Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 53/2013 (DV CRR1) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
I. Que, a fs. 82/94vta., la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 53/2013 (DV CRR1) de fecha 09/05/2013, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro de la AFIP. La apelante impugna la mencionada resolución, por la cual se le determinó de oficio el Impuesto sobre las supuestas Salidas No Documentadas (ISND) de los periodos fiscales diciembre de 2010, enero a marzo, mayo a octubre y diciembre de 2011 y enero 2012, estableciendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $156.577,02 con más intereses resarcitorios por un total de $99.759,84. Asimismo, se difirió la calificación de la conducta, conforme el art. 20 de la Ley 24769.
En primer lugar, indica que el origen de los actuados es a raíz de una verificación iniciada el 15/05/2012, respecto de la situación de la responsable frente al Impuesto a las Ganancias, habiéndose constatando, según la inspección, que la responsable no ha probado la real existencia de las supuestas operaciones efectuadas con la firma Attimo Bahía Blanca S.A.
Indica que, la AFIP consideró a las facturas abonadas a Attimo como “Salidas No Documentadas” y, por ende, sujetas a la tasa definitiva del artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en los meses mencionados previamente. Destaca que no dedujo de su declaración jurada original ninguna factura de Attimo Bahía Blanca S.A., afirmando que aunque los gastos existieron, los mismos no fueron deducidos del balance fiscal. Manifiesta que Attimo Bahía Blanca S.A. es una sociedad anónima cuya actividad consiste en “servicios de publicidad”, que tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en la República Argentina o en el extranjero a las siguientes actividades: explotación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de empresas de publicidad en el ámbito radial, gráfico, televisivo, cinematográfico, así como también por medio de megáfonos móviles, impresos, inclusive la realización y fabricación, distribución, importación y exportación de todo tipo de elementos, como ser chapas, afiches, carteles y aparatos relacionados con la actividad publicitaria en cualquiera de sus formas y la compraventa de espacios publicidad.
Expone que la firma Attimo Bahía Blanca S.A. al mes de noviembre de 2011 continuaba bajo inspección de la AFIP y que al momento de presentar el presente recurso fue considerada apócrifa.
En respuesta al requerimiento que se le formuló a la recurrente, se informó que las facturas que dieron origen a los gastos no deducibles correspondían a erogaciones relacionadas con el proveedor Attimo Bahía Blanca S.A. que no fueron tomadas como gastos deducibles en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por ende entiende que no se produjeron salidas no documentadas del balance fiscal de Argenbingo S.A.
La actora se agravia por considerar improcedente el ajuste realizado en concepto de ISND, sosteniendo que, el mismo se les realiza suponiendo que Argenbingo S.A., había realizado operaciones con tal proveedor y que los comprobantes exhibidos no conforman verdaderos documentos respaldatorios. Al respecto, afirma que sus facturas son verdaderos documentos respaldatorios, toda vez que, reúnen los requisitos necesarios, que los pagos fueron realizados con cheques, conforme las respectivas órdenes de pago, que fueron endosados por representantes de Attimo Bahía Blanca S.A. Asimismo indica que a la fecha de las operaciones este proveedor no figuraba en la base Apoc.
La recurrente también se agravia por la desviación de poder manifestando que los espectáculos contratados a Attimo Bahía Blanca S.A. se han desarrollado y se demuestra con la folletería, asimismo, los pagos han sido efectuados con cheques librados a la orden de Attimo Bahía Blanca S.A., y esos cheques han sido endosados por el Sr. Carrano en representación de Attimo Bahía Blanca S.A.
