Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.572-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las sanciones, las que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 30/40vta., fs. 104/112vta y fs. 177/187 se interponen recursos de apelación en los términos del artículo 76, inc. b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra las Resoluciones N° 281/2011 (DV RRME), N° 282/2011 (DV RRME) y N° 283/2011 (DV RRME) de fecha 26/10/2011, dictadas por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP.
En virtud de la Resolución N° 281/2011 (DV RRME), se determinó de oficio a Gladys de los Ángeles Masi, Adriana Marcela García, Patricia de los Ángeles García, Pablo Roberto García, Laura del Valle García y Silvia Gladys García, todos ellos herederos de Roberto Antonio García (fallecido) la obligación en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 12/2004 a 12/2005, por la suma de pesos $475.945,30.- en concepto de capital y el monto de $706.846,74.- en concepto de intereses resarcitorios. Además, se le aplicó una multa de $380.756,24.-, equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto supuestamente omitido, en los términos del artículo 45 de la ley de rito.
En cuanto a la Resolución N° 282/2011 (DV RRME), se determinó de oficio la obligación del contribuyente Roberto Antonio García (fallecido), en la persona de sus herederos, a saber: cónyuge supérstite Sra. Gladys de los Ángeles Masi, e hijos: Adriana Marcela García, Patricia de los Ángeles García, Pablo Roberto García, Laura del Valle García y Silvia Gladys García con relación al Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2004 (01/01/04 a 23/04/04-fecha de fallecimiento del causante-), el monto de $18.855,40.- en concepto de capital y el monto de $29.879,53.- en concepto de intereses resarcitorios.
En relación de la Resolución N° 283/2011 (DV RRME), se determinó de oficio a la Sucesión Indivisa de Roberto Antonio García, en la persona de los herederos mencionados previamente, la obligación en el Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2004 (24/04/04 a 31/12/04) y 2005, por la suma de pesos $16.873,49 y $305.799,15.- en concepto de capital y el monto de $452.157,15.- en concepto de intereses resarcitorios. Además, se le aplicó una multa de $258.138,52.-, equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto supuestamente omitido, en los términos del artículo 45 de la ley de rito.
En primer término, sostiene que el acto de determinación de deuda dictado por la AFIP, está comprendido en las generales de la ley debiendo por ello someterse escrupulosamente a los dictados del artículo 1 de la ley de procedimiento nacional administrativo. La falta de sustanciación de prueba conducente ofrecida, vicia el acto administrativo, debiendo ser declarado nulo de nulidad absoluta e insanable. Agrega que el Organismo no ha permitido la producción de la prueba ofrecida, ya que no ha respetado lo dispuesto por la ley 19.549 y 11.683 abusando de su poder discrecional y violando de esta manera el legítimo derecho de defensa, el derecho de ser oído.
Esgrime que en el caso que nos ocupa, los actos administrativos que determinan parcialmente de oficio se encuentran prescriptos en virtud de que, a su entender, la prescripción liberatoria o extintiva presenta tres elementos esenciales: a) la existencia de un hecho, b) la inacción del titular, c) el transcurso del tiempo predeterminado por ley. Asimismo, resalta que no ha existido ningún acto interruptivo ni suspensivo de la prescripción aludida. En ese sentido, recalca que no es aplicable la ley 26.476 ya que, nunca se acogió a los beneficios establecidos en la normativa mencionada, por lo tanto las consecuencias de tal cuerpo legal no le son aplicables. No goza de beneficios de reducción de intereses resarcitorios, ni condonación de multas y tampoco le es aplicable lo relativo a la prescripción.
En esa tónica alega la inaplicabilidad del artículo 65 de la ley 11.683, manifestando que surge con absoluta claridad de la norma que el hecho que provoca la suspensión de la prescripción es la intimación de pago, y que en las presentes actuaciones surge con absoluta claridad que no existe intimación de pago alguna. Agrega que “la AFIP pretende atribuirle consecuencias de intimación de pago, a un acto administrativo que corre vista al contribuyente de un proceso de determinación de oficio, que no tiene las mismas características que produce los mismos efectos, que una intimación de pago” (sic).
Por otra parte y en relación al encuadre impositivo, detalla que la venta de tarjetas telefónicas, como cosa mueble que son, se encuentran gravadas de conformidad con lo previsto en el artículo 1°, inciso a) de la ley del impuesto al valor agregado y no por aplicación del artículo 3° inciso e) punto 4, produciéndose de esta manera el hecho imponible en el momento de la entrega del bien, la emisión de la factura respectiva o acto equivalente, el que fuere anterior.
