Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 34.207-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 085/2010 (DV RRCO) en cuanto determina el IVA y liquida intereses (cfr. Considerandos VI a X).
2Hacer lugar a la excepción de prescripción solicitada por actora, respecto de las sanciones aplicadas en el IVA -períodos 03/2004 a 11/2006- correspondientes a la Resolución N ° 164/15 (DV RRCO), conforme Considerando II del Dr. Magallón.
3Confirmar las multas aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 12/2006 a 10/2007, 12/2007 y 01/2008 a 06/2008- con base en las previsiones del art. 46 de la ley procedimental, correspondiendo reducirlas a un monto equivalente a dos (2) tantos del monto del impuesto evadido, calculadas en proporción a la determinación del impuesto que se confirma (cfr. Considerandos XII del Dr. Porporatto y II del Dr. Magallón).
4Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción que se reduce la multa en la que se imponen por su orden.
5Ordenar a la AFIP-DGI, para que en el término de treinta (30) días, practique la reliquidación de la Resolución N° 23/2014 -cfr. lo resuelto en los puntos precedentes-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-24836906-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 8 de Marzo de 2024 En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3ra. Nominación), Armando Magallón (Vocal subrogante de la 1ra. Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da. Nominación), a fin de resolver la causa N° 34.207-I -y su acumulado 45.330-I- “AGROINDUSTRIAL CRUZ DEL EJE S.A s/recurso de apelación”
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 31/50 y 176/198vta. la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 085/2010 (DV RRCO) y 164/15 (DV RRCO) ambas suscriptas por el Jefe Interino de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Córdoba de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determina la obligación tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado –períodos fiscales 01/2004 a 06/2008- con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se aplican dos multas equivalentes –cada una de ellas- a tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido –períodos fiscales 03/2004 a 10/2007, 12/2007 y 01/2008 a 06/2008- con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a) de la Ley 11.683.
En primer lugar, opina que resulta ilógico que el Fisco Nacional presuma –a través del artículo 18 de la ley 11.6833- ventas netas gravadas y no declaradas de acuerdo a las acreditaciones bancarias, cuando paralelamente declaró la caducidad del proyecto de promoción oportunamente concedido (cfr. Ley 22.021) por entender que no se habrían cumplido los plazos y montos de inversión. Al respecto, manifiesta que contra dicha declaración de caducidad interpuso recurso de apelación –en los términos del art. 74 del Decreto Reglamentario de la ley de ritofundando su posición en las alteraciones producidas en la ecuación financiera, derivadas de la devaluación financiera que triplicó los costos; circunstancias que –según sus dichos- impidieron el cumplimiento de los compromisos derivados del proyecto.
Luego, plantea la excepción de nulidad alegando falta de motivación del acto administrativo.
Expone que las abultadas acreditaciones bancarias se debieron a un convenio de gestión de cobranza celebrado con la firma Sierras de Velazco S.A., mediante el cual se facilitó el uso de las cuentas bancarias a dicha sociedad, atento a su inhabilitación para operar ante entidades bancarias.
Explica que dicha situación fue informada durante la etapa de fiscalización, mediante multinota del 24/8/09, donde acompañó facturas compras, recibos de pago y cedulones de pago, de los cuales se desprendía que los montos acreditados en las cuentas bancarias respondían a la propia actividad de la firma reseñada. Aclara que la presente denuncia de nulidad se sustenta en la falta de tratamiento y mérito de los agravios expuestos y los elementos de prueba aportados; en consecuencia, concluye que la presunción legal aplicada no se compadece con la realidad económica.
En subsidio, considera que el ajuste proyectado resulta improcedente, en tanto no se configura en el caso las condiciones necesarias para aplicar el artículo 18 de la ley de rito.
Sobre este punto, dice que el convenio de gestión de cobranzas se encuentra debidamente documentado y asentado en las actas societarias de cada una de las partes, donde se aprecia la manifiesta voluntad de ambas firmas para celebrar el contrato reseñado.
A ello, agrega que no tendría capacidad operativa y patrimonial para realizar las ventas que no fueron registradas. Critica el método presuncional de determinación, tomando en cuenta las acreditaciones bancarias como ventas gravadas y no declaradas, pues –a su juicio- no se utilizaron otros elementos adicionales que, en conjunto, permitan sostener tal presunción.
Enfatiza que el convenio citado generaba derechos y obligaciones para ambas partes, en un todo de acuerdo con las premisas normativas establecidas por el Código Civil para los “contratos de depósito irregular” –las cuales menciona y explica brevemente-.
Reitera que los montos y valores depositados en las cuentas responden al objeto del contrato, encontrándose obligado a restituir los mismos a Sierra Velazco S.A., una vez acreditados en las cuentas bancarias. En este punto, resalta que no percibía ninguna remuneración fija en su calidad de depositario, sin perjuicio del reconocimiento, en forma espontánea, de una comisión.
