Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa con relación a la resolución N° 101/11 (DV SRR1) por el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
2Confirmar las resoluciones N° 102/11 (DV SRR1) y N° 103/11 (DV SRR1), con costas.
Y
I. Que, a fs. 132/140, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 101/11 (DV SRR1), 102/11 (DV SRR1) y 103/11 (DV SRR1), todas ellas de fecha 03/05/2011 dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI.
En virtud de la resolución N° 101/11 (DV SRR1), se determinó de oficio la materia imponible respecto al Impuesto al Valor Agregado por $440.690,41, con más $380.228,66 en concepto de intereses resarcitorios, por los períodos fiscales 04/07 a 05/08.
En cuanto a la resolución N° 102/11 (DV SRR1) se impuso a la actora la obligación de ingresar la suma de $10.028,20 por las erogaciones efectuadas en el período fiscal 05/2008 por el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas con más la suma de $7.467,67 en concepto de intereses resarcitorios.
Finalmente, mediante la resolución N° 103/11 (DV SRR1) se le determinó de oficio la materia imponible respecto del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2006, 2007 y 2008 por un total de $33.416,86, con más la suma $21.228,33 en concepto de intereses resarcitorios.
En todos los casos se dejó constancia respecto de la reserva de la aplicación de sanciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley penal Tributaria N° 24.769.
En primer lugar, la recurrente señala que tiene como actividad principal la fabricación de carrocería blindada y que, tal como se ha reconocido en las resoluciones apeladas, para efectuar dicho blindaje utiliza gran cantidad de chapas y caños.
Expresa que el Fisco Nacional basa los ajustes sobre determinadas operaciones llevadas a cabo con los proveedores Rocrox S.A., Edixar S.A., Mariana Rodriguez e Industria Metalurgica de Blindaje y Seguridad IPCM S.R.L., con el sustento de que se instrumentaron mediante la utilización de facturas apócrifas, las que no reflejarían la verdadera operación celebrada.
Aduce que se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad respecto de las irregularidades que los mencionados proveedores impugnados por el Fisco Nacional puedan llegar a poseer.
Indica que conforme la normativa vigente al momento de efectuar las operaciones cuestionadas, no se encontraba obligada realizar ningún tipo de verificación respecto de la legitimidad de los comprobantes, sino que únicamente debía constatar mediante consulta en el sitio web del organismo la inscripción de los mismos en la AFIP, por lo que las presuntas irregularidades que pudiesen existir en las facturas cuestionadas le resultan inoponibles por resultar actos o situaciones ajenos en los cuales no tuvo culpa o responsabilidad alguna.
Destaca que de las pruebas periciales efectuadas se ha logrado probar que no se hubieran podido realizar las operaciones sin la adquisición de los bienes que los proveedores cuestionados le habrían facturado y entregado. Remarca que los bienes y servicios documentados en las facturas fueron efectivamente adquiridos e incorporados al proceso económico, los cuales fueron abonados con cheques emitidos a nombre del respectivo proveedor, resultándole ajeno si fueron o no depositados en una cuenta corriente perteneciente al proveedor o si fueron endosados por ellos.
Entiende que la postura de Fisco Nacional no puede prosperar en el sentido de que no se encuentran reunidos los requisitos que permiten tener por existente y probado un negocio jurídico simulado, por cuanto los bienes y servicios facturados fueron utilizados y resultan ser gastos necesarios para la generación de ingresos gravados. En particular, respecto del Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas afirma que el ajuste deviene improcedente por cuanto afirma que se encuentran debidamente identificados los destinatarios de las erogaciones realizadas y que a contrario de lo establecido en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, en el caso de autos no se verifica que se hayan detectado erogaciones carentes de documentación respaldatoria. Con relación al Impuesto al Valor Agregado indica que se ha generado el hecho imponible en los términos establecidos por el art. 12 de la ley del impuesto y el consecuente derecho al cómputo del crédito fiscal, no obstante ello, asevera que para que una factura sea considerada falsa no solo lo es respecto del emisor sino que además en la entrega de la mercadería en ella indicada.