Relata que las tarjetas de telefonía móvil que vende son adquiridas por el usuario final por un valor determinado, que le permitirá a aquel generar un crédito en un aparato móvil, para la utilización posterior del servicio, que ira consumiendo en la medida que utilice dicho servicio, en una o varias oportunidades, incluso mediando entre ellos largos lapsos de tiempo, cuyo saldo se mantiene y puede caducar si no es utilizado dentro de un determinado plazo.
Con respecto a la operatoria impuesta a los revendedores, sostiene que, con relación a los contratos celebrados entre las empresas concesionarias del servicio telefónico y los distribuidores, surge que aquellas facturan las tarjetas por su valor nominal sin discriminar el impuesto por considerar como una operación no gravada y éstos entregan una factura por el porcentaje de la retribución con el IVA discriminado. Dicho procedimiento no contempla la realidad de la operatoria ni las obligaciones derivadas de la legislación impositiva. Asimismo, menciona que la realidad indica que en los hechos se trata de una única operación indebidamente desdoblada, gravada con el impuesto al valor agregado, mediante la cual se venden las tarjetas al distribuidor, a un valor neto inferior al valor nominal consignado en las mismas -es decir con un descuento- y cuya diferencia representa la utilidad correspondiente a toda la cadena de distribución hasta que la misma llega al consumidor final.
Agrega que el criterio utilizado en la práctica, derivado del contrato, ha sido establecido por las empresas telefónicas e impuesto a sus contrapartes como condición de suscripción del mismo, haciendo aparecer lo que en realidad es una única compraventa de tarjetas telefónicas a un precio inferior al nominal, como si se tratara de dos operaciones simultáneas, es decir la venta de tarjetas y la prestación del servicio de distribución por parte del comprador. El mismo implica que el adquiriente, para acceder al negocio, debe facturar un servicio cuando en realidad se trata de un descuento sobre el precio de venta, descuento que, como se indicó, representa la utilidad que obtendrá toda la cadena de distribución, es decir la del adquiriente y la de los restantes intermediarios, hasta que la misma llega al usuario final.
En ese orden relata que el hecho imponible correspondiente a la venta de tarjetas telefónicas se concreta al momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva, o acto equivalente, el que fuere anterior. Por lo tanto, al momento de emitir el distribuidor la factura por “la comisión” reconocida por la empresa telefónica, en forma simultánea a la compra de tarjetas, no se ha configurado ningún hecho imponible respecto del adquiriente careciendo dicha factura de todo efecto tributario, ya que corresponde a una situación de hecho inexistente. Consecuentemente ningún débito ni crédito fiscal puede derivarse de la misma.
Explica que en la práctica del comercio, lo habitual y ajustado a derecho es que quien vende, entregue la factura correspondiente donde consten los productos vendidos, los descuentos efectuados y el monto a pagar. Por ello, resulta difícil de explicar y entender –a la generalidad del comercio minorista-, cuya conformidad se necesita para implementar el sistema antes señalado, que quien compra un producto (en este caso la tarjeta) deba entregar una factura al vendedor por una parte del valor que ha comprado (y que representa su utilidad en la venta), sin que exista ninguna norma que así lo disponga, para después, al efectuar su propia venta emitir otra factura por el total de la operación, duplicando su utilidad. En ese sentido, manifiesta que la inviabilidad de dicha operatoria, llevó a la generalidad de los mayoristas de la actividad de distribución de tarjetas telefónicas, a la necesidad de establecer sistemas que contemplen la realidad de la misma, la que en el caso del Sr. García, consistió en tributar por la comisión que efectivamente quedó en poder de la firma, es decir la diferencia entre el valor de venta de la tarjeta y el efectivamente pagado por la compra de la misma a la empresa telefónica. Agrega que si bien el procedimiento correcto hubiera sido que la empresa telefónica discrimine el impuesto por su venta de tarjetas - que sería crédito fiscal para el comprador y débito fiscal para la empresa- el monto a pagar, en definitiva, sería igual al declarado, existiendo únicamente una objeción formal derivada del erróneo criterio impuesto por las empresas concesionarias del servicio con fundamento en la opinión de la AFIP.