En lo relativo a la multa correspondiente a los períodos 03/2004 a 11/2006, opone la excepción de prescripción. En relación a ello, apunta que para los períodos fiscales 03/2004 a 11/2004, el curso del plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr el 01/01/2005, operando su vencimiento el día 31/12/2009 –cfr. art. 56 inc. a) de la Ley 11.683- por lo que las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa se encontraban ostensiblemente prescriptas a la fecha del acto apelado -07/10/2015-.
En otro orden, indica que para los períodos fiscales 12/2004 a 11/2005, el plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 01/01/2006, venciendo el día 31/12/2010.
Sobre el particular, sostiene que la denuncia penal formulada por el Fisco Nacional con fecha 22/12/2010 –en los términos del art. 1 de la Ley N° 24.769- si bien comporta una causal de suspensión de la prescripción (cfr. art. 65 inc. a) de la ley de rito) dicha causal se extendió hasta los 180 días posteriores al dictado de la sentencia penal de sobreseimiento dictada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, con fecha 03/07/2013; por lo que –a su criterioentre el levantamiento de tal causal de suspensión (03/07/2013) y la aplicación de la multa apelada (07/10/2015) medió un plazo considerable que permitió completar el plazo quinquenal, el cual había comenzado a correr el 01/01/2006. Bajo esta inteligencia, afirma que corresponde idéntico tratamiento para los períodos fiscal 12/2005 a 11/2006.
En este marco, asevera que no resultan aplicables las suspensiones de prescripción previstas por los artículos 17 y 44 de las Leyes Nros. 26.860 y 26.476 –respectivamente- por interpretar que sólo eran aplicables a los contribuyentes que se acogieran a los regímenes establecidos por las normas.
Posteriormente, se agravia de la infracción imputada, alegando que –a su parecer- no surgen elementos que prueben la existencia del aspecto subjetivo necesario para aplicar la sanción apelada.
Por otra parte, refiere que la aplicación de la figura defraudatoria no resulta precedente para los casos en los cuales el Fisco Nacional utilice las presunciones del artículo 18 inc. f); argumenta que, tal tesitura, deviene de la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mazza Generoso”. Finalmente, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que a fs. 66/84vta. y 210/230 contesta los recursos la representación fiscal reiterando los argumentos de fondo vertidos en las resoluciones apeladas y solicita se confirmen las mismas, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
Respecto a la excepción de nulidad planteada -en el Expte. N° 34.207-I- advierte que la recurrente solo se refiere a supuestos defectos de las actuaciones administrativas, sin demostrar el perjuicio concreto que sufrió por el vicio invocado.
En esa dirección, asegura que el acto administrativo reúne los requisitos necesarios para convalidarlo conforme surge del artículo 7, inciso e) de la Ley Nº 19.549, tanto en lo que hace a la causa fuente de su dictado, como del procedimiento y motivación seguido.
Siendo ello así, concluye que la recurrente no ha detallado cual es la defensa que se vio privada de articular o que derecho en forma concreta ha sido violado, máxime, cuando no presentó descargo alguno, luego de notificada la vista.
En cuanto a la excepción de prescripción –en el Expte. 45.330-I- cita los artículos 56 inciso a), 58 y 68 inciso a) de la Ley Nº 11.683 y señala que, en virtud de tales normas, el término de prescripción comenzó a correr a partir del 1/01/2009, por haber cometido la actora idénticas infracciones de forma reiterada hasta el período fiscal 06/08.
Además, entiende aplicables las causales de suspensión previstas por los artículos 65 inciso d) y 65.1 de la ley nº 11.683.
Sobre este aspecto, recalca que corresponde la suspensión del plazo de prescripción por el término de un (1) año, desde la publicación en el boletín oficial de las leyes Nros. 26.476 y 26.860.
Por todo lo expuesto, solicita que se rechace las excepciones opuestas, confirmando la plena validez y procedencia del accionar del Fisco, con imposición de costas.
III. Que a fs. 98 –ampliada a fs. 242- se abrió la causa a prueba; a fs. 236 este Tribunal resolvió acumular el Expte. N° 45.330-I a las presentes actuaciones; a fs. 155 y 265 se tuvo por desistida a la actora de las pruebas pericial contable e informativa -dirigida al Juzgado Federal N° 3 de la Pcia. de Córdoba-; con la PV- 2023- 133516692-APN-VOCIII#TFN se clausuró el período probatorio y se elevaron las presentes actuaciones a consideración de la Sala A; mediante el IF-2023-135945745-APN-VOCIII#TFN se pusieron a disposición de las partes para que produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 292/296 el alegato del Fisco Nacional y a fs. 288/291 el de la actora; por último, a través del IF-2024-20432363-APN-VOCIII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que, en primer término, corresponde referirse a la nulidad incoada por la actora, fundada en la arbitrariedad del acto administrativo (Expte. N° 34.207-I); hecho que –desde su perspectiva- ocasionó una lesión al debido proceso objetivo, afectando el derecho de defensa.
