Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 46.960-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios, con costas.
2Reencuadrar las multas aplicadas en el art. 45 de la ley de rito en su mínimo legal, con costas en el orden causado.
I. Que a fs. 67/82 y a fs. 141/150 se presenta el actor e interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones N° 173/2015 (DV SRR1), N° 174/2015 (DV SRR1) ambas de fecha 29/04/2015, N° 133/2016 (DV SRR1) y N° 134/2016 (DV SRR1) ambas de fecha 13/06/2016, emitidas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por medio de la resolución N° 173/2015 (DV RR1), se le determina de oficio el Impuesto a las Ganancias por la suma de $141.165,67 para el periodo fiscal 2007, $129.516,38 por el periodo fiscal 2008, $1.180 por el periodo fiscal 2009, $167.394,56 por el periodo fiscal 2011, $93.307,19 correspondiente al periodo fiscal 2012 y de $16.540,87 para el periodo fiscal 2013 con más la suma de $304.164,96, $ 251.866,18, $2.028,81, $181.455,70, $67.647,71 y $6.087,04 respectivamente, en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, se dispone dejar expresa reserva de la eventual aplicabilidad de sanciones, en atención a lo dispuesto por el art. 20 de la ley N° 24.769.
Respecto de la resolución N° 174/2015 (DV RR1), se le determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado por la suma de $64.158,88 para los periodos fiscales 04/2007 a 12/2007, $85.809,84 por los periodos fiscales 01/2008 a 12/2008, $7.161 por los periodos fiscales 01/2009 a 12/2009, $114.282,36 por los periodos fiscales 01/2011 a 12/2011, $69.829,92 por los periodos fiscales 01/2012 a 12/2012, $17.754,84 por los periodos fiscales 01/2013 a 12/2013 y $2.133,40 para los periodos fiscales 01/2014 a 06/2014, con más la suma de $149.595,53 para los periodos fiscales 03/2007 a 12/2007, $ 182.651,02 periodos fiscales 01/2008 a 12/2008, $13.524,75 periodos fiscales 01/2009 a 12/2009, $152.785,99 para los periodos fiscales 01/2011 a 12/2011, $68.177,28 por los periodos fiscales 01/2012 a 12/2012, $10.951,78 para los periodos fiscales 01/2013 a 12/2013 y $737,64 para los periodos fiscales 01/2014 a 06/2014 en concepto de intereses resarcitorios, respectivamente. A su vez, se hace reserva de la eventual aplicabilidad de las correspondientes sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
Por medio de la resolución N° 133/2016 (DV RR1), se le aplica una multa graduada en dos (02) veces el impuesto dejado de ingresar correspondiente al Impuesto a las Ganancias de $282.331,84 por el periodo fiscal 2007, de $259.032,76 por el periodo fiscal 2008, $2.360 por el periodo fiscal 2009, $334.789,12 por el periodo fiscal 2011, $186.614,68 por el periodo fiscal 2012 y de $33.081,74 para el periodo fiscal 2013, con sustento en el art. 46 y 47 inc. c) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Por último, a través de la resolución N° 134/2016 (DV RR1), se le aplica una multa graduada en dos (02) veces el impuesto dejado de ingresar correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuyo monto asciende a la suma de $128.317,76 por los periodos fiscales 04/2007 a 12/2007, $171.619,68 por los periodos fiscales 01/2008 a 12/2008, $14.322 por los periodos fiscales 01/2009 a 12/2009, $228.564,72 por los periodos fiscales 01/2011 a 12/2011, de $139.659,84 por los periodos fiscales 01/2012 a 12/2012, de $ 35.509,68 por los periodos fiscales 01/2013 a 12/2013 y de $4.266,80 por los periodos fiscales 01/2014 a 06/2014, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley de rito.
En primer lugar, expone los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron los ajustes efectuados por el Fisco Nacional.
Plantea la prescripción de las facultades de la AFIP para determinar tributos correspondientes a los periodos fiscales anteriores al año 2007.
