Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sanción aplicada mediante la Resolución RESOL-2023-285-E-AFIP-DVJSJU#SDGOPII, con costas.
I. Que, con fecha 19/10/2023, la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inciso b) de la Ley N.°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución RESOL-2023-285-E-AFIP- DVJSJU#SDGOPII, dictada el 27 de Septiembre de 2023, por la División Jurídica de la Dirección Regional San Juan de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se resolvió aplicar una multa de pesos catorce millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos treinta con cuarenta y seis centavos ($14.172.430,46), por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley N.° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), graduada en el 200% del Impuesto al Valor Agregado presuntamente omitido, atento a mediar reincidencia, por el periodo fiscal 08/2022.
Argumenta que se le instruyó sumario el 16/03/2023, siendo notificado el 17/03/2023. Luego de solicitar prórroga el 02/28/2023 presentó el descargo correspondiente y con fecha 27/09/2023 se le determinó la aplicación de las previsiones dispuestas en el artículo 45 de la ley de rito.
Indica que el funcionario actuante hace un repaso de lo dispuesto en la Instrucción General N° 7/2020 del 24/09/2020, la que en su punto “3.3.2 Falta de presentación de declaraciones juradas. Encuadre Jurídico” dispuso expresamente que la omisión de ingreso del Impuesto por falta de presentación de declaración jurada encuadre en la sanción prevista en el artículo 45 de la mencionada ley. Destaca que correspondería la aplicación de la nueva redacción del artículo 49 de la Ley de Procedimiento Tributario que establece la posibilidad de reducir la multa de acuerdo a la situación en la que encuadre, al regularizar su situación por DDJJ original o rectificativa. Por ello, aclara que dicha reducción opera en la medida que no sea reincidente en alguna infracción allí detallada. Entiende que el funcionario actuante se equivoca en su análisis interpretativo de las normas en juego dado que debe considerarse lo dispuesto en cada uno de los artículos, que conforman el título “Disposiciones comunes, eximiciones y reducción de sanciones”. Por tal motivo, afirma que, en el caso bajo análisis, no existe una nueva sanción de la misma naturaleza porque el funcionario actuante considera como tal a la sanción aplicada mediante la Orden de Intervención N° 1534077 por la cual se aplicó una multa mediante la Resolución N° 1828/2017 (DV JSJU) del 24/11/2017, conforme el artículo 46 de la Ley de rito, cuya aplicación quedo firme en el mes de diciembre de 2017. Entiende que la sanción que aquí se cuestiona está encuadrada en el artículo 45, en tanto a la que hace referencia el funcionario es una multa del artículo 46, que no es de la misma naturaleza que aquella. Ambas son multas materiales, pero no cabe duda que desde su génesis cada una de ellas sanciona cuestiones de naturaleza distinta, no siendo lo mismo la omisión que la defraudación.
En ese orden de ideas, la recurrente no niega la presentación de las declaraciones juradas una vez abierta la orden de intervención pero indica que del propio expediente surge su presentación antes de la vista, la que al no existir a su entender reincidencia de sanciones de la misma naturaleza, hace que quede eximida de cualquier tipo de sanción.
Alega que las eximiciones y reducciones dispuestas en la Ley N° 27.430 solo serán aplicables si el contribuyente o responsable no haya sido reincidente de infracciones de la misma índole dentro del término de cinco años de haber sentencia firme y éste sería el caso. Afirma que el funcionario de AFIP omite considerar que el sumario del procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 70 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) fue iniciado y notificado el 16/03/2023, es decir 3 meses después que venciera el plazo de 5 años que define la existencia de reincidencia. Por lo tanto, afirma que debe dejarse sin efecto el encuadre de reincidente y aplicarse la reducción solicitada.
Sostiene que es necesaria la existencia de un juicio de razonabilidad en el que primero se acredite la falta, se determinen circunstancias atenuantes y agravantes, se defina la reincidencia y se establezca qué pena puede ser acorde a ella junto a su monto. Indica que, en este caso, la resolución en crisis no cumple con lo dispuesto en el 2° párrafo del artículo 17° de la Ley N° 11.683. Señala que , conforme los dichos del funcionario, solo señala que en 12/2017 quedó firme la sanción del artículo 46 que le fue aplicada, pero no aclara a que impuesto se refiere, situación que también permite definir la naturaleza de aquella.
Asevera que en la instrucción de sumario el funcionario actuante no hace ninguna mención a la existencia de reincidencia y en el 1° y 2° párrafo de fs. 7 de la resolución, solamente expresa la existencia de antecedentes más allá de que no son, a su entender, de la misma naturaleza, los que no quedan debidamente probados o acreditados en el expediente y hace referencia a una nueva teoría procesal que se denomina doctrina de las cargas probatorias dinámicas o compartidas.