Tanto de la lectura de la determinación apelada, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo y/o aplicar la sanción recurrida en autos. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, sin embargo no lo hizo, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que; "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." [in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En función de lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas ya que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía.
S.A.”, 21/2/13).
V. Que, a continuación, procede resolver si las Resoluciones Nros. 085/2010 y 164/2015 apeladas se ajustan a derecho.
Conforme surge de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados, el organismo recaudador, en el ejercicio de las facultades que le son propias, dio inicio a una fiscalización al contribuyente mediante O.I. N° 345.559, a través de la cual constató que la firma actora responde a la forma jurídica de Sociedad Anónima cuya actividad declarada era la de “Cultivo de Oleaginosas” (Código 11139) con cierre de ejercicios comerciales en el mes diciembre de cada año. Asimismo, se comprobó que al inicio del procedimiento la contribuyente tenía presentada las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a los períodos verificados hasta 11/2007.
A su vez, la inspección indicó que la empresa se encontraba comprendida en el Régimen de Promoción No Industrial establecido por la Ley N° 22.021, sus modificatorias y ampliatorias; ello motivó -bajo las pautas del artículo 143 de la ley procedimental- que el Director de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI, el día 10/09/2007 dictará la Resolución N° 398/2007 (RI RCOR) declarando caducos -a los fines tributarios- todos los beneficios promocionales acordados en dicho marco. Contra dicho acto, la recurrente el 23/10/2007 presentó el recurso de apelación normado en el artículo 74 del Decreto 1397/79.
Por otra parte, el 14/02/2008 mediante Resolución N° 60/08 dictada por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación (la que habiendo sido recurrida fue ratificada por el Decreto 713/2010 del 20/05/2010) se impuso: “… el decaimiento total de los beneficios promocionales respectivos; el reintegro de los tributos no abonados a su amparo con más los intereses resarcitorios; y la devolución inmediata de los impuestos diferidos por los inversionistas, conforme lo establecido en el Artículo 15 de la Ley N° 22.021 y sus modificatorias.”(vide fs. 10 y 11 del Cuerpo Actuaciones decaimiento beneficios promocionales).
Bajo tales circunstancias y en el marco de dicha fiscalización, se cursó un requerimiento a la actora –el que fue incumplido- solicitando: a) Balances Comerciales ejercicios 2002 a 2008; b) Libro de Registro de Ventas y de Compras y sus comprobantes respaldatorios entre el período 1/01/2002 y el 30/06/2008; c) Libros Contables, Laborales y Sociales, correspondientes a los Ejercicios 2002 a 2007 y al 2008 –hasta la fecha de la actuación-; d) Resúmenes de cuentas de su titularidad en entidades bancarias, referidos a los movimientos existentes entre el 01/01/2003 y el 30/06/2008, junto con la documentación que respalde las acreditaciones de cada mes y la depuración bancaria correspondiente (vide fs. 227/230vta. Cuerpo IVA II).
Por otro lado, mediante circularización a las entidades Finansur S.A. y Banco de Córdoba, se comprobó la existencia de cuentas bancarias que presentaban movimientos operativos en los períodos 01/2003 a 08/2008 y 03/2003 a 08/2008 -respectivamente- los cuales fueron respaldados con los resúmenes aportados (fs. 13/219 Cuerpo I y II IVA).
También se efectuó un requerimiento a la firma Cefas S.A., quien figuraba en la base de datos como agente de retención de la recurrente, solicitando información inherente a las operaciones celebradas con el fiscalizado; de su cumplimiento se desprenden tres (3) planillas tituladas “Operaciones de Compras con Proveedor: Agroindustrial Cruz del Eje S.A.”, detallando las respectivas ventas realizadas desde el 16/12/2004 al 16/09/2008 (fs. 221/224 Cuerpo IVA II).
