientes y el origen y destino de los granos. El modelo tipo de "boleto de compra venta para cereales y oleaginosas" emitido por la Bolsa de Comercio de Rosario contempla que el vendedor faculta al corredor para firmar en su nombre los eventuales convenios de prórrogas, coberturas, ampliaciones, anulaciones o cualquier otra documentación relacionada con el contrato y, en particular, son los corredores quienes practican la liquidación respectiva de cada operación, el cual -por expresa reglamentación de la AFIP- equivale a la factura.
Por su parte, agrega, el pago de los contratos es otro elemento probatorio ya que los pagos correspondientes a las obligaciones nacidas con motivo de las operaciones de compraventa sub examine fueron efectuadas mediante transferencia bancaria a las CBU expresamente publicadas en el Boletín Oficial por la AFIP como correspondientes a los Proveedores Impugnados y a los corredores intervinientes. Así, en cada una de las operaciones, se efectuaron las transferencias bancarias del monto correspondiente al IVA liquidado en la factura o formulario F. 1116/13, detraído el importe de la retención practicada, en la cuenta bancaria correspondiente al CUIT publicado en el Boletín Oficial.
Asimismo, señala que conforme surge de la prueba informativa producida en sede administrativa, los corredores oficiados reconocieron haber efectuado los pagos a cada uno de los Proveedores Impugnados, añadiendo que las respuestas de los corredores resultan fundamentales dado que constituyen información de terceros que acredita fehacientemente la existencia de las operaciones celebradas con los Proveedores Impugnados, ya que en la medida en que la empresa produzca un principio de prueba demostrativo de la realidad de las adquisiciones, es decir, presentó las facturas, las asentó en sus registros contables y canceló los importes, es el Fisco quien debe probar que las operaciones no se hicieron (conf. CACAF, Sala V, "Cargill SACI c/ EN”", sentencia del 15/05/2012).
En lo que se refiere a las retenciones impositivas practicadas en los pagos efectuados aclara que en las Resoluciones se señala que en varios comprobantes se incluyó entre los datos del proveedor distintas leyendas como "apócrifo", "do not use", "inactivo" que, según el criterio fiscal, darían cuenta de que la empresa estaba en conocimiento de la apocrificidad de los mismos (conf. pag. 33). Aclara que tales leyendas no son contemporáneas a la emisión del certificado de retención original. La aparición de tales leyendas en las reimpresiones que se aportaron en sede administrativa responda a una simple cuestión de sistemas informáticos, dado que manifiesta que la considera una herramienta importante para chequear la situación impositiva de sus proveedores. De allí que periódicamente compruebe la situación de estos en la Base Apoc. Cuando el proveedor es incluido en dicha base de datos, Cargill lo da de baja en sus sistemas para no volver a operar con el mismo. Es por ello que, cuando se reimprimen comprobantes, el sistema incluye los datos actualizados del proveedor en cuestión y no los datos originales, por lo que considera que el comentario de la AFIP es claramente tendencioso y pretende sembrar sospechas en una operatoria interna que no da lugar para ello.
Afirma en cuanto al transporte y la entrega de los bienes también fueron aportadas las correspondientes cartas de porte y formularios de recepción que acreditan el transporte y la entrega de los granos objeto de los contratos de compra de cereales. En dichas cartas de porte constan, entre otros, los datos del entregador, del transportista, del origen y destino de los granos. No puede desconocerse tampoco que Cargill fue el principal exportador de granos y derivados durante los años incluidos en las Resoluciones y que sólo pudo exportar si adquirió previamente granos para que fueron procesados en algunos casos y exportados en su estado natural en otros casos. En menor medida efectuó ventas en el mercado interno, ya que Cargill no posee campos de los cuales los granos hayan podido servir a la concreción del volumen de exportaciones realizadas es imprescindible los adquiera, y ello lo efectúa y efectuó adquiriendo los granos de quienes se los pueden proveer, es decir los Proveedores, no hay otras forma de hacerse de la materia prima cuando no se tienen los campos para cosecharlos. Esto también se ve acreditado por el balance comercial de la empresa donde no consta ningún inmueble rural que le pertenezca. Así, considerando el volumen de exportaciones anuales que realiza la empresa, necesariamente se debe dar la compra previa de los productos en el mercado doméstico, lo que ratifica que los granos fueron comprados y entregados a la empresa. Todos estos elementos son, según la actora elementos concretos y precisos que demuestran fehacientemente la existencia de dichas operaciones.
Señala que se vulnera la doctrina de los actos propios de la administración ya que el fisco al desconocer las operaciones impugnadas realizadas por sujetos que el mismo organismo legitimó para operar comercialmente y las cuales autorizó en tiempo real, implica por su parte la violación a la doctrina de los actos propios y al principio de estabilidad del acto administrativo Añade que los elementos considerados por el fisco para impugnar las operaciones resultan insuficientes para justificar la determinación del tributo, ya que la determinación de oficio apelada fue realizada sobre la base de un hecho presunto que no solo no encuentra sustento en los antecedentes administrativos, sino que toma como punto de partida otra presunción, tornándose arbitrario el accionar fiscal en ese sentido, pretendiendo responsabilizar al contribuyente por el incumplimiento o irregularidades señaladas respecto de los proveedores impugnados y tal pretensión no encuentra fundamento en la legislación vigente. En este caso señala que Cargill cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente cuando realizó las operaciones impugnadas , cumplimiento reconocido por la AFIP, sin embargo le reprocha que no podría pretender excusarse en la observancia de los requisitos formales y en su buena fé, aún cuando dichos requisitos fueran diseñados por el Fisco nacional, el cual tuvo seguimiento de cada una de las operaciones de dicho contribuyente de inicio a fin. Argumenta que las facultades de fiscalización son exclusivas del organismo fiscal, que posee herramientas aptas para hacerlo, siendo imposible esto para la contribuyente.
En cuanto a las observaciones efectuadas a los proveedores impugnados, la actora afirma que la falta de localización de los mismos no fue tal, sino que el fisco simplemente consideró que no era suficiente, ello no quita que muchos de los proveedores fueron localizados y concurrieron a las oficinas del ente recaudador para confirmar su existencia, tales como Acopiadora Olivia S.R.L y Agromial S.R.L. En los casos de Agropecuaria El Moro SRL, Mario Oscar Vespiani, Adrián Demerchoff señala que los proveedores pudieron ser localizados y aportaron libros y documentación de la actividad realizada. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el Fisco, los arrendadores de los establecimientos rurales por ellos explotados habrían desconocido su intervención. Lo lógico ante esa situación habría sido convocar nuevamente a los proveedores para que dieran las explicaciones correspondientes; pero el Fisco no actuó de tal manera, procediendo directamente a impugnar a dichos proveedores; añade que también fueron localizados y se presentaron ante la AFIP los proveedores Cersetra SA, José Mario Pazelli y Quintales SA. Sin embargo, el solo hecho de que se presentaron ante el Fisco sin documentación respaldatoria fue suficiente para que fueron impugnados y en los casos de los proveedores Elsa Pascualina Brigi, Comercial Rio Santiago SRL, Dayer Cereales SRL y Ser Agropecuario SRL, el Fisco se limitó a informar que los mismos no pudieron ser ubicados sin dar mayores precisiones.
En el caso de los proveedores Agromiral SRL, Dermerchoff, Islagro SA, Chipre SA, Cooperativa Agropecuaria de Timbues Ltda., Quintales SA. el Fisco menciona que las plantas operadas por los proveedores se habrían encontrado inactivas. Sin embargo, en ningún momento menciona a partir de qué fecha habría sucedido ello ni tampoco parece que haya existido alguna opinión técnica que sustente la aparente inactividad mencionada en las Resoluciones. En tales condiciones, considera que dichos argumentos no son idóneos ni suficientes para fundamentar la impugnación de los proveedores en cuestión.
En cuanto a los proveedores Jose Clemente Arriola, Flap Transportes Agrícolas SA, Santa Teresa Agropecuaria SRL, el Fisco menciona que los mismos habrían desconocido su participación en el mercado de granos, habiéndose limitado a firmar papeles sin mayores preocupaciones. En ese escenario, en el que una negativa genérica, según la actora parecería ser la vía para evitar toda responsabilidad, tal negativa, señala, no debería tener el peso que según cree arbitrariamente le da la AFIP para desconocer la actuación de tales Proveedores. Mucho menos cuando la propia AFIP habilitó a tales proveedores, registró los contratos de venta, les otorgó cartas de porte, CTG, etc., para luego quedarse con la simple manifestación de que no tenían idea de lo que sucedía.
Con respecto a la inclusión de los proveedores en base APOC, la actora indica que al momento de realizar las operaciones impugnadas los Proveedores Impugnados no se encontraban en la base de datos mencionada, salvo los proveedores Quintales SA y Alejandro Veiga. En lo que se refiere a Alejandro Veiga manifiesta que celebró 28 contratos de compraventa de cereales los cuales solamente uno fue instrumentado luego de su inclusión en la Base Apoc. Con la empresa Quintales SA afirma que celebró 2 contratos, uno negociado en los días anteriores a su inclusión en la base (añade que el propio contrato señala que el tracking al vendedor se hizo el día antes a la publicación) e instrumentado el mismo día de su publicación por lo que señalar que el contrato se realizó después de la publicación de Quintales SA en la Base Apoc es cuestionable.
El segundo contrato afirma que se realizó a los pocos días de la publicación. Sin embargo, tanto en este 2° caso como en el único caso de Veiga dice que constituyen una clara excepción dentro del enorme volumen de contratos que la actora celebra anualmente (alrededor de unos 30.000). Ello se ve confirmado con el propio ajuste que aquí se apela; hace notar que el ajuste en cuestión involucra alrededor de 1.200 contratos (celebrados a lo largo de 5 períodos fiscales) de los cuales solo 2 fueron celebrados con posterioridad a la publicación en la Base Apoc de lo proveedores respectivos. Entiende que existen numerosos elementos en las actuaciones administrativas que respaldan la existencia e identidad de los Proveedores Impugnados.
El Fisco los ignoró o desmereció en función de interpretaciones sesgadas y arbitrarias. Expresa que durante la etapa administrativa, el fisco ordenó como medida para mejor proveer que las direcciones regionales acompañen los legajos que tenían de los proveedores impugnados, lo que arrojó una demostración de que los proveedores impugnados cumplieron con las presentaciones de las declaraciones juradas durante el período en el que se celebraron las operaciones con el contribuyente, que aportaron la información societaria relevante, informaron los cambios de domicilio, presentaron contratos de arrendamiento y locación de inmuebles rurales, habilitaciones municipales para ejercer la actividad de compraventa de granos, inscripciones ante la ONCCA como acopiador/consignatario.
Todo ello hace que la actora asevere que los Proveedores Impugnados cumplieron con la normativa vigente y aportaron la documentación que respaldaba su actividad en el comercio de granos. Por otro lado, la actora considera que la prueba informativa abundante que presentó en sede administrativa confirmó plenamente la veracidad de las operaciones en cuestión.
