Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de la sanción a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 20/28vta., la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 72/2018 (DV RRTU) de fecha 21 de Septiembre de 2018 en los términos del artículo 76 inc. a) de la ley de rito, de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó el monto de $599.096,49 en concepto de capital por el Impuesto a las Salidas no Documentadas, períodos fiscales 05/2013 a 07/2015, con más la suma de $950.587,20 en concepto de intereses resarcitorios y aplicando una multa en los términos del art. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley de ritual por $1.797.289,47, equivalente a tres veces el monto del tributo evadido.
Afirma que la AFIP le reclamó a Argenti Lemon S.A la devolución de las sumas que la Administración le había reintegrado en concepto de IVA vinculado a operaciones de exportación en los períodos 08/2013 a 12/2015, por cuanto esas operaciones habrían sido realizadas con el proveedor Cooperativa de Trabajo Conar Ltda., al que la A.F.I.P. resolvió declarar como proveedor no confiable a fines del año 2017.
Asegura que la AFIP realizó un control del proveedor y de las operaciones, antes de que se contratara la operación, al constatar que el proveedor tenía clave de impresión de facturas vigente y autorizada por la AFIP. Asimismo, para determinar qué porcentaje de IVA debía retener al proveedor, el contribuyente le solicitó a la AFIP que así se lo informe.
Expone que todo el procedimiento llevado a cabo por la AFIP bajo la apariencia del acto que se impugna, parece perseguir que la actora se haga cargo de las deficiencias del organismo fiscal en materia de verificación y control y establecer una responsabilidad de hecho con el pago de los impuestos omitidos por el proveedor impugnado. Lo que da cuenta de una arbitrariedad manifiesta y de una finalidad que directamente violenta la expresada en el acto administrativo apelado, tornándolo nulo. Destaca que, a su entender la resolución se encuentra inmersa en una contradicción que es manifiesta y descalificable.
Asegura que del artículo 34 de la Ley 11.683 y de los artículos 5, 6 y 12, in fine, de la ley de IVA, se desprende que el contribuyente sólo debe acreditar que lo facturado a él corresponde a prestaciones reales y efectivamente realizadas por el emisor de la factura, lo cual ha quedado a su entender demostrado con el reconocimiento que hace la Administración de la inexistencia de ajuste en el Impuesto a las Ganancias.
Sostiene que la certificación contable (aportada como prueba) da cuenta de que el proveedor registró y declaró la totalidad de las operaciones facturadas.
Afirma que lo antes mencionado es la prueba de que el proveedor de los servicios de transporte no solo los exteriorizó en sus declaraciones juradas sino que las facturas se corresponden con los remitos, lo que deja en claro que se trataron de operaciones reales y efectivamente prestadas y declaradas por el proveedor objetado. Sostiene que eso conlleva a dos posibles conclusiones: la primera que quiere decir que si el proveedor hubiera cancelado sus deudas para con el Fisco, no habría sido impugnado por apócrifo y, por consiguiente, no se reclamaría nada a Argenti Lemon S.A. y la segunda sería que, la mayor inconsistencia de la resolución la hallamos en la contradicción en que incurre con los dictámenes de la AFIP, no se puede sostener, en simultáneo que la AFIP inicie juicios de apremios al contribuyente al que pretende considerar apócrifo.
Asimismo, afirma que mal puede la AFIP considerar que un sujeto es inexistente y, en simultáneo solicitarle que le brinde información de sus proveedores, a los cuales se encuentra fiscalizando (ver Anexo IV del descargo).
Considerando así a la Cooperativa como un sujeto inexistente respecto de sus clientes, pero hábil respecto de sus proveedores.
Con relación a la multa aplicada, sostiene que por las razones expuestas en la apelación de la determinación de oficio, la sanción no procede. Afirma que, al no haber omisión de tributo, no corresponde la aplicación de multa alguna. En idéntico sentido se refiere a los intereses resarcitorios que se encuentran subordinados de manera directa e inmediata a la existencia de la omisión que se imputa.