Finalmente, hace reserva de caso federal, no acompaña prueba ni requiere producción de elementos de prueba, cita doctrina, solicita se deje sin efecto la multa aplicada y en subsidio se aplique la reducción prevista en el 3° párrafo del art. 49 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), aplicada sobre el mínimo legal conforme el 1° párrafo del art. 45.
II. Que mediante el IF-2024-07574878-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, solicitando que por las razones de hecho y de derecho que expone se rechacen los planteos de la recurrente y se confirme la resolución RESOL-2023-285-E-AFIP-DVJSJU#SDGOPII recurrida.
Niega expresamente todos y cada uno de los hechos alegados por la actora, que no surjan de los antecedentes administrativos. Afirma que, las actuaciones administrativas se originaron al detectar la omisión de la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal 08/2022 y a partir de la fiscalización realizada por el Organismo fiscal, la responsable presentó la correspondiente declaración jurada.
Alega que el centro de la discusión pasa exclusivamente por determinar si la sanción aplicada ha sido ajustada a derecho.
Indica que la presentación de la actora fue en forma tardía, luego de notificada la orden de intervención, la falta de presentación de declaración jurada, (aún subsanada a posteriori) se tradujo en una detracción en el tributo que debía ingresar la apelante oportunamente a las arcas fiscales, lo que produjo una pérdida injustificada de recaudación, generada en una omisión por la actora.
Por otro lado, con relación al planteo de la contribuyente sobre el plazo de prescripción de cinco años, señala que la Ley N° 11.683 desde la modificación introducida por la Ley N° 27.430 contiene una definición de “reincidente”, el artículo agregado a continuación del art. 50 dispone que “Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso”.
En ese orden de ideas, destaca que de la lectura del tercer párrafo del art. 50 de la ley de rito se puede comprender que el conteo del plazo máximo de cinco (5) años comienza con la firmeza de la resolución y concluye con la materialización de la nueva infracción. En el caso bajo análisis la Resolución N°1828/2017 (DV JSJU) quedó firme el 12/2017 y la nueva infracción se materializó el 09/2022 ante la falta de presentación de la declaración jurada correspondiente al mes de 08/2022.
Así las cosas, afirma que no se encuentra a la contribuyente como reincidente habiendo pasado tres meses del plazo de cinco años, como indica la recurrente, sino que el nuevo ilícito se perfeccionó con tres meses de antelación a la conclusión del plazo de cinco años que finalizaba el 12/2022 y, por consiguiente, no ha operado el plazo de prescripción que impide al Fisco ejercer sus facultades y acciones para aplicar sanciones, por lo que corresponde encuadrar a la actora como reincidente.
Por otra parte, respecto de que no se hizo mención en la instrucción del sumario de la existencia de reincidencia, dice que tal análisis se efectúa en la instancia de aplicación de la multa donde se establece su monto y las reducciones que podría o no corresponder.
Por otro lado, con respecto al agravio referido a las cargas probatorias dinámicas o compartidas, afirma que tiene como finalidad desentenderse de la carga de la prueba. Afirma que habiendo el Organismo recaudador fundamentado su pretensión fiscal objetiva, corresponde que la apelante, en ejercicio de su derecho de contradicción, objete las impugnaciones planteadas por el Ente. Indica que teniendo en cuenta que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y, por ende, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, en el presente caso. Si pretende alegar que no es reincidente, deberá demostrarlo aportando pruebas pertinentes que contradigan la causa expuesta.
En definitiva, indica que la sanción aplicada resulta procedente por haberse verificado sus elementos constitutivos sin alegación o acreditación de eximente de responsabilidad alguno y la graduación resuelta se ajusta a derecho por ser reincidente, debiendo confirmarse, lo que así solicita, con costas a la actora. Acompaña los antecedentes administrativos y plantea el caso federal.
III. Que, en atención a que en las presentes actuaciones la recurrente no ha ofrecido prueba, en la PV-2024- 33841507-APN-VOCVI#TFN se eleva la causa a consideración de la Sala “B” y en el IF-2024-38250679-APN- VOCVI#TFN se disponen los autos a sentencia.
IV. Que, del informe final de inspección surge que el presente cargo se origina bajo el concepto de “Acciones de control y fiscalización – IVA falta de presentación de Declaración Jurada”. Compulsada la información de la base e-Fisco y documentación aportada por la verificada mediante presentación digital, se detectó la no presentación de DDJJ de IVA periodo fiscal 08/2022.
Por tal motivo, generada la respectiva Orden de Intervención, se procedió a notificar al contribuyente mediante el procedimiento establecido en el inc. g) del art. 100 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), inicio de inspección y requerimiento mediante el cual se le solicita que aporte la DDJJ del IVA del periodo fiscal 08/2022 y el acuse de recibo de la presentación del Régimen informativo de compras y ventas R.G. 3685 o Libro IVA Digital, periodo fiscal 08/2022.