Afirma que el ajuste resulta improcedente por erronea aplicación del marco normativo, ya que entiende que en el presente caso no resulta aplicable el art. 37 de la Ley de Impuesto a las ganancias toda vez que las operaciones que Cargill abonó, alega que realmente existieron y que las facturas fueron emitidas cumpliendo los requisitos en materia de facturación y registración y por sobre todo, individualizando a los beneficiarios de los pagos. Ello asi que todas las trasferencias fuerón efectuadas a las CBU expresamente publicadas por el boletín oficial por la AFIP correspondientes a los proveedores impugnados y a los corredores intervinientes. Agrega que las operaciones involucradas en autos fueron certificadas y registradas ante la bolsa de comercio de Rosario o se registraron ante la AFIP en los términos de la RG. 2596/2009, se acreditó la identidad de los operadores intervinientes; que asimismo el transporte y la entrega de los granos la respalda con su correspondiente carta de porte (cuya emisión fue autorizada por el fisco al momento de realizarse las operaciones) y comprobante de recepción de mercaderías; asi como también se emitierón los formularios f. 1116/B y las facturas en un todo de conformidad con la legislación vigente y aplicable a cada documento. En resumen, alega que no se ha cumplido con el requisito del artículo 37 del Impuesto a las ganancias ya que el organismo fiscal, a juicio de la actora, ha individualizado perfectamente y localizado a los receptores y beneficiarios de las errogaciones cuestionadas por el Fisco, por lo que entiende, no resulta procedente la aplicación del impuesto a las ganancias -salidas no documentadas-.
Para mayor abundamiento, agrega que las disposiciones encontradas en los artículos 37 y 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias requieren que “ab inditio” se trate de una erogación carente de documentación, entendiendo como tal, no sólo la factura sino también todo otro tipo de documento hábil para instrumentar la erogación o salida de fondos respectiva, extremo que entiende se encuentra acreditado mediante los elementos probatorios referidos tu supra.
Adicionalmente afirma que el ajuste es improcedente debido a la aplicación del artículo 38 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ya que Cargill ha acreditado que los fondos se destinaron a adquirir bienes. En primer lugar, con la prueba documental aportada que acredita la compra, el transporte y posterior ingreso de la mercadería a las plantas de Cargill y por lo tanto no resulta exigible a su mandante el Impuesto de Salidas no Documentadas, aun cuando se persista en caracterizar al presente caso bajo ese instituto (por cuestionarse la identidad del vendedor); ello en atención a que el propio régimen legal de las salidas no documentadas exceptúa del ingreso de ese gravamen a aquellas que tuvieran el destino apuntado. En segundo lugar, el destino específico de los fondos pagados por Cargill para la compra de bienes fue acreditado en forma contundente a través de la prueba informativa producida en sede administrativa. En las actuaciones administrativas se encuentran agregadas las respuestas de los corredores y entregadores donde los terceros intervinientes en las operaciones confirmaron su participación en las mismas, destacando que se trató de compra de cereales en el caso de los corredores y que presenciaron la descarga de estos en las plantas designadas por Cargill en el caso de los entregadores. Por todo ello, la contribuyente considera que la existencia de los bienes adquiridos se encuentra sólidamente acreditada en base a la documentación legal y contable y la confirmación expresa de los terceros intervinientes en las operaciones. Por ello, entiende que no resulta exigible a Cargill el Impuesto de Salidas no Documentadas, Impuesto a las ganancias e Impuesto al Valor agregado.
Que menciona jurisprudencia que entiende aplicable al caso.
Que subsidiariamente, para el caso en que se confirmen las Resoluciones solicita que se ordene la reliquidacion del impuesto determinado por la AFIP, computando en el monto reclamado en la Resolución 77 a los importes ingresados por Cargill en concepto de retenciones impositivas.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque los actos apelados.
II. Que a fs. 157/187vta; 309/335 vta. y 673/7090 vta. contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente, que se confirmen los actos apelados, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
En cuanto a la procedencia de la determinación, manifiesta haber fundado el ajuste en hechos precisos, graves y concordantes que permiten concluir en la falta de veracidad de las operaciones impugnadas, por haber acreditado fehacientemente, según el fisco nacional, entre otras cosas, la falta de capacidad económica y operativa como así también una irregularidad en la situación fiscal de algunos proveedores y la inoperatividad de otros; dado que algunos no han podido ser localizados pese al esfuerzo realizado por la inspección sin que la actora haya colaborado en la ubicación de los mismos, cuando era la principal interesada en que ello sucediera. En cuanto a las operaciones impugnadas afirma que se detectaron una serie de inconsistencias que constituyen indicios suficientes que permitieron evidenciar que las supuestas operaciones celebradas con los proveedores : Acopiadora Olivia S.R.L, Agrobald S.A, Agromiral S.R.L, Agropecuaria El Moro S.R.L, Agroprocesos del Oeste S.A, Jose Clemente Arriola, Elsa Pascualina Brigi, Cerealera San Martin S.A, Cersetra S.A, Chipre S.A, Nelida Norma Ciarochi, Comercial Rio Santiago S.R.L, Comercializaciones San Luis S.R.L, Cooperativa Agropecuaria de Timbues LTDA, Dayer Cereales S.R.L, Adrian Roberto Dermechcoff, El Guaycurú S.A, Flap Trasportes Agrícolas S.A, Islagro S.A, La Colonia S.R.L, La esquina cereales S.R.L, Carlos Alberto Matu, Nuevo Antepuerto S.A, Jose Mario Pazzelli, Quintales S.A, Santa Teresa Agropecuaria S.R.L, Ser Agropecuario S.A, Servicios Bragado S.R.L, Stella Marys Cereales S.A, Alejandro Martin Veiga y Mario Oscar Vespasiani habrian sido ficticias.
Agrega que sin perjuicio de dichas irregularidades detectadas sobre los proveedores, respecto de cada proveedor puede señalar lo siguiente:
Respecto del proveedor Olivia S.R.L, si bien fue localizado uno de los anteriores socios de la firma, manifestó haber vendido el paquete accionario a un tercero, este último no pudo ser localizado por cuanto en su domicilio fiscal declarado manifestaron desconocerlo, dejándose constancia además que si bien en el domicilio fiscal de la firma atendió una persona que manifestó que la empresa desarrollaría sus actividades allí, no aportó mayores datos respecto de la firma, ni de las autoridades y tampoco se presentó documental que acredite que Acopiadora Olivia S.R.L se encontraría efectivamente desarrollando actividad.
Añade que la firma Agromial S.R.L se encuentra en igual situación en cuanto al ser localizados los anteriores integrantes de la firma, manifestaron haber vendido la sociedad a terceros a quienes también alquilaron las plantas de acopio, no logrando hallar a los nuevos integrantes en los domicilios declarados. Más allá de ello, se constató que las plantas no fuerón utilizadas desde que la firma fue vendida, lo que implicaría que la sociedad no habría realizado operaciones.
Señala que tampoco pudierón ser localizados los proveedores Elisa Pasualina Brigi, Comercial Río Santago S.R.L, Dayer Cereales S.R.L, Carlos Alberto Matu y Ser Agropecuario S.R.L.
Con respecto a la firma Agrobald S.A, en virtud de un allanamiento efectuado a la empresa e integrantes de la misma, se labraron actas en diferentes domicilios, dejándose constancia que la empresa se encontraba inoperativa en los períodos que la actora habría realizado operaciones con ella.
En cuanto a la firma Agropecuaria El Moro S.R.L, si bien la firma fue localizada y presentó documental tendiente a avalar su operatoria, entiende que no puede pasarse por alto que habiendose circularizado a las personas que habrian arrendado los campos donde la firma llevaría a cabo su actividad, los supuestos locadores desconocieron haber celebrado los contratos informados por los proveedores o bien manifestaron que habiendo sido alquilados los predios nunca llegó a utilizar los mismos.
En igual sentido, afirma que el proveedor Mario Oscar Vespasiani aportó libros y documentación relacionada con la actividad que manifestó haber realizado, sin embargo, de la información obtenida de los locadores de los campos donde el dijo haber llevado a cabo sus siembras surge que algunos de los campos informados no son aptos para la actividad y aquellos que si lo son y donde se habría procedido a realizar siembras, por cuestiones climatológicas y caracteristicas de los suelos, las cosechas nunca pudieron realizarse o bien fueron muy escasas. Respecto del proveedor Adrian Alberto Dermechcoff afirma que si bien fue localizado y aportó documentación y datos sobre su actividad, se constató que las plantas donde manifiesta realizar su actividad se encontraban inoperativas. Similar situación observa sobre los proveedores La Esquina Cereales S.R.L y Nuevo Antepuerto S.A.
Expresa que en virtud de distintas verificaciones cursadas por la AFIP – DGI pudo constatarse la inoperatividad de la firma Servicios Bragado S.R.L.
Sostiene que en cuanto al proveedor El Guaicurú S.A el contribuyente no puede obviar que el mismo se encuentre involucrado en la Causa Penal 475/11 “SRIO AV. INF. LEY 24.769 (IMP.: MIRTO, GUSTAVO DANIEL Y OTROS)” donde se da cuenta sobre la posible existencia de una organización dedicada a la generación de documentación apócrifa, así como la provisión de infraestructura legal y financiera destinada a encubrir y permitir el comercio de granos en forma marginal.
Añade que la actora tampoco puede desconocer que la firma Agroprocesos del Oeste S.A, haya sido denunciada en varias ocasiones por transportistas respecto de la existencia de CTG otorgadas asociadas a las patentes de sus vehiculos que habían sido solicitadas por la firma proveedora, cuando los mismos nunca prestaron servicios para dicha empresa Señala que tambien existe una denuncia realizada respecto del proveedor Alejandro Martín Veiga por un transportista. Más allá de ello, de las verificaciones cursadas al mismo,el área de fiscalización concluyó que no estaría en condiciones de comercializar los montos que se informan según las declaraciones juradas, ya que no cuenta con capacidad económica ni productiva para realizarlo, comprobándose incluso la existencia de comprobantes de compras apócrifos vinculados al mismo.
Afirma que el propio Organismo detectó maniobras realizadas por la firma Islagro S.A, por cuanto personal de la AFIP constituído en distintas plantas de la firma, expresa que pudo constatar que no hubo movimientos de carga y descarga de camiones, verificando que la firma simulaba operaciones, ya que vía sistema confirmaba el ingreso de camiones y solicitaba cartas de porte para trasladar mercadería, que nunca ingresó ni salió de las plantas. En cuanto al proveedor José Clemente Arriola, señala que personal del área de fiscalización labró acta en el cual se dejó constancia que dicho proveedor deconoce haber desarrollado la actividad agropecuaria, manifestando ser remisero y reconociendo que, a cambio de una retribución, firmó un contrato de locación correspondiente a una planta de acopio en la provincia de Córdoba y que, de iguel modo, ocurrió con la apertura de las cuentas corrientes bancarias a su nombre, en Banco Galicia y en el HSBC Bank Argentina, pero informando que nunca operó con las mismas.