A su vez en cuanto a los expedientes N° 35.572-I y N° 35.571-I, alega la falta de notificación de la prevista de las determinaciones de oficio, manifestando que, de la compulsa de los legajos de inspección del proceso de determinación de oficio, no surge que haya existido la prevista, razón por la cual se ha violado el legítimo derecho que tiene cualquier contribuyente a presentar las declaraciones juradas rectificativas, con el ajuste propuesto. A su vez, y con relación a las resoluciones en cuestión, esgrime que la situación cambió a partir de junio del año 2006 y que por lo tanto se produjeron diferencias de cálculo y porcentajes de utilidad. En ese orden de ideas, con relación al cálculo en el Impuesto a las Ganancias efectuado por el Fisco Nacional comenta que, a partir de junio de 2006, la compra, distribución y venta de tarjetas emitidas por Telefónica Móviles Argentina S.A., se rige por un contrato que establece cuáles son las condiciones de venta y distribución de tarjetas telefónicas. Explica que durante la fiscalización la relación con la firma no se rigió por el convenio referenciado. A su vez y en cumplimiento de lo pactado, se adquirieron las tarjetas abonando, mediante depósitos bancarios en las cuentas de la empresa telefónica, la diferencia entre el valor nominal de las mismas y el porcentaje de retribución pactado, facturado simultáneamente con la compra.
Destaca que, de las lecturas de las distintas cláusulas del contrato, se advierte que el mismo encuadra en lo que la doctrina ha denominado como “contrato de distribución”.
Razona que con relación a las nuevas clausulas establecidas, en los periodos 2004-2005 no existía la regionalización en la venta y el esquema de distribución de telefonía era mucho más amplio en cantidad de intermediarios que lo esquematizado a partir del 2006, donde la retribución obtenida en la cadena varía sustancialmente, no pudiendo aplicar el porcentaje que oscile entre un 1% al 4%, entendiendo como habitual un porcentaje promedio del 2% o 3%.
Insiste en que el cuerpo fiscalizador no puede igualar las condiciones de los periodos fiscalizados, a lo ocurrido a partir del año 2006. Invoca que de la compulsa de la inspección la AFIP ha puesto en la misma condición la venta y distribución de las tarjetas en los períodos fiscales ajustados que en el año 2006. Existiendo de esta forma, un error conceptual en la planilla del cálculo del impuesto. Deja en claro que constan diferencias sustanciales entre lo sucedido con anterioridad al año 2006, que permiten reducir los montos ajustados, ya que los mismos deben hacerse sobre las tarjetas telefónicas efectivamente vendidas y aplicar el porcentaje del 1% de comisión real, descontándole los gastos de comercialización, distribución, administración y bancarios.
Por otro lado, en subsidio, peticiona que las multas impuestas se le apliquen sobre el mínimo de la escala establecida en el artículo 45 de la ley de rito. Asimismo, se considera agraviado por la tasa de interés que aplicó el Fisco Nacional en la determinación de oficio.
Finalmente, ofrece prueba documental y pericial contable. Hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 53/63vta., fs. 123/139 y fs. 198/218 el Fisco Nacional contesta los recursos interpuestos por los recurrentes, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo de su criterio, rechaza la prueba pericial contable del apelante y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechacen los recursos intentados confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas.
III. Que, a fs. 229/230vta., en lo que respecta al Expediente N° 35.572-I se trató la excepción de prescripción planteada como de previo y especial pronunciamiento, respecto de la determinación del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2004 -24/04/2004 a 31/12/2004- y 2005 rechazándose la misma, con costas.
IV. Que, a fs. 265, se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba pericial contable la cual luce agregada a fs. 286/288.
A fs. 310, se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones por haberse producido la prueba ofrecida en su totalidad.
A fs. 313 se ponen los autos a alegar, habiendo presentado alegatos sólo el Fisco Nacional conforme obran agregados a fs. 319/323.
Finalmente, a fs. 325 se llamaron los autos para sentencia.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Sentado ello, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
Conforme surge de las actuaciones administrativas (ver informe final de inspección fs. 51/61 del cuerpo 1 de los antecedentes administrativos), mediante la OI N° 443568, se dispuso la fiscalización por los montos y conceptos discutidos en autos.
