Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos y en su caso intereses y multa, reduciendo la graduación de la sanción a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Y
I. Que a fs. 19/27vta. y fs. 82/89vta., se interponen sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nº 81/2018 (DV RRTU) y Nº 82/2018 (DV RRTU), ambas de fecha 17 de Octubre de 2018 y dictadas por el Jefe (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP.
En la Resolución Nº 82/2018 se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 06/2013 a 06/2015, por la suma de $290.422,48 (pesos doscientos noventa mil cuatrocientos veintidós con cuarenta y ocho centavos), con más intereses resarcitorios por $471.984,54 (pesos cuatrocientos setenta y un mil novecientos ochenta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos) y se le aplicó una multa de $871.267,44 (pesos ochocientos setenta y un mil doscientos sesenta y siete con cuarenta y cuatro centavos) equivalente a tres veces los montos de los impuestos dejados de ingresar, prevista en los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
En la Resolución Nº 81/2018 se determinaron de oficio los créditos fiscales ajustados y los nuevos saldos a favor del contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos fiscales 08/2013 a 10/2013, 08/2014 y 10/2014, a raíz de las declaraciones juradas impugnadas.
La actora tiene como actividad principal la “Venta al por mayor y Empaque de Frutas, de Legumbres y Hortalizas Frescas”, con asiento en la provincia de Tucumán. Las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización que se le realiza por las operaciones de fletes facturadas por la Cooperativa de Trabajo Conar Ltda., que fue cargada en Base eApoc.
En primer término, la recurrente plantea la nulidad de los actos apelados por considerar que todo procedimiento llevado a cabo por AFIP, bajo la apariencia del acto que se impugna, parece perseguir insólita y antijurídicamente que C.L.K. S.A. se haga cargo de las propias deficiencias del organismo fiscal, en materia de verificación y control, lo que a su entender, da cuenta de una arbitrariedad manifiesta y de una finalidad que, más que apartarse, directamente violenta la expresada en el acto administrativo apelado, tornándolo absolutamente nulo, por perseguir una finalidad distinta a la declarada o expresada como motivación.
Argumenta que la fiscalización indica que “no se cuestiona el traslado de los bienes sino que hubo una simulación para ocultar al verdadero prestador del servicio”. Destaca que por tal motivo la AFIP, no efectuó ningún ajuste en el Impuesto a las Ganancias por aceptar que el servicio existió y fue realmente prestado. A su criterio la contradicción en que se encuentran inmersas las resoluciones son manifiestas y descalificables de los actos recurridos.
Se agravia cuando, luego de haberse consumado la exportación, solicitó a la Administración que le reintegre el IVA, vinculado a las operaciones realizadas con la Cooperativa de Trabajo Conar Ltda., a lo que la aquella repartición procedió a realizar una constatación no solo de aspectos formales sino también sustanciales, tanto del proveedor como de la realidad de las operaciones y más allá de eso, posteriormente le impugnó a C.L.K. S.A. el crédito fiscal proveniente de las operaciones de fletes realizadas con dicho proveedor por haber resuelto declararlo como “proveedor no confiable”, carente de capacidad e incluirlo en la Base Apoc a fines del 2017. En ese orden de ideas, sostiene que la AFIP realizó varios controles del proveedor y de las operaciones, primero antes de que se concretara la operación, constató que tenía Clave de Impresión de Facturas (CAI) vigente, es decir, había verificado que el proveedor tenía el domicilio actualizado y no registraba incumplimientos materiales, asimismo, C.L.K. S.A., para determinar qué porcentaje de IVA debía retener al proveedor cuestionado, AFIP le informó que el proveedor se encontraba en condición 1.