Para ello explica que en fecha 29/01/2007 llevó adelante la compraventa de un inmueble por $600.000 de los cuales la fiscalización entendió como justificados la suma $110.000 por provenir de préstamos efectuados por sus padres y la suma de $128.033 por tener origen en un depósito repatriado del exterior en fecha 03/01/2007, por lo tanto es que del restante ($361.967) entiende que se encontraría prescripto atento que su origen radica en ahorros de años anteriores derivados no sólo de su actividad declarada ante el organismo, sino que también de ciertos trabajos en relación de dependencia, algunos de ellos realizados de manera informal.
En cuanto al fondo de la cuestión, asevera que con el dictado de la medida para mejor proveer, el Fisco Nacional pudo depurar la mayoría de los plazos fijos que se le imputaban como titular –como así también las compras de divisas y las acreditaciones bancarias-, pudiéndose corroborar que los mismos pertenecían tanto a su padre (Amancio González Diéguez) como a su madre y a su cónyuge, siendo únicamente reconocido como titular de un plazo fijo constituido en el Banco Ciudad en el año 2009.
Describe que su padre era un gran empresario del rubro hotelero, propietario de un gran número de inmuebles y que parte de los ingresos obtenidos los volcaba al ahorro en plazo fijo, en su mayoría en el Banco Nación y que, al vencimiento de los mismos, se renovaban capitalizando los intereses y/o incrementándolos con aportes de la actividad desplegada por el Sr. González Diéguez, siendo éste el titular junto con su esposa de una caja de ahorros a través de la cual operaba comercialmente.
Asimismo, menciona que tal como surge de las declaraciones juradas presentadas, durante los periodos fiscales 2012 y 2013 el patrimonio de su padre fue efectivamente declarado y así reconocido por el Fisco Nacional mediante la depuración de los depósitos bancarios efectuados en el Banco Nación.
En ese sentido, concluye que resulta errado que se le intente atribuir la titularidad de los depósitos efectuados a plazo fijo correspondientes a los periodos fiscales 2012 y 2013, toda vez que el origen de los mismos surgen de las sucesivas renovaciones e incrementos de aquellos realizados en el año 2011.
Por su parte, sostiene que en cuanto al cálculo del porcentual de utilidad efectuado por el Fisco Nacional carece de razonabilidad y por ende le resulta arbitrario, toda vez que los montos considerados como incremento patrimonial/ganancias netas en cada periodo fiscal ajustado no resultan aplicables por no pertenecer a su patrimonio, por cuanto difieren con los calculados en la vista, no resultando idóneos por cuanto no reflejan en ingreso real que generó el desarrollo de la actividad declarada.
Respecto de las sanciones aplicadas, solicita se declare la nulidad de las mismas por falta de fundamentación de las mismas, por no existir imputación concreta alguna y especifica por parte del Fisco Nacional que den cuenta del cumplimiento de los elementos objetivos y subjetivos requeridos para su configuración.
Acompaña prueba documental. Ofrece prueba informativa y testimonial. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 92/104 y a fs. 162/172, se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por el recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso rechazando los recursos de apelación interpuesto, con expresa imposición de costas.
A fs. 110 se abre la presente causa a prueba haciendo lugar a la prueba informativa ofrecida por el recurrente, la cual a fs. 123 se la tiene por decaído el derecho a producirla.
A fs. 179/179 vta. el Tribunal en pleno resolvió acumular el Expte. N° 46.960-I al Expte. N° 43.058-I. A fs. 190, luce acta de audiencia de prueba en donde se resolvió tener por desistida a la parte actora de la prueba informativa ofrecida y como medida de mejor proveer se estableció intimar al recurrente para que informe a este Tribunal los datos de la causa donde se encuentra radicado el proceso de conocimiento por el cual se recurrió la resolución N° 1262/2013 (DV FMAA) a efectos de librar oficio al Juzgado Interviniente a fin de que se informe el estado de dicha causa.
A fs. 191 el recurrente informa que el proceso de conocimiento mencionado precedentemente, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 1, caratulado como “GONZALEZ FERNANDO MARCELO C/ ESTADO NACIONAL – AFIP-DGI S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. N° 55.051/2014).