En función de la documentación recolectada, la auditoría fiscal labró un requerimiento, en el cual se acompañaron las copias de los resúmenes de cuentas proporcionados por “Banco Córdoba” y “Banco Finansur S.A.”, solicitando que se efectúe la depuración de las acreditaciones que verifiquen un origen distinto a ventas y/o ingresos gravados, con su respectiva prueba. El día 16/09/2009 el apoderado de la firma, mediante Formulario F. 206/M Multinota, expresó que: “Los depósitos del Banco Córdoba para cubrir los gastos de mantenimiento de la cuenta fueron aportados por los socios de la empresa… Respecto a la cuenta del Banco Finansur Año 2008 todos los cheques fueron rechazados por lo cual no reflejan movimiento alguno… en cuanto lo sustancial de vuestro requerimiento que fueron los movimientos comprendidos entre los años 2004/2007 los mismos corresponden solo en una pequeña proporción a propios de la Empresa Agroindustrial Cruz del Eje S.A. y mayoritariamente son movimientos propios de la Empresa Olivares y Viñedos San Nicolás S.A. CUIT N° 320-50377455-7… Dicha Empresa no podía operar en Cuenta Corriente por encontrarse INHABILITADA para realizarlo por tener sus cuentas cerradas y no operativas. En virtud de acuerdos entre ambas partes, Agroindustrial Cruz del Eje le facilitó su cta. corriente a los fines de que la firma Olivares desarrollara sus actividades comerciales e industriales. Acompañamos a la presente algunos de los comprobantes de gastos, compras y pagos realizados por la firma Olivares donde consta la cancelación de las facturas correspondientes, con cheques de AGROINDUSTRIAL CRUZ DEL EJE S.A. y le solicitamos un plazo de 5 días… para seguir aportando la documentación, que nos permita constatar lo anteriormente manifestado; no solamente en cuanto los gastos sino en cuanto a que los depósitos provenían de fondos de la EMPRESA OLIVARES Y VIÑEDO DE SAN NICOLAS.” (fs. 294/296 y 316/317 Cuerpo IVA II)
Se adjuntó a dicha presentación facturas de compra, recibos de pago y cedulones de pago, en su mayoría pertenecientes a “Olivares y Viñedo San Nicolás”, y “Sierras de Velazco S.A.”.
A tenor de lo expuesto y ante la falta de otra documentación glosada por la actora, pese a contar con la prórroga solicitada (fs. 367/369 Cuerpo II IVA), los actuantes tomaron en consideración las acreditaciones –depósitosmensuales de los resúmenes bancarios, y procedieron a efectuar su depuración detrayendo los montos que, conforme la referencia obrante en los mismos, habilitaban a entenderlos con un origen distinto a ingresos gravados; verificando tal carácter los identificados como “Cheques rechazados”, “interno”, “Crédito”, “Reintegro impuesto” y “Contrasiento”.
De tal diligencia resultó, para los períodos fiscales 01/2004 a 10/2007, que los depósitos bancarios depurados superaban a los ingresos brutos declarados, considerándose tales diferencias como “ventas netas no declaradas”; base imponible sobre la cual cabe aplicar la tasa general del gravamen establecida en el artículo 28 de la Ley de IVA. Idéntica metodología se utilizó para los períodos 12/2007, 01/2008, 02/2008 y 06/2008, donde no se habían presentado las declaraciones correspondientes.
En lo que hace a los períodos 03/2008, 04/2008 y 05/2008, se presentó una situación particular ya que, si bien no constan declaraciones juradas en dichos períodos, la firma CEFAS S.A. proporcionó información –en su carácter de cliente del contribuyente- sobre los montos facturados, los que resultaron superiores a los depósitos bancarios depurados por la inspección; considerándose tales sumas como ventas netas –con su consecuente débito fiscal-. En lo atinente al crédito fiscal consignado en las declaraciones juradas presentadas –períodos fiscales 01/2004 a 04/2004, 06/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 02/2006 a 12/2006, 01/2007 a 08/2007 y 10/2007- se impugnó el mismo en atención a no haber cumplido el inspeccionado con los distintos requerimientos cursados por la fiscalización.
Respecto del período 11/2007, se observó –como consecuencia de los ajustes proyectados- que el “Saldo a favor del Período Anterior del Primer párrafo” computado devino inexistente.
VI. Que, por lo tanto, la cuestión de fondo se reduce a los siguientes aspectos: a) determinar si las acreditaciones bancarias depuradas –correspondientes a las cuentas corrientes abiertas en el Banco de Córdoba y Finansur S.A.- pertenecen a ingresos gravados y no declarados, ya sea que se hayan presentado o no las declaraciones juradas de cada período (cfr. artículo 18 in fine de Ley Nº 11.683) los cuales el recurrente niega, en virtud de acuerdos celebrados con las firmas Sierras de Velazco S.A. y Olivares y Viñedos San Nicolás S.A., donde supuestamente cede el uso de sus cuentas; y b) la procedencia del crédito fiscal computado en los períodos 01/2004 a 04/2004, 06/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 02/2006 a 12/2006, 01/2007 a 08/2007 y 10/2007.
VII. Que, por la primera cuestión, cabe señalar que la actora afirma que las aludidas cuentas corrientes han sido dadas en comodato a terceros, y que dicha cesión de uso no fue dada con carácter de exclusividad, sino que, por el contrario, ella conservó la posibilidad de uso; esto implica que Agroindustrial Cruz del Eje S.A, aún en comodato, podía realizar depósitos, así como librar cheques contra los fondos de dicha cuenta corriente.
