Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 89/2012 (AD CAMP), dictada en la Actuación SIGEA Nº 12574-4180-2008, y por ende el cargo FE N° 234/08.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-41414430-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Abril de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis (encontrándose en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht), a fin de resolver en la Causa N° 31.081-A: “SOYAPAMPA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que en virtud de lo resuelto por el Tribunal de Alzada a fs. 113/115, corresponde resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nº 89/2012 (AD CAMP), dictada por el Administrador de la División Aduana de Campana en la Actuación SIGEA Nº 12574-4180-2008, mediante la cual se rechazó la impugnación incoada por la firma SOYAPAMPA S.A. contra el cargo FE N° 234/08, formulado en relación al PE N° 08 008 EC01 005930 M.
II. Que, en honor a la brevedad, me remito a los Considerandos I a IV del voto del Dr. Licht, Vocal preopinante en la sentencia dictada por este Tribunal a fs. 66/69 de autos.
III. Que el cargo FE N° 234/08 fue formulado en virtud de lo dispuesto por las Resolución ONCCA N° 1898/2008, mediante la cual se comunicó a la AFIP las DJVE cuyos titulares no habrían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351 y el Dec. N° 764/08.
Que la Ley 21.453, que regula la exportación de productos agrícolas, estableció un sistema de registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º de la ley citada). Por su parte, la ley 26.351 estableció que de registrarse un incremento en las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación entre la fecha de registro de la DJVE y la de oficialización del permiso de embarque, los exportadores deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de la mercadería, o bien la adquisición de la misma con anterioridad al incremento. De no acreditarse tales extremos, la Ley bajo análisis dispone que deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación (arts. 1° y 2° de la Ley 26.351). Finalmente, mediante su art. 4 estableció su vigencia, fijando la retroactividad de la norma, alcanzando a las DJVE “... que hayan sido registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.
Que, el Decreto 764 del 12 de mayo de 2008, reglamentario de la Ley 26.351, mediante su art. 2º estableció que “... las disposiciones de la Ley 26.351 serán aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación sea posterior al 9 de noviembre de 2007”. En esta última fecha entró en vigor un aumento de alícuotas dispuesto por el entonces Ministerio de Economía y Producción, instrumentado por las Resoluciones Nros. 368/07 y 369/07.
Que, en su correlato, se dictó la Resolución ONCCA Nº 1898/08 mediante la cual se hizo saber a la AFIP un listado con las DJVE respecto de las cuales las empresas exportadoras no habrían acreditado oportunamente la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la ley Nº 26.351 y su decreto reglamentario Nº 764/08. En el detalle de ese listado se encontraba, entre otras, la firma SOYAPAMPA S.A., lo que motivó el cuestionamiento de dicha Resolución por parte de ésta última.
IV. Que, según surge de las actuaciones administrativas, la firma SOYAPAMPA S.A. documentó mediante el permiso de embarque N° 08 008 EC01 005930 M la exportación de 144 toneladas de la mercadería clasificada en la PA 1201.00.90.190N (“Las demás A granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453) Las demás HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS.”), declarando en el campo “a) Opciones / b) Ventajas”: “EXPO-ORGANICOPC1=OPC6” y surgiendo del campo “Documentos a Presentar”: “CERT-ECO-ORG-BIO=” y “D.J.V.E=08001DJVE000693B”. También surge del PE en trato que, en relación a dicha mercadería, la firma liquidó los tributos por una alícuota del 9% y, según también surge claramente del campo “OBSERVACIONES/OTROS TRAMITES ADUANEROS” (ver anverso fs. 1 del PE) se acompañó a la operación el correspondiente certificado orgánico ACT. 12574-2122-2008 Certificado SENASA N° 02071/08. Asimismo, la DJVE SIM involucrada hace clara referencia a la DJVE expedida por la SAGPYA N° 00071458. Junto a dicha documentación, obra la Constancia de productor/ elaborador /comercializador orgánico, de fecha 07/05/07, emitido por FOOD SAFETY S.A., por medio de la cual se informa que el “… establecimiento comercializador SOYAPAMPA S.A. está bajo seguimiento del programa de certificación orgánica de FOOD SAFETY S.A. para la comercialización orgánica de cereales, oleaginosas u otros productos orgánicos, en conformidad con la ley 25.127 y Res. 423/92, Res. 270/00 anexos y modificatorias, equivalente al Reglamento (CEE) N° 2092/91, en la categoría: ORGÁNICO, con fecha efectiva de certificación 30-04-2007.”. En consonancia con ello, se encuentra la Actuación N° 12574-2122-2008, por medio de la cual se adjunta el certificado N° 01-3642, vinculado al permiso 08 008 EC01 005930 M, con certificación de fecha 03/07/2008, N° de orden SENASA 2071/2008, N° de ETIQUETA 16461. (ver documentación obrante en la carpeta del PE agregada a fs. 11 de las act. adm.)