El origen del caso son las importantes acreditaciones bancarias, falta de presentación de declaraciones juradas, retenciones sufridas e información en Citi Compras realizada por Telefonía Móviles Argentina S.A. Al momento de iniciarse la inspección, solamente estaban presentadas las declaraciones juradas del IVA desde enero a marzo de 2004 y no se encontraban presentadas las DDJJ del Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2004, 2005 y 2006.
Con relación a la sucesión objeto de la fiscalización la misma deviene del fallecimiento del señor Roberto Antonio García, producida en fecha 23/04/2004. El decreto de apertura del juicio sucesorio es del 20/04/2006, fecha en la que, en principio, habrían concluido las operaciones comerciales. La audiencia de comparendo de herederos fue el 30/05/2006, donde se lo designa administrador provisorio al señor Pablo García. Con fecha 26/07/2006, se dictó sentencia de declaratoria de herederos, donde se lo nombra como administrador definitivo al señalado anteriormente, aceptando el cargo con fecha 08/08/2006.
Con respecto a la operatoria, se adquieren las tarjetas telefónicas a las compañías licenciantes, actuando como intermediario entre las empresas prestadoras de servicios y los usuarios. La actividad de intermediación es retribuida mediante una comisión que constituye un porcentaje del denominado “valor facial” de las tarjetas comercializadas. La comisión generalmente es abonada por las compañías de telefonía, mediante la entrega de una mayor cantidad de tarjetas, equivalente al importe de aquella, que posteriormente se traducirá en dinero en efectivo para el distribuidor al enajenar éstas en la siguiente etapa de comercialización. A su vez, el distribuidor reconoce a los subdistribuidores una comisión que abona nuevamente con la entrega de una mayor cantidad de unidades equivalentes al importe de dicha comisión o con la venta de las mismas a un valor levemente inferior al facial. En consecuencia, la utilidad obtenida surge por la diferencia entre la comisión que la entidad emisora le reconoce a la distribuidora y la que esta le reconoce a los subdistribuidores.
Por otra parte, los requerimientos efectuados al administrador de la sucesión fueron contestados, dejando constancia de que no se había encontrado documentación alguna en relación al giro comercial desarrollado durante los años 2004, 2005 y 2006, manifestando que no contaba con ninguna documentación de las operaciones solicitadas.
Asimismo, de las cuentas bancarias se observaron importantes acreditaciones que responden a la operatoria de comercialización de tarjetas de telefonía móvil, comprobándose que se deposita la totalidad del valor facial de la venta de tarjetas, lo que no coincide con los montos facturados a la compañía de telefonía móvil, que sólo responden a las comisiones que paga la misma a la empresa que interviene como distribuidora.
En el Impuesto al Valor Agregado se determinó el débito fiscal a partir de las comisiones percibidas por la venta de tarjetas de telefonía, computándose crédito fiscal solamente por el IVA cobrado por la entidad bancaria por el uso de las cuentas. No se aportaron comprobantes de compras, gastos ni registros que pudieran hacer presumir la existencia de los mismos. Se tomó como pago a cuenta el importe ingresado en concepto de retenciones y percepciones practicadas por la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., determinando el saldo a ingresar. En el Impuesto a las Ganancias, tomando en cuenta el margen propio de las comisiones considerado para la actividad se obtuvo la ganancia neta sujeta a impuesto (margen bruto del 11% sobre el valor facial menos el 6% correspondiente a retribuciones estimadas a los distintos puntos de ventas). Se computaron gastos bancarios y deducciones personales también. Como pago a cuenta se computó el Impuesto al Débitos y Créditos Bancarios, por el porcentaje normativamente permitido, monto que fue determinado a partir de los extractos bancarios aportados en la respuesta a la circularización efectuada al Banco Superville.
VI. Que, conforme lo expuesto, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado, adelantando que este argumento carece de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición. En efecto, para que prospere tal pretensión, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras. En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada.
Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Con respecto al planteo de nulidad esbozado, en razón de la no admisión de una prueba en sede administrativa, cabe indicar que ello no puede considerarse como causal de nulidad, toda vez que las partes pueden ofrecer ante este Tribunal la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los arts. 155 y 156 de la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “S.A.” del 26/4/2007, entre otros). Con relación a la nulidad invocada en razón de la no admisión de una prueba en sede administrativa, cabe indicar que ello no puede considerarse como causal de nulidad, toda vez que las partes pueden ofrecer ante este Tribunal la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en los arts. 155 y 156 de la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 5-7-77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En este sentido, la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros) ha expuesto que “cuando la restricción de la defensa ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esta restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional procura de justicia”. Con relación al planteo relativo a la supuesta falta de notificación de la prevista –no reglada en la Ley N° 11.683 vigente en los periodos fiscales en crisis- y teniendo en cuenta que el art. 16 de la ley de rito deja en claro que las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquellos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen atribuciones de jueces administrativos –art. 9°, punto 1, inciso b) y 10 del Decreto N° 618/97-, cabe indicar que los ajustes efectuados por los fiscalizadores respecto del Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2004 se encuentran subsumidos en la declaración jurada pro forma que se acompañó al acta 007 N° 0197837 del 13/09/2010, comunicándose los resultados de la fiscalización practicada.
Conforme lo indica el Fisco Nacional, la diferencia se debió a que, en la declaración jurada referida, se proyectaron los ajustes por la totalidad de las operaciones correspondientes al periodo fiscal 2004, mientras que posteriormente se corrió vista a los herederos del Sr. García de la declaración jurada del impuesto por las operaciones comprendidas entre el 1/04/2004 y el 23/04/2004 –fecha de fallecimiento del causante- y a la Sucesión Indivisa del Sr. García por las operaciones comprendidas entre el 24/04/2004 y el 31/12/2004. Por lo expuesto, cabe destacar que las partes recurrentes tuvieron conocimiento de las conclusiones a las que arribó la fiscalización, tal como lo reconocen los herederos en su libelo recursivo al narrar los hechos en el punto IV en relación a las determinaciones del Impuesto a las Ganancias.
En suma, cabe destacarse que en relación a lo estrictamente formal, las resoluciones determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Se observa que la resolución cumple con dichos requisitos al lucir motivada y fundada en sus argumentos. Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos. Por lo expuesto previamente, no se advierten razones para nulificar el acto, en el sentido de existir un perjuicio concreto al contribuyente por la labor de la fiscalización, por lo que corresponde su rechazo.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar que, si bien la actora artículo su defensa como excepción previa, sus argumentos se plantean como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma (vide precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013).
VII. Que, seguidamente corresponde analizar la defensa esgrimida respecto de la prescripción de las facultades y poderes del Fisco Nacional para determinar el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 12/2004 a 12/2005 y el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2004 (01/01/2004 a 23/04/2004).
Al respecto, la Ley N° 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. Por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Con relación al IVA por el periodo fiscal 12/2004 y al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2004, el vencimiento del plazo para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen, se habría producido durante el periodo fiscal 2005 en el caso, por lo cual el plazo de prescripción comenzaría a correr el día 01/01/2006.
Siendo así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría operado el 01/01/2011. Ahora bien, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción. Al respecto, la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/2008), en su artículo 44 estableció la suspensión con carácter general por el término de un (01) año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos. Acerca de esto último, tal como el organismo recaudador lo indicara en la contestación del recurso de apelación (cfr. fs. 87 vta./88), el Máximo Tribunal tuvo ocasión de expedirse en el precedente “Distribuidora El Plata SRL”, en donde consideró que, en tanto el artículo 49 de la ley 23.495 disponía la suspensión del curso de la prescripción “con carácter general”, la misma alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes. Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, en relación con el artículo 44 de la ley 26.476 –que aquí incumbe–, se hizo referencia a la aplicación literal del precepto.
Conforme ello, considerando el año de suspensión dispuesto por la norma aludida, la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional operó el 01/01/2012, ante lo cual no corresponde acoger a la prescripción planteada. Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
VIII. Que, corresponde que este Tribunal analice el fondo de la cuestión traída a decisión, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
Entrando al análisis de la cuestión de fondo, se discute en autos si se encuentran alcanzados por el IVA y el Impuesto a las Ganancias los ingresos provenientes del servicio de distribución o intermediación por los que se percibe una retribución. Al respecto, el Organismo Fiscal analizó el mecanismo comercial entre el Sr. Garcia –distribuidor- y los subdistribuidores a quienes les cedía parte de la comisión que aquel percibía de Telefónica Móviles Argentina S.A. por el servicio de intermediación o de distribución de las tarjetas telefónicas. Planteada la controversia, es dable destacar que la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 3º inciso e) apartado 21) punto h) dispone que: Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación: e) Las locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación, en cuanto no estuvieran incluidas en los incisos precedentes: 21. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina. h) Los servicios prestados por agentes auxiliares de comercio y los de intermediación (incluidos los inmobiliarios) no comprendidos en el inciso c) del artículo 2º.