En segundo lugar, después de que se concretara la operación, la AFIP luego de analizar al proveedor y a la operación, accedió a reintegrar el crédito fiscal de los periodos 06/2013 a 06/2015 mediante diversas resoluciones. Por consiguiente, es incomprensible que la AFIP enuncie que el proveedor es Apoc y que se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Alega que no tiene que probar un hecho cuya existencia fue admitida por la AFIP en forma explícita, puesto que, la mercadería llegó al puerto o al mercado interno y no lo hizo por sus propios medios. Entiende que sólo debe acreditar que lo facturado a él corresponde a prestaciones reales y efectivamente prestadas por el emisor de la factura, lo cual ha quedado descartado a partir del reconocimiento de la Administración por la inexistencia de ajustes en el Impuesto a las Ganancias.
A su vez, añade que mediante sentencia de fecha 24/07/2017, el Juzgado Federal 1 de Tucumán, en autos caratulados “Cooperativa de Trabajo Conar Ltda. c/ AFIP s/ Amparo” (Expte. N° 16.552/2017) resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta por la cooperativa y, en consecuencia, ordenó levantar la inhabilitación del CUIT y excluir a la cooperativa de la base de proveedores no confiables. La sentencia fue confirmada por sentencia del 13/06/2018 por la Cámara Federal de Tucumán. Dicha sentencia desarticula toda la retórica de la AFIP respecto de la condición de apócrifo del proveedor, toda vez que éste mismo se presentó por ante la justicia reclamando se levantara la condición de tal imputada por AFIP.
Así las cosas, asevera que, si las prestaciones fueron cumplidas, si las facturas están debidamente autorizadas por la AFIP, si el proveedor no se encontraba en la Base Apoc que se da a conocer públicamente mediante la página web, si el CAI estaba autorizado, si la AFIP, informó que el proveedor estaba en condición 1, la AFIP convalidó las operaciones realizadas con ese proveedor y resolvió reintegrar el IVA mediante un acto administrativo expreso y regular, la impugnación cinco años después es inviable.
Argumenta que, son los propios actos de la AFIP los que desacreditan la totalidad de las actuaciones administrativas, ya que, estando las presentaciones contratadas afectadas a operaciones de exportación, C.L.K. S.A. estaba obligada a consultar el archivo de información sobre proveedores y de la consulta efectuada la AFIP informó que la retención de IVA era la general vigente según la RG 18, por ende, los proveedores no registraban incumplimientos en sus obligaciones fiscales.
Asimismo, sostiene que vacía de contenido los argumentos expresados por la AFIP en los agravios, toda vez que resulta incompatible por contradictorio que sostenga que se trata de un proveedor poco confiable y/o apócrifo y a la vez se le requiera detalle de las operaciones realizadas con terceros y que a su vez le inicie juicios de apremios, conforme el acta provista por Cooperativa de Trabajo Conar Ltda., donde la AFIP le comunicó el cierre de una fiscalización de IVA de los períodos 01/2013 a 06/2015 y Ganancias 2013 y 2014.
Con relación a la multa aplicada, sostiene que es agraviante la imposición de una multa de tres veces el importe determinado por el Impuesto a las Ganancias –Salidas no Documentadas- a su criterio la existencia de la multa al igual que los intereses resarcitorios, se encuentran subordinados directamente a la existencia de la omisión que se le imputa, es decir, se erigen a partir de la materialización de la obligación principal, por lo que la desaparición de la obligación principal, impide la subsistencia de lo que es su consecuencia (intereses resarcitorios y multa). A su criterio falta tipificación legal, asevera que el tipo del art. 46 demanda una omisión material que se concrete mediante la presentación o no presentación de una declaración jurada. Las Salidas No Documentadas no se exteriorizan mediante declaraciones juradas, cuestión de la que no queda duda alguna que ni siquiera la Administración le ha reconocido tal carácter al volante de pago F 799/E, con que se hace efectivo el ingreso del impuesto. Es por ello que la omisión del ingreso voluntario y tempestivo de las Salidas No Documentadas resulta atípica respecto del artículo 46 de la Ley 11.683.
En conclusión, afirma que resulta inexplicable la sanción impuesta por la resolución en crisis, al cuadrar la conducta en el tipo del artículo 46, porque si antes no estaba siquiera prevista, ahora lo está pero dentro del régimen del art. 45.