Que, dicha operación cursó por Canal Rojo, sometiéndosela a la verificación obligatoria y, de este modo, toda la documentación relacionada -a la que se aludiera en el párrafo precedente- ha sido sometida a dicha verificación, sin haber sido objetada por el servicio aduanero.
Que no se encuentra cuestionado en autos, que al momento de registrarse la declaración 08 001 DJVE 000693 B (28/02/2008), la soja a granel (PA 1201.00.90.190N) estaba gravada con un derecho de exportación del 9%, fijado por la Resolución ME 184/07, y que esa alícuota se liquidó al registrarse el permiso de embarque 08 008 EC01 005930 M (fecha de cierre de venta: 27/02/2008), conf. art. 6 de la Ley 21.453, y jurisprudencia CNACAF SALA II “Bio Grains SA c/ANAs/recurso directo” Expte. N° 8.058/18 sentencia del 29/05/18).
Que la mercadería involucrada se corresponde con la denominada como producto orgánico (de conf. Ley 25.127) y que dicho carácter se encuentra acreditado en el presente mediante el certificado emitido por el SENASA (autoridad de aplicación del referido régimen según art. 4 de la Ley 25.127).
V. Que la actora se agravia respecto de la aplicación retroactiva de tributos que disponen los arts. 4 y 5 de la Ley 26.351 (B.O. 16/01/2008), art. 2 del Decreto 764/2008 y las Resoluciones ONCCA dictadas en consecuencia de la misma, por resultar violatorio de los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna. De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que, la operación 08 001 DJVE 000693 B, fue registrada el 28/02/2008, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 26.351, 16/01/2008, fecha de publicación en el B.O (art. 5). En consecuencia, no habiéndose aplicado de manera retroactiva la Ley 26.351, corresponde rechazar el agravio de la actora en este sentido.
Que, aclarado lo anterior, la cuestión debatida en la litis encuentra en mi opinión adecuada respuesta en el voto emitido (en minoría) por el Dr. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Voc. 18, Sala “F”), en esta misma causa. Voto al cual también me referí (y al cual adhirieron unánimemente los demás Vocales de esta Sala “G”) al sentenciar en la Causa N° 31.082-A de igual carátula que la presente (sentencia del 6/7/2022), toda vez que la cuestión allí planteada resulta sustancialmente idéntica a la de autos. A mayor abundamiento, resulta oportuno señalar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó dicho decisorio. (Expte. N° 1302/2023 “Soyapampa SA (TF 31082-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Sentencia del 12/05/2023)
En cuanto aquí resulta de aplicación, el Dr. Miguel Nathan Licht dijo que: “Aclarado lo anterior, corresponde considerar la incidencia que tiene la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C:486.XLIII. “Camaronera Patagónica S.A.: c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sentencia del 15 de abril de 2014, en la que ante, un caso similar al presente, declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación impuestos por la Resolución ME n° 11/02, por resultar dicha resolución violatoria del principio de reserva de ley. En esa comprensión del asunto, es conveniente comenzar a efectuar una reseña de las normas involucradas en la causa.
Por medio de la Ley 25.561 (B.O. 7/1/2002) se declaró la emergencia pública en materia social; económica; administrativa; financiera y cambiaría. Esta norma fue sucesivamente prorrogada por las Leyes nros. 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, por esta última hasta el 31 de diciembre de 2008. En su artículo 6o dispuso: “El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales”.
La Ley 26.217 (B.O. 16/01/2007) prorrogó, específicamente ese derecho de exportación, por el término de 5 años a partir de su vencimiento como, así también, las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las alícuotas correspondientes.