Sostiene que existe una situación similar respecto del proveedor Miguel Oscar Carrizo, el cual habiendo sido localizado e interrogado por personal del área de fiscalización manifestó que la tramitación de su inscripción en la AFIP-DGI para que operara en el mercado agropecuario la realizó un tercero, obteniendo a cambio un beneficio porcentual quincenal, e indicando que quien efectuó la inscripción fue quien también contrató los bienes de uso e inmueble rural.
En cuanto el proveedor Chipre S.A manifiesta que en el domicilio fiscal declarado se contactó a una persona que manifestó haber prestaso su domicilio a la firma, a solicitud de un conocido, a efectos de recibir documentación y correspondiencia y reenviarla. Destaca que más allá de ello, los funcionarios del AFIP también constataron que las plantas de acopio donde la proveedora realizaría sus operaciones, se encuentran inactivas.
Afirma que quien sería el presidente de la firma Flap Transportes Agrícolas S.A dijo ser jubilado hace 15 años y no desarrollar ninguna actividad, manifestando que alguna vez firmó unos papeles, pero desconociendo de que se trataba y a qué firma correspondían.
Añade que respecto a la firma Rocerco S.R.L se localizó a uno de los socios de la empresa, quién manifestó que él y un tercero compraron las acciones al anterior dueño de la sociedad, a cambio de un sueldo mensual que sólo cobraron en una oportunidad, quedando toda la documentación en poder del anterior dueño y no habiendo participado nunca en operaciones relacionadas con la firma.
Sostiene que quienes serían los integrantes de la firma Santa Teresa Agropecuaria S.R.L manifestaron haber prestado su nombre a su empleador, quien tambíen sería dueño de la firma Productos Argentinos S.R.L, a fin de la creación de una nueva firma continuadora de la actividad, manifestando incluso que atento haber sufrido amenazas de parte de quien sería el real dueño de la firma, se procedió a realizar la respectiva denuncia ante los Tribunales de Villa Constitución.
Respecto al Sr. Luis Alberto Torres afirma que el mismo manifestó haber otorgado un poder a nombre de un tercero que lo habilitaba para operar en el rubro de compraventa o consignación de granos, a cambio de que le transfirieran a la Caja de Ahorro del dicente un 2% de las operaciones realizadas, manifestando que habiendose enterado que se realizaban a su nombre operaciones fraudulentas, procedió a revocar el poder otorgado y realizó una denuncia penal contra Ricci Ballarini, Angel Fernando y Agroespifar S.R.L, quienes habrían participado en las operaciones fraudulentas.
Afirma que en cuanto a la firma Ceralera San Martín S.A surge de los antecedentes administrativos que habiéndose circularizado a terceras personas que habrían intervenido en las operaciones realizadas , muchas de ellas no contestaron y otras desconocieron haber participado en las operaciones informadas por el proveedor. Añade que si bien fue localizado el presidente de Cersetra S.A, este se negó a aportar información y documentación relacionada con la firma.
En cuanto a los proveedores Nélida Norma Ciarochi y Comercializaciones San Luis S.R.L, afirma que los mismos han sido incluidos dentro de los denominados operativos de granos, concluyéndose en que se estaría ante contribuyentes que no cuentan con la capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera necesaria para operar en los niveles de entregas que dicen haber realizado.
Expresa que la Empresa Cooperativa Agropecuaria de Timbúes LTDA., fue fiscalizada concluyéndose que los resultados obtenidos de la verificación realizada con relación a su actividad, no son coincidentes con las registraciones de la firma. Añade que verificó que la planta de su propiedad se encontraba alquilada a una tercera firma y, circularizado el propietario del predio donde en el cual la cooperativa realizaría actividades, manifestó que la planta se encontraba inoperativa.
Alega que de las fiscalizaciones llevadas a cabo a La Colonia S.R.L, constató que los campos donde operaba se encontraban sembrados con algodón, no obstante haber declarado la contribuyente que le adquirió a la misma granos.
Respecto a la firma Lelica S.A afirma que la actora no puede omitir el hecho de que habiendo sido localizada y habiendo aportado el libro de IVA Ventas correspondiente a los períodos en los que ha operado con Cargill S.A.I.C no se encuentran registradas aquellas operaciones cuestionadas, más allá de otras irregularidades detectadas respecto a la firma, como los reiterados cambios realizados en el domicilio declarado, el alto porcentaje de proveedores de ella que se encuentran incluidos en la base e-Apoc, la manifestación de la documentación extraviada, entre otros.
En cuanto al proveedor Jose Mario Pazelli, expresa que si bien se hizo presente ante la AFIP, en virtud de una fiscalización realizada al mismo, sólo aportó una serie de multinotas en las cuales describe su actividad, sin adjuntar documentación espaldatoria alegando que ha sido extraviada. Destaca que si bien el Sr. Pazelli habría adjuntado un contrato de arrendamiento, de la circularización efectuada a la escribanía interviniente en el mismo, surge que las firmas consignadas no coinciden con las registradas.
Respecto a la firma Quintales S.A afirma que se hizo presente en el Organismo el presidente de la firma, quien no aportó documentación alguna que de cuenta de la actividad de la firma, destaca, además que de verificaciones realizadas en los distintos domicilios de la firma, no logró ubicarse al proveedor e incluso constató que no existía actividad en las plantas declaradas por la firma.
Expresa que la firma San Miguel Cereales S.A no pudo ser localizada, no obstante, de las circularizaciones efectuadas a los empleados declarados por la firma, surge que si bien figuraba como empleador de los recibos de sueldo, ninguno de ellos tuvo contacto con los directivos de la firma, revelando además que el movimiento de granos en la planta era prácticamente nulo.
Agrega que el propio proveedor Roberto Viano desconoció haber realizado operaciones en la campaña 2007/2008, por poseer problemas personales que le imposibilitaban realizar tareas laborales.
Por todo lo expuesto anteriormente alega que respecto de los proveedores cuestionados no se ha podido demostrar la existencia de elementos que denoten que han efectuado operaciones con la actora, ya sea por no poseer la infraestructura necesaria para llevar a cabo las operaciones alegasas por la responsable, por no haber sido siquiera encontrados o porque habiendo sido localizados, incluso han desconocido haber intervenido en operaciones celebradas con la contribuyente, es decir, respecto de cada uno de ellos expresa haber encontrado irregularidades, elementos de juicio que inciden, fuertemente en desmedro de las pretenciones de la recurrente, las que entiende que fueron ampliamente explicitadas en la vista corrida y en los fundamentos que da cuenta la resolución apelada. Añade que la actora en su defensa sólo realiza expresiones génericas, sin efectuar un análisis sobre las pruebas de cada proveedor en particular.
Sostiene que es basta la jurisprudencia que expresa que es propia responsabilidad de la contribuyente demostrar la veracidad de las operaciones que intentan respaldar las facturas presentadas por la actora y el destino real de los pagos; por lo que para probar la existencia de una operación entiende que no basta con que la factura que la pretende respaldar cumpla con los requisitos formales, o que se encuentre autorizada su impresión por el Organismo Fiscal, sino que también deben concordarse elementos que den fé o sustento de la realidad fáctica de las operaciones.
Asimismo la representación fiscal expresa que constituye una práctica normal del mercado que todo sujeto o empresa de la envargadura del contribuyente, previo a la contratación de sus proveedores, y más alla de cumplir con los controles fiscales y/o legales existentes, indaguen acerca de los antecedentes comerciales de los mismos y verifique si disponen o no de la capacidad operativa necesaria para dar cumplimiento a las ventas de cereales que se le ordenarían, si los mismos se encuentran en condiciones aptas como para ser vendidos y transportados, como así también que no prvengan de dudoso origen o del mercado marginal, todo ello a fin de preservar y asegurar su efectiva consumación y la calidad de sus propios compromisoscon el mercado interno y externo; comprobaciones estas que no fueron acreditadas.
Señala que le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria probar fehacientemente la autenticidad de las facturas y demás documentos presentados a fin de acreditar las operaciones comerciales con sus “proveedores”. Ello por cuanto para que las facturas y comprobantes involucrados adquieran “per se” entidad suficiente, deben encontrar sustento en la realidad económica factica, es decir, que los mencionados comprobantes valen en relación a la “fé que merezcan” y encuentra que dicha fe ha tambaleado en tanto aparecen serias dificultades para acreditar debidamente la realidad de las transacciones que de ellos emergen. Consecuentemente, alega que de la falta de “fé” o “confianza” que inspira la documentación deriva lógicamente su impugnación y aptitud respaldatoria.
Respecto a lo expresado por cuanto que las operaciones celebradas se cancelaron mediante transferencias bancarias efectuadas a CBU publicadas por AFIP, realizando las correspondientes retenciones dice que la simple observación de que los proveedores que hayan ingresado al sistema bancario a través de la apertura de una cuenta en una entidad financiera , que luego registraron ante la AFIP y que la contribuyente haya transferido fondos a la misma, nada prueba que las operaciones por ella declaradas con el sujeto analizado se haya efectiva y realmente concretado, ni que los movimientos bancarios allí contenidos constituyan un reflejo de la verdadera realidad acontecida, por cuanto a través de los mismos bien se pudo intentar dar un marco de formalidad a una operatoria que en realidad no es tal, o responde a otro tipo de transacción.
En cuanto a las retenciones practicadas con relación a los pagos que invoca la actora, afirma que no desconoce el ingreso de los montos que hubiera correspondido retener en función de los pagos efectuados por la facturación apócrifa, pero al haber calculado e ingresado al Fisco dichas retenciones en oportunidad de efectuar los pago, entiende que tampoco demuestra la existencia de las operaciones, ni de los bienes transados, ni da validez a la documentación respaldatoria. Señala que la existencia de las retenciones en estos casos, sigue siendo una manera mas de darle un marco de formalidad a una operatoria que no es tal, más aún, podrían haber sido practicadas por la actora a efectos de dar mayor sustento, ex profeso, a las operaciones que pretende validar.
Hace enfasís en las actuaciones correspondientes en los antecedentes administrativos respecto a los proveedores Acopiadora Olivia S.R.L., Agrobald S.A., Agromiral S.R.L., Agropecuaria El Moro S.R.L., Agroproceos del Oeste S.A., José Clemente Arriola, Elsa Pascualina Brigi,Chipre S.A., Comercial Río Santiago S.R.L., Comercializaciones San Luis S,R.L., Cooperativa Agropecuaria de timbúes Ltda., Dayer Cereales S.R.L.,Adrían Alberto Dermechcoff, Flap Transportes Agrícolas S.A, Islagro S.A, La Colonia S.R.L, Nuevo Antepuerto S.A, José Mario Pazzelli, Quintales S.A y Alejandro Martín Veiga, en cuanto señala que del propio sistema informático utilizado por la actora, surge que fueron emitidos certificados de retención a los corredores intervinientes, en los que se incluyó, entre otros datos del proveedor, distintas leyendas (“apocrifo”, “do not use”, “inactivo apócrifo”, entre otras) que darían cuenta que la contribuyente estaría en conocimiento de la apocrificidad de los mismos.