Ofrece prueba documental e informativa, cita doctrina y jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas en todos sus términos, con costas al Fisco.
II. Que a fs. 38/58 y fs. 100/113, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fueron conferidos, negando terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contribuyente, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento del fisco, o que surja de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba documental.
Analiza que, de las cuestiones traídas a debate, en primer término la recurrente plantea la improcedencia y nulidad de las resoluciones en crisis, en relación a ello, refiere que el acto determinativo cuestionado en autos fue dictado en el marco de un procedimiento reglado legalmente y por un funcionario que reviste el carácter de juez administrativo, quien analizó tanto las circunstancias fácticas habidas como el marco legal tenido en cuenta a los fines de encuadrarlas jurídicamente, la cual exteriorizó en forma regular la voluntad de la Autoridad de Aplicación en materia fiscal, resultando autosuficiente en cuanto a su motivación se refiere. Sin afectar el derecho de defensa del recurrente quien pudo incorporar nuevos elementos ante este Tribunal sobre los que no tuvo la posibilidad de expedirse o defenderse.
El Fisco Nacional declara que la fiscalización practicada constató que C.L.K. S.A. utilizó créditos fiscales improcedentes en IVA producto de no haber podido demostrar que las operaciones supuestamente realizadas con la Coop. de Trabajo Conar Ltda., se hayan realizado efectivamente con ella, motivo por el cual se impugnaron los mismos, no habiendo prestado la actora conformidad a los ajustes practicados.
Asimismo, por el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas-, la fiscalización constató que la responsable realizó erogaciones dinerarias destinadas al supuesto proveedor Coop. de Trabajo Conar Ltda., cuando en realidad dichas erogaciones no se encuentran respaldadas por documentación fehaciente que permita concluir que dichos servicios hayan sido prestados efectivamente por ésta, la cual no posee rodados ni bienes registrables, no declara empleados, no registra pagos de impuestos.
Advierte que, la inexistencia de elementos fácticos o indiciarios que permitan colegir que las operaciones impugnadas hubieran sido efectivamente prestadas por dicha Cooperativa, hace imposible validar el crédito fiscal o deducciones declarados y computados improcedentemente por C.L.K. S.A. con los comprobantes referidos al proveedor cuestionado.
Aduce que, con respecto a la elípticamente alegada orfandad probatoria a la que alude la actora como así también lo expuesto sobre la inversión de la carga de la prueba, en este recurso se está cuestionando la validez de dos actos administrativo de carácter determinativo, que han sido dictados en un procedimiento legalmente reglado, garantizando su participación y defensa. Emitidas que fueran las resoluciones gozarán de presunción de legitimidad y quien pretenda la ilegalidad o nulidad de un acto administrativo deberá alegar y probarlo. Destaca que, a través de una gran cantidad de prueba colectada que constan en los antecedentes administrativos, que se evidenció que las registraciones referidas a la mencionada Cooperativa no reflejaban la realización de operaciones reales y verdaderas. Es así que los serios indicios que se han tenido en cuenta para tachar de apócrifo al proveedor e impugnar los gastos y créditos fiscales computados por la recurrente y no fueron rebatidos por la misma.
En ese orden de ideas, sostiene que, teniendo en cuenta los comprobantes analizados y ante la circunstancia de no haber podido constatar la efectiva realización de las operaciones, se colige que los pagos no se pueden correlacionar con la documental exhibida por la recurrente y cuya veracidad se cuestiona por lo que entiende es correcto darle el carácter de Salidas No Documentadas. Y con respecto al planteo de contradicción entre las impugnaciones y cargos realizados en las resoluciones en crisis, afirma que no existe contradicción alguna. Advierte que, con relación a los dichos de la actora sobre la sentencia del 24/07/2017 del Juzgado Federal 1 de Tucumán, se remite a lo dicho en las resoluciones y explica que la sentencia recaída en nada modifica los actos administrativo cuestionados, toda vez que, los fundamentos de la impugnación de los créditos fiscales están dados por la falta de capacidad económica-financiera-operativa para la prestación de los servicios de transporte de carga facturados por parte la Coop. cuestionada.