El Decreto 509/2007 (B.O. 3/5/2007) fijó el derecho de exportación para las posiciones arancelarias indicadas en el Anexo IV (art. 16) y facultó al Ministerio de Economía y Producción a “realizar aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan en los términos de su competencia” (art. 21). Se consignó que el decreto se dictaba en uso de las facultades conferidas por los incs. 1) y 2) del art. 99 de la C.N., los arts. 11 ap. 2 y 12 del Código Aduanero y por el art. 6o de la Ley 25.561. Fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 26.122, por haber sido “dictado en uso de facultades delegadas” -conforme los términos del Mensaje nro. 138 del 15 de mayo de 2007 de la entonces Ministro de Economía y Producción- y declarado válido por las Cámaras de Diputados y Senadores a propuesta del dictamen enviado por la citada comisión.
Las Resoluciones 368/2007 y 369/2007 (B.O. 9/11/2007), modificaron el Anexo XIV del Decreto 509/2007, gravando con derechos de exportación determinadas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR.
La Resolución M.E. y P. nro. 125/2008 (B.O. 12/03/2008), en lo que aquí interesa, establece un cambio en el método de cálculo de las alícuotas del derecho de exportación de cereales, oleaginosas y sus subproductos, las que se estipulaban en un porcentaje fijo sobre el precio de venta y, ahora, ese porcentaje variará (aumentando) según una escala de variaciones del precio del grano de que se trate.
Sus considerandos citan el art. 16 del Decreto 509/2007 que estableció el derecho de exportación aplicable a las posiciones arancelarias de la N.C.M. consignadas en el Anexo IV de dicha norma y las modificaciones dispuestas por las Resoluciones M.E. y P. nros. 368 y 369 del 2007. La medida se dictó en función de lo previsto en el Código Aduanero, en la Ley de Ministerios (texto ordenado por el decreto 438) y en uso de las facultades conferidas por los decretos 2752/91 y 2275/94. La Resolución M.E. y P. nro. 141/2008 (B.O. 27/3/2008) efectuó algunos ajustes en los puntos porcentuales diferenciales fijados para determinados productos.
Por su parte, mediante las Resoluciones M.E. y P. nros. 284/2008 y 285/2008 (B.O. 24/04/2008), se crearon regímenes destinados a dar compensaciones a pequeños productores de soja o girasol cosecha 2007/2008 y para el transporte de granos oleaginosos producidos en las provincias extrapampeanas, respectivamente. Mediante el Decreto 904/2008 (B.O. 10/6/2008) se creó un programa de “redistribución social”, teniendo en cuenta las modificaciones a los derechos de exportación dispuestos por las resoluciones citadas precedentemente.
Luego, con fecha 17 de junio del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional, sometió a consideración del Poder Legislativo Nacional, un proyecto de ley que proponía -entre otras cosas-, ratificar las resoluciones ministeriales citadas, “sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la Ley n° 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, en particular su artículo 755, correlativos y concordantes” (mensaje nro. 941, arts. 1o y 2o). El 4 de julio de 2008, la Honorable Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que pasó en revisión al Honorable Senado, cuyos artículos 1o y 2o ratificaban los indicados en el párrafo precedente, es decir, la validez de las resoluciones ministeriales en cuestión y la vigencia de las medidas allí adoptadas. El día 18 de ese mes, la Honorable Cámara de Senadores rechazó el proyecto elevado.
Finalmente, a través del Decreto n° 1176/08, el Poder Ejecutivo Nacional instruyó al Ministro de Economía y Producción para que “en uso de sus facultades” limitara la vigencia de las Resoluciones n° 125, su modificatoria n° 141, su derogatoria n° 64 y sus complementarias 284 y 285 (art. 1o). Asimismo, le ordenó que dispusiera la vigencia de posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR iguales a las dispuestas por las Resoluciones ministeriales 368 y 369 del año 2007 (artículo 2o). Ratificó que las decisiones adoptadas fueron dictadas en “uso legítimo de facultades legales y constitucionales” y, en su mérito, fundó las instrucciones impartidas al Ministerio de Economía. Destacó que se mantienen “las convicciones respecto de la necesidad de la adopción por nuestro País de un sistema de derechos de exportación variables o móviles” (ver Considerandos del Decreto). En esos términos, se emitió la Resolución n° 180/08 que dispuso la limitación de la vigencia de sus similares a partir del 21 de julio del 2008, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Como corolario, el Poder Ejecutivo Nacional, reafirmando su competencia y la del órgano ministerial, para adoptar las decisiones en crisis, ordenó limitar temporalmente su vigencia, dejando a salvo los efectos producidos desde el 11 de marzo al 21 de julio del 2008, de modo que y como ya se dijera, el estudio de su validez se acota al tiempo en que rigieron.