Ademas, en cuanto a lo alegado por la actora en cuanto que al ser agente de retención, se ve obligado a verificar la inclusión del proveedor en el Registro de Operadores de Granos y que el mismo no se encuentre suspendido, pudiendo sustituir dicha obligación por una certificación extendida por alguna de las Bolsas de Cereales autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge de la RG (AFIP) 2300/2007, destaca que si bien la actora aporta las consultas efectuadas al Registro Fiscal de Operaciones de Granos, las mismas corresponden a fechas posteriores a las operaciones realizadas (la mayoría en 2016/2017), no pudiendo con estas justificar que haya verificado la conducta fiscal del proveedor al momento de realizar las operaciones. Para mayor abundamiento, afirma que de las bases informáticas del Órgano fiscalizador surge que los proveedores Agromial S.R.L, Miguel Oscar Carrizo, La Esquina Cerales S.R.L, José Mario Pazzelli, Quintales S.A, Santa Teresa Agropecuaria S.R.L, Servicios Bregado S.R.L y Stella Marys Cereales S.A, se encontraban excluidos en períodos en los que habrían realizado operaciones con la actora.
En sintesís, afirma que no le asiste razón a la contribuyente al querer probar la existencia de las operaciones en el hecho que los presuntos proveedores o los corredores intervinientes se encontraban activos en el Registro de Operadores de Granos, ya que tal observancia no testimonia en modo alguno que los mismos no hayan sido inscriptos e incluídos con el fin de simular tales operaciones. Añade que invocar que los proveedores o corredores no fueron cuestionados fiscalmente a la fecha de la realización de las operaciones o al momento de su inclusión en el citado padrón, no es evidencia suficiente para darle credibilidad a la documentación cuestionada, la que más allá del marco de formalidad que pueda otorgarle a tales transacciones, no produce la pérdida de su carácter de apócrifa.
Destaca que si bien es cierto que a través de la utilización de las cartas de porte se estaría recurriendo, en el mentado comercio, a un documento adicional que permite conocer las distintas partes intervinientes en la operación, así como los bienes y cantidades involucradas, dicho documento solo brinda información que posteriormente, contrapuesta con otra obtenida por otros medios, podría dar indicios de posibles irregularidades. Añade en el mismo sentido alega que el Órgano Fiscalizador verificó y detectó indicios que permitieron concluir que los proveedores impugnados no pudieron realizar las operaciones sub examine, siendo utilizados al sólo efecto de validar transacciones legítimas, por lo que, aunque la actora y/o demás personas intervinientes hayan cumplimentado formalmente con las disposiciones emanadas de la AFIP, ello no implica que las operaciones cuestionadas no sean de comprobada apocrificidad, circunstancia que dice, no fue acreditada por la actora. En cuanto a lo manifestado por la actora respecto a que los proveedores cuestionados fueron incluidos en la Base Apoc despues de haberse celebrado las operaciones en trato, destaca que los proveedores Carlos Alberto Matu, Quintales S.A, Rocero S.R.L yAlejandro Martín Veiga, ya se encontraban incluidos en la citada base al momento de celebrar las operaciones con la recurrente.
Añade que la actora no se agravió de la aplicación de los intereses resarcitorios, razón por la cual entiende que dicho concepto ha quedado firme.
Que menciona jurisprudencia que entiende aplicable al caso.
Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora. Hace reserva la cuestión federal.
III. Que a fs.741 se abre la causa a prueba, ordenándose producir la prueba informativa y prueba pericial contable.A fs. 1264/1267 se produce la prueba pericial contable. A fs. 744/1259, 1271/2287. A fs. 2367 se clausura la etapa probatoria y se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 2373 pasan para alegar. A fs. 2379/2386, 2387/2412 obra alegato del Fisco Nacional y actora. A fs. 2414 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que tal como surge de los antecedentes administrativos, la contribuyente es una sociedad anónima cuya principal actividad es la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y a su vez declara como actividades secundarias, entre otras, la venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras, excepto semillas.
Que la presente fiscalización surge mediante la solicitud del Juzgado Federal N° 4- Secretaría N°2 de Rosario en el marco de la causa N°475/11 caratulada “SRIO AV.INF.LEY 24769 por la cual se solicitó a la AFIP que “emita las correspondientes determinaciones de oficio en los términos del art. 18 de la Ley 24.769, en relación a la denuncia obrante a fs. 16/48 de autos respecto de las personas jurídicas que figuran en el anexo, por la posible evasión total o parcial del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Salidas No Documentadas e Impuesto sobre los Créditos bancarios por los períodos 2008 a la fecha”
Que, con fecha 07/05/2015 se generó la orden de intervención N° 1.303.261 en virtud de los antecedentes remitidos por distintas Direcciones Regionales de proveedores presuntamente apócrifos que operaron con Cargill S.A.I.C.I., a efectos de constatar la veracidad de las operaciones realizadas y validar el crédito fiscal computado en el IVA y su incidencia en el Impuesto a las Ganancias.
Que en función de las tareas realizadas por funcionarios del Fisco Nacional en verificaciones anteriores y por parte de agentes fiscalizadores de la Dirección de Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales, el mismo expresa que pudo destacar, operaciones de Cargill S.A.CE.I con los proveedores, que seguidamente se detallan, y sobre quienes existen indicios graves, precisos y concordantes que permiten, según el área de fiscalización inferir su carácter de apócrifos, a saber: Acopiadora Olivia S.R.L, Agrobald S.A, Agromiral S.R.L, Agropecuaria El Moro S.R.L, Agroprocesos del Oeste S.A, Jose Clemente Arriola, Elsa Pascualina Brigi, Cerealera San Martin S.A, Cersetra S.A, Chipre S.A, Nelida Norma Ciarochi, Comercial Rio Santiago S.R.L, Comercializaciones San Luis S.R.L, Cooperativa Agropecuaria de Timbues LTDA, Dayer Cereales S.R.L, Adrian Alberto Dermechcoff, El Guaycurú S.A, Flap Trasportes Agrícolas S.A, Islagro S.A, La Colonia S.R.L, La esquina cereales S.R.L, Carlos Alberto Matu, Nuevo Antepuerto S.A, Jose Mario Pazzelli, Quintales S.A, Santa Teresa Agropecuaria S.R.L, Ser Agropecuario S.A, Servicios Bragado S.R.L, Stella Marys Cereales S.A, Alejandro Martin Veiga y Mario Oscar Vespasiani.
Añade que en virtud de ello, con fecha 23/12/2016 se confirió vista a la responsable, mediante Resolución N° 188/2016 (DV DEOB) la que fuera notificada el 26/12/2016, iniciándose asi el procedimiento de determinacion de oficio previsto en el artículo 17 y siguientes de la ley 11.683 (t.o 1998 y sus modificaciones con relación al Impuesto al Valor agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias – art. 37– Salidas no Documentada, por los pagos efectuados en los meses de 12/2009 a 02/2014, para que formulara por escrito su descargo y ofreciera o presentara las pruebas que hicieran a su derecho en relación al cargo formulado en dicho acto.
Que el día 08/03/2017 la firma presentó escrito de defensa.
Que mediante Resolución N° 25/2017 (DV DEOB) de fecha 31/03/2017, notificada el mismo día, se ordenó la apertura a prueba en las actuaciones, la cual luego de no haber sido producida mediante los oficios correspondientes, ya que la actora manifiesta que los mismos no pudieron ser diligenciados.
Posteriormente, el 07/04/2017 la apoderada de la contribuyente, la Sra. María Teresa Halliburton, presentó escrito mediante el cual solicitó que se hiciera lugar a la producción de la prueba no admitida e informa como es la operatoria llevada a cabo por las terminales.
Que con fecha 11/04/2017, se emitió la resolución 28/2017 (DV DEOB), notificada el mismo día, mediante la cual se ratifica lo expuesto sobre la prueba no admitida y como deberán librarse los oficios a las terminales. El ente fiscal argumenta que los fondos que habrían sido orientados a la cancelación de las supuestas operaciones involucradas con los proveedores citados, no habrían tenido, en la realidad de los hechos, el destino indicado por cuanto las mismas, afirma, carecen de respaldo documental que las avale; y al no haber demostrado la responsable, durante la etapa fiscalizadora que la dirección asignada a esas erogaciones observadas fue la de obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, constituyendo en consecuencia, salidas falsamente documentadas encuadradas bajo las previsiones del artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o y sus modificaciones).
Que respecto al proveedor Acopiadora Olivia S.R.L, surge de las determinaciones de oficio que que si bien pudo ser localizado uno de los anteriores socios de la firma, manifestó haber vendido el paquete accionario a un tercero; este último no pudo ser ubicado ya que en su domicilio fiscal declarado manifestaron desconocerlo. Si bien atendió una persona que manifestó la empresa desarrolaría sus actividades allí, no aportó mayores datos respecto de la firma, ni de las autoridades y tampocó presentó documental alguna que acredite que Acopiadora Olivia S.R.L se encontraría efectivamente desarrollando la actividad. La misma fue incorporada en la base eApoc, por su condición “sin capacidad económica”.
Asimismo conforme surge del analisis de la documental aportada y a correlacionarla con la información obrante en las planillas aportadas por Cargill SACeI, en virtud de la medida para mejor proveer dispuesta en sede administrativa, se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos allí detallados (vide fs. 2289 a 2821 y 2832 a 3302 del cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En virtud de la expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas No Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, el juez administrativo resolvió impugnar el crédito fiscal respectivo.
Se observa en los antecedentes administrativos respecto a la firma Agromial S.R.L que al ser localizados los anteriores integrantes de la firma manifestaron haber vendido la sociedad a terceros a quienes también alquilaron las plantas de acopio, no logrando hallar a los nuevos integrantes en los domicilios declarados. Más allá de ello, se constató que las plantas no fueron vendidas, lo que implicaría que la sociedad no habría realizado operaciones. En cuanto a su inclusión en la base eApoc, la misma fue realizada con la conclusión “sin capacidad económica”. La actora aportó documentación respaldatoria, fotocopia de contratos, las cartas de porte vinculadas y ordenes de pago emitidas a clientes. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en planillas aportadas por la recurrente en virtud de la medida para mejor proveer dispuesta en sede fiscal. Como resultado de dicho analisis se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartes de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados (vide fs. 316 a 533, 1316 a 1340 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales)
En virtud de lo expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugno el crédito fiscal respectivo.
