Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínima legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reduce la sanción, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 54/81 se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución N° 67/2014 (DV RNEU), de fecha 30/04/2014, emitida por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008 por la suma de $125.076,08, con más la suma de $199.037,74 en concepto de intereses resarcitorio y se le aplica una multa de $87.543,26 equivalente al 70% del impuesto dejado de ingresar, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
En primer término, efectúa una reseña de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que motivaron el ajuste fiscal.
Seguidamente plantea la nulidad de la resolución por carecer de causa y motivación atento que habría una discordancia entre el objeto procesal de las presentes actuaciones y los hechos que la sustentan. En tal sentido, arguye que durante el periodo fiscalizado no habría fundamento que le permita al Fisco Nacional concluir que haya desarrollado actividades que se apartaron del objeto para el que fue creada o que haya efectuado una operación lucrativa que no resulta esencial para el logro de su objeto, destinando fondos a fines distintos a los de su creación, por lo que se le intenta gravar en el impuesto a las ganancias cuando no existiría constancia alguna – ni fiscalización de por medio - que probara que durante el periodo fiscal ajustado se compraron, construyeron o vendieron inmuebles en la ciudad de Neuquén, que permitan excluirla del beneficio de exención establecido en el artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628.
En lo que respecta al fondo de la cuestión, se agravia por cuanto el Fisco Nacional le impugna la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2008, por considerar que realizó una operación ajena al objeto social por la que fue constituida, consistente en la celebración de una escritura traslativa de dominio, de un inmueble ubicado en la calle San Juan N° 872 de la ciudad de Neuquén, cuya compraventa y toma de posesión se efectuó en el año 2007.
Sostiene que no se tuvo en cuenta lo establecido por el artículo 3 de la ley del tributo, el que establece cuándo existe enajenación en el Impuesto a las Ganancias, por lo que, a su entender y a tales efectos, la venta cuestionada quedó materializada con la firma del boleto de compraventa y toma de posesión del inmueble en el año 2007. Indica que no ha sido objeto de fiscalización alguna, siendo que las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo en el periodo fiscal cuestionado, surgen únicamente del análisis de expediente a través del cual tramitó la solicitud de exención denegada, a saber: (i) la venta de un terreno ubicado en la calle Republica de Italia y Santiago del Estero llevada a cabo en fecha 02/09/2008, cuyo motivo fue no haber podido insertar emprendimiento alguno que se correspondiera con el objeto social de la fundación y (ii) la compra de un terreno ubicado en la calle Belgrano y Colon, cuyo boleto de compraventa y toma de posesión se efectuó en el año 2007 y se escrituró en enero de 2008. Agrega que tales operaciones constan en la memoria del balance cerrado en el mes de diciembre del año 2008. Por su parte, indica que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628 y que, con relación a dicha norma, el legislador interpretó y reglamentó no solo la posibilidad que las entidades puedan obtener una renta, sino que no limita que tales fines lucrativos tengan que ser restringidos a una actividad, periodicidad o vinculación con el fin de las entidades comprendidas en la dispensa.
Señala que no fue objeto de discusión el fin social que desarrolla ni que se observó la falta de cumplimiento de su actividad principal, puesto que en el informe final de inspección correspondiente a la denegatoria de la exención el Fisco Nacional, sostuvo que “no se observan anomalías y que la misma cumple con el objeto por la cual fue creada” (sic). Agrega que se encuentra ausente toda finalidad de lucro, por cuanto sus fundadores no obtienen ningún tipo de beneficio, que está plenamente probado que el producido de la venta de las publicaciones se reinvierte en nuevas ediciones.
Reseña que en 1998 adquirió un terreno en la calle San Juan de la ciudad de Neuquén con el propósito de inversión y preservación del capital de la entidad, a través de la construcción de unidades funcionales, las cuales fueron vendidas entre los años 2002, 2003 y 2007, cuyas operatorias fueron registradas en los libros societarios y los recursos fueron destinados a atesoramiento los cuales, conforme surge de la memoria de balance de año 2008, se emplearon para la compra del inmueble de la calle Belgrano y Colón.
