Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en las presentes actuaciones, con costas.
I. Que a mediante el RE-2023-136169768-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 30 de agosto de 2023, suscripta por la Jefa de la División Jurídica de la Dirección Regional de San Juan , mediante la cual se le aplica una multa que deriva de un ajuste en el IVA por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($585.201,52)en los términos de los artículos 46 y 47 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), suma ya reducida a la mitad (½) en mérito a lo dispuesto por el artículo 49 de la citada norma.
Afirma la recurrente que recibió una inspección en la que se hallaron facturas calificadas como apócrifas, comprobantes duplicados y mellizos. Arguye que el Fisco Nacional no expuso los motivos por los cuales los comprobantes son apócrifos, ni a que se refiere el Fisco cuando utiliza la expresión “comprobantes duplicados” ni “comprobantes mellizos”.
El actor como primer agravio plantea la inexistencia de la infracción por ausencia de tipicidad objetiva de la conducta, ya que el fisco impone la multa por la presencia de proveedores apócrifos. Además, agrega que la inclusión de los supuestos proveedores apócrifos en la base E-apoc fue con posterioridad de las operaciones impugnadas. En consecuencia, el fisco se basa en las declaraciones juradas rectificadas para determinar el ilícito tributario. Sin embargo, el actor afirma que se han convalidado los ajustes, a fin de evitar litigiosidad y un mayor perjuicio patrimonial. Como segundo agravio la actora plantea la ausencia del elemento subjetivo ya que la intención dolosa no fue probada por el Fisco Nacional a fin de inducir al error al organismo fiscal. Como tercer agravio la recurrente afirma que hubo un incumplimiento del fisco por apartarse de las pautas aplicables al juzgamiento administrativo de las infracciones. Afirma que el fisco omite dar cumplimiento a lo preceptuado por la instrucción general (AFIP) 7/2020.
Como cuarto agravio la recurrente alega que no puede ser responsable por los supuestos incumplimientos de los proveedores, ya que el control del cumplimiento de las obligaciones impositivas de los sujetos pasivos no recae en cabeza de los contribuyentes, ya que es una facultad del Fisco Nacional.
Por último, niega que sea correcto encuadrar la conducta en las hipótesis de los incisos a) y b) del art 47 de la ley 11.683. Esgrime que al no encontrarse acreditado el dolo de manera fehaciente corresponde que se reencuadre su accionar en el artículo 45. No ofrece prueba. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto solicita se revoque en todas sus partes la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante el IF-2024-26783084-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, toda vez que la parte actora no ofrece prueba, se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” en la PV-2024-56770168-APN-VOCVI#TFN y en el IF-2024-58142079-APN-VOCVI#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019 con sustento en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 11.683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones). Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo, el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual), en las cuales a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos), se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Corresponde resaltar que, conforme surge de las actuaciones administrativas que corren por separado, se computaron compras impugnables y su consecuente crédito fiscal en el IVA por tratarse de operaciones respaldadas con comprobantes apócrifos.
El Ente Fiscal encuadró las infracciones en el tipo descripto por el artículo 46 de la Ley Nº 11.683. Asimismo, en el caso de los sumarios de impuesto al valor agregado, se hace mérito de la disposición de los incisos a) y b), del artículo 47 de la ley procesal, que establece presunciones “iuris tantum” acerca de la existencia de voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. Nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”
En lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de DDJJ rectificativas lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado los impuestos en su justa medida, siendo dichas declaraciones defectuosas las que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a este juzgador a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En ese sentido, y de conformidad con lo indicado en la resolución que diera origen a las presentes actuaciones, existen una serie de indicios graves, precisos y concordantes que han conducido al juez administrativo a presumir la existencia de una voluntad en la recurrente tendiente a la producción de declaraciones engañosas durante los períodos fiscales bajo análisis.
Al respecto, cabe señalar que las declaraciones juradas iniciales consideradas en la causa eran inexactas, en virtud de que en ellas no se reflejaba la situación económica real del contribuyente con relación a los impuestos referidos y, por otra parte, es del caso aclarar que en las infracciones de esta naturaleza el dolo consiste en el ánimo o la intención deliberada de no pagar el impuesto, o de pagarlo en una medida menor que la debida. Por otra parte, se recuerda que la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena, es decir que sólo puede ser reprimido quien sea culpable: aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297).
En el caso concreto, los datos inexactos consignados en los libros contables provienen de una serie de facturas que fueran observadas por el organismo recaudador por ser supuestamente emitidas por tres (03) proveedores apócrifos (Vargas Marcos Javier, De la Vega Carlos David, Katsuda Gustavo A. y Katsuda Victoria E. Sánchez S.H), todos ellos carentes de capacidad económica, lo que derivó en la presentación de las correspondientes declaraciones juradas rectificativas de los períodos fiscales involucrados.