Que tampoco pudieron ser localizados los proveedores Elsa Pascualina BREGUI (incluida en la base eApoc “sin capacidad económica”), Comercial Río Santiago S.R.L (incluida en la base eApoc “sin capacidad económica”), Dayer Cereales S.R.L(incluida en la base eApoc “sin capacidad económica”), Carlos Alberto Matu (incluida en la base eApoc “sin capacidad económica”) y Ser Agropecuario S.R.L incluida en la base eApoc “prestanombres”). En cuanto al proveedor Bregui Elsa Pascualina, Comercial Rio Santiago, la recurrente ofició a varios entregadores a los efectos de que informen si intervinieron en las cartas de porte respaldatorias de las operaciones entre ella y la proveedora.
De dicho analisis se constató que, por ejemplo con fecha 04/05/2017, la firma Amato y Catalano S.R.L presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales F.206/| Multinota Impositivo firmada por el apoderado de la firma -quien no acredita personeria, por cuanto aporta copia simple de poder general amplio-, donde informa la intervención de la entregadora en la descarga de mercadería correspondiente a una serie de cartas de porte en las cuales tienen participación también el presente proveedor y Cargill S.A.C.e.l., adjuntando registraciones de la empresa, facturas A y recibos de cobro. Al respecto, cabe destacar que la documental aportada (facturas y recitbos) no referencia ni los contratos, ni las cartas de porte, relativos a las operaciones respaldadas, motivo por el cual no pudo ser correlacionada con la información aportada por Cargill S.A.C. e l. (fs. 90 a 265 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En lo realtivo al proveedor Dayer Cereales SRL con fecha 17/05/2017, la apoderada de Cargill S.A.C.e.l., presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, un escrito titulado "ACOMPAÑA", mediante el cual presenta respuesta del oficio librado a Yacuzzi y Asociados S.R.L., que erróneamente fue entregado a las oficinas de la rubrada, adjuntando una nota con firma certificada por Banco, en la cual informa que ha participado como corredor en las operaciones realizadas entre Cargill y Chipre S.A. en su carácter de comprador y vendedor respectivamente, no aportando documentación alguna que respalde sus dichos. (fs. 1654 a 1754 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En otro de los casos relativo a la firma Buyatti SAIC y A se presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, nota que con firma certificada por escribano y en el cual se acredita personeria manifestando que “...hemos intervenido como DESTINATARIOS Y RECEPTORES en las descargas de los granos...”. Dejando constancia que no adjunta documentación alguna que respalde sus dichos. (fs. 2822 a 2831 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
Ello así, el juez administrativo concluye que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con los proveedores en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a estos proveedores como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
En cuanto a la firma proveedora, Agrobald S.A, en virtud de un allanamiento efectuado a la empresa e integrantes de la misma, se procedieron a labrar actas en diferentes domicilios, dejándose constancia que la empreesa se encontraba inoperativa en los períodos en que la contribuyente habría realizado operaciones con ella. La misma fue incluida en la base eApoc “sin capacidad económica”.
La actora aportó documentación respaldatoria, fotocopia de contratos, las cartas de porte vinculadas y órdenes de pago emitidas a clientes. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en planillas aportadas por la recurrente en virtud de la medida para mejor proveer. Como resultado de dicho analisis se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartes de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el anexo 2. (fs. 21 a 385 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales, fs. 316 a 533 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales, fs. 903 a 1010 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales, ) En virtud de lo expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugnó el crédito fiscal respectivo.
Respecto a la firma Agropecuaria El Moro S.R.L., si bien la firma fue localizada e incluso presentó documental, habiéndose circularizado a las personas que habrían arrendado los campos donde la firma llevaría a cabo su actividad, los supuestos locadores desconocieron haber celebrado los contratos informados por los proveedores o bien manifestaron que habiendo sido alquilados los predios, la firma nunca llego a utilizar los mismos. La misma fue incluida en la base eApoc “sin capacidad económica”.
En el caso de dicho proveedor la recurrente ofició a varios corredores a los efectos de que informen si intervinieron en las cartas de porte respaldatorias de las operaciones entre ella y la presente proveedora. De dicho analisis se constató que por ejemplo en el caso de RG Cereales aclara que los servicios son contratados por el vendedor, quien los paga, y acompaña registraciones confeccionadas por ella, conteniendo los datos de las cartas de porte, fecha, puerto, titular de la carta de porte, kilos de procedencia y descargados y corredor interviniente, pero no adjunta documentación respaldatoria de la misma (fs. 534 a 540 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En otro de los casos relativo a la firma Buyatti SAIC y A se presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, nota que con firma certificada por escribano y en el cual se acredita personería manifestando que “...hemos intervenido como DESTINATARIOS Y RECEPTORES en las descargas de los granos...”. Dejando constancia que no adjunta documentación alguna que respalde sus dichos. (fs. 2822 a 2831 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
Concluye el personal fiscalizador que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con la proveedora en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a esta proveedora como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
Que el proveedor Mario Oscar Vespasiani fue incluido en la base eApoc con la conclusión “prestanombres”, surge de los antecedentes administrativos que el mismo aportó libros y documentación, sin embargo, de la información obtenida de los locadores de los campos que él mismo dijo haber llevado a cabo sus siembras, surge que algunos de estos no son aptos para la actividad y los que sí lo son y donde se habría realizado las siembras, por cuestiones climatológicas y características de los suelos, las cosechas nunca pudierón realizarse o fuerón muy escasas.
En cuanto al proveedor Adrian Alberto Dermechcoff surge que si bien fue localizado y aportó documentación y datos sobre su actividad, se constató que las plantas donde manifiesta realizar su actividad se encontraban inoperativas, se lo incluyó en la base eApoc con la característica “sin capacidad económica”. Se observa una cuestón similar en los proveedores La Esquina Cereales S.R.L (incluído en la base eApoc “sin capacidad económica) y Nuevo Antepuerto S.A (incluído en la base eApoc “sin capacidad económica).
Con relación a esta proveedor se ofició a corredores y entregadores. Con fecha 21/04/2017, la firma Agropol S.A. presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales F.206/ Multinota Impositivo, en donde manifiesta que "... ha actuado como corredor de cereales, es decir, como intermediario...", aportando unaplanilla con los comprobantes emitidosa Cargill S.A.C.e I. y de los pagos realizados. Cabe dejar constancia que las planillas aportadas por el corredor fueron confeccionadas por el mismo, no adjuntando documentación alguna que avale lo informado, por lo cual no constituye prueba fehaciente que permita acreditar las operaciones cuestionadas (fs. 3 a 11 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales). Concluye el Fisco Nacional que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con la proveedora en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a esta proveedora como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
De los oficios librados por la recurrente en virtud de la misma no surgen quienes serían los corredores, entregadores y/o terminales que intervinieron en las operaciones celebradas entre Cargill SAC e I y el presente proveedor. Por otra parte, de las respuestas recibidas de los terceros oficiados, tampoco surge información que involucre al La esquina Cereales SRL.
Concluye la administración fiscal que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con la proveedora en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a esta proveedora como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
Surge distintas verificaciones cursadas por la AFIP – DGI la inoperatividad de la firma Servicios Bragado S.R.L, la misma se encuentra incluída en la base eApoc con la conclusión “sin capacidad económica”.
Respecto al proveedor Agroprocesos del Oeste S.A, ha sido denunciada en varias ocasiones por transportistas respecto de la existencia de CTG otorgadas asociadas a las patentes de sus vehiculos, cuando los mismos nunca prestaron servicios para dicha empresa. La misma fue incluída en la base eApoc “con irregularidades en la cadena de comercialización”.
En cuanto a las fiscalizaciones llevadas a cabo a La Colonia S.R.L, la Administración Federal de Ingresos Públicos constató que los campos donde operaba se encontraban sembrados con algodón, no obstante haber declarado la contribuyente que le adquirió a la misma granos. Dicha empresa se encuentra incluída en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
En el caso de dichos proveedores la recurrente ofició a varios corredores a los efectos de que informen si intervinieron en las cartas de porte respaldatorias de las operaciones entre ella y la presente proveedora. De dicho analisis se constató que por ejemplo en el caso de Raúl Spino informa que ha prestado servicios como entregador en la descarga de granos y explica que sus servicios son prestados al cargador de granos, que es quien lo contrata y paga. Se deja constancia que no adjunta documentación alguna que respalde sus dichos. (fs. 1341 a 1405 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En otro de los casos relativo a la firma Buyatti SAIC y A se presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, nota que con firma certificada por escribano y en el cual se acredita personeria manifestando que “...hemos intervenido como DESTINATARIOS Y RECEPTORES en las descargas de los granos...”. Dejándose constancia que no adjunta documentación alguna que respalde sus dichos. (fs. 2822 a 2831 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
Concluye el personal fiscal que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con la proveedora en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a esta proveedora como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
Que surge de la vista conferida a la actora que existe una denuncia realizada respecto del proveedor Alejandro Martín Veiga por un transportista, que de las verificaciones cursadas al mismo,el área de fiscalización concluyó que no estaría en condiciones de comercializar los montos que se informan según las declaraciones juradas, ya que no cuenta con capacidad económica ni productiva para realizarlo, comprobándose incluso la existencia de comprobantes de compras apócrifos vinculados al mismo. Es por esto que se encuentra incluído en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
Que el Organismo detectó maniobras realizadas por la firma Islagro S.A, por cuanto personal de la AFIP constituído en distintas plantas de la firma, expresa que pudo constatar que no hubo movimientos, verificando que la firma simulaba operaciones, dado que vía sistema confirmaba el ingreso de camiones y solicitaba cartas de porte para trasladar mercadería, que nunca ingresó ni salió de las plantas. Este proveedor se encuentra en la base eApoc con la característica “sin capacidad económica”.
Con fecha 12/05/2017, el apoderado de Entregas Serden S.R.L.,presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, unanota certificada, mediante la cual informa que intervino como entregador en lasoperaciones realizadas entre la proveedora y Cargill S.A.C. e 1. Como respaldo desus dichos, adjunta copias de las cartas de portes, inicialadas por el socio gerente.Se procedió a analizar la citada documental. y correlacionarla con la informaciónobrante en las planillas aportadas por Cargill S.A.C. e I.. Como resultado de dicho análisis, se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el Anexo 20 de la Reolución de Impuesto a las Ganancias (fs. 316 a 533 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores,Corredores y Terminales).
Con fecha 16/05/2017, la apoderada de Cargill S.A.C.e.., presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, un escrito titulado "ACOMPAÑA", mediante el cual manifestó que la respuesta del oficiolibrado a Sola Cereales S.A., fue erróneamente entregada en las oficinas de la recurrente, adjuntado una nota con firma certificada y acreditación de personería, enla cual manifiesta haber participado como corredor en los contratos que la rubrada informa, aportando un listado donde se relacionan los contratos celebrados con las cartas de porte yliquidaciones correspondientes, detallando la fecha de cobro de las mismas. Como documentación respaldatoria del citado listado, aporta las correspondientes liquidaciones, dejándose constancia que toda la documentación se encuentra certificada por escribanoy firmada por el apoderado de la firma. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en las planillas aportadas por Cargill S.A.C. e I.. Como resultado de dicho análisis. se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados. (fs. 903 a 1010 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores. Corredores yTerminales).