A fs. 207 se hace efectivo el apercibimiento del punto 2) de fs. 193 teniéndose por decaída la medida de mejor proveer dictada a fs. 190 y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. No obstante ello, cabe dejar sentado que, conforme surge de la consulta pública en la página web del Poder Judicial, respecto de la causa N° 55.051/2014 caratulada como “GONZALEZ FERNANDO MARCELO C/ ESTADO NACIONAL – AFIP-DGI S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 1, a través de la cual se recurrió la Resolución N° 472/2014 (confirmatoria de la Resolución N° 1262/2013 que dispuso la exclusión de pleno derecho del contribuyente de autos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 03/01/2007), se detectó que con fecha 29/08/2023 la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se dictó sentencia confirmando lo resuelto por el Juez de grado por cuanto la actora no ha aportado elementos de prueba suficientes “para justificar la adquisición de dólares con ingresos acumulados en ejercicios anteriores o ingresos ajenos al Régimen y compatibles con el mismo”.
III. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que conforme surge de los antecedentes administrativos, el recurrente de autos es una persona física que se encontraba inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde noviembre de 1998 hasta el 11/06/2013 fecha en la que se inscribe en Régimen General, cuya actividad declarada es servicios personales, cerrando sus ejercicios fiscales en el mes de diciembre de cada año, siendo además que pudo constatarse que la actividad desarrollada es de servicio de playa de estacionamiento.
Que las presentes actuaciones tienen su origen en la causa en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°2 caratulada como “GONZALEZ FERNANDO M. s/ Ley 24.759” (Expte. N° N°2164/2011), mediante la cual se solicitó a la AFIP que de inicio a un procedimiento de determinación de deuda, la cual se llevó a cabo a través de la OI N° 847770 de la División Fiscalización de Monotributo y Autónomos “A” de la Dirección de Fiscalización Operativa de la Seguridad Social, donde se resolvió mediante la resolución N° 1262/2013 (DV FMAA) excluir de pleno derecho del Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes al contribuyente de autos, por la causal prevista en el inc. d) del art. 21 del Anexo de la Ley N° 25.865 a partir del 03/01/2007.
Por otro lado, por medio de la OI N° 1098355 (continuadora de la OI N° 847770), en fecha 09/12/2014 se dispuso dar inicio a la verificación impositiva del Sr. Gonzalez Fernando Marcelo (fs. 1 y fs. 123/127 del Cpo. Impuesto a las Ganancias de los Antecedentes Administrativos).
Que de la información obtenida de las bases de datos del organismo, la compra de inmuebles, plazos fijos, acreditaciones bancarias y compra de títulos y divisas efectuadas por el recurrente, la fiscalización entendió que todo ello constituyó un incremento patrimonial no justificado, en los términos establecidos por el art. 18 inc. f) de la ley de rito.
Con dichos elementos reunidos, la fiscalización procedió a estimar la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, considerándose para la determinación de los ingresos para los periodos 2007 a 2009 y 2011 a 2013, los incrementos patrimoniales por compra de inmuebles, plazos fijos, acreditaciones bancarias y compraventa de divisas a nombre del recurrente más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles según art. 18 inc. f) de la ley 11.683 y para la determinación del costo se computaron las remuneraciones y contribuciones pagadas y los consumos relevantes informados por el domicilio General Paz N° 73 de la ciudad de Avellaneda y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la CABA.
Por su parte, para la determinación de los ingresos correspondientes al periodo fiscal 2008, se aplicó el margen de utilidad bruta de los periodos bajo análisis (85%) sobre el total de remuneraciones y cargas sociales declaradas y los consumos relevantes según datos obrantes en la base de AFIP –considerando que el contribuyente no aportó comprobantes de gastos-.
Por su parte, en el Impuesto a las Ganancias se aclaró que para el periodo fiscal 2013, se computaron las percepciones/retenciones que surgieron de la base de datos del organismo.
Asimismo, en el marco del procedimiento de determinación de oficio, con fecha 18/03/2015 se dictó la resolución N° 86/2015 (DV SRR1), mediante la cual se dispuso como medida para mejor proveer que, en virtud de lo expresado por el recurrente en su descargo y a los efectos del debido proceso, resultaba pertinente que se analicen y comprueben los dichos de aquel. Como resultado de la misma, el área actuante efectuó un análisis de los argumentos junto con la prueba ofrecida:
1. Respecto de los plazos fijos realizó una depuración considerando en la determinación únicamente aquellos en donde el contribuyente figura como titular y que no fueron declarados por su grupo familiar (padre-madrecónyuge) y/o no se reinvirtieron (moneda extranjera, plazo fijo o deposito).