A su vez, considera que no resulta incorrecto tomar medidas económicas tendientes a preservar el capital de una entidad atento que una fuente de resguardo segura y rentable consiste en la inversión en ladrillos o tierras, a ello sumado que la plaza neuquina es una fuente permanente de demanda de este tipo de inversiones ya que existe gran escasez de viviendas, por lo que dicha decisión financiera tomada no puede alejarla del fin último que tiene la fundación.
Cuestiona que el Fisco Nacional no haya demostrado que, durante los periodos fiscales 2009 y 2010, no se efectuaron operaciones inmobiliarias y que durante el periodo fiscal 2008 solo se compre un terreno para la construcción de la sede. A ello sumado que entiende que existe una grave contradicción en el proceder del organismo, atento que no solo funda la determinación de oficio en la resolución denegatoria del pedido de exención, sino también se aparta de lo dictaminado por la División Jurídica por cuanto esta sostuvo que “… no resulta un obstáculo el hecho que la fundación adquiera un lote o una propiedad con el deseo de construir o emplazar allí su sede y efectuar las mejoras o construcciones necesarias a tal efecto…” y que “…es importante recordar que la fundación ha argumentado siempre haber adquirido cada una de sus propiedades para construir su sede u otorgarle un uso relacionado con su objeto, lo que en ningún momento acreditó. Por el contrario, aquellos inmuebles vendidos no lo han sido en el estado en el cual habían sido adquiridos, sino luego de haberse efectuado importantes obras sobre ellos…”
Por otro lado, en relación a la multa por omisión aplicada, invoca error excusable atento que es el propio Fisco Nacional quien reconoce la complejidad de las operaciones bajo análisis.
En tal sentido sostiene que siempre ha considerado que dichas operaciones se encontraban exentas de todo impuesto nacional y que, además, se encontraba fuera del alcance del Impuesto a las Ganancias puesto que, de acuerdo a la jurisprudencia invocada, la normativa en juego resulta de compleja interpretación y aplicación, el fin perseguido por la fundación y la ausencia de antecedentes que indiquen la reiteración de una conducta similar. Solicita la aplicación de las disposiciones establecidas en la Instrucción General AFIP N° 6/2007. Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba documental e informativa. Efectúa reserva de caso federal. Concede autorizaciones. Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 100/120, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba documental del apelante. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Concede autorizaciones. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente. Señala que la apelación incoada es efectuada, tanto en su aspecto técnico como jurídico, en el mismo sentido que las argumentaciones vertidas al momento de contestar la vista, que oportunamente le fuera conferida. Al respecto, indica que para llegar a la pretensión fiscal se ponderó: (i) la ausencia de un certificado vigente que reconociera la calidad de entidad exenta en el Impuesto a las Ganancias de la recurrente. (ii) la declaración de resultados alcanzados por la ley del tributo y los datos obrantes en las bases de datos del organismo, que daban cuenta de la realización de operaciones inmobiliarias (iii) y en particular, la escritura traslativa de dominio extendida en febrero de 2008 respecto de la enajenación de las unidades funcionales N° 3 y 4 y unidad complementaria “A” construidas en el inmueble de la calle San Juan N° 872 de la Ciudad de Neuquén Capital, circunstancia que tuvo en cuenta para denegar la solicitud de exención.
Explica que para rechazar el beneficio exentivo tuvo en cuenta el desarrollo de una actividad de tipo comercial ajena al objeto para el que fue creada la fundación, la cual consiste en la construcción y posterior venta de seis (6) unidades funcionales con destino de vivienda en el terreno ubicado en la calle San Juan N° 872 de la ciudad de Neuquén, operando el cese de la misma con la escrituración de las unidades funcionales N° 3 y 4 y unidad complementaria “A” en el mes de febrero del año 2008.
Al respecto, entiende que la operación de compraventa de un inmueble, tanto desde el punto de vista comercial como jurídico, no culmina hasta tanto no se haya extendido la respectiva escritura traslativa de dominio y no se haya efectuado su inscripción ante el registro de la propiedad interviniente, distinguiendo así lo que en el derecho privado se conoce como “negocio jurídico” y “acto jurídico”, por lo que en el caso de autos, se constata que en fecha 19/09/2007 y rectificativo de fecha 26/02/2008 se firmaron boletos de compraventa tomando los adquirentes la posesión durante dicho año, y tal como se dijo precedentemente, se extendió la respectiva escritura traslativa de dominio en febrero de 2008.