En virtud de lo expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraídos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugnó el crédito fiscal respectivo.
En cuanto al proveedor José Clemente Arriola, el mismo deconoció haber desarrollado la actividad agropecuaria, manifestando ser remisero y reconociendo que, a cambio de una retribución, firmó un contrato de locación correspondiente a una planta de acopio en la provincia de Córdoba y que, de igual modo, ocurrió con la apertura de las cuentas corrientes bancarias a su nombre, en Banco Galicia y en el HSBC Bank Argentina, pero informando que nunca operó con las mismas. El mismo se encuentra incluído en la base eApoc como “prestanombres”.
La actora acompañó contestación de oficio librado a Agroentregas SA. donde se aportó documentación respaldatoria, fotocopia de contratos, las cartas de porte vinculadas y ordenes de pago emitidas a clientes. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en planillas aportadas por la recurrente en virtud de la medida para mejor proveer realizada en sede administrativa. Como resultado de dicho analisis se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el anexo 6. (fs. 1754/2288 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales)
Respecto al proveedor Miguel Oscar Carrizo, habiendo sido localizado el mismo e interrogado por personal del área de fiscalización manifestó que la tramitación de su inscripción en la AFIP-DGI para que operara en el mercado agropecuario la realizó un tercero, obteniendo a cambio un beneficio porcentual quincenal, e indicando que quien efectuó la inscripción fue quien también contrató los bienes de uso e inmueble rural. El mismo se encuentra incluído en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
De los oficios librados por la recurrente en virtud de la misma no surgen quienes serían los corredores, entregadores y/o terminales que intervinieron en las operaciones celebradas entre Cargill SAC e I y el presente proveedor. Por otra parte, de las respuestas recibidas de los terceros oficiados, tampoco surge información que involucre al Sr. Miguel Oscar Carrizo.
Concluye la administración fiscal que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con la proveedora en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a esta proveedora como el crédito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
En cuanto a Chipre S.A surge que en el domicilio fiscal declarado se contactó a una persona que manifestó haber prestado su domicilio a la firma, a solicitud de un conocido, a efectos de recibir documentación y correspondiencia y reenviarla. Destaca que más allá de ello, los funcionarios del AFIP también constataron que las plantas de acopio donde la proveedora realizaría sus operaciones, se encuentran inactivas. Esta firma está inclioda en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
Con relación a la proveedora bajo análisis, la recurrente ofició a Fa Da Sa S.R.L. y Yacuzzi y Asociados S.R.L. en carácter de corredores (fs. 50 a 57 y 180 del Cuerpo Oficios Librados a ntregadores, Corredores y Terminales) y Agroentregas S.A. encarácter de entregador (fs. 177 en el mismo cuerpo).
Con fecha 17/05/2017, la apoderada de Cargill S.A.C.e.l., presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, un escrito titulado "ACOMPAÑA", mediante el cual presenta respuesta del oficio librado a Yacuzzi y Asociados S.R.L., que erróneamente fue entregado a las oficinas de la rubrada, adjuntando una nota con firma certificada por Banco, en la cual informa que ha participado como corredor en las operaciones realizadas entre Cargill y Chipre S.A. en su carácter de comprador y vendedor respectivamente, no aportando documentación alguna que respalde sus dichos (fs. 1654 a 1754 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
Con fecha 17/05/2017, la apoderada de Cargill S.A.C.e.I., presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, un escrito titulado "ACOMPAÑA", mediante el cual manifestó que la respuesta del oficio librado a Agroentregas S.A., fue erróneamente entregada en las oficinas de la recurrente, adjuntado una nota con firma certificada y acreditación de personeria, en la cual informa que fue contratado por el cargador de los bienes para participar como entregador en las descargas de cereales relativas a las cartas de porte que acompaña. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en las planillas aportadas por Cargill S.A.C. e I.. Como resultado de dicho análisis, se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el Anexo 11 (fs. 1754 a2288 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En virtud de lo expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugno el crédito fiscal respectivo.
En cuanto a la firma Flap Transportes Agrícolas S.A, surge de los antecedentes administrativos que el personal de la AFIP se contactó con quien sería el presidente de la firma y el mismo dijo ser jubilado hace 15 años y no desarrollar ninguna actividad, manifestando que alguna vez firmó unos papeles, pero desconociendo de que se trataba y a qué firma correspondían. En cuanto a este proveedor, se encuentra adherido a la base eApoc con la característica “sin capacidad económica”.
La actora acompañó contestación de oficio librado a Ceryhac SA. donde se aportó documentación respaldatoria, fotocopia de contratos, las cartas de porte vinculadas y órdenes de pago emitidas a clientes. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en planillas aportadas por la recurrente en virtud de la medida para mejor proveer. Como resultado de dicho analisis se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartes de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el anexo 18 de la Resolución de Impuesto a las Ganancias (fs. 1754/2288 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En virtud de lo expuesto, las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugno el crédito fiscal respectivo.
En cuanto a Rocerco S.R.L, personal investigador de la administración federal de ingresos públicos contacto a uno de los socios de la empresa, quién manifestó que él y un tercero compraron las acciones al anterior dueño de la sociedad, a cambio de un sueldo mensual que sólo cobraron en una vez, quedando toda la documentación en poder del anterior dueño y no habiendo participado nunca en operaciones relacionadas con la firma. Esta empresa se encuentra incluída en la base eApoc como “desconocido por sus titulares y/o títulares.
Respecto a firma Santa Teresa Agropecuaria S.R.L, localizados quienes serían sus títulares, manifestaron haber prestado su nombre a su empleador, quien tambíen sería dueño de la firma Productos Argentinos S.R.L, a fin de la creación de una nueva firma continuadora de la actividad, manifestando incluso que atento haber sufrido amenazas de parte de quien sería el real dueño de la firma, se procedió a realizar la respectiva denuncia ante los Tribunales de Villa Constitución. La firma Santa Teresa Agropecuaria S.R.L se encuentra incluída en la base eApoc como “usina empresa desactivada”.
Respecto al Sr. Luis Alberto Torres, el mismo manifestó ante el personal fiscalizador haber otorgado un poder a nombre de un tercero que lo habilitaba para operar en el rubro de compraventa o consignación de granos, a cambio de que le transfirieran un 2% de las operaciones realizadas, manifestando que habiendose enterado que se realizaban a su nombre operaciones fraudulentas, procedió a revocar el poder otorgado y realizó una denuncia penal contra Ricci Ballarini, Angel Fernando y Agroespifar S.R.L, quienes habrían participado en las operaciones fraudulentas. Este proveedor, Luis Alberto Torres, se encuentra incluído en la base eApoc como “prestanombres”. En cuanto a la firma Ceralera San Martín S.A surge de los antecedentes administrativos que habiéndose circularizado a terceras personas que habrían intervenido en las operaciones realizadas , muchas de ellas no contestaron y otras desconocieron haber participado en las operaciones informadas por el proveedor. Encontrándose la misma en la base eApoc como “con irregularidades en la cadena de comercialización”. Con relación a la proveedora bajo análisis, la rubrada ofició a Campos y Negocios S.A. en carácter de corredor (fs. 187 del Cuerpo OficiosLibrados a Entregadores, Corredores y Terminales). Asimismo, según nota que presenta la apoderada de Cargill S.A.C.e l. manifiesta que libró oficio a EntregasSerden S.R.L. (fs. 198 del mismo cuerpo).
Con fecha 12/05/2017, el apoderado de Entregas Serden S.R.L.presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, unanota certificada, mediante la cual informa que intervino como entregador en lasoperaciones realizadas entre la proveedora y Cargill S.A.C. e l. Como respaldo de sus dichos, adjunta copias de las cartas de portes, inicialadas por el socio gerente. Se procedió a analizar la citada documental, y correlacionarla con la información obrante en las planillas aportadas por Cargill S.A.C. e I.. Como resultado de dicho análisis, se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el Anexo 9 (fs. 316 a 533 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En virtud de lo expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugno el crédito fiscal respectivo.
En cuanto al proveedor Cersetra S.A. si bien surge de las determinaciones de oficio que el presidente de Cersetra S.A fue localizado, este se negó a aportar información y documentación relacionada con la firma, en cuanto a la firma, esta se encuentra en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
En cuanto a los proveedores Nélida Norma Ciarochi y Comercializaciones San Luis S.R.L, los mismos han sido incluidos dentro de los denominados operativos de granos, concluyéndose en que se estaría ante contribuyentes que no cuentan con la capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera necesaria para operar en los niveles de entregas que dicen haber realizado, por lo que se encuentran incluídos en la base eApoc como “sin capacidad económica” y en cuanto a Comercializaciones San Luis S.R.L. como “con irregularidades en la cadena de comercialización”.
En cuanto al proveedor El Guaicurú S.A, se encuentra involucrado en la Causa Penal 475/11 “SRIO AV. INF. LEY 24.769 (IMP.: MIRTO, GUSTAVO DANIEL Y OTROS)” donde se da cuenta sobre la posible existencia de una organización dedicada a la generación de documentación apócrifa, así como la provisión de infraestructura legal y financiera destinada a encubrir y permitir el comercio de granos en forma marginal, dicha firma se encuentra incluída en la base eApoc “sin capacidad económica”.
En cuanto a los proveedores Cersetra SA, Nelida Norma Ciarochi y el Guaicuru SA de los oficios librados por la recurrente no surgen quienes serian los corredores, entregadores y/o terminales que intervinieron en las operaciones celebradas entre Cargill SAC e I y los presentes proveedores. Por otra parte de las respuestas recibidas de los terceros oficiados, tampoco surge información que involucre a dichos proveedores. Concluye la administración fiscal que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con los proveedores en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a estos proveedores como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
En cuanto al proveedor Comercializaciones San Luis, con fecha 17/05/2017, la apoderada de Cargill S.A.C.e.I., presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, un escrito titulado "ACOMPAÑA", mediante el cual manifestó que la respuesta del oficio librado a Martino y Cía. S.A. fue erróneamente entregada en las oficinas de la actora, adjuntado una nota con firma cetificada del presidente y acreditación de personería, en la cual informa que fue contratado por el cargador de los bienes para participar como entregador en las descargas de cereales relativas alas cartas de porte que acompaña.