Por otra parte, la normativa del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), en su artículo 1° estableció en todo el territorio de la Nación un gravamen sobre las ganancias obtenidas por personas de existencia visible e ideal.
Asimismo, del art 49 inc. e) del mismo cuerpo normativo, se desprende que: constituyen ganancias de tercera categoría las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos expresamente en la cuarta categoría. Además, en su artículo 33 dispone que: Las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad, estando sujetas al pago del impuesto, previo cómputo de las deducciones a que hubiere tenido derecho el causante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 y con las limitaciones impuestas por el mismo.
Sentado lo precedente, en el caso bajo análisis, la actividad de intermediación del Sr. García era retribuida mediante una comisión que corresponde a un porcentaje del denominado “valor facial” de las tarjetas comercializadas. Es por ello que, por el desarrollo de sus actividades, debió confeccionar su propia documentación, emitiendo la factura correspondiente por las comisiones que obtenía por su carácter de distribuidor.
En esa tónica, es dable destacar que en la etapa de fiscalización no se aportaron los libros de IVA compras y ventas por los periodos fiscales enero 2004 a diciembre 2006, ni tampoco los comprobantes de respaldo de las operaciones efectuadas. Sumado a ello, tampoco se verificó la presentación de declaraciones juradas del gravamen por los períodos fiscales abril del 2004 a diciembre de 2005 en las cuales la firma Telefónica Móviles S.A. informó operaciones a nombre de la Sucesión de Roberto Antonio García. A su vez, del informe pericial contable ofrecido y presentado ante esta esta instancia (vide fs. 286/288), no se logra evidenciar que efectivamente las comisiones fueron declaradas frente al Impuesto al Valor Agregado.
Con relación al Impuesto a las Ganancias, y en cuanto a la solicitud de tratar los periodos fiscalizados de manera diferenciada a la del periodo 2006 en virtud de diferencias de cálculo en los porcentajes de utilidad por la celebración de un contrato con Telefónica Móviles S.A., no se ha aportado prueba alguna -siquiera el contrato suscripto en el año 2006- con el fin de probar la diferenciación que alega. A ello, se suma la circunstancia de que, conforme la prueba pericial contable producida en autos, la actora no pudo demostrar que hubo un cambio de criterio a partir de la suscripción del mencionado contrato que evidencie que el cálculo efectuado por el Organismo Fiscal es incorrecto.
Por lo merituado, correspondería entonces a la parte actora aportar las probanzas necesarias a fin de desvirtuar la tesitura fiscal y ello no ha ocurrido en el caso de autos. En definitiva, no ha presentado ante esta instancia – ni precedentemente – elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la postura alegada respecto de las operaciones que el Ente Fiscal ha cuestionado. Por lo que corresponde confirmar el ajuste correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias.
IX. Que, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que, resta analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Ahora bien, corresponde señalar que el tipo contenido dentro del artículo 45 requiere la culpa, la cual se presume, correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción. Específicamente, requiere para la configuración de la infracción que tipifica, la concurrencia de dos elementos: por una parte la omisión de pago de impuestos y, por otra, el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, siempre y cuando el Juez Administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa”, y en la medida que no exista error excusable.
Cabe señalar que la conducta incurrida por la actora en el caso de autos acredita el elemento objetivo requerido por la norma del artículo 45, la cual implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal. No obstante ello, tal como lo ha expresado la Alzada en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (ver entre muchas otras, CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006).
Siguiendo esta inteligencia, será el contribuyente quien deba demostrar la existencia de circunstancias eximentes al acreditar la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el “error excusable” que le impidió contar con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, lo que no aparece aquí justificado a la luz de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de inicio ni en las actuaciones administrativas.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido conductas que se subsumen en el concepto de culpa que sólo podrán desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas sobre factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de lo expuesto corresponde confirmar las multas aplicadas, con costas. Ello no obstante, se estima que la graduación de las penas en un 80% de los impuestos omitidos aparece excesiva, atento que de las actuaciones ninguna constancia indica que la actora contara con antecedentes en materia sancionatoria ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de las penas a su mínimo legal.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las sanciones, las que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.02.16 17:10:42 ART Date: 2024.02.19 12:01:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.19 12:21:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.19 12:23:59 -03:00
Fin de la sentencia