Por otro lado, afirma que en la vista conferida oportunamente, se dejaron sin efecto los ajustes efectuados para los periodos fiscales 2009 y 2010 por haberse constatado la ausencia de una actividad comercial que motive el apartamiento de los beneficios exentivos dispuestos por el artículo 20 inc, f) de la Ley del Impuesto a las Ganancias, toda vez que del estado de evolución del patrimonio neto y del estado de flujo de efectivo no se observaron distribuciones de utilidades, por lo que no se destinaron ganancias a fines diferentes a su creación ni tampoco se detectó distribución de patrimonio y/o ganancias entre los socios.
III. Que a fs. 122/124 la actora denuncia como hecho nuevo el certificado de exención en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos expedido por el Gobierno de la Provincia de Neuquén. Corrido traslado al Fisco Nacional (vide fs. 125) y su traslado a la representación fiscal obra a fs. 132/132vta. A fs. 134 se decidió diferir su tratamiento al momento procesal oportuno y se abrió la presente causa a prueba.
A fs. 142/143 y a fs. 163 lucen contestaciones de los oficios dirigidos a la Municipalidad de Neuquén. A fs. 176 se clausura el periodo probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”. A fs. 186/188 se encuentran agregados los alegatos efectuados por el Fisco Nacional y a fs. 189 luce informe de Secretaria General de Asuntos Impositivos, con respecto a la ausencia del uso de la parte actora del derecho otorgado a fs. 583.
Finalmente, a fs. 190 se dispuso los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
En primer término, corresponde decidir sobre el planteo de nulidad introducido por la recurrente, invocando la ausencia de motivación y fundamentación de la resolución que impugna.
Cabe adelantar que la discrepancia con la valoración de los hechos y normas en las que se basó el Organismo Fiscal para encuadrar la conducta de la recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación. Como sostuvo esta Sala – en su anterior conformación - in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Asimismo, debe mencionarse que “la discrepancia con los hechos y las normas en las que se basó, así como el encuadre jurídico dado por la DGI no otorga sustento a la defensa de nulidad, toda vez que la apreciación de las circunstancias efectuada por la administración fiscal es un elemento subjetivo cuya valorización puede o no compartirse, lo que eventualmente dará lugar a la confirmación o no del acto en recurso, pero nunca su anulación” (“Huber, Víctor Abel, TFN, sala D, 15/07/98).
Por lo tanto puede concluirse que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa” (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Asimismo, toda vez que el planteo de nulidad no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
Por lo tanto, en atención a lo señalado precedentemente, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
V. Que, seguidamente se procede abocarse al análisis de la cuestión planteada en los términos en que quedó trabada la litis, esto es, si a partir del decaimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias, por el periodo fiscal 2008, resultan alcanzados los resultados en tal impuesto en cabeza de la recurrente.
En primer término, resulta importante mencionar que la actora, conforme se desprende de fs. 4/8vta. de las presentes actuaciones, posee personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén dispuesta mediante el Decreto N° 2112, de fecha 25/08/1993, y que conforme artículo 2 de su Estatuto Social obrante a fs. 9/12vta. de las mismas, tiene como objeto “la promoción de todos los aspectos vinculados al conocimiento así como a la formación y especialización de alumnos, técnicos y profesionales en distintas disciplinas, en el marco de una nueva concepción académica acorde con las exigencias de capacitación y tecnología de los países altamente desarrollados, como así también cualquier otra actividad, cultural, científica y cualquier otra obra de bien pública”.
Ahora bien, del Informe Final de Inspección obrante a fs. 107/111 del Cpo. Ppal. I de los antecedentes administrativos, se desprende que la verificación tiene su origen en la Resolución N° 78/2009 (DV RNEU), de fecha 14/12/2009, a través de la cual se deja sin efecto la exención en el Impuesto a las Ganancias que poseía la contribuyente de autos. Dicho acto administrativo fue confirmado por la Resolución N° 311/2010 (DV RNEU). En el marco de las resoluciones mencionadas precedentemente, el Fisco Nacional decidió denegar la solicitud de exención en el Impuesto a las Ganancias presentada por la contribuyente de autos, atento que la fundación habría adquirido terrenos en zonas residenciales de la ciudad de Neuquén con la intención de invertir en la construcción de unidades habitacionales - en particular respecto de las unidades funcionales construidas en el terreno ubicado en la calle San Juan N° 872 de la ciudad de Neuquén-, para luego enajenar a terceras personas no necesariamente vinculadas a la institución, por lo que entendió que habría desarrollado una actividad comercial no esencial para el logro de su objeto social, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en razón de brevedad.