Sentado ello y tal como surge del informe final de inspección OI N° 1.976.396 a fs 26 se observó a raíz la existencia de comprobantes apócrifos, comprobantes duplicados y comprobantes mellizos. Con respecto a los comprobantes apócrifos surgen las siguientes consideraciones.
A) Katsuda Gustavo A. y Katsuda Victoria E. Sánchez S.H. (CUIT 30-56281288-8): la actividad declarada era la venta al por menor y por mayor de artículos para plomería y sanitarios. De la fiscalización realizada se llegó a la conclusión que la empresa no posee documentación en los periodos solicitados ya que la sociedad fue dada de baja en el año 2012. La sociedad niega la totalidad de los comprobantes emitidos en los periodos 01/2015 al 12/2015; 01/2016 al 12/2016; 01/2017 al 12/2017; 01/2018 al 12/2018; 01/2019 al 12/2019; tampoco posee impuestos activos ni personal en relación de dependencia. Por último, se verificó que la empresa no posee una mínima capacidad técnica, operativa, financiera y patrimonial para el desarrollo de las actividades declaradas. Por lo expuesto con fecha 11/10/2013 se incluyó en la base de contribuyentes no confiables de la Administración Federal.
B) Vargas Marcos Javier (CUIT 20-26791960-8): la actividad declarada es la impresión N.C.P, excepto diarios y revistas. De la fiscalización realizada surge que no posee ningún empleado en relación de dependencia. Tampoco posee bienes registrables de su propiedad para desarrollar sus actividades. Las acreditaciones bancarias que posee no tienen relación con los volúmenes de venta facturados por lo que no posee capacidad económica para desarrollar la actividad declarada. A raíz de la fiscalización se llegó a la conclusión que el Sr Vargas Marcos Javier no posee capacidad técnica, operativa, financiera y patrimonial para el desarrollo de las actividades declaradas.
C) De La Vega Carlos David (CUIT 20-208001506-1): la actividad declarada es el servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. De la fiscalización surge que las respuestas otorgadas por el contribuyente se consideran insuficientes para determinar la veracidad de las operaciones. El organismo llega a la conclusión de que de los datos que surgen del sistema informático del organismo y lo auditado no permite inferir un real desarrollo de la actividad, además el contribuyente no aporta ningún tipo de documentación que refute dicha hipótesis. Por lo expuesto, el organismo fiscal llega a la conclusión que el fiscalizado no posee capacidad técnica, operativa, económica y financiera para el desarrollo de las actividades declaradas. A su vez surgen inconsistencias en la cadena de comercialización que no permiten efectuar una trazabilidad al circuito económico, financiero y operativo del fiscalizado. Atento ello, se carga al contribuyente en la base de contribuyentes no confiables del organismo con fecha de detección 01/2016.
Si bien el contribuyente tuvo la posibilidad dentro de la fiscalización e incluso ante este Tribunal Fiscal de aportar las pruebas que considerara necesarias y alegar conforme a derecho sobre la veracidad de las operaciones cuestionadas respecto de tales proveedores e inclusos sobre las facturas “duplicadas” y “mellizas” que detectó el Fisco Nacional que originaron la impugnación de los créditos fiscales respectivos, no lo ha hecho, sino que por el contrario, conformó el ajuste en la instancia administrativa (vide listado que de las mismas se hace en el informe de inspección que obra agregado en el sumario).
Con respecto al agravio de la recurrente en el sentido de que se ha omitido la aplicación de las pautas de la Instrucción 7/2020, particularmente el punto “3.4.1. Infracciones dolosas”, aun cuando estas pautas resulten obligatorias para los funcionarios de la Administración Federal no son vinculantes para este Tribunal Fiscal, no se observa que se haya apartado el accionar fiscal a lo descripto en dicho punto, conforme surge del acto recurrido, de la instrucción del sumario respectivo y de las actuaciones administrativas de respaldo.
En síntesis, no exponiéndose cuestionamiento concreto y probado por parte de la recurrente respecto de los ajustes practicados ni haberse ensayado agravio específico en relación a su obrar en torno a los proveedores calificados como apócrifos por el organismo recaudador (“sin capacidad económica”) y procediéndose luego sin más a conformar los referidos ajustes con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas (cfr. surge de los antecedentes administrativos de fs 3/15), corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto aplica multa en los términos del art. 46 de la ley de rito, reducida a la mitad de su mínimo legal, en mérito de lo dispuesto por el art. 49 de la mencionada ley, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en las presentes actuaciones, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2024.06.11 17:18:20 ART Date: 2024.06.12 09:42:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.12 11:16:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.12 11:17:14 -03:00
Fin de la sentencia