Posteriormente, con fecha 05/06/2017 la firma presentó en el citado Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, una ampliación de la información oportunamente aportada, adjuntando nuevas cartas de porte, de las cuales sólo las obrantes de fs 2843 a 2860 y 3302 se encuentran firmadas por escribano, no constituyendo las restantes (fs. 2861 a 3301) documentación fehaciente a los fines de avalar las operaciones que pretende validar. Se procedió a analizar la documental correctamente apotada, y a correlacionarla con la información obrante en las planillas aportadas por Cargill S.A.C. e I... Como resultado de dicho análisis, se pudo validar la existencia de los granos involucrados en las cartas de porte y facturas vinculadas a los contratos detallados en el Anexo 14 de la Resolución de Impuesto a las Ganancias (fs. 2289 2821 2832 a 3302 del Cuerpo Contestación de Oficios Entregadores, Corredores y Terminales).
En virtud de lo expuesto las facturas y pagos correspondientes a los contratos allí detallados fueron detraidos del ajuste referido al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias -art. 37- Salidas no Documentadas. No obstante ello, no habiéndose probado el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza del vendedor, se impugno el crédito fiscal respectivo.
Surge de los antecedentes administrativos que la proveedora Empresa Cooperativa Agropecuaria de Timbúes LTDA., fue fiscalizada concluyéndose que los resultados obtenidos de la verificación realizada con relación a su actividad, no son coincidentes con las registraciones de la firma. Añade que verificó que la planta de su propiedad se encontraba alquilada a una tercera firma y, circularizado el propietario del predio donde en el cual la cooperativa realizaría actividades, manifestó que la planta se encontraba inoperativa, por lo que se encuentra en la base eApoc como “con irregularidades en la cadena de comercialización”.
En cuanto a dicha proveedora, con fecha 15/05/2017, la apoderada de Cargill S.A.C.e.I., presentó en el Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, un escrito titulado "ACOMPAÑA", mediante el cual manifestó que la respuesta del oficio librado a Gualtieri Carlos antonio, fue erróneamente entregada en las oficinas de la actora, adjuntado una nota con firma cetificada en la cual informa que efectivamente ha intervenido en el año 2009 y 2010, como recibidores en las operaciones que se detallan en un listado adjunto a dicha nota. Cabe dejar constancia que no adjunta documentación alguna que respalde sus dichos (fs. 547 a 881 del Cuerpo Contestación de Oficio Entregadores, Corredores y Terminales).
Concluye el juez administrativo que no habiéndose acreditado la realización de las operaciones concertadas con los proveedores en cuestión y no contando con información de terceros que acredite fehacientemente la operatoria en trato, se procedió a impugnar tanto el gasto vinculado a estos proveedores como el credito fiscal, computados por la recurrente en las declaraciones juradas oportunamente presentadas y gravar con el 35% las salidas de fondos falsamente documentadas.
Respecto a la firma Lelica S.A, habiendo sido localizada y habiendo aportado el libro de IVA Ventas correspondiente a los períodos en los que ha operado con la actora, no se encuentran registradas aquellas operaciones cuestionadas, más allá de otras irregularidades detectadas, como los reiterados cambios realizados en el domicilio declarado, el alto porcentaje de proveedores de ella que se encuentran incluidos en la base e-Apoc, la manifestación de la documentación extraviada, entre otros. Lelica S.A se encuentra incluída en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
En cuanto al proveedor Jose Mario Pazelli, sólo aportó una serie de multinotas en las cuales describe su actividad, sin adjuntar documentación espaldatoria alegando que ha sido extraviada. Si bien el Sr. Pazelli habría adjuntado un contrato de arrendamiento, de la circularización efectuada a la la escribanía interviniente en el mismo, surge que las firmas consignadas no coinciden con las registradas. El mismo se encuentra incluído en la base eApoc como “sin capacidad económica”.
Respecto a la firma Quintales S.A se hizo presente en el Organismo el presidente de la firma, quien no aportó documentación alguna que de cuenta de la actividad de la firma, surge de las verificaciones realizadas en los diferentes domicilios de la empresa que no se logró ubicarlo e incluso se constató que no existía actividad en las plantas declaradas por la firma, por lo que está incluído en la base eApoc como “con irregularidades en la cadena de comercialización”.
En cuanto a la firma San Miguel Cereales S.A no pudo ser localizada, sin embargo, de las circularizaciones efectuadas a los empleados declarados por la firma, surge que si bien figuraba como empleador de los recibos de sueldo, ninguno de ellos tuvo contacto con los directivos de la firma, revelando además que el movimiento de granos en la planta era prácticamente nulo.
En cuanto al proveedor Roberto Viano, surge que el mismo desconoció haber realizado operaciones en la campaña 2007/2008, por poseer problemas personales que le imposibilitaban realizar tareas laborales y que está incluído en la base eApoc como sin capacidad económica”
Que sobre Stella Marys Cereales S.A, surge que la misma se encuentra incluída en la base eApoc como “sin capacidad económica”. Si bien durante el proceso de fiscalización se presentó una persona que dijo ser apoderado de la firma, no lo pudo acreditar y la misma nunca aportó la documentación pedida por el personal de la AFIP . Por lo expuesto ut supra, el área de fiscalización procedió a impugnar el crédito fiscal originado en las operaciones declaradas con todos los proveedores observados, neto de los reintegros de IVA otorgados por la AFIP, por los períodos diciembre 2009 a junio 2014, impugnar la deducción de los gastos y/o costos vinculados con las operaciones atribuidas a los proveedores mencionados, en relación al impuesto a las Ganancias, por las operaciones correspondientes a los ejercicios 2010 a 2014 (con cierre 28/02) y determinar diferencias en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas, por los pagos efectuados en los meses de diciembre de 2009 a febrero del 2014.
VI. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, en el cual se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora, destacando entre las principales anomalias, presunción de utilización de prestanombres, falta de capacidad económica.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que aquellos 37 proveedores impugnados hayan sido los verdaderos proveedores de granos cuyos créditos fiscales se encuentran controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Asimismo cabe dejar sentado que la recurrente debió haber probado la capacidad productiva -patrimonial y operativa- de los proveedores de cereal involucrados, como ser documentación suficiente que acredite la titularidad y/o arrendamiento de los campos que habrían explotado, la adquisición de insumos en general, la titularidad y/o alquiler de maquinarias y herramientas para realizar tareas, entre otras, lo cual no ocurrió, por lo que corresponde confirmar el ajuste en IVA.
Seguidamente corresponde analizar el ajuste realizado en el Impuesto a las Ganancias, a partir de la impugnación de las compras respecto de aquellas casos donde la recurrente no probó la existencia de las operaciones respecto de los proveedores observados. Ahora bien con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que los mismos estaban autorizados para operar en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, entre otros; en modo alguno permite tener por acreditada la materialidad de las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional respecto de los proveedores impugnados. Cabe advertir que la incorporación al mentado Registro Fiscal, no implica eximir a los integrantes del mismo de controles fiscales, pues en esa inteligencia, de comprobarse irregularidades, la AFIP, puede proceder a su exclusión, tal como aconteció con los proveedores cuestionados.
En el caso particular de los restantes intermediarios -corredores- oficiados, los que contestaron, no aportaron ningún elemento/documentación adicional que permita presumir la existencia del bien; como ejemplo cabe señalar que los corredores no especificaron cómo se cumplimentaron los contratos en los que habrían intervenido, a través de qué cartas de porte, si fue entregada la totalidad del producto involucrado, en qué fecha, por qué medio, es decir no informaron el circuito a través del cual se habría perfeccionado la operación, sino que limitaron sus respuestas a simples dichos que no resultan suficientes para desvirtuar el cargo formulado, es decir la inexistencia de las operaciones y de los bienes involucrados, y por ende la impugnación del gasto en el balance impositivo de la contribuyente.
Corresponde resaltar que surge de la propia pericial contable obrante a fs. 1260/1267 se destaca que las transferencias bancarias realizadas a los corredores fueron globales, es decir dentro de una misma transferencia se incluyen montos dinerarios destinados a cancelar distintas operaciones en las que actuaron distintos proveedores y el mismo corredor, sin poder identificar, de manera directa, el importe exacto de las operaciones cuestionadas. Por otro lado en cuanto a los argumentos de la recurrente por cuanto manifiesta que los corredores han participado en la compra documentada en los contratos acompañados corresponde destacar que en sede administrativa se comprobó que proveedor Alejandro Martin Veiga que el mismo poseía comprobantes de compras apócrifos, en cuanto Jose Clemente Arriola, desconoció el mismo haber desarrollado la actividad agropecuaria, manifestó ser remisero y reconocio haber firmado un contrato de locacion correspondiente a una planta de acopio en la provincia de Cordoba. Abriendo cuentas en el Banco Galicia y HSBC Bank Argenrina pero que nunca operó con las mismas, por otro lado, en cuanto al Sr. Luis Alberto Torres manifestó haber otorgado poder a un tercero que lo habilitaba a operar en el rubro compra- venta de granos a cambio de un porcentaje de las operaciones realizadas y al haberse enterado que se realizaban operaciones fraudulentas en su nombre, procedió a realizar la denuncia penal, asi como Nelida Norma Ciarochi que la misma ha sido incluida en los operativos de granos. Todos estos como un mero ejemplo que dichos contratos nunca fueron acompañados en sede administrativa ni ante la sede de este Tribunal.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores del cereal involucrado en las adquisiciones cuyo crédito fiscal y gasto computado se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que la impugnación se asienta sobre un único hecho presumido por el Fisco, el cual es que los proveedores impugnados no poseerían capacidad operativa y económica para realizar las operaciones declaradas ante el Organismo Fiscal, lo que traería aparejada la inexistencia de las operaciones de compraventa de granos.
Asimismo en cuanto a la prueba informativa producida por la recurrente la misma no resulta de utilidad para demostrar la capacidad productiva ni la realidad de las operaciones en el caso de marras. En tal sentido corresponde señalar que la prueba informativa dirigida a Afip obrante a fs. 2094/2286 informó que en el caso de Acopiadora Olivia S.R.L. la misma se encuentra con la clave inactiva, empadronada en el Registro Fiscal de operadores de Granos en la categoría de “Acopiador” desde el 21/09/2007 hasta el 22/06/2010 y desde el 06/072011 hasta el 01/10/2012 y se le otorgaron 3380 Cartas de Porte (como remitente: 3030; Cuenta Orden 1:34; Cuenta Orde 2;2 Corredor 2; Destinatario 304; Transportista 4 y Chofer 4) en el período comprendido entre Diciembre de 2009 a Febrero de 2014. No encontrandose información en cuanto a su capacidad contributiva. En el caso del proveedor Agrobald S.A, informa que el mismo tiene la clave inactiva actualmente, encontrándose empadronado en el Registro de Operadores de Granos en la categoría de Acopiador desde el 03/11/2011 hasta el 24/02/2014 fecha en la cual se le notifica la exclusión. Estuvo autorizado para la la emisión de Cartas de Porte, así como también su correspondiente Código de Trazabilidad de granos desde 2009 hasta el 30/12/2011 fecha en la cual fue suspendida del registro fiscal de operadores en la compraventa de granos y legumbres secas, lo que motivó su imposibilidad de solicitar cartas de porte y su correspondiente CGT. Se le reincorpora a dicho registro el dia 03/01/2012, pero con fecha 19/11/2012 fue nuevamente suspendido, volviendo a ser reincorporado con fecha 04/04/2013en razón de una medida cautelar. Finalmente,con fecha 22/10/2013 fue nuevamente fue nuevamente suspendida en el Registro y luego excluida a la fecha de conteste del oficio. Añade que no figuran contratos registrados en la base E-fisco.