Por último, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, solicita se revoque la resolución apelada en todos sus términos, con costas al Fisco.
II. Que a fs. 42/57, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fue conferido, negando terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contribuyente, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento del fisco, o que surja de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba documental.
El Fisco Nacional declara que los actos administrativos no se hallan viciados en los términos del art. 14 de la Ley de Procedimiento administrativo, existiendo una adecuación entre el contenido del acto y la disposición del primer párrafo del art. 17 Ley de Procedimiento Tributario, de lo que se colige que en ningún momento se ha visto cercenado el derecho de defensa que le asiste a la responsable.
Sostiene que el hecho de que el proveedor en cuestión se encontrara inscripto ante la autoridad fiscal, habiendo obtenido el número de CUIT correspondiente, responde a una mera inscripción.Destaca que el conjunto de elementos valorados fue lo que llevó a la convicción de que la firma Cooperativa de Trabajo Conar Ltda. no prestó los servicios de transporte facturados.
Afirma que la inclusión en la Base APOC no es lo que define la impugnación. Lo define aquella fueron las inconsistencias e irregularidades detectadas y detalladas en las resoluciones.
Sostiene y advierte que los proveedores son cuestionados no por estar incluidos en la Base Apoc, sino por las inconsistencias detectadas en las distintas fiscalizaciones realizadas. Afirma que el proveedor cuente con el CAI para la emisión de facturas, no permite “per se” validar la sustantividad de las operaciones en ellas consignadas. Advierte que las sentencias que el actor acompaña para fundar su posición, en nada modifican las conclusiones del acto apelado.
Afirma que la acción perpetrada constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco mediante la presentación de una declaración engañosa, liquidándose el impuesto de modo tal que no se correspondía con la realidad, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista por el art. 46 de la ley Procedimental. La contribuyente no intentó acreditar con pruebas fehacientes la existencia de ninguno de los supuestos contemplados en el art. 55 del Decreto Reglamentario de la ley del tributo.
Finalmente manifiesta que es indudable que la comisión de los hechos que se le imputan al contribuyente se encuentra debidamente probada en autos. Por ello solicita se confirme la sanción aplicada. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia, confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Que a fs. 77 se abre la causa a prueba ordenándose hacer lugar a la prueba informativa dirigida al Juzgado Federal II de Tucumán y a fs. 85/101 se encuentra agregada la correspondiente contestación.
Clausurado el período probatorio, a fs. 103 elevaron los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 108 se pusieron los autos para alegar, a fs. 113/119 obran los alegatos producidos por la representación fiscal. Finalmente, a fs. 121 se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re. “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Se advierte que las presentes actuaciones, conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados en autos, tienen su génesis en las actuaciones tramitadas por la actuante bajo la O.I. Nro. 1.573.103, las cuales se habían generado por haber detectado a la firma Argenti Lemon S.A., como cliente de la Cooperativa de Trabajo Conar Ltda., resultando ser ésta una contribuyente sin capacidad operativa y económica para la prestación de los servicios de transporte facturados.
La contribuyente se encuentra inscripta en la Agencia Sede Tucumán, en la localidad en Cevil Pozo, provincia de Tucumán, donde declara como actividad principal la “Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar”, revistiendo el carácter de Responsable Inscripto ante el IVA.
En atención a ello, se procedió a realizar las tareas de inspección, concurriendo al domicilio fiscal de la firma Argenti Lemon S.A., siendo atendidos por la Sra. Gaciela M. del Valle De Gregorio, en su carácter de apoderada, a quien se le notificó del formulario de inicio de inspección. A efectos de la verificación aportó el Libro IVA Compras e IVA Ventas, por los periodos 2013 a 2015, planilla con el detalle de las operaciones comerciales con la Coop. Trabajo Conar Ltda., fotocopias de facturas emitidas por dicha Coop., remitos emitidos por Argenti Lemon S.A., órdenes de pago, constancias de retención del Impuesto a las Ganancias y resúmenes de las cuentas bancarias.