Cita Jurisprudencia y doctrina en favor de su postura. Efectúa reserva de Caso Federal. Finalmente solicita se deje sin efecto las resoluciones recurridas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs.156/168vta., se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
A fs. 222 se presenta la actora manifestando que las sumas discutidas en las presentes actuaciones se encuentran alcanzadas por los beneficios de la ley N° 27.541 (y sus modif.) y solicita que se aplique dicho beneficio. Corrido el traslado oportuno, a fs. 243 se presenta el Fisco Nacional e indica que “de acuerdo a lo solicitado, se informa que el contribuyente del asunto no incorporó en planes de la LEY 27541, las obligaciones de GANANCIAS P.F. 2006, 2007 Y 2008, ni GANANCIAS S.N.D. 2008… Asimismo se informa que las obligaciones consultadas de IVA fueron incluidas en el PLAN G393035 según RG 3451 con fecha 26/06/2013. Asimismo se informa que dicho plan fue reformulado en el PLAN N838554 según ley 27562 con fecha 15/10/2020 y el mismo se encuentra en estado vigente”.
Asimismo, a fs. 267/271 la representación fiscal acompaña copia de los planes N° G393035 y N° N838554, mientras que a fs. 274/288 la recurrente lo hace también e insiste que se incluyeron en dichos planes las sumas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas, lo cual no surge de las constancias acompañadas, visualizándose que sólo se incluyó el ajuste por el IVA.
Finalmente, a fs. 300/300vta. el Fisco Nacional agrega que de la consulta efectuada al sistema Atenea – Modulo Juicios Universales – del organismo surge que la actora no posee juicios. Asimismo, que tampoco posee causas penales, que al momento de adherir al plan de facilidades de pago poseía el certificado MiPyme vigente y que de las bases del organismo no le constaba que se encontrara dentro de las causales de exclusión previstas en el art. 16 incs. c) y d) de la ley 27.541 (y sus modif.)
A fs. 305 se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 302 y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 310 se resuelve pasar los autos a sentencia.
III. Que en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones.
De conformidad con el Informe de Fiscalización obrante a fs. 48/67 del cuerpo N° 1 con Orden de Intervención Nro. 108.788 de los Antecedentes Administrativos, los ajustes efectuados a la actora tuvieron su origen en la Causa 208 (desprendimiento de la Causa 72 Expte. N° 330/06 - “NN s/ asociación ilícita JPT n° 3), donde la fiscalía Nacional en lo Penal Tributario N° 2 había ordenado al organismo fiscal que, respecto del contribuyente INTERSERVIT SRL, realice el informe prescripto en el art. 18 de la Ley N° 24.769, con relación al Impuesto a las Ganancias debiendo considerarse en estos casos a los fines del cálculo evadido al concepto de “Salidas no Documentadas” como tributo autónomo. Asimismo, señaló que dicho informe debía realizarse por las operaciones realizadas por el contribuyente mencionado y proveedores de facturación presuntamente apócrifas (usinas) investigados e identificados en dicha causa respecto del período 2008.
Cabe destacar, que en un principio, figuraban los proveedores Rocrox SA y Edixar SA, luego, mediante Nota N° 1138 (SDG OPIM) se complementó el listado de proveedores cuestionados y se agregó a la proveedora Mariana Rodríguez. A raíz del análisis que efectuó el organismo fiscal sobre los mencionados proveedores, se realizó la carga de los mismos en la base e-apoc como usinas generadoras de facturas apócrifas.
Finalmente, la División Fiscalización interviniente recibió antecedentes provenientes del contribuyente Industria Metalúrgica de Blindajes y Seguridad IPCM SRL, por ser una empresa bajo investigación, con signos de resultar apócrifa, la que también es proveedora de la parte actora.
A continuación, se detallan las irregularidades observadas por el Fisco Nacional en la fiscalización: A) Los proveedores ROCROX SA y EDIXAR SA presentan situaciones similares: son empresas que declaran como actividad la venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción. No presentaron declaraciones juradas del impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos fiscales 2007 y 2008, ni las correspondientes al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Registran presentaciones de declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado respecto de los períodos fiscales 06/2006 a 12/2007 y 02/2008 a 06/2008. La relación débito/crédito, para el período 2006 y 2007 es menor a 1.