Con fecha 19/10/2022 la verificada adjunta la DDJJ de IVA periodo 08/2022 conforme lo requerido y con fecha 21/10/2022 realizó una presentación digital complementaria adjuntando la constancia de presentación del libro IVA Digital del mes de 08/2022.
La auditoría constató la presentación de la DDJJ original del IVA del periodo 08/2022 el 17/10/2022 arrojando un saldo a ingresar de $7.086.215,23. Cabe destacar que el saldo resultante de la DDJJ no fue ingresado a la fecha de presentación del informe final de inspección.
V. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado, por el periodo fiscal 08/2022, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas. Se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”. En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia del procedimiento de fiscalización, presentó su declaración jurada original del Impuesto al Valor Agregado. Tampoco se encuentra controvertido que ello sucedió solamente a instancias de la fiscalización realizada por el ente recaudador, esto es así que la misma recurrente en el último párrafo del punto III.1 lo reconoce al decir “Mi mandante no niega la presentación de las declaraciones juradas una vez abierta la orden de intervención…” En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente presentó las declaraciones juradas originales “a requerimiento” de la actuación fiscal, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el aspecto subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En esa tónica, debe destacarse que mediante la omisión en la presentación de la declaración jurada original del periodo fiscal 08/2022 a su vencimiento, la aquí recurrente se sustrajo de la obligación de abonar el tributo debido en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a dicho período fiscal en su justa medida, lo que a la postre configura el tipo descripto por la norma en comentario.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”. En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculparse, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable.
En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante. Ello así, resta analizar la condición de reincidencia con respecto a los argumentos vertidos por recurrente. En tal sentido corresponde señalar que el contribuyente yerra en su análisis en cuanto a la prescripción de la reincidencia, toda vez que funda su planteo en que la primera sanción que se le aplicó quedó firme en 12/2017 y la segunda multa surge del sumario que dio inicio al procedimiento sancionatorio con fecha 16/03/2023, por la falta de presentación de la DDJJ de IVA periodo fiscal 08/2022, por lo que entiende, habrían pasado 3 meses del vencimiento de los cinco (5) años.
Siguiendo dicho razonamiento, es menester destacar que, como dice la norma, la nueva infracción se materializo el 09/2022 ante la falta de la presentación de la declaración jurada original correspondiente al mes de 08/2022, por consiguiente, se encontraba la misma dentro del plazo de cinco (5) años previstos por el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Fiscal, por ende, queda evidenciada la reincidencia.
Por otro lado, en las presentes actuaciones la recurrente, se agravia de la reincidencia al interpretar erróneamente que la sanción aplicada el 24/11/2017 no es de la misma naturaleza que la sanción discutida en autos, por ser la primera encuadrada en el art. 46 de la ley de rito y la segunda en el art. 45. Es dable destacar que ambas sanciones son de la misma naturaleza, toda vez que, son consideradas dentro de las “multas materiales”.
En el sentido arriba indicado, podemos afirmar que el ilícito tributario en la ley N° 11.683, luego de las reformas introducidas por la ley N° 27.430 en materia de infracciones y sanciones, se puede clasificar esencialmente en dos grupos, por un lado las infracciones a los deberes formales respecto de las cuales la ley tipifica diversas figuras penales sancionadas con penas de multas graduables o fijas, contempladas en los artículos 38 y 39, o bien con penas de multa, inhabilitación temporal y clausura conforme los artículos 40 y 40 bis, e interdicción, secuestro y decomiso previstas en los artículos 40 ter y 41 bis. Por el otro lado, encontramos las infracciones materiales, que según el elemento subjetivo requerido para su configuración, se agrupan en infracciones culposas, como el caso de autos, previstas en el artículo 45 o las de defraudación genérica del artículo 46, como así también la exteriorización fraudulenta de quebrantos del artículo 46 bis, y finalmente la defraudación específica de los agentes de retención y/o percepción contemplada en el artículo 48 de ley de rito.
Siguiendo esta inteligencia, resulta evidente que el artículo agregado a continuación del art. 50 debe ser analizado en contexto conjuntamente con el art. 49 de la misma norma que indica que “si un contribuyente o responsable que no fuere reincidente en infracciones materiales regulariza su situación…” y por su parte el mencionado art. 50.1 indica que “Se considerará que existe reincidencia de infracciones cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza…”, entendiéndose por naturaleza de la infracción las que se distinguen como materiales y formales antes mencionadas, siendo en el caso bajo análisis ambas infracciones materiales las aplicadas a la recurrente, lo que la encasilla en la actual situación de reincidente.
Por tal motivo, habiéndose constatado la existencia de reincidencia, cabe concluir que la graduación de la pena en 200% del impuesto omitido resulta adecuada.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la sanción aplicada mediante la Resolución RESOL-2023-285-E-AFIP-DVJSJU#SDGOPII, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.04.18 16:07:51 ART Date: 2024.04.19 08:10:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.19 14:12:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.19 14:12:16 -03:00
Fin de la sentencia