Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sanción aplicada en el acto recurrido, con costas.
I. Que, con fecha 08/05/2023, la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inciso b) de la Ley N.°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución N° 722177-02, dictada el 14 de abril de 2023, por la División Jurídica de la Región Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se resolvió aplicar una multa de ($11.263.474,36) pesos once millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro con treinta y seis centavos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley N.° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), graduada en el 100% del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (ASE), periodo fiscal 2020, la cual se haya reducida a ¼ por falta de antecedentes sumariales (art.49).
En primer término, corresponde señalar que la recurrente efectúa, con el objeto de contextualizar los planteos que realiza en su presentación, una descripción de la Ley N° 27.605 y la Ley N° 23.966 por la vinculación que presenta con el ASE y por la repercusión fáctica y jurídica que reviste para el análisis de la controversia, asimismo expone cuál es la situación fiscal y la conducta frente al ASE asumida en el presente caso y de qué manera tramitó el expediente que concluyó con la emisión de la resolución en crisis.
Indica que, con fecha 11/05/2021 la AFIP-DGI lo notificó del inicio de una inspección relacionada con el ASE y de un requerimiento de información asociada a dicho tributo, venciendo dicho requerimiento el 27/05/2021. Destaca que, a su criterio el ASE resulta ser ilegítimo e inconstitucional. Sin perjuicio de ello, con fecha 20/05/2021 se pagó el monto de $45.053.897 en concepto de ASE con más sus intereses por el valor de$1.710.547, se presentó la correspondiente DDJJ del ASE el 25/05/2021 e ingresó un saldo adicional de $0,46 en concepto de capital más $4,42 a título de intereses resarcitorios. Resalta que con fecha 30/06/2021 el Fisco Nacional dispuso el cierre de la verificación iniciada, convalidando los montos ingresados por el ASE y sin formular ningún ajuste.
A pesar de que se ingresó la suma requerida por el Órgano Recaudador en concepto de ASE, el Fisco Nacional avanzó con la instrucción de un sumario por la presunta comisión de la infracción de omisión fiscal prevista en el artículo 45 de la Ley N.° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
La actora entiende que aquí se debate si el ASE califica como un tributo válido habida cuenta que una conclusión negativa, derivaría en la improcedencia de la resolución en crisis y si la conclusión es positiva correspondería la aplicación de la sanción de multa impuesta o si concurren elementos que conducen a su revocación. En ese orden de ideas, entiende que, la obligación que se impone a los contribuyentes mediante el art. 1 de la Ley N° 27.605 no difiere en cuanto a su génesis de la relación, su estructura, marco normativo que la regula y el organismo de aplicación y fiscalización de aquella resultante de cualquier otra ley tributaria.
Indica que, al respecto el ASE tiene carácter obligatorio, el Estado Nacional lo estableció de modo compulsivo para todos aquellos sujetos cuya situación se encuadrara en los términos previstos en sus disposiciones, su cumplimiento quedó sujeto a la coacción jurídica del Estado, se confirió a la AFIP la aplicación, percepción y fiscalización del ASE. Para ello, resulta de aplicación supletoria la Ley 11.683 y el Régimen Penal Tributario. Es esta línea argumentativa, sostiene que es procedente manifestar que la propia sustanciación del procedimiento sumarial sustanciado por la AFIP-DGI confirma que el ASE califica como un tributo. Se aplican las previsiones de la Ley N°11.683 y se desarrolla un procedimiento administrativo específico para la aplicación de sanciones tributarias. En función de lo afirmado, independientemente de su calificación como “aporte”, el ASE es un tributo y particularmente, un impuesto.
Por ello, entiende que sobre la calificación del ASE, como un impuesto, debe observarse que el propio PEN reconoció, en línea con los argumentos que desarrolló, que el ASE resulta inconstitucional. Asimismo, reflexiona que el ASE, como impuesto que grava los activos de las personas humanas y sucesiones indivisas, es un tributo análogo al Impuesto Sobre Bienes Personales (ISBP).
De esta forma, asevera que resulta evidente que el ASE califica como un impuesto y que, bajo esa naturaleza, resulta análogo al ISBP. Sobre la base de esas premisas, se demuestra que el ASE es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, la sanción de multa impuesta deviene improcedente por una cuestión de accesoriedad, ya que nunca podría convalidarse una sanción por un supuesto incumplimiento asociado a un tributo inválido. Por otro lado, entiende que no corresponde exigirle el pago del ASE habida cuenta de que se encuentra amparado por el “efecto liberatorio del pago” del ISBP relativo al ejercicio 01/01/2019 a 31/12/2019. En ese escenario, la presentación de la declaración jurada correspondiente al ISBP del período fiscal 2019 que realizó y canceló con el pago del tributo, lo que generó, a su criterio, una protección a su favor que impide al Estado pretender gravar nuevamente la misma capacidad patrimonial. Afirma que, ello configura el mencionado efecto liberatorio del pago.