Sin embargo, con independencia de las consideraciones realizadas por el Fisco Nacional respecto de las actas societarias, donde se instrumenta el comodato del uso de la cuenta corriente a favor de Sierras Velazco S.A. (fs. 25/30 de estas actuaciones) y lo argumentado en relación a la pérdida de los beneficios fiscales previstos en el régimen de la Ley 22.021, lo relevante es que la recurrente no demostró de ninguna manera cuales eran las operaciones que no fueron realizadas por ella.
Dicho eso, y en la hipótesis de la existencia de un Contrato de Comodato -no exclusivo- para el uso de las cuentas corrientes, la realidad indica que siendo tres los sujetos que podrían haber hecho uso de la misma –tanto respecto de los depósitos como de las extracciones- le correspondía a la actora demostrar qué débitos y qué créditos le correspondían a ella y cuáles no, dado que todos los movimientos pueden ser debidamente individualizados en el resumen bancario. Pese a ello, no aportó prueba alguna tendiente a verificar sus dichos –omitió impulsar la prueba pericial contable ofrecida- convirtiéndose sus planteos en meras afirmaciones dogmáticas carentes de virtualidad para quitar validez a lo actuado por los inspectores.
Por otro lado, a través de la respuesta del oficio a la institución bancaria Finansur, ésta informó que la cuenta corriente de la empresa Sierras de Velazco S.A. había tenido embargos preventivos desde el año 2003 a 2008 (fs. 108/121); circunstancia que por sí misma no acredita cuales fueron los pagos que realizó la empresa mencionada a partir de la autorización para utilizar la cuenta bancaria de la recurrente.
En lo que hace a los comprobantes de gastos, compras y pagos correspondientes a las firmas Olivares y Viñedos San Nicolás S.A. y Sierras de Velazco S.A. -aportados en la multinota del 16/09/2009- cabe precisar que los mismos no prueban que los depósitos existentes en las cuentas de la actora verifiquen un origen distinto a su actividad gravada (fs. 315/366 Cuerpo IVA II).
VIII. Que, bajo dicho contexto, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda el origen de cada una de las acreditaciones bancarias involucradas.
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido. En igual sentido, se ha expedido la Excma. Cámara al afirmar que, frente al indicio de un exceso de depósitos con relación a las ventas declaradas, es el contribuyente quien debía demostrar fehacientemente la veracidad de esas operaciones, el origen de las sumas depositadas en sus cuentas bancarias y las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio (esta Sala in re “Goldaracena Miguel (TF 23.965I) c/ DGI”, sent. del 29/4/14 y “Musso Élida Ángela (TF 24.698I) c/ DGI”, sent. del 18/03/14).
Por último, más allá de la discusión en torno al contrato de comodato en sí mismo, lo que procede es demostrar la titularidad de los movimientos, toda vez que se trataría de una cuenta corriente de uso -a lo sumo- compartido, lo que exige a todas luces que se pruebe qué responsabilidad le cabe a cada uno de los usuarios de dicha cuenta. Y siendo la fiscalizada la titular y responsable de la misma ante la institución bancaria, es a ella a quien cabe demostrarlo.
Dicho temperamento no cambia por el hecho de que el presidente de la firma “Sierras de Velazco S.A” manifestara mediante una presentación ante este Tribunal (fs. 101) que la recurrente le prestó las cuentas bancarias, sin aportar ninguna prueba que acredite tal extremo.
A tenor de lo expuesto, voto por confirmar el ajuste formulado en la Resolución N° 085/2010 (DV RRCO), con costas.
IX. Que, acerca del segundo ajuste, es menester destacar que el apelante no adjuntó documentación respaldatoria alguna que demuestre la existencia de los créditos fiscales consignados en las declaraciones juradas presentadas; por tal motivo, y de acuerdo a las condiciones previstas por el artículo 12 de la Ley de IVA, corresponde confirmar la pretensión fiscal en este punto.
X. Que, en materia de los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Que, seguidamente, corresponde tratar la excepción de prescripción relativa a multa del IVA -períodos fiscales 3/2004 a 11/2006- por el Expte. N° 45.330-I. Sobre el particular, la ley procedimental prevé que la acción del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas prescribe a los 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos (artículo 56 Ley N° 11.683) plazo que se computa desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (artículo 58 del referido cuerpo legal).
Por su parte, el artículo 68 de la ley de rito dispone que: “La prescripción de la acción para aplicar multa… se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero del año siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”. Con relación a esta disposición, la Alzada tiene dicho que ”no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (Sala V de la CNACAF in re “Parques Interama S.A (TF 8151-I c/ DGI, del 04/09/02; con cita de Guiliani Fonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, Depalma, 1979, comentario al artículo 70, actual art. 68 T.O. 1998).