Entiende que corresponde desestimar los demás agravios esgrimidos por la recurrente sobre ambos tópicos, atento lo improcedente de los mismos y solicita se confirmen los intereses resarcitorios, dada la ausencia de agravios por parte de la encartada.
Con relación a los agravios de la recurrente por la sanción aplicada, advierte que de las resoluciones apeladas y los antecedentes administrativos surge la enorme cantidad de inconsistencias del supuesto proveedor de la empresa actora, que dieron lugar a la resoluciones determinativas atacadas, y a la calificación de la conducta de C.L.K. S.A., la cual, pretendió ingresar un impuesto sustancialmente menor al realmente adeudado, valiéndose para ello de erogaciones dinerarias que aparentemente eran destinadas a un supuesto proveedor que en realidad no prestó los servicios facturados (ocultando al verdadero beneficiario), por carecer de capacidad económica para ello.
Afirma que, se hallan acreditados en el presente caso los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el tipo infraccional, y por ende, se verifica la configuración de la figura y la procedencia de la multa aplicada. Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia, solicita se confirme la sanción aplicada. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia, confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Que, a fs. 136 este Tribunal resolvió intimar a la actora para que informe si en el marco de los autos caratulados “Cooperativa Conar Ltda. c/ AFIP s/Amparo Ley 16.986” Expte N°16552/2017, en trámite ante la Cámara Federal de Tucumán, recayó sentencia definitiva y si la misma se encuentra firme, debiendo acompañar copia.
Dando cumplimiento la recurrente a fs. 144 acompañando a las presentes actuaciones la sentencia de la Cámara Federal de Tucumán a fs. 137/140 donde confirma la resolución de fecha 24/07/2017 emitida por el Juzgado Federal de Tucumán N°1 y agregada a fs. 142 lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 12/11/2019 por la cual desestima la queja intentada por la AFIP-DGI.
A fs. 153 este Tribunal resolvió hacer lugar a la oposición a la prueba articulada por el Fisco Nacional y, en consecuencia, al no haber prueba para producir ante esta instancia, la causa queda de puro derecho. Por lo tanto, a fs. 159 se elevaron las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y a fs. 163 se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re.”Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Se advierte que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización efectuada a la Coop. De Trabajo Conar Ltda., de la que resultó su inclusión en la Base eApoc, a partir de lo cual se impugna a la empresa recurrente los créditos fiscales de IVA originados en operaciones de servicios de fletes facturados por dicha Cooperativa.
En la fiscalización realizada a dicha Cooperativa se concluye: a) No posee bienes registrables, particularmente rodados, b) No declara empleados en relación de dependencia, c) No reconocen sus proveedores las operaciones registradas, d) Las acreditaciones bancarias son notablemente inferiores a los ingresos declarados, e) No registra pagos de impuestos, f) No exhibe libros rubricados ni respaldo documental de compras, ventas y gastos. Por su parte, la recurrente se encuentra inscripta en la Agencia Sede Tucumán en Cevil Pozo, provincia de Tucumán, donde declara que desarrolla su actividad principal de “Venta al por mayor y Empaque de Frutas, de Legumbres y Hortalizas Frescas”.
Se realizaron tareas de inspección, concurriendo al domicilio fiscal de la firma actora, con la hipótesis de investigación de usuario de facturas apócrifas, siendo atendida por la C.P.N. Graciela De Gregorio, en su carácter de apoderada, a quien se le notificó el inicio de la verificación.
Se requirió a la fiscalizada que aporte la documentación respaldatoria de las operaciones efectuadas con la Coop. De Trabajo Conar Ltda. (remitos, facturas, ordenes de pagos, medios de pago utilizados, etc.). Los comprobantes acompañados responden a la facturación de servicios de transporte de carga (flete) de la producción de limones de la recurrente, envasados en cajas de cartón y con destino a exportación y mercado interno.