Tienen una única empleada que resulta ser la presidente de las sociedades, a la cual no se pudo localizar y figura en la base de deudores financieros. No efectuaron la presentación del régimen de información sobre participaciones societarias, no realizaron retenciones y no poseen cuentas bancarias. Asimismo, comparten el mismo domicilio, integrantes y presidente. No ha podido ser localizada. Concluye la fiscalización que a partir de lo expuesto no pueden ser consideradas empresas en marcha.
Con relación al circuito de pagos, se observa que muchos de los cheques utilizados para cancelar las supuestas operaciones fueron depositados en cuentas de firmas que no pudieron ser localizadas (vgr. Asoc. Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, Cabaña Agropecuaria del Zonda SA y Sudamericana Bursatíl Soc. De Bolsa), o en sociedades incluidas en la base E-Apoc de la AFIP (vgr. Grano Fértil SA), o llegan a manos de empresas que a su vez los han recibido de otras firmas, más sin el respaldo documental correspondiente (vgr. Sociedad de Bolsa Miraflores SA) o resulta imposible localizar a las personas que intervinieron en la cadena de endosos (vgr. Noroeste Bursátil Soc. De Bolsa). En el caso de la empresa Lonco Hue SA, manifestó que los valores le fueron entregados por la propia actora.
B) La proveedora Mariana Rodríguez se encuentra incluida en la Base E-APOC de la AFIP por considerarla una “Usina duplicadora de Facturas”. Declara como actividad la venta al por menor de artículos nuevos, presentó declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2007 y 2008 sin movimiento, así como las declaraciones juradas de Impuesto al Valor Agregado hasta el período 05/2009 fecha de cese de actividades, las que exhiben movimiento hasta 08/2007.
De los antecedentes remitidos por la Región Mar del Plata surge que el concepto facturado no coincide con la actividad declarada por la supuesta proveedora. La imprenta que solicitó las autorizaciones de impresión difiere de la que figura al pie de las facturas en poder de la usuaria y a su vez la imprenta que figura al pie de las facturas no pudo ser localizada. La supuesta proveedora fue localizada en el domicilio fiscal donde se constató que se desarrolla en el lugar la actividad de venta y asesoramiento de artículos de decoración.
C) Finalmente, en cuanto al proveedor Industria Metalúrgica de Blindajes y Seguridad IPCM S.R.L., es una firma que declara como actividad la reparación y pintura de carrocerías, colocación de guardabarros y protecciones exteriores, no presenta declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. En el Impuesto al Valor Agregado, presenta declaraciones juradas rectificativas posteriores a la actuación de la fiscalización. No posee bienes embargables ni cuentas bancarias.
Localizado el apoderado de la firma -Alfredo Vaccaro- y analizada la documentación que acompañara oportunamente, se comprobó que el Libro IVA Compras no contaba con documentación alguna de respaldo. Examinados los proveedores registrados, todos mostraron inconsistencias en lo que hace al análisis de su conducta fiscal (vgr. Liliana Hirsch, Rivalta SRL, Marcelo Omar Erut, Faros Dam de La Torre Hnos, Jesús Allende, Sesur SA, Salvador Caniglia, Vuotto Vera, Sucesión de Aufieri Juan Luis, Javelis SA y Boreal Sur SA). Concluye que al igual que el resto de los proveedores impugnados, el circuito de pagos presenta una serie de inconsistencias que impide verificar que los pagos que supuestamente le realizó la recurrente hayan sido efectivamente percibidos por la firma, o bien que ésta los haya destinado a cancelar operaciones con empresas relacionadas con su giro comercial.
Cabe agregar que en la determinación del Impuesto a las Ganancias y a partir de los resultados obtenidos en la medida para mejor proveer relativa a los puntos de la prueba pericial técnica, el Juez administrativo concluyó que existió compra de materia prima destinada a la elaboración de productos vendidos pero en menor medida que la consignada en las facturas obrantes en poder de la recurrente, supuestamente emitidas por los proveedores impugnados por la compra de chapas y caños, admitiéndose en consecuencia la deducción de los montos involucrados en la compra de materia primera destinada a la elaboración de los productos vendidos y en existencia al cierre de cada ejercicio, sosteniendo el ajuste propuesto respeto de los kilogramos de chapas y caños sobrantes obtenidos a partir de la realización de la medida aludida (fs. 91/92). Ello también tuvo repercusión en el cálculo final de la determinación del Impuesto a las Salidas No Documentadas (fs. 128).