Siendo ello así, partiendo del precedente citado y considerando que la recurrente incurrió en una nueva infracción en el período 06/08, se deduce que la prescripción de la multa -por los períodos fiscales 3/2004 a 11/2006- comenzó a correr el 01/2009.
Ahora bien, teniendo en cuenta dicha fecha, corresponde aplicar el artículo 65 inciso d) de la Ley N °11.683, el cual establece: “Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la ley 24.769, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva”.
En efecto, el Fisco Nacional interpuso denuncia penal el 22/12/10 por el delito previsto en el artículo 1° de la Ley N° 24.769, la que dio origen a la causa “Pierrestegui, Jorge Alberto s/ infracción ley Nº 24.769” (Expte. N° 21.297) que tramitó ante el Juzgado Federal n° 3 de Córdoba. Por ende, de conformidad con la citada norma, se encontraba impedido de aplicar la respectiva multa hasta tanto se dicte la sentencia en sede penal –hecho que tuvo lugar el 03/07/2013 para los períodos 2004 a 2006- y ésta quede firme, debiendo transcurrir 180 días desde aquel momento.
Bajo esta inteligencia, la suspensión en el curso de la prescripción - por un año- contenida en la Ley N° 26.476 (B.O. 24/12/2008) no resulta aplicable en autos, por ser anterior al 01/2009, y en el caso de la Ley Nº 26.860 (B.O. 03/06/2013) que dispone lo mismo, tampoco, atento a encontrarse ya suspendido el plazo por la tramitación de la causa penal desde el 22/10/2010.
En función a lo todo lo dicho, se concluye que a la fecha de aplicación de la multa aquí apelada (07/10/2015) aún quedaba tiempo para completar el plazo quinquenal dispuesto en el artículo 56 Ley N° 11.683; en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción introducido por la actora, sin costas dado que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento, sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
XII. Que, en relación a las sanciones aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 03/2004 a 10/2007, 12/2007 y 01/2008 a 06/2008- debe señalarse que el artículo 46 de la Ley Nº 11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo. En referencia al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas.
En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En relación al elemento subjetivo del artículo 46 acude, en este caso, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto.
En el caso bajo análisis acude al inciso a) del artículo 47 citado que establece: “a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deba aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11.”
De los hechos relatados, entiendo que la presunción se encuentra cumplida, dado que la estructura montada por la contribuyente tiene como único fin evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, toda vez que el uso y control de la cuenta bancaria se encontraba exclusivamente bajo su órbita, circunstancia que, ante la orfandad probatoria, lleva a concluir que el contrato de comodato resulta una figura para colocar los ingresos en cabeza de terceros –cuya declaración jurada no coincide con los montos acreditados- a los efectos de disminuir los saldos que debe ingresar a favor del Fisco Nacional.
A pesar de ello, la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal como revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, en el caso concreto, entiendo que corresponde reducirlas a su mínimo legal en atención a que en el acto atacado no ha fundamentado el agravamiento de la pena el contribuyente de autos y que el contribuyente carece de antecedentes infraccionales -hecho que, en principio, llevaría a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva-.
Las costas en este aspecto se imponen a la recurrente en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reducen las sanciones.
XIII. Que, en consecuencia, voto por confirmar las Resoluciones Nros. 085/2010 (DV RRCO) y 164/15 (DV RRCO) que determinan el impuesto al valor agregado, con más sus intereses resarcitorios y aplican sanciones, reduciéndolas a su mínimo legal; todo ello con costas, salvo en la proporción que se reducen las multas en la que se imponen por su orden.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero a los considerandos I a X, y XII –por los períodos que considero no prescriptos en las multas aplicadas- del voto del Dr. Porporatto, votando en el mismo sentido.
II. Que con respecto al planteo de prescripción incoado por la recurrente y lo resuelto por el vocal preopinante en el considerando XI, disiento con la solución propiciada.
Que en efecto, de la lectura del escrito recursivo emerge que la apelante plantea la prescripción de la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 03/2004 a 11/2006, invocando que: a) Para el caso de los periodos 03/2004 a 11/2004, el curso del plazo quinquenal de prescripción -conforme lo dispuesto en el artículo 56 inc. a) de la ley 11.683- comenzó a correr el 01/01/2005, operando el vencimiento de dicho plazo el día 31/12/2009, sin que exista una causal de suspensión, razón por la causal al 07/10/2015 -fecha del dictado de la resolución que impugna- las facultades del Fisco para la aplicación de la multa se encontraban prescriptas para los referidos periodos fiscales;
b) Que respecto a los periodos 12/2004 a 11/2005, sostiene que el plazo quinquenal comenzó a correr el 01/01/2006, operando el vencimiento el día 31/12/2010. En tal sentido, explica que corresponde tener en cuenta que la denuncia penal efectuada por el Fisco Nacional en fecha 22/12/2010, si bien comporta una causal de suspensión de la prescripción – en razón de lo previsto en el artículo 65 inciso d) de la ley 11.683- dicha causal se extendió hasta los 180 días posteriores al dictado de la sentencia penal de sobreseimiento dictada por el Juzgado Federal Nro. 3 de Córdoba. Entiende que, el levantamiento de tal causal de suspensión aconteció el 03/07/2013 y siendo la aplicación de la sanción de fecha 07/10/2015, el plazo quinquenal se encontraba indefectiblemente prescripto.