Con relación al principio de razonabilidad, expresa que la violación al principio de razonabilidad se verifica al analizarse el destino de lo producido por el ASE, toda vez que, entiende que el ASE fue creado con la finalidad de generar un recurso financiero para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país. Situación que a su criterio no ocurrió ya que, el 45% del producido de la recaudación, fue destinado a empresas privadas y no será utilizado para solventar los costos sanitarios de la lucha contra el COVID-19.
Asimismo, asevera que el ASE es violatorio del principio de igualdad, toda vez que, la aplicación de alícuotas diferenciales superiores a las personas residentes en el país por el sólo hecho de la ubicación de los bienes en el exterior discrimina en forma irrazonable con relación a aquellos sujetos que poseen todos sus bienes en el país. Por su parte la afectación constitucional es aún más evidente si se considera que la aplicación de alícuotas diferenciales se encuentra sujeta además al hecho de la repatriación.
Sostiene que, existe ausencia de los elementos objetivo y subjetivo de la infracción de omisión, no se configura el elemente objetivo, a su entender, atento la manifiesta ilegitimidad e inconstitucionalidad del ASE en su caso en particular. Eso confirma que el pago realizado resultó incausado y que deviene improcedente la aplicación de una sanción por el supuesto ingreso extemporáneo de ese tributo.
Así las cosas, cabe concluir que la demora en el pago del ASE se vinculó con una simple tardanza de procesamiento de información y no con una omisión fiscal, ya que entre el 20/05/2021 y el 25/05/2021 se pagó el ASE y sus intereses devengados, es decir, transcurrieron solo 23 días hábiles del vencimiento al ingreso del impuesto y se debió a la preparación y presentación de la DDJJ que era sumamente compleja por la cantidad de información y documentación a procesar.
A su vez, entiende que tampoco se materializó el elemento subjetivo de la infracción, toda vez que, asegura haber obrado de manera diligente, su accionar estuvo signado por la protección de sus garantías constitucionales, En ese marco, su conducta fue irreprochable, máxime, si se la compulsa con la falta de antecedentes.
En subsidio, plantea la existencia de error excusable, para el caso de que se entienda que el ASE es un tributo legítimo y que en autos concurren los elementos configurativos de la infracción de omisión, solicita que se declare la improcedencia de la Resolución N°722177 habida cuenta de que se habría configurado un claro escenario de error excusable.
Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia, hace reserva de caso federal, acompaña prueba documental y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante el IF-2023-91271722-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, solicitando que por las razones de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y se confirme la resolución N° 722177-02 recurrida.
Niega expresamente todos y cada uno de los hechos alegados por la actora, que no surjan de los antecedentes administrativos.
En primer término, entiende que los planteos del recurrente exceden el objeto procesal de la presente contienda, que refiere puntualmente a la aplicación de multa, siendo que el debate sobre la pertinencia del Aporte debería haberlo planteado oportunamente. Cabe recordar que mediante el art. 1 de la Ley N°27605 se creó, con carácter de emergencia y por única vez, de manera obligatoria, un aporte extraordinario que recaerá sobre las personas mencionadas en el art. 2, inciso a) entre los cuales se encuentra el actor.
Con respecto a la afirmación de la actora en el sentido que el ASE vulnera principios y garantías protegidos constitucionalmente, el Fisco Nacional analiza cada uno de los derechos y garantías que según la contraria no se afectarían con la Ley cuestionada, lo cual entiende deja en evidencia la sinrazón del planteo.
En ese orden de ideas, al Aporte bajo estudio se le ha dado el carácter de “solidario”, puesto que su finalidad ha sido la de morigerar los efectos adversos que trajo la pandemia, tanto en lo económico como en lo social y en lo sanitario, requiriéndose una asignación de recursos sobre el sistema sanitario en general y sobre los sectores de mayor vulnerabilidad. Este carácter solidario se apoya sobre principios y valores establecidos en nuestra Constitución Nacional y en pactos internacionales con jerarquía tal, que remite al principio de igualdad y al concepto de bien común como valor fundamental de nuestra Carta Magna.