Describe que, de la totalidad de las facturas aportadas por la inspeccionada en respaldo de las operaciones con la mencionada Coop. en su detalle “Fletes”, se constató que los comprobantes se encuentran registrados en Libros IVA Compras. Los remitos aportados por Argenti Lemon SA en respaldo de los servicios de fletes son emitidos por esta sociedad y, en todos ellos, se consigna como transportista a la Coop. de Trabajo Conar Ltda., la cual no posee rodados a su nombre y nunca declaró poseer empleados.
Se consultó en base de datos e-Fisco los dominios de los vehículos y los empleadores de los choferes consignados en los citados remitos con el objeto de identificar a los titulares de los rodados; se confeccionaron requerimientos a los titulares, solicitando informen las operaciones realizadas con la fiscalizada. De los 81 titulares de vehículos circularizados, 15 correspondencias volvieron con la leyenda “se mudó”. Asimismo, 11 titulares de transportes no respondieron sus requerimientos y fueron remitidos a División Jurídica para generar el sumario correspondiente. De los 55 que respondieron, hay 50 que manifestaron que “No realizaron ningún servicio de flete o transporte u otra operación comercial con la inspeccionada, ni directa ni subcontratada”, otros 2 respondieron que realizaron el transporte como subcontratados por Coop. de Trabajo Conar Ltda., uno indicó que extravió la documentación no pudiendo informar sobre lo requerido y los 2 restantes indicaron que realizaron el transporte como subcontratados por un tercero que no era la mencionada cooperativa.
Con relación a las órdenes de pago aportadas por la firma, en su gran mayoría aparece firmando por la Cooperativa el Sr. Daniel Sánchez y consultada la base de datos del organismo se informa que el mismo no posee relaciones con otro contribuyente y no resulta ser integrante de sociedad, no posee acreditaciones bancarias y fue declarado como empleado en relación de dependencia hasta el año 2005. No pudo comprobarse la relación existente entre el Sr. Daniel Sánchez y la Cooperativa de Trabajo Conar Ltda.
Con respecto al origen del cargo “Salidas No Documentadas” y de acuerdo a lo antes mencionado, teniendo en cuenta que las operaciones que generaron los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado impugnados corresponden a prestaciones de servicio de transporte de cargas con facturas de la Cooperativa observada, contribuyente éste sin capacidad operativa-económica-financiera, y atento que en el mismo período la firma inspeccionada posee otros prestadores de servicio de transporte, se requirió que ponga a disposición la documentación de respaldo.
A tal efecto, se realizó un muestreo considerando los meses de 05/2013, 08/2014 y 05/2015, donde se verificó la documentación respaldatoria de las ventas realizadas en esos periodos por Argenti Lemon SA y cómo la mercadería (limones) llegó a destino, con sus remitos y facturas del servicio de flete correspondientes (ver fs. 321/402 – Legajo de Doc. Aportada por el Contribuyente). Por lo que, quedó acreditado el traslado de limones a destino, no así que el mismo fuera realizado por la Cooperativa el Trabajo Conar Ltda., por lo que se concluye que no corresponde proceder a la impugnación del costo de servicio de transporte respaldado por facturas de la Cooperativa en el Impuesto a las Ganancias.
De las copias obtenidas de los cheques librados resulta que en su gran mayoría fueron librados a favor de la Coop. de Trabajo Conar Ltda., y endosados por el Sr. Daniel Sánchez como “apoderado” y en aquellos casos de valores que poseen un segundo endoso, los beneficiarios respondieron que fueron recibidos de la mencionada Coop. al sólo efecto de cobrarlo en el banco a cambio de una comisión o que los valores fueron recibidos por el cobro de ventas realizadas por los firmantes del segundo endoso a sus propios clientes. La inspección consideró procedente la aplicación del Instituto de Salidas No Documentadas previsto en el art. 37 de la Ley N°20.628 y art. 55 del Decreto Reglamentario.