Así delimitada la cuestión a decidir, importa recordar que el artículo 20 inciso f) establece que están exentas “Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destine a los fines de su creación en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios.
Se excluye de la exención establecida en el párrafo anterior a aquellas entidades organizadas jurídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares.” De ello se extrae que del artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628 es concluyente al condicionar la exención a que las ganancias del ente y el patrimonio social “..se destinen a los fines de su creación, y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios” . Y es por esa razón que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consideró que “para la procedencia de la exención del gravamen se requiere total ausencia de ventajas de índole económica o lucrativa para los asociados de la entidad demandante” (Fallos: 332:2529) [Conf. CNACAF, Sala III, en autos “Fundación para la Seguridad de Presas c/ EN-AFIP-DGI- (RCEN- Resol. 290/06) s/ Dirección General Impositiva”, Expte. Nro. 10.674/07, del 03/04/12].
También se sostuvo que, a los fines de la exención del artículo 20 inciso f) de la ley del Impuesto a las Ganancias, corresponde analizar el objeto societario, es decir, la utilidad social a que deben tender las actividades que realiza, a la presencia de ventajas de índole económica o lucrativa para los asociados, aun cuando éstas sean indirectas o mediatas (Conf. CNACAF, Sala III, en autos “Trapalanda Club de Campo c/ EN-AFIP-DGI-Resol 427/08 (Rpal) (Expte. 3638/06) s/ Dirección General Impositiva”, Expte. Nro. 13310/09, del 20/04/17 y su cita]. Asimismo, se interpretó que una asociación encuadra en la exención del artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628, si tiene una finalidad socialmente útil, no tiene fines lucrativos y las ganancias se destinan a los fines de su creación, según resulte del análisis de las actividades en relación al contenido explícito de su objeto asociativo (Conf. ““Trapalanda Club de Campo”, Cit.).
A su vez, cabe mencionar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación de las exenciones impositivas debían resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establecieran y que, fuera de esos supuestos, correspondía la interpretación estricta de las cláusulas respectivas, la que debía efectuarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que la informaban, ya que la primera regla de interpretación era dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 312:529, entre muchos otros).
A ello sumado que, de conformidad con lo dispuesto por el Alto Tribunal en los autos “Asociación Rosarina de Anestesiología c/ Fisco Nacional (DGI)” –Fallos: 332:2529-, del 16/11/09, para la procedencia de la exención del Impuesto a las Ganancias de las asociaciones enumeradas en el artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628, se requería la total ausencia de ventajas de índole económica o lucrativa para los asociados de las entidades en cuestión.
En ese marco normativo y jurisprudencial citado precedentemente, la recurrente no ha logrado acreditar el cumplimiento de un beneficio público, dado que, conforme se deprende de la prueba producida en las actuaciones, únicamente constan las autorizaciones de obra respecto de los trabajos llevados a cabo en los terrenos ubicados en la calle Belgrano 1408 y en la calle Republica de Italia y Santiago del Estero de la ciudad de Neuquén, cuyo destino -conforme surgen de los informes obrante a fs. 146 y 166-, eran de “vivienda unifamiliar” y de “vivienda multifamilar”, respectivamente. Por lo tanto, no hacen referencia a la compraventa de las unidades funcionales que dieron sustento al rechazo de la exención impositiva, sino que demuestran que dichas actividades exceden los fines para los que la fundación fue creada.