En este sentido, afirma que, resulta agraviante que el Fisco manifieste que los cheques no fueron cobrados por quienes deberían haber sido los legítimos destinatarios, siendo que el Sr. Carrano es el presidente de Attimo Bahía Blanca S.A., el acto administrativo aquí atacado surge de una desviación de poder por parte del Organismo Recaudador, es decir, no hay prueba aportada por parte actora que pueda conformar al Fisco Nacional. Siguiendo ese orden de ideas, entiende que, la desviación de poder se pone de manifiesto cuando, con independencia del accionar del contribuyente, se pretende cobrar el Impuesto a las Salidas No Documentadas, por salidas que fiscalmente no se dedujeron. Toda vez que, el accionar de la Administración debe tener una finalidad, la que debe ser verdadera, tampoco debe ser distinta a la correspondiente al objeto o contenido del acto, caso contrario, el funcionario actuaría con desviación de poder, que viciaría de nulidad su accionar. En tal sentido, ratifica que Argenbingo S.A. ha tenido un actuar diligente al momento de llevar a cabo el desarrollo de sus actividades comerciales.
De este modo, indica que, la AFIP debería reclamarle el Impuesto a las Ganancias a los Sres. Juan Suris, Flavio Rodrigo Carrano y Nicolás Ibarra Gutiérrez que son los creadores de Attimo Bahía Blanca S.A., toda vez que a fs. 97 de las actuaciones de la Fiscalía de Bahía Blanca, en el expediente 18/11 caratulado “Investigación preliminar s/pta. Infracción Ley 24.769 (Reg. 4/2011 FF.1) surgen identificados como autores de la maniobra que se pretende trasladar a Argenbingo S.A. bajo una presunción de Salidas No Documentadas.
Por tal motivo, resalta que Agenbingo S.A. no realizó ningún ilícito objetiva ni subjetivamente, por ende no puede ser sancionado por un hecho que no ha realizado tratando de endilgarle una supuesta evasión fiscal dolosa, cuando en realidad los que hayan cobrado los cheques emitidos por Argenbingo S.A., que a su vez, coinciden con quienes crearon la firma Attimo Bahía Blanca S.A., deberían ser quienes abonen el impuesto.
Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia. A su vez ofrece prueba documental y solicita se incorporen las declaraciones de los Sres. Juan Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Flavio R. Carrano, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que, a fs 104/135, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba documental del apelante y se opone a la incorporación de las declaraciones de los Sres. Juan Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Flavio R. Carrano.
Afirma que, no existen vicios que tornen nulo el procedimiento, ni agravios concretos del contribuyente que vulneren garantías constitucionales. Destaca que, el objeto de las nulidades procesales es el resguardo de la garantía de defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio de ese derecho y que la misma ha sido conculcada. Por consiguiente, no se puede declarar la nulidad de un acto, no obstante su irregularidad, si ha logrado la finalidad a la que estaba destinado y no podrá ser declarada si el acto ha sido consentido. En ese orden de ideas, indica que, la actora opuso la nulidad de la resolución recurrida por considerarla ilegitima, entendiendo que en virtud de una supuesta desviación de poder por parte del Juez Administrativo y el presente agravio ya ha sido planteado y fue cabalmente contestado.
Destaca que, el accionar de la Administración tuvo una finalidad verdadera, no encubierta ni falsa y se corresponde al objetivo o contenido del acto, por lo que solicita se rechace el planteo de nulidad. Finalmente, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, a fs. 142, se hizo lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional en relación con la prueba documental ofrecida por la actora, en el punto d) de fs. 93 vta., del escrito de inicio por el cual se solicitaba la incorporación las declaraciones de los Sres. Juan Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Flavio R. Carrano. Teniendo por presentada la prueba documental acompañada por la actora a fs. 4/7 y 52/81vta.
Por ello, a fs. 165 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y finalmente, a fs. 169, se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones.
De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 55/59 de las actuaciones administrativas, la recurrente se encuentra inscripta en la AFIP como actividad principal servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas (CIIU: 924:910).
Cabe mencionar que la fiscalización tuvo origen en el oficio judicial de fecha 17/10/2011 remitido a la Dirección Regional Bahía Blanca en el marco del Expte. N°18/11, “Investigación Preliminar s/pta. Infracción Ley N°24.769”, con el fin de proceder a realizar una auditoría fiscal. El 24/01/2012 se procedió a la apertura de fiscalización en la Dirección Regional Centro, solicitándosele, entre otros elementos, los subdiarios IVA Compras, donde se identificó a Attimo Bahía Blanca S.A. un proveedor caratulado como apócrifo por la Dirección Regional Bahía Blanca.