c) Por último, y con relación a los periodos 12/2005 a 11/2006, considera que resulta aplicable idéntico tratamiento al propuesto para los periodos mencionados en el punto anterior, toda vez que, aún con la aplicación de la suspensión a la que refiere en el apartado precedente, el plazo quinquenal se encontraba consumido al dictarse el acto sancionatorio el 07/10/2015.
Corresponde indicar aquí que, a los efectos del cómputo que propone, manifiesta que no le resultarían aplicables las suspensiones dispuestas en las leyes Nro. 24.476 y Nro. 26.860.
Que en primer lugar, y con sustento en lo que he merituado al votar -en minoría- en la causa “COMSOFT S.A.” recaída en la Sala “B” con fecha 01/02/2012, y teniendo en miras que tanto el artículo 44 de la ley 24.476 como el artículo 17 de la ley 26.860 fueron incorporados como causal de suspensión con posterioridad al inicio del curso de la prescripción correspondiente a la acción para aplicar la multa que se juzga en estos autos, las referidas disposiciones no le resultan aplicables, pues admitir lo contrario, conduciría a la violación del principio de irretroactividad de la ley penal contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Ciertamente, mucho se ha discutido acerca de la naturaleza material o procesal del instituto de la prescripción, así como también de las derivaciones que habrían de seguirse según se adopte una u otra postura. Entre tales derivaciones, cabe traer a colación aquí la que refiere a la posibilidad -o no- de operar modificaciones legales que impliquen el prolongamiento de los plazos prescriptivos, aun cuando ello tenga lugar mediante la incorporación de causales suspensivas o interruptivas de su curso.
Una muy ilustrativa reseña histórica de esta discusión y de las diversas posturas que han adoptado prestigiosos autores a su respecto, es la que ha efectuado el Procurador General de la Nación al emitir su dictamen en el precedente de Fallos 330:5158. Allí señaló que “La aplicación retroactiva de las leyes que amplían los plazos de la prescripción ha sido intensamente discutida en Alemania cuando se investigaban los delitos de guerra (...) Esta discusión renovó una disputa acerca de la naturaleza jurídica de los presupuestos del proceso, en especial, del plazo de la prescripción. Quienes comprendían a los presupuestos del proceso como institutos meramente procesales aceptaban la prolongación retroactiva de los plazos, mientras que quienes le atribuían contenido material, por el contrario, la rechazaban. (cfr. OTTO, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 61 edición, § 2/19 y s.).
Este debate ha dado lugar a un amplio abanico de opiniones jurídicas. El Tribunal Federal Constitucional de Alemania sostuvo la opinión de que la prescripción no está alcanzada por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley más gravosa (BverfG 25, 287). La solución contraria, la irretroactividad de la modificación perjudicial, se fundamenta en que la prescripción posee naturaleza material (PASTOR, Prescripción..., p. 52; del mismo modo en: El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, de. Ad-hoc, año 2002, p. 457 y s.), o bien en el argumento, que he referido en otro contexto (Interrupción de la prescripción de la acción penal por la “secuela del juicio”, p. 437), de que el debate sobre la naturaleza jurídica del instituto no es determinante para la pregunta sobre la sujeción al principio de ley previa, puesto que a las disposiciones de derecho procesal -o a cierto grupo de ellas- también se aplica la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Transita también este camino la idea de que la regulación de la prescripción constituye en Argentina “ley penal” en los términos del artículo 2° de nuestro Código Penal y que, por tanto, se le aplica la prohibición de retroactividad (cfr. voto de SCHIFFRIN, Cfed. La Plata, Sala III Penal, agosto 30- 1989, S.J.F.L., de, 135-323 y ss.)”.
Que tal consideración referida a que las normas que regulan la prescripción deben ser consideradas “ley penal”, es la que ha adoptado nuestra Corte Suprema de Justicia, incluso dentro del ámbito de las infracciones tipificadas en las normas fiscales, al señalar que “Reconocido el carácter principalmente punitivo de las multas aduaneras, la incidencia a su respecto de leyes penales ‘ex post facto’ que implican empeorar las condiciones de los infractores, transgrede el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, en cuyo concepto se incluye el estatuto de la prescripción...” (Fallos 294:68; 304:849; 304:892; 305:332).