Así las cosas, corresponde recordar que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, pero no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan (doc Fallos: 332:1488, entre muchos otros). En la inteligencia señalada, se evoca que la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa “Camaronera” adoptó la postura según la cual los derechos de exportación son inconstitucionales si el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota máxima que puede establecerse. En esos términos, resulta elocuente que, el reclamo formulado por el Fisco Nacional, carecería de sustento habida cuenta de que, las leyes delegantes de la facultad cuestionada en autos, no establecieron un corsé a la facultad de establecer la alícuota aplicable. Ahora bien, no puedo dejar de hacer notar que la Corte Suprema, por el contrario, a través de una línea jurisprudencial uniforme, ha concluido que en el ámbito de los derechos aduaneros no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, ello es así siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
En tales condiciones no puede colegirse que la doctrina del caso “Camaronera”, por su pertinencia y semejanza frente al problema jurídico en ciernes, debe necesariamente considerarse aplicable. El principio stare decisis tiene su fundamento constitucional en la necesidad de que se dispense igualdad de trato a litigantes que tienen la expectativa de recibir la aplicación criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares.
Pues bien, sobre la base de tales pautas interpretativas, estimo que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las consideradas en oportunidad de emitir mi voto en la causa “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA s/recurso de apelación”, expediente n° EX-2020-15395348- -APNSGASAD#TFN, de fecha 18/02/21.
En efecto, la Resolución ME 125/08 es un reglamento dictado en el ejercicio de una delegación impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera, por cuanto el principio de legalidad en lo fiscal, debe optimizarse a la luz de las singularidades que presenta todo lo relativo al comercio exterior.
Por su parte, cabe hacer notar que, los reglamentos administrativos como el de la especie, se dictan en ejercicio de facultades que, por imperativo constitucional son de iure propio y, por consiguiente, no tratándose de reglamentos delegados en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, no requieren ser sometidos a consideración del Congreso para su aprobación o rechazo. El reglamento cuestionado, en su condición de norma jurídica, goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria desde su irrupción en el ordenamiento jurídico, por lo que, la falta de aprobación, no tiene entidad para modificar el curso de la decisión.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el art. 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar los derechos de exportación. La insistencia de la política legislativa no puede ser soslayada”.
Que, llegado a este punto de análisis y en las condiciones antes indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine resultan sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VI. Que sentado lo antes expuesto, resta analizar si resulta ajustado a derecho el cargo FE N° 234/08, mediante el cual –recordemos- se le exige a la actora una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1° de la Ley 26.351.
Que el art. 1° de la Ley 26.351 establece que “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento.”. Seguidamente el art. 2° dispone que “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación.”. De este modo, teniendo en cuenta que de las constancias de autos no surge que la actora haya probado en sede aduanera o en esta instancia la adquisición o tenencia de la mercadería registrada en los términos de los artículos antes citados, debe tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, resultando de esta manera ajustada a derecho la exigencia tributaria reclamada por la Aduana.
Que en relación a este punto, considero aplicable lo dispuesto por la Cámara en el sentido de que “… no pueden aceptarse como válidas las alegaciones de la recurrente vinculadas a que, como sería productor que reviste el carácter de exportador directo no intermediario, no le correspondería probar la tenencia de la mercadería anterior al aumento, amparándose en el supuesto vacío legal de la resolución ex ONCCA N° 543/08, con relación a los productores, pues no ofreció en ninguna instancia (administrativa o judicial) medida de prueba alguna para probar el stock del producto exportado objeto de autos. …”. (CNACAF, Sala II, Expte. N° 1302/2023 “Soyapampa SA (TF 31082-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Sentencia del 12/05/2023)
Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto, corresponde confirmar la resolución aduanera apelada, y por ende el cargo formulado por la Aduana.
VII. Que las costas deben imponerse a la vencida.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución N° 89/2012 (AD CAMP), dictada en la Actuación SIGEA Nº 12574-4180-2008, y por ende el cargo FE N° 234/08.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 89/2012 (AD CAMP), dictada en la Actuación SIGEA Nº 12574-4180-2008, y por ende el cargo FE N° 234/08.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (Art. 1162 del C.A.)
Date: 2024.04.23 11:32:00 ART Date: 2024.04.23 13:20:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.23 13:21:19 -03:00
Fin de la sentencia