Se circularizaron a los sesenta y tres (63) transportistas cuyos datos de dominio de chasis y acoplados, constan en los remitos exhibidos por la actora. De las respuestas obtenidas surge que veintitrés (23) responden que no efectuaron operaciones de servicios de fletes a la inspeccionada ni al sujeto Coop. de Trabajo Conar Ltda., y que no las conocen a ambas; treinta y ocho (38) requerimientos fueron devueltos por correo o no responden. Advierte que, sólo dos (2) transportistas respondieron que tuvieron operaciones con el sujeto “Cooperativa de Trabajo Conar Ltda.”: Transporte Ale S.A. indicó que realizó operaciones en el año 2016, las cuales no responden a las operaciones y periodos bajo fiscalización y Transportista Leonardo S. Colombo, responde que efectuó seis (6) operaciones con la Cooperativa, de las cuales sólo una (1) se relaciona con la firma C.L.K. S.A., además informa que no efectuó operaciones directas con la empresa C.L.K. S.A.
Deja constancia que de la lectura del Estatuto Social de la Coop.de Trabajo Conar Ltda., en su artículo 5to expresa que el objeto es asumir por su propia cuenta, valiéndose del trabajo personal de sus asociados, las actividades inherentes a “Industrialización de materia leñosa para la fabricación de briquetas”, actividad que no tiene relación alguna con la de servicios de fletes facturados a la verificada, ya que para realizar esta actividad necesita de camiones (propios o de sus asociados), los cuales no posee la cooperativa, como tampoco sus asociados.
Como consecuencia de todo lo expuesto se concluye que no se pudo constatar la capacidad de dicha firma para prestar los servicios facturados, impugnándose los respectivos créditos fiscales en IVA.
Con respecto al impuesto a Salidas No Documentadas, a partir del análisis de la documentación aportada por la contribuyente con respecto al circuito financiero de los medios de pagos utilizados para la cancelación de las operaciones con la Cooperativa de Trabajo Conar Ltda., se constató que los mismos, en su gran mayoría se efectuaron con cheques de la empresa Argenti Lemon S.A. y en menor medida se pagaron con cheques propios. Del análisis de los endosos de los cheques, según consta en papel de trabajo que corre a fs. 12 del legajo del impuesto, fueron acreditados en cuentas de los contribuyentes Refinería del Norte S.A., Piazza S.A., Claro Argentina S.A. y cajas de ahorro o cuantas corrientes de otros sujetos, existiendo otras operaciones que no fueron informadas por los bancos o que no aportaron detalle de los medios de pagos.
Destaca que, como se expresó en relación al IVA, la pretensión fiscal por Salidas No Documentadas, fue notificada a la verificada con fecha 16/03/2018 en el domicilio fiscal mediante cédula de notificación ante la ausencia de persona responsable a recibirla. Vencido el plazo otorgado para que ingrese los pagos respectivos y/o aporte nuevas pruebas que hagan a su derecho, sin que realice descargo alguno, es que se remiten los presentes antecedentes a División Revisión y Recursos, para el inicio del trámite de determinación de oficio. Se dejó constancia que, con relación al Impuesto a las Ganancias, la inspección no efectuó ajustes por la impugnación del gasto ya que el servicio de transporte de carga facturado aunque no realizado por Coop. de Trabajo Conar Ltda. Fue efectivamente efectuado, en razón de que la carga llegó al destino facturado y que consta en los remitos, correspondiendo, según criterio de la inspección, considerar el gasto del mismo en el balance impositivo.
V. Que procede en primer término analizar el planteo de nulidad articulado por la actora, al considerar que las resoluciones apeladas dan cuenta una arbitrariedad manifiesta y descalificante que las torna nulas. Cabe tener presente que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En cuanto a la contradicción que apunta la recurrente en el sentido de que se le admitió el gasto en el Impuesto a las Ganancias, cabe indicar que lo que observa el Fisco Nacional como base para los impuestos discutidos en estos actuados es que aun cuando los servicios fueron prestados y por eso se admitió la deducción, ello no implica que los mismos hayan sido prestados por la Cooperativa cuestionada ni que ella haya sido ella la verdadera beneficiaria de los pagos efectuados, de ahí los ajustes realizados en tales gravámenes.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia que excede el marco de la nulidad planteada dado que sus argumentos se plantean como defensa contra los actos determinativos apelados y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma (vide precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013).