2. En cuanto a las acreditaciones bancarias del Banco Nación se constataron los saldos de las cuentas con las declaraciones juradas del Sr. Amancio Gonzalez y la Sra. Asunción Daparte y las cobranzas de esta última, por lo que correspondió su detracción.
3. Sobre las operaciones de compraventa de títulos, se computaron al 50% por haberse corroborado que la cuenta comitente N° 2475 se encuentra informada a nombre del contribuyente de autos y su esposa.
4. Con relación a la adquisición de un inmueble en enero de 2007 por un valor de $600.000, pudo comprobarse la justificación de los fondos por la suma de $110.000 que fueron prestados por los padres del Sr. González y declarados por éstos, como así también la suma de $128.033 por tener su origen en una repatriación de capitales, no así respecto de la suma de $170.000 los cuales el recurrente manifiesta que provienen de la venta de un inmueble en el año 2002, por no haberse exteriorizado su tenencia desde dicho año hasta el 2007, por lo que la fiscalización concluyó que no se pudieron justificar su probanza la suma de $361.967.
5. Por último, sobre la compra y venta de divisas se detrajo las compras de las mismas por haberse originado en las colocaciones en plazo fijo del Banco Nación en dólares los que fueron debidamente declarados por el Sr. Amancio Gonzalez. Asimismo, respecto del periodo fiscal 2007 se detrajo la compra de dólares con origen en la repatriación de bienes, computándose como incremento patrimonial el resto de la compra de divisas efectuado en dicho periodo, con sustento en no haberse probado que la titularidad fuera del Sr. Amancio González. Con relación al periodo fiscal 2010, se tuvo por clausurado el procedimiento atento que se pudo comprobar que la titularidad de los fondos depositados a plazo fijo, de las cuentas bancarias y de los fondos utilizados para la compra de divisas extranjeras no son de titularidad del Sr. Fernando González, por lo que no hubo incremento patrimonial no justificado.
A su vez, en el IVA se determinó el débito fiscal omitido, para lo cual se prorratearon las ventas netas en cada periodo fiscal, aplicándose luego la alícuota del 21%.
Para los periodos fiscales 01/2007 a 06/2013, se computaron los pagos efectuados por el contribuyente en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, imputándolos a los periodos fiscales con diferencia a ingresar más antiguos. A su vez, para los periodos fiscales 07/2013 a 06/2014, se computó el crédito fiscal declarado en los mismos, atento que también se encontraba inscripto en el impuesto y había presentado las declaraciones juradas correspondientes.
V. Sentado todo lo expuesto, en primer lugar corresponde tratar el planteo de prescripción de los periodos fiscales previos al año 2007 formulado por el recurrente, con sustento en que los fondos utilizados para comprar el inmueble que se le imputa resultan del ahorro en periodos anteriores obtenido como producto del trabajo en relación de dependencia, alguno de ellos informales.
El planteo de la recurrente en este aspecto no puede prosperar por cuanto constituyen simples manifestaciones sin sustento probatorio alguno. La recurrente no ha aportado elemento alguno que pruebe sus dichos en cuanto a la fecha del origen de los fondos.
A su vez, al no ser planteada la prescripción como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re "Colorín- IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI" sentencia del 2 de Julio de 2013).
VI. En lo que respecta al fondo de la cuestión, primeramente debe señalarse que el caso a cuya resolución es llamado este Tribunal se basa en una determinación de oficio en el IVA y el Impuesto a las Ganancias practicada por el Organismo Fiscal, con sustento en la presunción establecida por el artículo 18 de la Ley 11.683. En ese sentido, el legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente”, se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999). Por lo tanto, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
En definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo.
Que en efecto, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que cabe destacar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos, al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas en la Entidad Recaudadora le corresponde probar los errores que le atribuye.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que como ya se ha dicho al respecto, “Quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cfr. Fallos 331:881), básica regla que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador. Por lo tanto, en atención a que el recurrente no ha podido probar sus dichos dirigidos a rebatir las imputaciones efectuadas por el Fisco Nacional, es que corresponde la confirmación de las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos, con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de las resoluciones N° 133/2016 (DV SRR1) y N° 134/2016 (DV SRR1) a través de las cuales se le aplicó al contribuyente sendas multas con sustento en los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley de rito con respecto a los ajustes impositivos tratados previamente.