Conforme puede extraerse de la doctrina jurisprudencial transcripta precedentemente, la citada regla de no operatividad de la ley penal más gravosa exhibe raigambre constitucional, toda vez que ella deriva del principio de legalidad material, instituido en el art. 18 de la Carta Fundamental, asistiéndole razón a los argumentos esgrimidos por la apelante.
Ello así, por imperio de la citada regla penal, es dable concluir que no resultan aplicables al presente caso las suspensiones de la prescripción dispuestas en las leyes 24.476 y 26.860.
Que en segundo lugar, disiento con el criterio adoptado por el vocal preopinante con respecto a la aplicación de lo previsto en el artículo 68, inciso a) de la ley 11.683.
Al respecto, cabe recordar que aquella norma establece -en lo que aquí resulta relevante- que “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible; b) por el modo previsto en el artículo 3° de la ley 11.685 caso en el cuál cesará la suspensión prevista en el inciso b) del art. 65 (...).
Que debe señalarse que la interrupción del curso prescriptivo para estos casos de comisión de nuevas infracciones a que el precepto legal se refiere, sólo podría tenerse por ocurrida una vez que se hubiera juzgado el hecho al que se le atribuye aquél efecto y en tanto que se hubiera condenado, por resolución firme, al imputado. Vale decir, ésta es la regla interpretativa que claramente ha sentado la Corte Suprema de Justicia al señalar que “Los diversos hechos criminales no tienen carácter interruptivo de la prescripción de la acción penal entre sí, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado” (Fallos 312:1351). En idéntico sentido se ha pronunciado la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala I; “RASO, Eugenio s/ Rec. De Casación, 30/06/2005; Sala II, “REYES, Dalmira s/ Rec. De Casación, 27/08/1997 y “ALAREZ, Sandro s/ Rec. De Casación” del 28/10/2005; Sala III, “ALEART, Guillermo s/ Rec. De Casación” del 06/02/2007 y Sala IV “GORALI, Diego Carlos s/ Rec. De Casación” del 02/06/2006).
Que en atención a los fundamentos expuestos y no encontrándose acreditadas en estos autos las circunstancias fácticas que pudieran tornar operativa la regla de interrupción del curso prescriptivo prevista en el citado inc. a) de la Ley 11.683, corresponde desecharla para el caso de bajo estudio.
Por lo merituado, del análisis propuesto se colige que al 07 de octubre de 2015, momento en el cual el organismo fiscal dictó la Resolución N°164/2015 (DV RRCO) que impone la multa que se apela, su acción se encontraba extinguida, habiendo transcurrido con creces el plazo previsto en la ley de rito.
En base a las consideraciones expuestas, VOTO por hacer lugar a la prescripción planteada por la actora con respecto a los periodos fiscales 03/2004 a 11/2006 del Impuesto al Valor Agregado, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a los Considerandos V a X del voto del Dr. Porporatto. Con respecto a la excepción de nulidad articulada por la recurrente, adhiero a la solución propiciada por el Vocal Instructor, pero disiento con la imposición de costas. En efecto, entiendo que las mismas deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposa en la violación a los procedimientos esenciales concluyendo en un acto carente de motivación, agravios que acarrean inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
II. Que con respecto a la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanciones, adhiero al voto del Dr. Magallón.
III. Que en cuanto a la sanción aplicada en el IVA, períodos fiscales 12/2006 a 10/2007, 12/2007 y 01/2008 a 06/2008, voto por su confirmación en tanto considero que ha sido correctamente encuadrada y cuantificada, a la luz de lo expresado en los párrafos de 2 a 6 del Considerando XII del voto del Dr. Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 085/2010 (DV RRCO) en cuanto determina el IVA y liquida intereses (cfr. Considerandos VI a X).
2. Hacer lugar a la excepción de prescripción solicitada por actora, respecto de las sanciones aplicadas en el IVA -períodos 03/2004 a 11/2006- correspondientes a la Resolución N ° 164/15 (DV RRCO), conforme Considerando II del Dr. Magallón.
3. Confirmar las multas aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 12/2006 a 10/2007, 12/2007 y 01/2008 a 06/2008- con base en las previsiones del art. 46 de la ley procedimental, correspondiendo reducirlas a un monto equivalente a dos (2) tantos del monto del impuesto evadido, calculadas en proporción a la determinación del impuesto que se confirma (cfr. Considerandos XII del Dr. Porporatto y II del Dr. Magallón).
4. Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción que se reduce la multa en la que se imponen por su orden.
5. Ordenar a la AFIP-DGI, para que en el término de treinta (30) días, practique la reliquidación de la Resolución N° 23/2014 -cfr. lo resuelto en los puntos precedentes-.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2024.03.07 23:18:07 ART Date: 2024.03.08 11:56:50 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.08 13:01:58 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.08 13:02:05 -03:00
Fin de la sentencia