Por otro lado, expresa que mantiene el criterio referido a la naturaleza no tributaria del Aporte, pero en función al enfoque que pretende darle el recurrente, es que el análisis se efectúa sin que implique ello otorgarle razón a su postura. Sentado ello, y toda vez que la contraria alega que el Aporte resulta confiscatorio, corresponde recordar la inexistencia de derechos absolutos en nuestro sistema constitucional.
Advierte que, el fin principal del Estado es procurar la paz, la seguridad y el bien común, por lo tanto, el fundamento constitucional por el cual puede limitar el ejercicio de los derechos de las personas, con la finalidad de garantizar la seguridad, el orden público o armónica convivencia social, la moral pública, el bienestar general y el bien común, está dado por el art. 14 y 19 de la misma Carta Magna. Por ello, cabe concluir que no existe afectación a garantías constitucionales, sino una reglamentación u ordenación del ejercicio de derechos en los términos del art. 28 de la Constitución Nacional, pues no existe un derecho adquirido a que no se altere el régimen normativo del país.
Asevera que el ASE es razonable, pues recae sobre los patrimonios de mayor y excepcional porte económico de todo el país. Es razonable, pues se impone de manera excepcional y por una única vez. Es razonable, se dicta como consecuencia de un contexto inédito y es razonable, pues pretende ser una de las herramientas más valiosas orientada a paliar los efectos de la pandemia.
Asimismo, señala que el principio de igualdad bajo análisis se encuentra consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional que dispone que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y que dicha igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, debiendo remarcarse que, conforme explica la doctrina y la jurisprudencia, la mentada igualdad implica igualdad de trato ante igualdad de circunstancias. De esta manera, indica que lo alegado por la actora no resulta suficiente para desvirtuar tal enunciado. Ello por cuanto la recurrente debería indicar y demostrar qué norma del plexo legal se encuentra en colisión con este principio, de manera que implique un tratamiento arbitrario en su situación fiscal en relación a los demás contribuyentes, lo que no ha acontecido en autos.
Ello así, resulta totalmente arbitrario y caprichosa la referencia que la actora busca imponer, relacionada con rentas de determinado lapso temporal para aparearlas con una obligación cuya regularización es viable hasta el 30/09/2021.
Ahora bien, sentado ello, en lo que concierne concretamente la aplicada y multa sometida a debate. Cabe señalar que la omisión del pago del ASE mediante la falta de presentación de DDJJ a su respectivo vencimiento, es la que constituye el sustrato material de la sanción aplicada, con encuadre en la figura del artículo 45 de la ley de rito, conforme resulta de aplicación por mandato del art. 9 de la Ley N°27.605. Y es a partir de dicha omisión de declarar e ingresar la citada contribución, que se ha acreditado que la recurrente ha dejado de ingresar en concepto de ASE la suma que resulta objeto de la resolución discutida en autos.
Alega que, la confiscatoriedad esgrimida no es argumento para justificar el error excusable, el cual se fundamenta en errores en la interpretación de las normas y no en el desacuerdo con las mismas, principal argumento en el que se sostiene el planteo de la actora y, por ende, el incumplimiento del pago del ASE, que da origen a la aplicación de la multa consecuente.
Concluye indicando que, la postura fiscal es autosuficiente y debidamente fundada, solicita se confirme la sanción aplicada, con imposición de costas, cita jurisprudencia y doctrina, acompaña los antecedentes administrativos como prueba y hace reserva de caso federal.
III. Que, en atención a que la recurrente no ha ofrecido otra prueba más que la documental, se eleva la causa a consideración de la Sala “B” en la PV-2024-40898435-APN-VOCVI#TFN. Finalmente, mediante el IF-2024- 49634946-APN-VOCVI#TFN se llaman los autos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que del informe final de inspección surge que el presente cargo tiene su origen en cruces sistémicos a partir de los cuales se detecta al recurrente como contribuyente del ASE. El mismo se origina en la O.I. 1927821, comunicándose al contribuyente el comienzo de la inspección, para fiscalizar el ASE, periodo 2020, cuyo vencimiento operó el 16/04/2021. Con fecha 11/05/2021 se procedió a notificar la apertura de la inspección. Se consultó la base e-Fisco de AFIP, padrón, relaciones, propiedades, automotores, embarcaciones, participaciones societarias informadas e informantes, siter bancario Capítulo A, SITER Bancario Capítulo B de la RG 3498 Mercado de Capitales Título II, DDJJ del impuesto sobre los Bienes Personales ejercicio 2019, DDJJ del ASE, ambas con sus respectivos papeles de trabajo.
