Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-116344671-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, declarar prescripta la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07 073 IT14 001173 K, por la firma KING MARINE S.A., en las actuaciones SIGEA N° 13289-20890-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Rechazar la excepción de prescripción de la acción del fisco opuesta por la actora para imponer sanciones por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N°07 073 IT14 001173 K, por la firma KING MARINE S.A., en las actuaciones SIGEA N° 13289-20890-2008, en virtud de lo expuesto en el considerando VII.- de la presente. Sin costas, por el tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
3Confirmar el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 11/09/2018, en la actuación SIGEA N° 13289-20890-2008. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-41409172-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Abril de 2024 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2022-116344671- -APN-SGASAD#TFN: “KING MARINE S.A. C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 11/09/2018, en la actuación SIGEA N° 13289-20890-2008, en cuanto condena a la firma KING MARINE S.A. al pago de una multa equivalente a $ 35.855,50 formulándole cargo, así como a la aseguradora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 11.802,34 (Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA) y $ 31.610,43 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias), atento a encontrarla responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 07 073 IT14 001173 K, con vencimiento el 03/09/2008.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el IF-2022-116344572-APN-DTD#JGM, en fecha 31/10/2022, se presenta la firma KING MARINE S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, opone la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones. Asimismo, explica que la duración del procedimiento desarrollado en sede aduanera resulta irrazonable. Cita doctrina y jurisprudencia. Agrega que, a la luz del lapso transcurrido, deviene sumamente dificultoso obtener prueba de descargo, implicando una afectación a su derecho de defensa. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2023-27417178-APN-DTD#JGM, en fecha 13/03/2023, la representación fiscal, contesta el traslado del recurso y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar una negativa genérica, explica que, habiéndose detectado la falta de regularización de la mercadería, la actora fue debidamente notificada de la formación del sumario y que pesa sobre ella la carga de la prueba de demostrar el cumplimiento del régimen legal. En el mismo sentido, se expide acerca de la naturaleza del régimen de excepción al que se adhirió voluntariamente. Se opone al planteo de prescripción formulado y defiende la vigencia de las acciones del Fisco. Asevera que no se vulneró la garantía de ser juzgado en plazo razonable. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-20890-2008 (archivo embebido al IF-2024-25685771-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 2/4 con el acta de denuncia N° 731/2008. A fs. 9 se encuentra el aforo de la mercadería y a fs. 10 la liquidación de los tributos. A fs. 16 obra el auto de apertura de sumario, dictado en fecha 30/09/2013. A fs. 19 luce nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 20 y vta. se dispone correr vista de todo lo actuado, notificada a fs. 26 y 27 vta. A fs. 28/38 y 40/46 se presentan la aseguradora y la importadora y formulan descargo. A fs. 49/52 vta. se adjunta la resolución aduanera apelada (notificada a fs. 55/56). A fs. 57/62 y vta. la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que en fecha 25/03/2024 (PV-2024-31143219-APN-VOCXXI#TFN) se dispone tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora como de previo y especial pronunciamiento. En fecha 10/04/2024, por PV-2024-36245017-APN-VOCXXI#TFN se elevan los autos a la Sala “G” y, en la misma fecha, pasan a sentencia (IF-2024-36246826-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora en el escrito de apelación.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 16 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería -fs. 9-y a fs. 10 obra la liquidación de tributos.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 03/09/2008 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2009.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 30/09/2013, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 8 meses y 29 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 meses y 2 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (30/09/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 11/09/2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 17/10/2022 (Comunicación/notificación 22001NOTI227950V), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta diferente, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 03/09/2008 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2009. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 30/09/2013). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 01/10/2013, finalizando el 01/10/2018.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado (11/09/2018), no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VIII. Que debiendo abordar el fondo de la cuestión, cabe determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
IX. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que no habiendo en autos documentación alguna que permita tener por acreditados los deberes impuestos por el régimen de excepción al que-voluntariamente- la importadora se adhirió, no cabe más que confirmar la resolución aduanera apelada.
Que a mayor abundamiento, en cuanto a la documentación antes aludida, la CNCAF estableció que “…La prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de otorgamiento cae en cabeza de la beneficiaria, quien debe hacerlo por medio de la documentación aduanera correspondiente.” (Sala I, “Pellital SA c/ AFIP - DGA s/Dirección General de Aduanas” del 12/09/2023, Sala III, “Spadafora, Luis Horacio c/DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 19/05/21, “Boehringer Ingelheim SA c/ AFIP - DGA s/ proceso de conocimiento”, del 23/06/2021, Sala IV, “Aseguradora de Crédito y Garantías – TF 35007-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 7/04/22).
Que tampoco se buscó desplegar, por parte de la apelante, actividad probatoria alguna (véase punto VII del IF-2022-116344572-APN-DTD#JGM) tendiente a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Por todo lo expuesto, voto por:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, DECLARAR PRESCRIPTA la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07 073 IT14 001173 K, por la firma KING MARINE S.A., en las actuaciones SIGEA N° 13289-20890-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- RECHAZAR la excepción de prescripción de la acción del fisco opuesta por la actora para imponer sanciones por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N°07 073 IT14 001173 K, por la firma KING MARINE S.A., en las actuaciones SIGEA N° 13289-20890-2008, en virtud de lo expuesto en el considerando VII.- de la presente. Sin costas, por el tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
3).- CONFIRMAR el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 11/09/2018, en la actuación SIGEA N° 13289-20890-2008. Costas a la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, DECLARAR PRESCRIPTA la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07 073 IT14 001173 K, por la firma KING MARINE S.A., en las actuaciones SIGEA N° 13289-20890-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- RECHAZAR la excepción de prescripción de la acción del fisco opuesta por la actora para imponer sanciones por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N°07 073 IT14 001173 K, por la firma KING MARINE S.A., en las actuaciones SIGEA N° 13289-20890-2008, en virtud de lo expuesto en el considerando VII.- de la presente. Sin costas, por el tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
3).- CONFIRMAR el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 6435/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 11/09/2018, en la actuación SIGEA N° 13289-20890-2008. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.04.23 12:14:15 ART Date: 2024.04.23 13:13:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.23 13:14:24 -03:00
Fin de la sentencia