En cuanto al proveedor Agromial S.R.L, se informó que le fuerón otorgadas 27770 cartas de porte con CTG, que no registró contratos ni como comprador ni como vendedor y que el mismo no presentó información relativa a la existencia de mercadería y capacidad productiva.
Respecto al proveedor Agropecuaria El Moro S.R.L se informó que no se visualizan registraciones de contratos, pero si el mismo informó oportunamente la existencia de capacidad de producción.
En cuanto al proveedor Agroprocesos del Oeste S.A informa que desde el periodo 04/2009 al 02/2018, el mismo emitió 463 Cartas de Porte con su correspondiente Código de Trazabilidad y los granos que traslado fueron: Trigo Blando, Soja y Girasol, siendo su localización General O´Brian – Buenos Aires y su destino fue la provincia de Buenos Aires en distintas localidades, respecto a las consultas de stock realizadas se informó que, al 31/08/2010 informó 0kg , al 31/8/2011 informó 9.460.000kg de Soja en la localidad de Tobas Santiago del Esteroen stock, mientras que al 31/08/2021 informó 1.500.000 kg de trigo pan en la localidad de Tobas, Santiago del Estero, sin embargo, respecto en la superficie de granos en campaña, en 2010-2011 informó 0kg en stock, en la campaña 2011-2012 informó 4.800 has; de las cuales 1.300 son de Trigo en superficie propia y 3.500 has son de trigo en superficie de terceros, en 2012-2013 informó 3.500 has; de las cuales 500 has son de Garbanzos en superficie propia y 3.500 has son de Trigo en superficie propia, en 2010-2011 informó 9.072has; de Soja en superficie de terceros, en 2011- 2012 informo 12.648 has de Soja en superficie de terceros y en cuanto a 202-2013 informó 7.500has de Soja en superficie de terceros, sin embargo, el mismo no presentó ante el organismo información relativa a la existencia de mercadería y capacidad de producción En cuanto al proveedor Miguel Oscar Carrizo se informa que se le otorgó autorizaciones para para la emisión de Cartas de Porte desde 2009 hasta el mes de febrero de 2014 inclusive, en cuanto a las registraciones de contratos, no se registró ningún contrato con Cargill.
Respecto a la proveedora Nelida Norma, informa que la misma estuvo autorizada para la emisión de cartas de porte, así como su correspondiente código de trazabilidad hasta el 01/06/2009, fecha en la que fue suspendida del registro fiscal de operadores en la compraventa de granos y legumbres secas, lo que motivo su imposibilidad solicitar cartas de porte y su respectivo código de trazabilidad de granos . Luego, con fecha 02/07/2009 se la reincorpora en el mencionado registro en razon de una medida cautelar dictado por el Juzgado federal de la Ciudad de Bell Ville con lo que vuelve a adquirir la capacidad para solicitar cartas de porte y sus respectivos CTG.
En cuanto al proveedor Comercial Río Santiago S.R.L. Se informa que se le otorgó autorizaciones para la emisión de cartas de porte, así como también su correspondiente código de trazabilidad de granos desde 2009 hasta 2014 inclusive. No surge información sobre contratos registrados en la base de datos de la AFIP, ni que hayan presentado ante el Organismo información relativa a la existencia de mercaderías y capacidad de producción. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013). Por lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.” (el resaltado me pertenece). Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciainiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.”
Asimismo respecto a los oficios producidos surge que tanto en el banco BNP Paribas (fs. 744, 1100) , Banco de Santa Fe y Banco Provincia (fs. 1080) no se encuentran cuentas bancarias ni de Cargill ni de sus proveedores; En cuanto al Banco Santander Río (fs. 747/750), surge que Cargill tuvo 5 cuentas corrientes en el período y al momento solo una sigue vigente, de sus proveedores tuvieron cuentas: Agroprocesos del Oeste, Elsa Pascualina Brigi, Miguel Oscar Carrizo, Cerealera San Merín, Cestrera S.A, Nelida Norma Ciarocci, Adrián Alberto Dermechoff, Flap Transportes Agrícolas, Islagro S.A, Carlos Alberto Matu, Servicios Bragado S.R.L, Luis Alberto Torres y Alejandro Martín Veiga , de los cuales al no haberle otorgado información suficiente al banco para localizar transferencias, el mismo no pudo encontrar ninguna.
Respecto al Banco Itaú (fs. 773), el mismo informó que los tanto el proveedor Cerstrera S.A como Veiga Alejandro Martín poseían cuentas en esta entidad pero no recibieron transferencias de la cuit de Cargill. En cuanto al Banco Credicoop (fs. 775) el mismo informa que Cargill tuvo una cuenta que registra una transferencia pero que la misma no corresponde con los proveedores impugnados. Por su parte, el Banco Finansur (fs. 776) informa que fuerón clientes del Banco, Comercializaciones San Luis S.R.L, La Colonia S.R.L, Servicios Bragado S.R.L y Cooperativa agropecuaria de Timbúes.
En cuanto al Banco Nación (fs. 1122, 1124, ) informa que tenían cuentas los proveedores Pazzelli José Mario poseía una cuenta caja de ahorro entre los meses marzo a septiembre de 2009, mes en el que se produjo el cierre de la misma, no obsevandose ningún tipo de transferencias, respecto a Cargill informa que la empresa poseía una cuenta corriente con algunas transferencias, pero no individualizado a donde se dirigían las mismas, otros proveedores del mismo, Cerealera San Martín, Torres Alberto Luis, Comercializaciones San Luis, Mario Oscar Vespasiani, La Colonia S.R.L, Pazalleli Jose Mario y Acopiadora Olivia tambien poseían cuentas pero ningún movimiento en las mismas, Por su parte, el Banco ICBC (fs.780) informó que poseen cuentas en dicha entidad, Chipre S.A.I.C y Torres Luis Alberto, no informa nada más.
Que Banco Macro (fs. 781/783) informa que tienen cuentas bancarias los siguientes proveedores: Acopiadora Olivia, Elsa Pascualina Brigi, Carrizo Miguel Oscar, Cerealera San Martín, Ciarochi Nelida Norma, Cereales S.R.L., Dermechoff Adrían Alberto, Islagro S.A, Nuevo Antepuerto S.A, Pazzelli José Mario, Quintales S.A, Rocero S.R.L., Santa Teresa Agropecuaria S.A., Ser Agropecuario S.A., Veiga Alejandro Martín, Vespiani Mario Oscar y Viano Roberto Constancio (dvd con movimientos en las cuentas)
Respecto al Banco Galicia fs. (825/826), informó que Agrobald S.A posee una cuenta con transferencias recibidas de Cargill, Agropecuaria El Moro posee una cuenta con transferencias recibidas de cargil, José Clemente Arriola posee una cuenta con transferencias recibidas de Cargill, Miguel Oscar Carrizo posee una caja de ahorro en pesos sin transferencias de Cargill, Cerealera San Martin posee una Cuenta Corriente sin transacciones de Cargill, Carlos Alberto Matu posee una caja de ahorro en pesos con transferencias recibidas de Cargill, Nuevo Antepuerto posee varias cuentas corrientes con transferencias recibidas de Cargill, José Mario Pazelli posee una caja de ahorro sin transferencias de Cargill, San Miguel Cereales posee una cuenta corriente con transferencias recibidas de Cargill, Stella Marys Cereales posee varias cuentas y en la caja de ahorro especial en pesos, Alejandro Martín Veiga posee caja de ahorro en pesos y no recibió ninguna transferencia de Cargill, Roberto Cibstancio Viano posee caja de ahorro en pesos sin transferencias de Cargill.
En cuanto al Banco Comafi (fs.1282) informa que tienen cuenta los proveedores Acopiadora Olivia y Agrobald pero no tuvieron transferencias de Cargill.
Respecto al Banco industrial (fs. 1301), el mismo informa que fueron clientes Mario Oscar Vesparini y Santa Teresa Agropecuaria sin transferencias de Cargill.
Por su parte, el Banco Superville (fs. 1323) informa que el Guaicurú S.A recibió transferencias de Cargill. En cuanto a el Banco HSBC, el mismo informa que poseen cuentas los proveedores: Agromial, Agropecuaria El Moro, José Clemente Arriola, Elsa Pascualina Brigi, Miguel Oscar Carrizo, Cerealera San Martín, Chipre, Nelida Norma Ciarocchi, Comercial Río Santiago, Comercializaciones San Luis, Adrian Alberto Dermechoff, El Guaicurú, Flap Transportes Agrícolas, Lelica, Nuevo Antepuerto, Recerco, Santa Teresa Agropecuaria, Luis Alberto Torres, Mario Oscar Vesoasiani y Roberto Constancio Viano, pero no informa movimiento de las mismas.
Con respecto al argumento por el cual los pagos efectuados por transferencia bancaria correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
En lo que se refiere a la defensa planteada por la actora en referencia a las retenciones practicadas a los proveedores cuestionados y la utilización de correcciones simétricas, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion -en la causa ADM Argentina SA c/EN – AFIP – DGI- Resol. 24/08 25/08 (DV Dy R2) s/ Dirección General Impositiva, del 10/03/2015- ha puesto en evidencia que la existencia de retenciones practicadas no constituye un elemento capaz de acreditar la veracidad de las operaciones.
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo. Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que por último, con respecto al planteo de la actora por cuanto impugna la liquidación efectuada en la Resolución 76 en lo que respecta al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2013, corresponde señalar que se advierte que se trata de un error material en el artículo 6° de la Resolución en el que se consignó como saldo a favor de la contribuyente en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2013, la suma de $ 12.746.631,53 resultando el mismo incorrecto, ya que tal como surge de la liquidación que integra la referida Resolución 76 de la que surge que el saldo a favor de la recurrente por el citado período es de $ 32.490.189,98 (vide fs. 572 de los autos principales), el cuál ha de considerarse como saldo a favor de la contribuyente por el citado período. Que atento lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias (con la salvedad tratada en el párrafo precedente en cuanto al saldo a favor del período 2013) e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
En virtud de lo expuesto, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios, dejando a salvo que el saldo a favor determinado del período 2013 del Impuesto a las Ganancias es de $ 32.490.189,98. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.10.04 16:47:04 ART Date: 2023.10.04 21:48:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.05 10:06:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.05 10:07:08 -03:00
Fin de la sentencia