VI. Que, según lo expuesto, con respecto al ajuste en el IVA, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación de créditos fiscales efectuada por el Organismo Fiscal de las operaciones cuestionadas se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas considerando la falta de capacidad operativa de la mencionada proveedora como quien ha realmente prestado los servicios.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener en adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Por lo tanto, corresponde determinar si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la entrega efectiva de los bienes comercializados por parte del proveedor que surge de los comprobantes y su real representación en los créditos fiscales declarados. Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas al proveedor no confiable, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en un sinfín de argumentaciones que no hacen más que revelar su mero desacuerdo con las valoraciones realizadas por la fiscalización.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M) / CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia del proveedor cuestionado y la participación del mismo en las prestaciones cuestionadas, lo cual no se produjo en los presentes actuados. Con respecto a la sentencia, en el marco del Expte. N°16552, del 24/07/20217 que fuera confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán el 13/06/2018, que ordena a AFIP levantar la inhabilitación de la CUIT de la Coop. cuestionada en los presentes actuados y que se la excluya de la Base de Contribuyentes no confiables, que luce agregada a fs. 137/140, la misma de ninguna forma acredita que tal entidad tenga la capacidad operativa para prestar los servicios facturados a la recurrente. Además, la sentencia en cuestión no aborda la cuestión de fondo aquí discutida, relativa a la falta de capacidad operativa y económica de la Coop. para prestar los servicios de flete.
Máxime teniendo en cuenta, como surge del informe final de inspección, en el que indica que el art. 5to., del Estatuto Social de la cuestionada Cooperativa, expresa que el objeto de esta es asumir por su propia cuenta, valiéndose del trabajo personal de sus asociados, las actividades inherentes a “Industrialización de materia leñosa para la fabricación de briquetas”, que no guarda relación con los servicios de fletes facturados a C.L.K. S.A., especialmente porque la Cooperativa no posee camiones propios y tampoco los poseen sus asociados, confirmando así la falta de capacidad operativa imputada a dicho proveedor.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste en el Impuesto al Valor Agregado.
VII. Que en cuanto a la determinación del impuesto salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Asimismo, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citada, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Esta posición se ve corroborada por la misma Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas." “En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectivamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del. contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” En el caso de autos no se ha producido prueba alguna para acreditar que el proveedor -Coop. de Trabajo Conar Ltda.- haya efectivamente prestado los servicios de flete que dan cuenta las facturas impugnadas por el Fisco Nacional.
Aun cuando los servicios fueron admitidos por el Fisco Nacional como un gasto deducible en el Impuesto a las Ganancias, la recurrente no acompañó medios idóneos para individualizar al proveedor cuestionado como el verdadero beneficiario de los pagos, conforme lo indicado precedentemente en cuanto al circuito de pago con cheques propios y de terceros y tomando en consideración que quedó en evidencia que la proveedora cuestionada nunca pudo prestar los servicios de fletes facturados.
VIII. Que, en materia de los intereses resarcitorios determinados en la determinación del Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta resolver el aspecto sancionatorio, concretamente la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, es decir, respecto de la multa en los términos del art. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley de ritual, equivalente a tres veces el monto del tributo evadido, aplicada en la Resolución Nº 82/2018 (DV RRTU). Cabe señalar previamente que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
En cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, con relación a la multa por defraudación aplicada en la resolución aquí en trato, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la Resolución Nº 82/2018.
No obstante ello, en cuanto al quantum de la sanción aplicada si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la proporción de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
Por ello, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos y en su caso intereses y multa, reduciendo la graduación de la sanción a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.02.22 14:40:56 ART Date: 2024.02.22 15:09:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.22 15:59:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.22 16:00:22 -03:00
Fin de la sentencia