V. Que procede en primer término analizar el planteo de nulidad articulado por la actora, que considera de una arbitrariedad manifiesta lo actuado por el Organismo Fiscal, haciéndola cargo de deficiencias en su accionar de control y asignándole una solidaridad respecto de la omisión de pago del proveedor impugnado, entendiendo luego que la resolución apelada se encuentra inmersa en una contradicción manifiesta y descalificable. Que cabe tener presente que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En cuanto a la contradicción que manifiesta la recurrente, cabe indicar que el hecho de haberse admitido el gasto en el Impuesto a las Ganancias no implica que haya quedado demostrado que el proveedor cuestionado haya sido quien efectivamente ha prestado los servicios a la recurrente y por ende que resulte el real beneficiario de los pagos. Tampoco se le está asignando solidaridad en la omisión del pago de impuesto del proveedor cuestionado, sino que se está aplicando lo previsto en el art. 37 como obligado a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia que excede el marco de la nulidad planteada dado que sus argumentos se plantean como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma (vide precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013).
VI. Que en relación al fondo del asunto, cabe concluir que la impugnación de las operaciones con dicho proveedor ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la efectiva realización de las operaciones por parte del proveedor cuestionado por el Fisco Nacional.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por el proveedor impugnado siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no son obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
VII. Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Asimismo, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citada, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Esta posición se ve corroborada por la misma Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas." “En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectivamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” En el caso de autos la prueba producida no logra acreditar que el proveedor haya efectivamente prestado los servicios que dan cuenta las facturas impugnadas por el Fisco Nacional. Del oficio diligenciado por la actora, se acompañaron a fs. 85/101, las sentencias del Juzgado Federal de Tucumán N° 1 y de la Cámara Federal de Tucumán, Expte N° 16552/2017. De ellas se desprende que el proveedor cuestionado “Cooperativa de Trabajo Conar LTDA” inició una acción de amparo contra la AFIP a fin de que se ordene que la demandada habilite a la empresa el uso de su CUIT que se encontraba bloqueado. En la primera instancia se resolvió hacer lugar a la acción de amparo deducida por la actora ordenando a la demandada que proceda a levantar la inhabilitación del CUIT y a excluir a la amparista de la base de deudores no confiables. Dicho resolutorio fue confirmado en segunda instancia judicial.
En ese orden debemos destacar que, siguiendo el criterio fiscal, la inclusión o no en la Base APOC, no es lo que define la impugnación del Fisco Nacional, sino las inconsistencias e irregularidades detectadas y detalladas en la resolución. Además, en dicha resolución judicial no resuelve la cuestión de fondo.
Del análisis de la totalidad el marco probatorio traído a debate, se desprende que el proveedor es cuestionado no por estar incluido en la Base Apoc, sino por observaciones colectadas en las distintas fiscalizaciones realizadas, que fueron detallados previamente.
Por ello, las sentencias que el actor acompaña para fundar su posición, en nada modifica las conclusiones del acto apelado y como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones, considerando que la proveedora cuestionada no fue quien prestó los servicios de fletes facturados.
En función de ello, cabe confirmar el ajuste determinado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias– Salidas no Documentadas-, con costas.
VIII. Que, en materia de los intereses resarcitorios determinados en los actos apelados, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta resolver el aspecto sancionatorio, concretamente la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, es decir, respecto de la multa en los términos del art. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley de ritual, equivalente a tres veces el monto del tributo evadido, aplicada en la Resolución Nº 72/2018 (DV RRTU). Cabe señalar previamente que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
En cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben serían pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, con relación a la multa por defraudación aplicada en la resolución aquí en trato, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la Resolución Nº 72/2018.
No obstante ello, en cuanto al quantum de la sanción aplicada si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la actora en la proporción de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de la sanción a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.02.22 14:44:01 ART Date: 2024.02.22 15:07:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.22 15:56:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.22 15:56:57 -03:00
Fin de la sentencia