En ningún momento, tanto en esta instancia como en la anterior, la actora ha explicado con atendible grado de precisión de qué manera la venta de los inmuebles en cuestión efectuadas durante el periodo fiscal ajustado, se vinculan con los objetivos y propósitos enunciados en el estatuto de la Fundación, de manera tal que coadyuve a su realización. En este sendero, se entienden como insuficientes las expresiones direccionadas a justificar que “(…) los recursos obtenidos en las ventas de unidades funcionales ha sido destinadas a atesorar recursos que finalmente se destinaron en el año 2008 a la compra del inmueble situado en las calles Belgrano y Colon en frente del Colegio de Educación Provincial para la construcción de la sede social.”. A ello sumado que es la propia recurrente quien en su escrito de apelación afirma y reconoce que “no es incorrecto tomar medidas económicas tendientes a preservar el capital de una entidad. Es sabido que una fuente de resguardo segura y rentable consiste en la inversión en ladrillos o tierras. Además la plaza neuquina es una fuente permanente de demanda en este tipo de inversiones, ya que existe gran escasez de viviendas. Es decir, que una decisión puramente financiera como la que ha tomado la entidad en reguardo de su capital no puede alejamos del fin último que tiene la entidad. (…)” (vide fs. 75 de las presentes actuaciones)
En relación al hecho nuevo invocado, si bien se le reconoce la condición de sujeto exento, el mismo resulta ser una cuestión circunscripta al ámbito local correspondiente al Impuesto a los Ingresos Brutos, no discutida en autos, ajena a la jurisdicción de este Tribunal, por lo que resulta insustancial.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que tal como sostiene el Fisco Nacional al momento de contestar la apelación, en fecha 08/05/2012, la actora presenta multinota informando haber apelado la resolución N° 78/2009 (DV RNEU), ante el Juzgado Federal N°1 de Neuquén en los autos caratulados “FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA NUEVA ARGENTINA (FAENA) c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) s/ ORDINARIO” (Expte. N° FGR1000003/2011), donde solicita una medida de no innovar con el objeto de suspender los efectos de la misma. En atención al carácter público que revisten las causas que tramitan ante el Fuero Federal, este Tribunal pudo corroborar que la misma fue rechazada en primera y segunda instancia, lo cual al día de la fecha se encuentra firme.
Bajo este contexto, se concluye que la mentada exención fiscal no resulta viable en la especie, habida cuenta que la entidad actora desarrolló una actividad comercial, la cual el legislador previo como excluyente de dicho beneficio fiscal. Pues, si bien no resulta ajeno que “la naturaleza los términos ´actividad industrial´ y ´actividad comercial´ es imprecisa” (conf. Fernández, Luis O. - “Impuesto a las ganancias. Teoría, técnica y práctica”, Tomo I, tercera edición, La Ley 2015, pág. 127.), una prudente apreciación de los hechos aplicados a la norma tributaria y a los precedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados, puede concluirse que dichas operaciones inmobiliarias llevadas a cabo, se ubican por fuera del perímetro demarcado por el objeto social de la Fundación. En mérito de lo expuesto, puede concluirse que la actora ha llevado a cabo actos de índole comercial ajenos a su objeto social, lo que deriva en la exclusión del beneficio previsto en el artículo 20 inciso f) de la Ley N° 20.628 y, por lo tanto, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
VI. Que, no habiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios en este último caso, sólo cabe su confirmación respecto de la parte que se confirma, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000), no habiéndose probado en autos que la mora fuera inculpable.
VII. Que, finalmente, resta expedirse con respecto a la multa aplicada, con sustento en el artículo 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”. En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que, en el caso de marras, el elemento objetivo se encuentra verificado por cuanto la aquí recurrente ha presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2008 con datos inexactos al aplicar la alícuota del cero por ciento (0%), originando en consecuencia, la omisión del ingreso del impuesto en su justa medida.
Por lo tanto, cuadra indicar que quien haya presentado una declaración inexacta, omitiendo el pago del impuesto resultante, aun cuando la rectifique queda incurso en el ilícito material de omisión de impuesto al concurrir los presupuestos esenciales (conforme artículo 13, ley de rito). Ahora bien, ello no implica que no debe analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular. Como ya se señaló, en relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo fue declarar datos en las declaraciones juradas que no representaban la verdadera situación fiscal de la contribuyente. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable, que asimismo es planteado por la recurrente con fundamento en la Instrucción General AFIP N° 6/2007, la cual resulta un acto interno de la repartición fiscal, no vinculante para este Tribunal.
No obstante ello, la jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la actora realiza meras manifestaciones genéricas respecto del error excusable, no aportando elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante.
Sin embargo, en cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en un 70% del impuesto omitido, por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 45 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínima legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción que se reduce la sanción, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente.
Date: 2024.02.16 21:38:11 ART Date: 2024.02.19 12:05:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.19 12:17:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.19 12:17:55 -03:00
Fin de la sentencia