IV. Que ahora bien corresponde a este Tribunal adentrarse en la cuestión de fondo en los términos que ha quedado trabada la litis. La cuestión a dilucidar en los tres actos apelados se reduce a determinar la veracidad o falsedad de las supuestas operaciones concertadas con los proveedores Rocrox SA, Edixar SA, Mariana Rodríguez e Industria Metalúrgica de Blindajes y Seguridad IPCM SRL. Es decir, nos encontramos frente a una cuestión de hecho y prueba, donde el vértice del debate en la materia alude, sustancialmente, a la necesidad de acreditar con elementos eficaces la veracidad de las operaciones impugnadas.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, en lo que respecta a los proveedores observados por el Fisco Nacional, a juicio de este Tribunal, y conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal de las operaciones supuestamente realizadas con los proveedores cuestionados se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los mencionados proveedores como quienes han realmente comercializado con la aquí la recurrente.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener en adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora.
VI. Con relación al Impuesto al Valor Agregado, en función de las presentaciones efectuadas por el Fisco Nacional a fs. 267/271 y a fs. 300 y no surgiendo de las constancias de la causa que se den en el caso las exclusiones previstas por el artículo 16 de la Ley Nº 27.541 (texto según Ley 27.562), corresponde tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa respecto del ajuste efectuado en la resolución N° 101/11 (DV SRR1), con costas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la citada ley y artículos 7, 10 y siguientes de la Resolución General Nº 4667/2020.
VII. Que en lo que respecta a la determinación realizada al contribuyente en el Impuesto a las Ganancias, el art. 80 de la ley del impuesto a las ganancias (del t.o. en 1997 vigente al momento de los hechos) dispone como principio general que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto... ”. Asimismo, el art. 87 de dicho texto legal prescribe para las ganancias de tercera categoría aplicable a la especie, que “se podrá deducir: a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio...".
Como se señaló, la normativa de este gravamen en lo relativo a la impugnación de gastos prevé un tratamiento y requisitos propios. El principio general de admisibilidad de gastos está incluido en los arts. 17 y 80 de la ley del Impuesto a las Ganancias, según el mencionado t.o. (aquellos efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas). A su vez, el art. 87 de la mencionada ley, según el mencionado t.o., establece los conceptos deducibles para la tercera categoría cuando sean “inherentes al giro del negocio”.
En ese orden de ideas, respecto a las supuestas operaciones con los proveedores cuestionado no se ha aportado prueba alguna para determinar la real concreción de aquellas y su cuantía, por lo que corresponde su confirmación, con costas.
VIII. Que, en cuanto al ajuste efectuado en base al Impuesto a las Ganancias-Salidas no Documentadas, cabe señalar en primer lugar que la parte actora no expone concretamente ningún agravio en particular, sin perjuicio de ello debe recordarse que el Alto Tribunal ha señalado que "... debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines del art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.)- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario” (vide "Red Hotelera Iberoamericana" (Fallos: 326:2987).
Sobre esta base, no puede sino entenderse que la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio. Como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto.
Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Según surge de las constancias de autos y de los antecedentes adminsitrativos, no se ha probado que las erogaciones resulten un gasto necesario para obtener ganancias –conforme lo expuesto en el Considerando anterior- ni se identificaron quienes fueron los reales beneficiarios de los pagos, razón por la cual también corresponde confirmar la determinación de salidas no documentadas, con costas.
IX. Que, con respecto a los intereses resarcitorios, es dable mencionar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido la contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias, por lo que corresponde su confirmación.
Por ello, SE
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa con relación a la resolución N° 101/11 (DV SRR1) por el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
2. Confirmar las resoluciones N° 102/11 (DV SRR1) y N° 103/11 (DV SRR1), con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.27 18:36:04 ART Date: 2024.05.27 18:57:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.28 08:13:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.28 08:13:52 -03:00
Fin de la sentencia