Se efectuó un análisis de la documentación aportada por el contribuyente y de sus manifestaciones, procediéndose a compararla con la información existente en los sistemas de la AFIP-DGI, como así también con lo exteriorizado por el responsable en las DDJJ del ISBP, periodo fiscal 2019. A partir de ello, se solicitó aclaración respecto de la baja de títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos producida durante el periodo fiscal 2020 y detalle del destino dado al producido de la baja mencionada. Ante ello, el contribuyente aportó documentación respaldatoria de enajenación de títulos, acciones, participaciones societarias, etc.
Así las cosas, con la documentación relevada, se confeccionaron papeles de trabajo con el detalle de la composición de los rubros gravados y su comparación con lo exteriorizado en DDJJ bienes personales 2019. De la revisión realizada surge que el rubro “Títulos, acciones, cuotas o participaciones societarias y otros títulos valores en el país y en el exterior” es el único cuyos valores se vieron disminuidos del 31/12/2019 al 18/12/2020. Se elaboró papel de trabajo, con el fin de encontrar el motivo de la importante merma o depreciación del rubro, estableciéndose que la causa es la baja (venta, donación, etc.) de algunos bienes. Es por ese motivo se le requirió al contribuyente documentación adicional a la ya aportada y con fecha 23/06/2021 el responsable efectuó nueva presentación digital.
La fiscalización consideró que conforme la normativa corresponde considerar dentro del objeto del tributo a los títulos, acciones, cuotas o participaciones societarias y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados y que los bienes existentes al 31 de diciembre que fueron aportados a fideicomisos no financieros, reflejados por la sociedad en la cuenta “Inversiones Fideicomiso XX” y que deberán excluirse de la base de cálculo del ISBP a cargo de la sociedad, ello siempre y cuando el fideicomiso por aplicación art. 25.1 de la Ley N°23.966.
Asimismo respecto de los trusts, según la documentación aportada, los inspectores consideraron que se trata de un trust irrevocable no financiero, que la fecha de constitución del trust es 29/12/2019, muy anterior a la existencia (entrada en vigencia) de esta ley, por lo que dicho rubro se encontraría correctamente excluido para el cálculo de la base imponible del gravamen fiscalizado por la O.I.
La contribuyente procedió a presentar voluntariamente la Declaración Jurada que había sido omitida a su vencimiento original.
Posteriormente, a través del acto aquí recurrido, se aplica multa a la recurrente en los términos del art. 45 de la ley de rito, graduada en un 100% de ASE periodo fiscal 2020, la que se reducen a ¼ atento la falta de antecedentes sumariales de aquella.
VI. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010). De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”. Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El hecho imponible..., ob. cit., ps. 85/86, 91, 102/103, 119).
En el caso de la Ley 27605, que aquí nos ocupa, se advierte que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio y que luce legítima la técnica utilizada por el legislador en cuanto formó categorías de contribuyentes de acuerdo con su alta capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo, siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible.
Con respecto al planteo que realiza la recurrente sobre la vulneración del efecto liberatorio del pago del ISBP por el periodo fiscal 2019, sólo cabe su rechazo, dado que el ASE resulta un tributo diferente del ISBP, aun cuando se compartan reglas de cómputo y valuación de bienes, entre otras cuestiones.
VII. Que en virtud de lo sentado en el considerando VI de la presente respecto de la naturaleza impositiva del tributo que nos ocupa, corresponde analizar la sanción de multa aplicada en autos con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En concreto, se encuentra acreditado en las presentes actuaciones, conforme surge de los antecedentes administrativos, que la actora omitió presentar la DDJJ del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia período 2020, cuyo vencimiento operaba el 16/04/2021. No obstante ello, el 20/05/2021 la recurrente ingreso el pago del ASE, con más sus intereses resarcitorios y el 25/05/2021 realizó la presentación de la correspondiente de la DDJJ del aporte, todo ello, como consecuencia del inicio de la fiscalización de AFIP-DGI de fecha 11/05/2021.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y no habiendo ofrecido prueba la actora que pudiera eximirla de la sanción aplicada, toda vez que no acredita la verificación de un error con entidad excusante, esencial, decisivo e inculpable, corresponde confirmar la multa aplicada. Con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la sanción aplicada en el acto recurrido, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.05.24 07:43:57 ART Date: 2024.05.24 15:09:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.24 15:17:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.24 15:18:01 -03:00
Fin de la sentencia