Que debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el art. 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravámen sino también la conducta engañosa o maliciosa mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones. En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo, se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco. Es decir que el Ente Fiscalizador debe probar el soporte fáctico de la presunción de dolo, el que debe ser cierto y no meramente probable o conjetural.
Que, tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
Que, en el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que en esta inteligencia, no se aprecia que el organismo fiscal haya probado plenamente en autos la maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, no siendo suficiente al efecto invocar simplemente la presunción que consagra el art. 47, sin realizar claramente la inferencia debida. En efecto, el Juez administrativo, no efectúa en los actos apelados una concreta y razonada apreciación de la supuesta maniobra ardidosa ni la sustenta como es debido en pruebas fehacientes y concretas de las que pueda extraerse y/o revelen el dolo imputado.
Que los actos apelados fundan las sanciones aplicadas en el marco del art. 46 de la ley de rito en la presunción del art. 47, el inc. c) que prevé la “inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”. Ahora bien, si no se precisa el concepto pareciera que este inciso sería de aplicación en todos los supuestos, pues es evidente que siempre que hay una diferencia en menos de impuesto, es que las normas se han aplicado “disconformemente”.
Que no ha sido esa la intención del legislador, pues para ello usó un sistema taxativo en el art. 47 que indica que se trata de supuestos distintos y el matiz diferencial está dado, por el hecho de que la disconformidad sea “manifiesta”, lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación.” (ver voto del Dr. Porta in re “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. SCA de fecha 11/02/2008).
Por otra parte, en el caso en examen, el hecho precedente en que se funda el juez administrativo para aplicar la presunción consagrada en el artículo 47 de la ley ritual, surge a su vez de una presunción contemplada en la ley para determinar la obligación tributaria. Al respecto, cabe tener presente que lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, respecto a que "cuando se trata de infracciones que requieren de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco, como ocurre con la infracción del art. 46 de la ley 11.683, las presunciones que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria, no pueden ser utilizadas para presumir y tener por probada la existencia de la conducta dolosa, extremo que debe acreditarse con otros elementos de prueba" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2000/08/24, "Montenegro Hermanos S.A. c. Dirección General Impositiva").
En el mismo sentido se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos "Metalúrgica Tadem S.C.P.A. s. recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias" (17/09/1982), al señalar que "La defraudación fiscal se caracteriza por la existencia de un elemento intencional destinado a evadir el impuesto, por lo que la presunción de dolo no puede fundarse tan solo en los mismos supuestos que la ley admite para la estimación de oficio de la materia imponible. De otra manera se estaría arribando por medio de presunción a otra presunción, calificadora ésta de una conducta dolosa, destruyendo así el principio de la responsabilidad subjetiva en materia penal".
En consonancia con lo resuelto por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008), se entiende que en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Sin embargo, ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido la Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, “Granero del Oeste S.A.” del 12/02/2010; entre otros), circunstancia que no aconteció en autos donde el propio Organismo Fiscal ha considerado a la misma conducta como dolosa (en la resolución del Impuesto a las Ganancias) y culposa (al sancionar al contribuyente respecto del ajuste al Impuesto al Valor Agregado).
Que no obstante, ello no implica que la conducta fiscal del contribuyente en relación con el ajuste que se confirma quede impune, en tanto se configura la figura culposa de omisión de impuestos.
Entrando a analizar la aplicación de la sanción prevista en el artículo 45 de la ley ritual, cabe tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
La causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria; circunstancias que no se visualizan en las presentes actuaciones, incumpliendo la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal ante citado.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal.
Con relación al quantum de las multas aplicadas, atento que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, se estima procedente fijar el quantum de las multas de autos en el mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual.
Por ello SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos e intereses resarcitorios, con costas.
2. Reencuadrar las multas aplicadas en el art. 45 de la ley de rito en su mínimo legal, con costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.04.17 09:25:49 ART Date: 2024.04.17 11:13:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 12:00:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 12:00:45 -03:00
Fin de la sentencia