Según la IGJ, el objeto de la empresa proveedora es la explotación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de empresas de publicidad en el ámbito radial, gráfico, televisivo, cinematográfico e impresos de toda clase. No surge de la consulta efectuada a la IGJ que haya presentado balances generales.
Conforme la información obtenida en la base de datos del Organismo, dicha empresa se inscribió en AFIP el 22/06/2009 con la actividad “servicios de publicidad”. Se dio de alta en el 08/07/2009 en Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuesto sobre los Bienes Personas-Participaciones Sociales, sin presentar declaraciones juradas en este último gravamen. No se encuentra inscripta en el Sistema de Seguridad Social. A su vez, no posee bienes registrables ni cuentas bancarias.
La supuesta empresa proveedora ha presentado declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias únicamente por el período fiscal 2009 y no registra pagos por este impuesto. En lo respecta a las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado desde el 06/2009 hasta el 04/2011 realizó pagos en el IVA solo en el año 2010 por un importe de $200.
En cuanto al domicilio fiscal declarado por la proveedora, al que habría accedido a través de contrato de comodato, los funcionarios del Fisco Nacional se hicieron presentes en tal domicilio pero no pudieron contactar con la empresa ni con sus autoridades. No obstante, algunos de los integrantes de la supuesta sociedad proveedora se hicieron presentes en las dependencias de AFIP aunque no aportaron evidencia concreta que justifique las prestaciones cuestionadas ni la existencia real de tal sociedad.
Attimo Bahía Blanca S.A. fue considerada como usina duplicadora de facturas con fecha 19/04/2011 y publicada dicha circunstancia en la página de AFIP con fecha 19/04/2011 (vide página 27 de la resolución recurrida en los presentes, fs. 40).
El día 30/09/2011 el apoderado de la empresa proveedora, Sr. Chanquía, presentó un Formulario 206/I Multinota Impositivo, mediante el cual expresó que: “habida cuenta que no se pudo verificar la efectiva prestación de servicios por parte de la requerida en los ejercicios bajo análisis (2009-2010) he procedido a rectificar la totalidad de las declaraciones juradas F.731 y F.913 respectivamente, reflejando en 0 (cero) tanto movimientos deudores como acreedores en concordancia con la actividad económica nula de la requerida…” (fojas 95 cuerpo de Antecedentes Attimo Bahía Blanca). En cuanto al Impuesto a las Ganancias presentó las declaraciones juradas 2009, 2010 y 2011 sin movimiento (fojas 229 a 241 cuerpo de Antecedentes Attimo Bahía Blanca), todo ello mencionado en la Resolución apelada en los presentes (fs. 19, 22 y 23).
Se observó que los montos facturados por tal proveedora respondían a honorarios pagados a bandas de músicas, músicos y locutores de renombre en el medio artístico, en tanto que la actividad declarada por aquella es la publicidad, conforme se expuso previamente.
Con relación a la forma de pago de las erogaciones por parte de la recurrente respecto de tal proveedor, se utilizaron cheques de acuerdo con lo relevado de las órdenes de pago, los que fueron cruzados con los resúmenes bancarios de conformidad. En la mayoría de los casos, quien resultó ser beneficiaria de los cheques fue la Sra. María José Martino, DNI N° 28.986.158 (fs. 17 a 57 cuerpo Circularización Banco).
Por todo lo expuesto, el Fisco Nacional concluye que se han reunido indicios ciertos, precisos, suficientes y concordantes que llevan a concluir que el proveedor cuestionado es un sujeto que resulta inexistente desde un aspecto material, por no haberse probado la capacidad operativa para realizar las operaciones cuestionadas, ante lo cual los comprobantes emitidos por aquel no conforman en sí mismo verdaderos documentos respaldatorios de la erogaciones efectuadas, resultando procedentes, entonces, considerarlas como Salidas No Documentadas.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En primer término, procede expedirse sobre si la resolución apelada se ajusta a derecho respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio, cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma. Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En relación con lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
VI. Que, según lo expuesto, a juicio de este Tribunal, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto del proveedor Attimo Bahía Blanca S.A. se encuentra debidamente sustentada la existencia concomitante de una serie de indicios graves, precisos y concordantes que llevan a presentar serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad del proveedor declarado como quien ha concretado las prestaciones de servicios consignadas en las facturas cuestionadas.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinada a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP-DGI y negados por la actora.
Al respecto, cabe indicar que la recurrente no ha producido prueba alguna que derribe los mencionados indicios graves, precisos y concordantes mencionados previamente respecto del proveedor cuestionado.
VII. Que, continuando con el análisis de autos, deviene pertinente pronunciarse sobre la determinación realizada por el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas-.
Tiene establecido el Más Alto Tribunal in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/08/2003 (Fallos 326:2987), que “...debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa normatanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario”. Asimismo, en la causa citada quedó sentado que “...como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos 323:3376, el instituto de las ‘salidas no documentadas’ ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos 275:83, citado en el mencionado precedente)”.
Lo aseverado se apoya en conocidos criterios, instituidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos 254:362; 256:277), o, dicho en otras palabras, que "...las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación" (Fallos 243:204 y su cita, entre otros).
En ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la Ley 11.683 (arts. 1° y 2° en el texto ordenado en 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de las mismas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica. Por ende, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse la erogación carece de respaldo documental.
En los presentes autos, en concordancia con lo expuesto hasta ahora, al apelante se le impugnaron facturas por considerarse apócrifas y al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
En momento alguno el contribuyente ha intentado demostrar que, en realidad, el pago fue directamente simulado y como consecuencia de ello la inexistencia de este tercero oculto que la ley presume para originar la obligación de ingreso a la tasa máxima.
Por el contrario, de distintos pasajes de los antecedentes administrativos y del propio libelo recursivo surgen afirmaciones que permiten asumir el reconocimiento de la existencia de dichas erogaciones que, al estar falsamente documentadas, generan la obligación tributaria que ahora se discute.
Concretamente, no se pudo demostrar la causa de la erogación, en la medida que no se encuentra acreditado que el proveedor cuestionado pudiera efectuar algún tipo de actividad que justifique el pago que la actora sostiene haber concretado.
Asimismo, cabe tener presente aquí lo que para casos como éste ha señalado la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A.” de fecha 31/7/2012, en cuanto a que “(…) la mera localización de quienes emitieron las facturas no excluye la aplicación de la figura prevista en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, toda vez que esa circunstancia no significa que aquellos fueran los verdaderos beneficiarios de las erogaciones realizadas, de acuerdo con el criterio establecido en el citado precedente "Red Hotelera Iberoamericana", cuya doctrina fue seguida por el Tribunal Fiscal, y de la que se apartó la Cámara sin fundamentos validos”.
Con relación al argumento de la recurrente en el sentido de que los gastos cuestionados no habrían sido deducidos en la determinación del Impuesto a las Ganancias, cabe destacar que el ISND aplica sobre “erogaciones” o salidas de fondos que han quedado demostradas en los presentes actuados, por lo que corresponde rechazarlo. En virtud de lo expuesto y ante la falta de prueba que demostrase tanto la veracidad de las operaciones cuestionadas respecto del supuesto proveedor como la concreta individualización de los verdaderos beneficiaros de los pagos efectuados, corresponde la confirmación de la resolución N° 53/2013 (DV CRR1) que determina el Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas- con más los intereses resarcitorios liquidados, con costas VIII.- Que, no habiendo agravios, concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 53/2013 (DV CRR1) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
Regístrese y notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.06.29 17:24:39 ART Date: 2023.06.29 21:38:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.30 12:41:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.30 12:41:43 -03:00
Fin de la sentencia